Foto: Agustín Reyes / Denuncia penal
ante la PGJE.
Debido a una negligencia médica, acusan
familiares, un joven de 19 años falleció el 28 de marzo en las instalaciones
del Hospital General, luego que se infectó de una bacteria maligna en dicho
nosocomio y no le proporcionaron el medicamento adecuado, a pesar que contaban
con un amparo federal que obligaba a la institución a ello. La familia espera
se haga justicia e interpusieron una demanda ante la PGJE. Derechos Humanos
abrió carpeta de investigación para seguir el caso, mientras autoridades del
hospital se reservaron la opinión
Acusados por el delito de
responsabilidad médica y técnica, médicos y autoridades del Hospital General de
Tijuana (HGT) que resulten responsables tendrán que responder ante el
Ministerio Público, por la muerte de Luis Francisco Cervantes Palma (19 años de
edad), quien falleció el miércoles 28 de marzo en esa institución de salud,
luego de una negligencia.
Amparo.
La responsabilidad que buscan
fincar, es debido a que no se respetó un amparo federal promovido por Juana
Corral -abuela del joven- otorgado en suspensión de plano por el juez Francisco
Caballero Green, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de
Juicios Federales en Baja California, el 12 de marzo, en el que se obliga a las
autoridades responsables de la salud del paciente a brindar el tratamiento y
atención adecuada para que no se ponga en riesgo la salud e integridad física
de la persona.
Omisión que se materializó
después que al joven no se le suministrara el medicamento adecuado, de nombre
Colistina, para contrarrestar una infección por una bacteria llamada
Acinetobacter Baumannii, considerada “riesgosa y mortal”, que contrajo en dicho
nosocomio a través del respirador artificial, luego de una operación quirúrgica
de emergencia que le realizaron en febrero.
Consultado por ZETA, el
abogado Benigno Licea González, especialista en la materia y ex presidente del
Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, detalló que un desacato a una suspensión
otorgada por el Juez de Distrito, sobre todo cuando es “de plano”, es un delito
federal grave que tiene como merecimiento la pena privativa de la libertad y
como consecuencia, la destitución del funcionario o los funcionarios que no
acataron dicha suspensión.
SOBRE LOS HECHOS
El 23 de febrero, Luis
Francisco fue llevado por paramédicos -no especificados- a la sala de urgencias
del Hospital General, debido a que al parecer había sido baleado en la calle
Miguel F. Martínez en la Zona Norte de la ciudad y presentaba dos heridas de
consideración en abdomen y mandíbula derecha.
De esas intervenciones salió
estable, aunque presentó altos índices de fiebre y se le estuvo suministrando
antibiótico; el 2 de marzo el joven presentó un cuadro diarreico y se le ajustó
el medicamento para contrarrestarlo, como se menciona en la nota de defunción
que personal del Hospital General proporcionó a los familiares.
Luego de una valoración por
medicina interna, el día 9 del mismo mes se detectó la infección de la bacteria
que se le había contagiado al momento de ponerle el respirador artificial, por
lo que se le diagnosticó neumonía por Acinetobacter Baumannii, y se le pidió a
la familia conseguir el medicamento especializado Colistina.
La abuela del joven, Juana
Corral, fue avisada de dicha situación por un visitador de Derechos Humanos de
nombre Sergio “N”, como lo hizo saber a ZETA y como refiere también en la
declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la que detalla que una
doctora de apellidos Gaytán Galván le expidió una receta médica -número 643044-
para que consiguiera ese medicamento que no manejaba el hospital y de suma
importancia, de lo contrario, su nieto “iba a morir”.
A la abuela no le fue posible
conseguirlo, le dijeron que este “solamente se consigue en Colombia”, por tal
situación los médicos cambiaron el medicamento indicado por Linezolid,
antibiótico que suele utilizarse para el tratamiento de infecciones bacterianas
graves, y se le informó a la familia que luego de otra valoración, se había
detectado finalmente una tuberculosis pulmonar, por lo que medicaron a Luis
Francisco acorde a ese “nuevo diagnóstico”.
NO SE RESPETÓ SENTENCIA DEL JUEZ SEÑALADA EN AMPARO
Esto generó incertidumbre y
sospechas en la abuela, debido a que anteriormente le habían resaltado la
importancia del medicamento que no pudo conseguir, sobre todo porque la doctora
que le expidió la receta le había dicho que su nieto podría morir, por ende, el
12 de marzo promovió un juicio de amparo con número 390/2018-E, decretado por
el juez anteriormente mencionado.
Receta médica.
En este amparo de suspensión
de plano se señala que es “imperativo que las autoridades responsables, dentro
de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para
brindarle el trato médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren
los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento,
en aras de preservar su vida”.
Sin embargo, esto nunca fue
respetado, porque nunca se consiguió dicho medicamento y el paciente falleció
unas semanas después, el miércoles 28 de marzo, en las instalaciones del HGT
por choque séptico, como se informó en la nota de defunción -firmada por la doctora
Lorena Álvarez Rimi y el doctor Estolano-, en la que también se menciona que el
paciente tuvo neumonía por Acinetobacter Baumannii y tuberculosis pulmonar, además
de una lesión renal aguda.
BACTERIA MORTAL QUE SE CONTAGIA EN HOSPITALES
De acuerdo con un reporte de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el 27 de febrero de 2017,
la Acinetobacter Baumannii es una bacteria “patógena” de prioridad crítica, por
su condición de ser resistente a la mayoría de los antibióticos, es considerada
como una de las 12 familias de bacterias “más peligrosas para la salud humana”,
sobre todo porque se contagia en hospitales mediante ventilación artificial o
catéteres intravenosos.
