Fotos: Enrique Botello
El párroco, miembro del colegio católico
“Fray Junípero Serra”, desalojó a una familia de su casa por un adeudo de
colegiatura. Desde hace meses está ilocalizable. Maricela Horta, responsable
pastoral, ventila una serie de irregularidades y posible fraude entre abogados
y la institución educativa
Por una deuda de 40 mil 982 pesos más intereses moratorios,
una madre y sus dos hijas perdieron su hogar tras ser desalojadas en noviembre
2016, cuando el padre se retrasó con el pago de mensualidades en el colegio
católico “Fray Junípero Serra” en Ensenada.
Aunque legal y jurídicamente
se agotaron todas las instancias para que la familia pudiera recuperar su
vivienda, el próximo 15 de abril viajará a Ensenada un representante del Papa
Francisco para abrir un expediente sobre el caso y probablemente reparar el
daño.
La escuela “Fray Junípero
Serra” mantiene un método de cobro inusual que consiste en que los padres
incumplidos empeñen el patrimonio con la firma
de pagarés.
La responsable pastoral en
Ensenada, Maricela Horta González, adoptó el caso de la familia, desencadenando
una serie de arbitrariedades y posible fraude, cometidos por la dirección del
colegio en 2016, justo cuando el Papa Francisco lo llamó el “Año de la
Misericordia”.
La religiosa sabe que hay
otras diez familias cuyas propiedades están en riesgo de desalojo.
“Mucha gente no sabe que
tienen derechos, hay más personas a punto de perderlo todo y quiero que nos
unamos, que sepan que tienen derechos, que no los pueden despojar de sus
bienes”, alertó.
El párroco Bertín
Pantoja, quien no se encuentra en la
sede de Ensenada desde hace varios meses, es señalado de tener dos hijos que
residen en el Estado de Jalisco, hecho que consta en dos actas de nacimiento en
poder de ZETA.
Aunque existe una polémica
dentro de la comunidad religiosa sobre el tema del patriarcado entre
sacerdotes, en la legislación interna de las iglesias se considera “violación a
la promesa de guardar celibato”.
DÓNDE QUEDÓ EL DINERO COBRADO A LAS CÓRDOVA
En el expediente 976/2014 del
juicio mercantil en contra de Luciano Pérez, padre de las menores, consta que
Fray Bertín cedió los derechos de los pagarés a una particular.
En total fueron tres, por las
cantidades de 9 mil 979, 13 mil 064 y 17 mil 939 pesos, que dan un total de 40
mil 982 pesos, que fueron cobrados de manera legal por Elva Estudillo Zamora.
Los abogados desconocen el
motivo por el cual se transfirieron los derechos, sin embargo, dedujeron que el
dinero cobrado en el Juzgado jamás ingresó a la cuenta del colegio “Fray
Junípero Serra”.
El primer comprador de la vivienda
embargada fue precisamente el abogado que le llevó el caso al fraile, hecho que
sorprendió también a los abogados defensores de la familia de Celia.
Marisela Horta
La casa fue valorada por el
Juzgado en 246 mil pesos mexicanos, cuando en realidad tenía un costo
aproximado a 540 mil y se vendió en
alrededor de 160 mil pesos.
El Juzgado entregó a Zamora
106 mil pesos y poco más de 50 mil pesos al padre de las menores; Celia no
recibió dinero porque en ese momento existía una jurisprudencia, la cual cambió
en 2017, que para tener derechos en
bienes, el matrimonio en mancomunado tiene que estar inscrito en el Registro
Público de la Propiedad.
El señor José Luciano se
dedica a la venta de carnitas y en varias ocasiones entregó al director del
colegio producto para la venta en diferentes eventos organizados en la escuela.
Creyó que con especie estaba abonando a la deuda, pero no fue así, sino que los
intereses moratorios al 7 por ciento mensual seguían corriendo.
DESALOJO DE LAS CÓRDOVA FUE LEGAL: ABOGADOS
De acuerdo con una narrativa
de hechos documentado por el Grupo Jurídico Litigio Estratégico “Mariano
Otero”, que de manera gratuita atrajo el caso para defender a la familia,
legalmente ya no hay nada por hacer.
La casa de interés social se
encontraba en el fraccionamiento Villas del Sol I, y Celia Córdova Córdova,
madre de las adolescentes, era quien pagaba las mensualidades ante el Instituto
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
La pareja se separó en 2008
pero nunca se divorciaron, él estaba empeñado en que ambas hijas acudieran al
colegio “Fray Junípero Serra”.
Ante el retraso en el pago de
mensualidades puso como garantía el patrimonio de la familia, firmando tres
pagarés: dos en agosto de 2013 y otro más en agosto de 2014.
Las estudiantes, de entonces
tenían 8 y 14 años de edad, mostraban renuencia para asistir a la escuela
porque cada mes los maestros, siguiendo instrucciones de la dirección, no les
aplicaban los exámenes.
“El Fray (Bertín) sabía de mi
situación, le dije varias veces que quería sacar a mi hijas, y me dijo que no,
que el que pagaba era mi esposo, que además no me iba a dar los papeles para
meterlas a otra escuela pública”, describió Celia.
