Caso de corrupción en PGJE y Tribunal Superior de Justicia
En vez de privilegiar la legalidad Humberto Montiel Padilla, en su calidad de secretario de acuerdos, juez, magistrado y hasta presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha obligado a Anna Patricia Varela Oberman a interponer una denuncia penal y promover un juicio civil para recuperar una casa habitación y un terreno de casi 2 mil metros cuadrados.
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Fortuna, Baja California Sur.- De poco o nada sirvió a la mexicoamericana Anna Patricia Varela Oberman interponer una denuncia penal y promover un juicio civil por el despojo de un bien inmueble, consistente en una casa habitación y un terreno de 7 mil 789.27 metros cuadrados, si quienes recibieron el caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se corrompieron y se coludieron de tal manera que hasta uno de ellos de plano agarró sus cosas y se fue a vivir a la propiedad reclamada.
De este bochornoso caso, tuvieron conocimiento, desde un principio, Humberto Montiel Padilla, en su calidad de secretario de acuerdos, juez, magistrado y hasta presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Sin embargo, en vez de privilegiar la legalidad y regirse bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, establecidos por la propia Constitución; incurrió en una serie de irregularidades que permitieron que Varela esté peleando todavía la propiedad después de más de 20 años de juicios, amparos y resoluciones judiciales.
Cabe destacar que la mexicana-estadounidense durante todo este tiempo fue deportada del país de manera irregular y en confabulación con corruptos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) como una estrategia de presión para que finalmente desistiera de su propiedad e incluso en tres ocasiones estuvo a punto de ser asesinada, lo que llevó a prisión a uno de los victimarios que responde al nombre de Abraham Martínez Ceseña, y quien resultó ser familiar de la responsable del despojo que responde al nombre de Dora Inés Sandoval Ojeda, y quien aprovechándose de que otro de sus familiares –de nombre Sara del Pilar Ceseña Márquez– era en ese entonces subprocuradora de justicia de la zona sur del estado, simuló un juicio jurídico de embargo, y negó cuantas veces pudo, órdenes de aprehensión para detener a la responsable del delito de fraude junto con su ex pareja de nombre William Hines Huff.
La historia
La historia de esta mujer se empezó a escribir el 13 de octubre de 1987 cuando celebró un contrato de compraventa por la propiedad con el entonces matrimonio integrado por el estadounidense William Hines Huff y la mexicana Dora Inés Sandoval Ojeda, respecto al inmueble identificado como fracción del predio y la finca construida que se conoce como “El Salate”.
La víctima –hija de madre mexicana y padre estadounidense– pagó por la propiedad 400 mil dólares americanos; tuvo la desgracia de cerrar la operación cuando este matrimonio estaba en crisis, y a punto de divorciarse, lo que la colocó entre la espada y la pared, porque tanto Huff como Sandoval, reclamaban para sí mismos el dinero que se estaba pagando de la propiedad.
Después de 4 años de vivir en su nueva propiedad, y en completa calma, el 3 de junio de 1992 comenzó su calvario cuando llegó hasta las puertas de su hogar un actuario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que dijo que “iba a embargar el bien inmueble”, porque, supuestamente, no había podido pagar un préstamo de dinero a su hermano Rafael Sandoval Ojeda.
Luego de preguntar e indagar, Anna Patricia Varela Oberman supo que la anterior dueña de la propiedad se había puesto de acuerdo con su hermano –hoy fallecido— y había simulado fraudulentamente un acto jurídico, respaldados –según versión de la víctima—por su prima, la ex subprocuradora de justicia de la zona sur, Sara del Pilar Ceseña Márquez.
En el acto jurídico Dora Inés firmó dos títulos de crédito de los denominados pagarés a su hermano Rafael con fecha del 20 de octubre de 1991, uno por la cantidad de 250 mil dólares americanos, y otro, por 150 mil dólares americanos. En total, 400 mil dólares, equivalente al valor de la propiedad, y cuyo origen del dinero, jamás se pudo probar, porque su hermano, ni siquiera trabajaba.
En el juicio simulado, la antigua dueña del inmueble, señaló la propiedad de Varela como “garantía para el cumplimiento de las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo mercantil” promovido supuestamente en su contra y el cual fue abierto por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San José del Cabo, Baja California Sur, Francisco Hirales, quien en ese tiempo tenía de Secretaria de Acuerdos a la prima de Dora Inés, Sara del Pilar Ceseña Márquez, quedando registrado bajo el expediente número 441/992.