Esta bacteria suele causar
severas infecciones en los pulmones, la sangre y el cerebro, lo cual puede ser
mortal, debido a que cuando se contagia en un hospital, las personas
hospitalizadas con frecuencia están más enfermas y no pueden combatir los
microbios, de ahí la importancia de suministrar el medicamento acorde y adecuado
para contrarrestar la bacteria.
RESPONSABLES TENDRÁN QUE SER DESTITUIDOS; PODRÍAN
ENFRENTAR UN PROCESO LEGAL
Debido a la omisión de los
médicos que llevó a la muerte a su nieto, aunado a la falta de seriedad médica
por tratarse de una bacteria tan peligrosa que ronda en dicho hospital, el 3 de
abril, la señora Juana Corral interpuso una demanda ante el Ministerio Público
que quedó asentada bajo el Número Único de Caso (NUC) 0204-2018-15700 por el
delito de responsabilidad médica y técnica en contra de quien resulte
responsable.
Consultado por este
Semanario, el abogado Licea González señaló que ya con la demanda se tiene que
investigar a fondo el porqué del cambio del diagnóstico que hicieron los
médicos, porque si así fue, se prevé como una acción para no acatar la
suspensión del Juez de Distrito de dar el medicamento necesario y eso se
considera como un delito federal grave, que tiene como merecimiento la pena
privativa de la libertad y como consecuencia, la destitución de los
funcionarios.
Resaltó que el asunto se
torna grave porque al analizar la demanda de amparo, el juez otorgó la
suspensión de plano, es decir, la sentencia que se dictó para que las
autoridades responsables otorgaran el medicamento y atención adecuada, era
definitiva, tomando en cuenta la gravedad de la omisión de las propias
autoridades; por lo tanto, en definitiva cree que hay un asunto violatorio y de
delito en este caso, por lo que necesariamente tendrán que separar de sus
cargos a quienes resulten responsables.
Esto se cataloga como delito
de responsabilidad médica, técnica y profesional consistente en homicidio,
dijo, porque aunque no hay una conducta dolosa, sí existe una conducta por
omisión, debido a que la institución médica dejó de hacer lo que era su
obligación: atender al paciente y proveerle su medicamento, lo cual le ocasionó
la muerte.
CEDHBC ABRIÓ EXPEDIENTE PARA DOCUMENTAR EL CASO
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió el expediente de queja
199/18/4VG en contra del HGT, la cual se encuentra en integración en la Cuarta
Visitaduría General.
En esta se especifica que los
principales hechos violatorios fueron el omitir recibir atención médica y
omitir suministrar medicamento al paciente ya fallecido, además, los presuntos
derechos humanos vulnerados son el derecho a la protección de la salud, al
trato digno y a recibir un trato digno y respetuoso.
Con esta, el HGT suma 14
quejas en su contra en lo que va de 2018, en las que se señalan que los hechos
violatorios son por omisiones en cuanto a proporcionar atención médica,
implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los
servicios de salud y suministrar medicamentos.
En 2017 se presentaron 129
quejas contra del mismo nosocomio, por omisiones al proporcionar atención
médica, no proporcionar atención médica por un especialista, negligencia médica
y realizar deficientemente los trámites médicos.
HOSPITAL QUERÍA COBRAR 42 MIL PESOS; REALIZARÁN
SEGUNDA AUTOPSIA
Angélica Ramírez,
coordinadora del colectivo Una Nación Buscando “T” y asesora jurídica de la
familia de Luis Francisco, detalló a este Semanario que el mismo miércoles 28
de marzo solicitaron la liberación del cuerpo del joven y no le quisieron
realizar el trámite, so pretexto de que tenían que pagar 45 mil 285 pesos por
el servicio médico que se le otorgó al paciente y por los días de estancia en
el lugar, por lo que familiares amenazaron con hacer pública esta situación
tras encontrar imprudente dicho cobro.
Reporte de defunción.
Ese día, la señora Angélica
recibió una llamada de una persona que “no se quiso identificar”, pero que le
dijo era del HGT, quien le comentó, estuvo bien que le advirtiera a la
trabajadora social que llevaría el asunto a los medios de comunicación para que
se enteraran de esta situación, porque aunque ellos solamente siguen órdenes,
saben que eso de los cobros lo impuso la subdirectora administrativa, Nancy
Ramos Hernández.
La persona no identificada le
confirmó que esa noche el cuerpo de Luis Francisco había sido liberado y sería
llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lo cual
confirmaron al día siguiente que fueron al sitio, como también lo reafirmaron a
ZETA autoridades de dicha institución, donde le realizaron una autopsia que
determinó que la causa de muerte fue por un “choque séptico”, que tiene que ver
precisamente con una infección.
Sin embargo, la familia determinó
que al cuerpo le practicaran una segunda autopsia para tener una segunda
opinión respecto a los resultados emitidos por el HGT y Semefo -la cual podría
realizarse este viernes 6 de abril- y poder enterrar al joven, y con ella
obtener un resultado con el cual se haga justicia por la muerte de Luis
Francisco, además, que se les repare el daño por las omisiones cometidas.
HGT SE RESERVA CUALQUIER OPINIÓN
ZETA buscó una entrevista con
el director del Hospital General de Tijuana, doctor Clemente Zúñiga Gil, para
conocer la versión y postura de las autoridades del nosocomio; sin embargo,
mediante un comunicado oficial, hicieron saber que por el motivo de ingreso del
paciente, el caso es considerado “médico-legal, por lo que no se cuenta con
autorización para otorgar información detallada del mismo”.
Sin más explicación,
indicaron también que actualmente la institución trabaja en coordinación con
las instancias correspondientes para dar seguimiento a dicha investigación, en
particular con la Procuraduría General de Justicia del Estado.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA/
LUNES, 9 ABRIL, 2018 12:00 PM)
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