TRAS LA BUSQUEDA DE LA MATAPOLICIAS

Sin rostros precisos sobre los asesinos  de Antonio Ibarra Salgado, la Procuraduría General de Justicia del Estado le sigue el rastro a un rifle calibre 5.7 x 28 milímetros conocido como matapolicías, quizá la única pista sólida que, a su vez, robustece la hipótesis de que el atentado contra quien era secretario de Turismo fue cometido por el crimen organizado. A casi cinco meses de aquel 22 de diciembre de 2009, cuando la muerte del funcionario sacudió toda la estructura del Gobierno de Sinaloa, ni las declaraciones de 15 personas que presenciaron ese hecho han permitido lograr semblantes exactos para buscar a los homicidas. Solo una huella: el arma de la firma FN Herstal, de origen belga y desde la cual fueron disparadas 22 balas contra la camioneta que transportaba a Ibarra Salgado. Todo el equipo humano puesto a disposición de la fiscalía especial creada para investigar la muerte del ex secretario de Turismo va detrás de cuanto hecho tenga que ver con la utilización del calibre 5.7 x 28. Hasta la fecha, en 63 averiguaciones previas se ha corroborado el uso de un arma similar, asesinando en total a 70 personas. Sin embargo, ni expertos militares ni peritos en balística de la Procuraduría General de la República han podido corroborar que en esos ataques violentos se hubiera utilizado. La misma matapolicías que le quitó la vida a Ibarra Salgado y al chofer de este, Encarnación Díaz Valdez. Inclusive la fiscalía del caso Ibarra ha decidido solicitar la colaboración de la compañía fabricante, con el fin de definir si existe alguna característica especial que permita identificar el arma con que se atentó contra el servidor público. Ello permitiría, en principio, establecer qué grupo criminal fue el que asesinó a Ibarra Salgado y desde ahí trazar líneas de investigación más precisas para perseguir, detener y enjuiciar a los responsables. La PGJE le pone atención a un decomiso que elementos del Ejército efectuaron el 26 de febrero de 2010 en una comunidad cercana a Tepuche, al descubrir un enorme arsenal en un subterráneo oculto en el monte. Ahí fueron asegurados ocho fusiles 5.7 x 28 y mil 800 balas de ese calibre. Se investiga a quiénes pertenecían. El arma del crimen Aunque en la escena del homicidio se recogieron también 21 cartuchos percutidos de AK 47 y 14 de pistola 9 milímetros, así como uno de arma calibre 32, el equipo que investiga la muerte de Ibarra Salgado y su chofer confía en que es la matapolicías la que podría aportar información más importante a la investigación. Los primeros indicios dicen que contra el ex secretario de Turismo se descargó un fusil 5.7 x 28 debido a que una pistola del mismo calibre requiere sólo de 20 balas y en el lugar en que ultimaron a Ibarra fueron recogidos 22 casquillos, aparte de que fue encontrado, tirado en el suelo, un cargador de ese tipo de rifles. El subfusil P90, que pudo usarse para asesinar al funcionario, posee una serie de componentes excepcionales y su fabricante lo considera ideal para el combate urbano. Se usa en la guerra contra el terrorismo al ser un arma de pequeñas dimensiones pero que puede atravesar chalecos antibalas. En cuanto a la munición, la FN Herstal, especifica que perfora el nivel III de blindaje, disparada a una distancia de hasta 200 metros. “Penetra incluso la moderna protección muy usada por países del ex bloque soviético, llamada CRISAT que es una combinación de titanio y Kevlar, empleada por algunas fuerzas de infantería para protegerlos de la metralla que produce una granada”. La matapolicías es usada en Sinaloa desde 2008 y antes de ese año no se conocía aquí. Su utilización es entre los municipios de Guasave a Mazatlán pues de Salvador Alvarado hacia el norte no ha sido encontrada evidencia de que fue disparada en sucesos criminales. Todo lo que tenga relación con esta arma es material de alta prioridad para la fiscalía del caso Ibarra. La capacidad de investigación criminalística se ha volcado hacia cualquier lugar en que aparezca, tratando de hallar algún rastro de los asesinos del ex secretario. “Tal vez no hallemos nada, pero nosotros trabajamos siempre para encontrar algo, por más insignificante que sea, que nos sea una pista para esclarecer ese hecho”, dice uno de los investigadores. La lógica que asume la Procuraduría es que habrá muchas 5.7 x 28 en Sinaloa pero nada más una fue utilizada para matar al secretario de Turismo. “Y vamos a dar con ella, como elemento fundamental para dar con quienes cometieron el crimen”. Asesinos sin rostro Las 220 diligencias ministeriales realizadas por la fiscalía especial no han arrojado datos concluyentes para la investigación y cada una por sí sola reclama nuevos