Al ver la desesperación de la
mujer, un empleado del colegio le aconsejó ir al Sistema Educativo Estatal
(SEE), ahí le informaron que estaba en todo su derecho de cambiar a las
estudiantes; primero lo hizo con la de nivel secundaria y después con la de
primaria.
Una vez que estuvieron fuera
las dos alumnas, el apoderado legal, Bertín Pantoja, inició el juicio Mercantil
ante el Juzgado Primero de lo Civil, en contra de José Luciano Pérez García,
por no liquidar los pagarés, reclamando el pago forzoso de la deuda más
intereses moratorios. En total sumaban 106 mil pesos.
El 27 de noviembre de 2014
notificaron a Luciano sobre el acto de embargo precautorio del bien en el que
vivían sus hijas, pero como él residía en otra casa, no respondió la demanda en
su contra.
Para el 29 de mayo se dictó
sentencia, antes, el día 23, Bertín transfiere o cede los derechos litigiosos
del juicio de los pagarés por la cantidad de 164 mil pesos. De ahí le sigue una
serie de trámites legales como remates, pagos, intercambios, avalúos de la
propiedad y reventas, las cuales Celia y sus hijas no imaginaban.
El 10 de noviembre, la
actuaria tocó la puerta y una de las menores, quien se encontraba sola, pidió
que se saliera, acto seguido un grupo de personas en compañía de la Policía
Municipal, dejó las pertenencias en la banqueta.
LA CARTA AL PAPA FRANCISCO
Los abogados agotaron todas
las instancias jurídicas que fallaron a favor del colegio, por eso Maricela
Horta, responsable de la pastoral social de la Parroquia San José Obrero,
pretendió que las leyes religiosas hicieran justicia a las Córdova.
La primera carta a Roma fue
dirigida a Michael Perry, ministro general, con la intención de hacer de
conocimiento la situación “poco grata para la Iglesia en la Diócesis”.
“Quiero presentarle un caso
de corrupción y abuso de poder ante el adeudo de colegiaturas de una familia en
particular”, manifestó la pastoral Maricela Horta al Papa Francisco.
Le describió el problema de
la familia y agregó que “esta noticia fue un escándalo para nuestra Diócesis,
sobre todo porque estábamos por cerrar el Año de la Misericordia”.
De entrada una comitiva de la
iglesia se encontró con Fray Bertín, quien se mostró “altanero e intolerante”
hacia ellos, incluso los maltrató cuando le tocaron el tema.
“Nos dijo que éramos unos
metiches y que nosotros, siendo católicos, no era posible que apoyáramos a una
persona cristiana; que nosotros no sabíamos la situación y con toda la
altanería dijo que el colegio era un negocio. Mi respuesta ante la arrogancia,
siempre fue que estoy convencida de mi servicio humilde que realizo por los más
necesitados, que estemos, y manifesté que mi Iglesia no distingue de credos”,
repitió.
También acudieron con el
Obispo Rafael Valdés Torres, de quien tampoco tuvieron respuesta favorable a la
petición de reparar el daño.
“Cuando le solicitamos su
intervención y su apoyo para plantear el caso al Papa, su respuesta fue que
él no podía ser juez y parte, por lo que
optamos por no volver a solicitar su
apoyo”, así fue como otra autoridad negó el respaldo.
La indiferencia de los
católicos llevó a un grupo de cristianos, al cual pertenece la señora Celia, a
encabezar una manifestación justo el día en que los católicos cerraban el Año
de la Misericordia.
“Nos adelantamos para
auxiliar y ayudar decididamente, hasta la fecha, para apoyar a la compungida
madre y sus dos pequeñas hijas, logramos convencerles de que la culpa no era de
la Iglesia Católica, sino de malos miembros de la misma, y que no era justo que
toda la comunidad pagara los platos rotos por algunos lobos con piel de oveja”,
criticó.
También pidió tomar en cuenta
el escrito que les dio a conocer el Santo Padre el 27 de noviembre de 2016,
cuando se reunió con todos los ecónomos religiosos de la Iglesia Católica:
“Repensar la economía de los Institutos Religiosos según el carisma al que
están llamados”
De esa manera obtuvo
respuesta por parte de Roma Vaticano, informándole de la próxima visita de un
representante.
EL PEREGRINAR DE LA FAMILIA MIGRANTE
Originaria de Cárdenas,
Tabasco, Celia y su esposo viajaron a Baja California con la finalidad de
buscar el sueño americano, pero no lo consiguieron.
Desde que llegaron a Tecate
se dedicaron a la venta de carnitas, después se mudaron al Valle de Guadalupe y
por último vino la separación; su marido, quien no le ha dado el divorcio sigue
en el ámbito restaurantero en la delegación El Sauzal.
Su esposo le da una ayuda de
mil pesos mensuales para renta y un poco de despensa, sin embargo, ella vende
productos por catálogo y tamales para sacar adelante a sus hijas.
Celia ha batallado con la
renta, va de casa en casa, siempre cerca de la escuela de sus dos hijas, la más
joven tiene 14 años y va a en tercero de secundaria, y la mayor está a punto de
graduarse de preparatoria, lista para ingresar a la Facultad de Administración
de Empresas de la Universidad Autónoma de Baja California.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS /LUNES,
9 ABRIL, 2018 12:00 PM)
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