El 19 de junio de 1992, el juez del conocimiento ordenó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Cabos, inscribir el embargo sobre el bien inmueble que está registrado bajo el número 50 A, foja 412 del volumen XXXVII de la Primera Sección con fecha del 26 de Marzo de 1992. Sin embargo, la propiedad ya estaba a nombre de Anna Patricia Varela Oberman y se enteran de que el bien ya había sido liquidado y debidamente escriturado a su favor.
No obstante, el 17 de agosto de 1993, el Juez Francisco Hirales dictó sentencia y “se condena a la parte demandada, Dora Inés Sandoval Ojeda, a pagar a la actora, la cantidad de 400 mil dólares americanos como suerte principal, más intereses vencidos a razón del 4% mensual”, y en el resolutivo se decreta que se haga trance y remate del bien inmueble embargado en una diligencia.
De esta manera, la anterior dueña recuperó su propiedad de manera ilícita a través de un acto jurídico simulado en contubernio con su hermano Rafael y hasta con su mamá, de nombre Bertha Beatriz Ojeda Ceseña.
Las pruebas
Por esta situación, la víctima interpuso una denuncia penal por el delito de fraude en contra de Dora Inés Sandoval Ojeda. Al momento presentó el contrato de compraventa y los recibos de dinero que amparan el pago total de la propiedad, uno de los cuales fue recibido por el ex esposo de Dora, William Hines Huff, quien fue el responsable de ordenar a su abogado Alberto López Paniagua, en su nombre y a su representación, entregar toda la documentación notarial, legal y administrativa para formalizar un contrato de fideicomiso en el banco Bancomer para ejecutar la transmisión de dominio o propiedad a favor de Varela.
El documento es una clara constancia de que la propiedad fue vendida y comprada de manera lícita con fecha de 13 de octubre de 1987 y ampara una superficie de 7 mil 789.72 metros cuadrados de terreno, según la escritura número 4 mil 344 y volumen 54, avalado por el Notario Público No. 7, Héctor Castro Castro.
De esta manera, la propiedad salió del dominio de Dora Inés Sandoval Ojeda, aun así el juez dio validez a un dicho completamente confabulado con su secretaria de acuerdos, y tomando legalmente como garantía en el acto jurídico simulado de una propiedad de la que legalmente no tenía ya ningún derecho la presunta responsable involucrada en el juicio ejecutivo mercantil.
Asimismo, el juzgador omitió evidentemente el contrato de compraventa, el fideicomiso y los pagos realizados por la víctima del despojo. Inclusive; en una diligencia con fecha del 3 de junio de 1992, Dora Inés Sandoval Ojeda, manifestó tajantemente que “no tiene bienes” y renunció a su derecho sin hacer manifestación alguna.
Las argucias
Durante todo ese tiempo, la familia Sandoval Ojeda hizo hasta lo imposible para que Varela desistiera de los juicios y amparos, llegando al grado de, en complicidad con agentes corruptos del Instituto Nacional de Migración (INM), iniciar un procedimiento para deportarla de México, hecho que sucedió en agosto de 1991, y posteriormente, cuando volvió al país, otra vez la detuvieron y la enviaron en noviembre del mismo año.
La situación llegó al grado que en 3 ocasiones intentaron matarla, una de ellas el 31 de agosto de 1993, cuando el sobrino de Dora Inés, Abraham Martínez Ceseña, trató de asesinarla a cuchilladas, pero no logró su objetivo porque fue auxiliada por vecinos y entre todos, detuvieron al presunto responsable, el cual fue procesado y condenado bajo el expediente 237/93.
El 9 de octubre de 1995, finalmente, la mexicana-americana, logró ganar el juicio y anular la simulación del fraudulento acto jurídico, por lo que el Juez Tercero de lo Civil de Distrito, con sede en Guadalajara, Jalisco, ordenó que le sea restituida la propiedad, por lo que el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de primera Instancia con residencia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, bajo el expediente 1235/93, le dio posesión de la casa, la cual encontró completamente destruida.
Ya recuperada la propiedad, sale del país a visitar a su familia, y de regreso, se encuentra con la novedad de que Dora Inés Sandoval Ojeda, se vuelve a meter a la propiedad y ahora en compañía de toda su familia y del secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Cabo San Lucas de nombre Darío Ortega.
La afectada reinició procedimientos penales y cuando solicitó información en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos, se enteró que la propiedad ya estaba registrada a nombre de Rafael Sandoval Ojeda, hermano de Dora Inés, que se confabuló con su pariente y quien hace tiempo falleció.
Sobre este caso, ZETA solicitó una entrevista con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ignacio Bello Sosa, pero al cierre de esta edición no había emitido ninguna respuesta.
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