CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A
casi seis años de distancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó
otra trama de financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2012, a
través del reparto de miles de tarjetas bancarias a representantes de casilla,
con las que se benefició mayoritariamente a representantes del PRI cuando
Enrique Peña Nieto era su candidato presidencial.
Lo anterior fue revelado a
partir de una investigación de casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE, cuyo presidente, el consejero Ciro Murayama, calificó
como una de las indagaciones “más complejas” que ha enfrentado el Instituto
sobre una “trama de financiamiento irregular a la política”.
El fraude, expuso Murayama
este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, habría
quedado al descubierto a raíz de la investigación del caso Monex, que indagaba
pagos mediante tarjetas para favorecer al representante de la coalición
“Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.
Fue entrevistando
representantes de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano
fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios de Raúl y Nabor García,
ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos
de dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través
de tarjetas Monex, sino a través de tarjetas prepagadas de Bancomer.
Al tiempo, el PAN denunció la
existencia de otros 16 tipos de tarjetas de otras instituciones bancarias que
también habrían sido distribuidas para beneficiar al PRI. Ocho, todas de
Bancomer, y todas contratadas por una empresa llamada Logística, Estratégica
ASISMEX SA de CV, resultaron sospechosas.
La pesquisa arrojó que
ASISMEX se constituyó como comercializadora y distribuidora en 2010. Entre
octubre de 2011 y julio de 2012, en pleno proceso electoral, recibió depósitos
en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. No se pudo dar con
los aportantes y de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el
SAT. Más aún, la dirección con la que se registró la empresa resultó ser falsa.
“Una empresa, en suma, que se
esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses
casi mil 400 millones de pesos a través del sistema bancario”, dijo Murayama,
por la que no dudó en calificarla como empresa “fantasma” o empresa “fachada”.
De la investigación que
formalmente nació el 18 de enero de 2013, fue hasta el 1 de diciembre pasado,
casi cinco años después, según el relato, que Bancomer entregó al INE
–intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante– una
base de datos que durante años negó que existiera, con la relación de las
personas beneficiarias de las tarjetas y la información de que el 27 de junio
de 2012, cuatro días antes de la elección, ASISMEX depositó 63.5 millones de pesos
en esas tarjetas pertenecientes al mismo lote de las que eran investigadas.
La Unidad de Fiscalización
cruzó la base de datos entregada por Bancomer con su registro de representantes
de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y encontró
coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441
mil pesos.
De esos, 5 mil 613 resultaron
ser representantes de la coalición PRI-Partido Verde que abanderaba Peña Nieto,
a los que se depositó un total de 15 millones 152 mil pesos. Sin embargo, y
aunque en cifras lejanas, también se hicieron depósitos a mil 26 representantes
de PRD, PT y Movimiento Ciudadano M(C), abanderados por Andrés Manuel López
Obrador, por un total de 2 millones 58 mil pesos; y 369 depósitos a representantes
del PAN, cuya candidata era Josefina Vázquez Mota.
“Estamos ante una trama de
financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el
día de la votación del primero de julio de 2012 a través de una empresa con las
características típicas de una empresa fachada o fantasma que se fondea de
recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una
institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos
a cuatro días de la jornada electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes
partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción”, sentenció
Murayama, quien convino al Consejo General del INE a sancionar a todos los
partidos involucrados, a pesar de que las operaciones tuvieron una notable
carga a favor del PRI y que en todas las tarjetas fueron fondeadas el mismo
día, forman parte de un mismo contrato con ASISMEX y recibieron la misma
cantidad.
A propuesta del presidente
del órgano de fiscalización, la resolución aprobada por diez de 11 miembros del
Consejo General fue sancionar a cada partido con el 200% de la suma que pudo
demostrarse que recibieron sus representantes de casilla proveniente de la
empresa fantasma.
Así, de un total de 36.9
millones de pesos, 30.3 corresponde que sean pagados por los partidos de la
coalición que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, compuesta por el Partido Verde y
el PRI.
Sólo la consejera Pamela San
Martín votó en contra, proponiendo ahondar en la investigación de manera más
exhaustiva para develar el trasfondo del caso.
Tras la revelación, los
representantes de PAN y PRD ante el INE rechazaron haber recibido dinero de la
empresa fantasma y advirtieron que van a impugnar la sanción ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por tratarse de un “presunto
caso de empresas fantasma y lavado de dinero”, el INE aprobó remitir el caso al
SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia
Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que
investiguen el caso.
No sólo eso, pues el INE
también anunció que va a interponer un recurso para sancionar a Bancomer por
negarse a dar la información solicitada durante casi cinco años.
De cara a las próximas
elecciones de 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluyó
que con esto se pretende “desenmascarar las redes de financiamiento paralelo y
las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley, la rendición de
cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas”.
(PROCESO/ SANTIAGO IGARTÚA /10 ENERO, 2018)
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