citatorios, exámenes y pruebas. De hecho, hasta la semana pasada la fiscalía ya tenía solicitudes para llevar a cabo otras 90 periciales más, en una labor que no encuentra final y que tiene encima el reloj que marca la cercanía del cierre del sexenio. Las 22 testimoniales integradas a la averiguación, 15 de ellas de testigos presenciales del asesinato de Ibarra Salgado, no dan para que la PGJE elabore un retrato hablado que pueda ser dado a conocer para que la población ayude a identificar a los homicidas o a los dos vehículos que se usaron para cometer el atentado. Solo hay datos vagos sobre los rasgos fisonómicos de los agresores, pero en forma dispersa e inexacta, como si la confusión de los testigos operara en beneficio de la impunidad. Las cámaras cercanas que grabaron el suceso violento de alto impacto igualmente no contribuyen a avanzar en las pesquisas. Esto ha llevado a que la fiscalía depure las líneas de investigación, prácticamente eliminando la que tiene que ver con los autores del secuestro y ejecución de un hermano del secretario de Turismo, Jorge Raúl Ibarra Salgado, ocurrido en febrero de 2004. Cuatro sujetos fueron procesados por ese crimen y dos de ellos asesinados tras salir de la prisión. Otras hipótesis que tienen que ver con la vida personal y la función gubernamental de la víctima se han ido desmoronando en cuanto avanza la investigación. La vertiente que apunta al crimen organizado se fortalece. En síntesis, poco o casi nada se tiene sobre aquella mañana del 22 de diciembre en que Ibarra Salgado murió al instante al salir del restaurante ubicado en el hotel Riviera, cuando descargaron sobre él la matapolicías y dos armas más. Un único casquillo de calibre 32 encontrado cerca del cadáver hace suponer que le dieron el llamado tiro de gracia. Poco queda claro, aunque la investigación deja al descubierto nuevos datos como el hecho de que el chofer Encarnación Díaz, de acuerdo al reporte del forense, tuvo una sobrevida de entre 5 y 7 minutos. Referencias e informes que entre más se acumulan propician que se desdibuje el rostro de los autores del crimen. Un fiscal contra el tiempo No hay límite en plazos ni en esfuerzos para esclarecer el asesinato del ex secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, insiste el fiscal especial del caso, José Luis Leyva Rochín. En una carrera contra el tiempo, pues el diciembre próximo acabará el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, Leyva Rochín confía que de un momento a otro rinda resultados el trabajo que lleva a cabo todo un equipo multidisciplinario en el área criminalística. Al referirse a las líneas de investigación que se siguen, menciona que ninguna ha sido descartada y que, al contrario, “yo prefiero agregar otras nuevas porque mi método de trabajo es el de no quitar sino considerarlo todo”. Simultáneamente con la indagatoria que lleva a cabo la Procuraduría General de la República —“investigaciones que son independientes pero en colaboración una con otra”— el fiscal del caso Ibarra confía en que este hecho violento que impactó a los sinaloenses será desenredado. “A todos los lugares que tenemos que ir vamos, no importa la hora ni si está lejos o cerca. Todos los días y todas las noches andamos buscando elementos que permitan sacar adelante satisfactoriamente esta investigación”, expresa Leyva Rochín. Cada mes el fiscal le presenta a Jesús Aguilar Padilla un avance de las pesquisas y el gobernador le ordena que no escatime recursos humanos o técnicos para efectuar de la mejor manera la investigación. —Pero el tiempo se le acaba porque al gobernador le quedan algunos meses en el cargo—, se le recuerda. —Yo no creo que en este o en otros crímenes haya plazos forzosos. La investigación, en este o en otro gobierno, conmigo o sin mí, tendrá que seguir. Por ahora estamos trabajando a todo lo que damos para ofrecer resultados jurídicamente sustentados. —Me refiero a que al próximo gobernador tal vez no le interese tanto que se aclare ese crimen, como ocurrió con la muerte del ex procurador Jorge Chávez Castro, cuyo expediente está archivado… —Yo trabajo para el caso Ibarra Salgado y lo que sé es que existe toda la voluntad de que se castigue a los responsables. Leyva Rochín, reacio a dar entrevistas sobre el tema, “pues yo prefiero invertir ese tiempo en investigar”, se apersona con su equipo en hechos delictivos que habrían de darle pistas sobre el atentado que le quitó la vida a Ibarra Salgado. Reconoce que a veces sus colaboradores se desesperan porque no hallan mucho, pero él les responde: “¿Y si hubiéramos encontrado algo?”. Se trata de un suceso muy complejo pero no indescifrable, afirma. “Y yo nunca he pensado en que no lo vamos a resolver”.