CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de
Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la
fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016,
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso
solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero.
Informes recientes del Grupo
de Acción Financiera (GAFI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja operar con
impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los evasores
fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la revista
Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.
En 2016, por ejemplo, la
Procuraduría General de la República (PGR) incautó 50 millones de dólares
procedentes del lavado de dinero, apenas 0.1% de los 56.5 mil millones de
dólares de dinero ilícito que cada año se genera en el país, según el gobierno
federal.
En este esquema deficiente,
la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad centraliza
millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y tiene acceso a
los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los registros de comercio
exterior, los expedientes judiciales y la información corporativa, entre otros.
Según el GAFI, la UIF tiene
los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad
de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa
al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”.
En otras palabras: la UIF
genera una enorme cantidad de información -su base de datos tiene más de 650
millones de registros-, pero pocas veces la comparte con la PGR para que ésta
persiga los delitos -con una ineficiencia, además, de 98%-.
El GAFI observó que las
autoridades mexicanas no consideran a la corrupción como una amenaza importante
en materia de lavado de dinero; es decir, no dan prioridad a los delitos
perpetrados por servidores públicos, aun cuando surgieron casos muy sonados de
desvíos de dinero público en los últimos años.
Bazbaz renunció hoy a su
cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para sustituir a
Eugenio Ímaz Gispert -un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, hasta
ayer secretario de Gobernación- en la dirección del Cisen.
Bazbaz fungió como procurador
en el Estado de México entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
El 25 de mayo de 2010
renunció a ese cargo, apenas cuatro días después de que la dependencia a su cargo
informó que la muerte de la niña Paulette Gebara Farah fue producto de un
accidente. En ese entonces, su gestión de la investigación fue severamente
cuestionada.
Posteriormente, se dedicó a
dar servicios de abogado y de consultor en el sector privado, hasta que Peña
Nieto lo nombró al frente de la UIF en enero de 2013.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MATHIEU TOURLIERE/11
ENERO, 2018)
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