Aunque todo pareciera haber sido dentro
del marco legal, un incendio registrado en 2012 reveló que los corralones
municipales en Cabo San Lucas y San José del Cabo fueron concesionados
irregularmente a familiares del ex tesorero Gerardo Manríquez Amador, quien hoy
es prófugo de la justicia
Los
Cabos, Baja California Sur.- La tarde del 17 de junio de 2012 el único
vigilante del corralón municipal de la colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas
fue testigo de un incendio que inició en uno de los carros almacenados en el
depósito de vehículos.
A falta
de extinguidor en los puntos de seguridad dentro y fuera de la oficina del
corralón, trató de sofocar las llamas con una cubeta con agua, pero
evidentemente no obtuvo ningún resultado.
Según
el parte informativo, eso fue lo que el vigilante expuso a los bomberos, cuando
levantaron el informe, y combatieron el incendio que ya había consumido
alrededor de 10 vehículos.
Las
densas columnas de humo negro podían percibirse desde casi todos los puntos del
puerto, en medio del sonar de las sirenas de bomberos, ambulancias y patrullas
de la policía municipal de Los Cabos.
Después
del voraz incendio, los propietarios de los vehículos reclamaron sus unidades a
la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
Los Cabos, y ésta a su vez, envió el caso al alcalde José Antonio Agúndez
Montaño.
El
tema fue tocado por el presidente municipal cabeño el 23 de abril de 2013 –casi
10 meses después— en la sesión ordinaria de cabildo número 35, donde se obtuvo
el siguiente punto de acuerdo: “se aprueba la acción de indemnización a favor
de los afectados del siniestro en el corralón municipal, pagándoles en dinero
el valor del vehículo y recibiendo en propiedad la chatarra que pasa a ser
propiedad del municipio de Los Cabos, por motivo del incendio del 17 de junio
de 2012 en el corralón municipal de Cabo San Lucas, Baja California Sur”.
Los
afectados suscribieron entonces un convenio indemnizatorio, donde después de la
revisión de cada uno de los casos, el XI Ayuntamiento de Los Cabos solo pagó a
dos de los 10 afectados bajo el argumento de que la mayoría de las unidades
automotrices tenían daños totales en choques y volcaduras, cuando ingresaron al
corralón municipal.
Uno
de los dos afectados indemnizados fue el señor Jesús Eduardo Corazón Domínguez,
quien recibió 16 mil pesos por presumiblemente las condiciones mecánicas de su
carro, abolladuras, cristales rotos y malas condiciones de la pintura, cuyo
dinero fue pagado por la tesorería general del gobierno municipal cabeño.
LA CONCESIÓN
Aunque
todo pareciera haber sido dentro del marco legal, lo cierto es que el pago
indemnizatorio fue irregular, sobre todo cuando de manera discrecional –según
datos recabados por ZETA— los corralones municipales en Cabo San Lucas y San
José del Cabo fueron concesionados irregularmente a familiares del ex tesorero
Gerardo Manríquez Amador, quien hoy es un prófugo de la justicia, después de
que el Juez Segundo de Primera Instancia en el Ramo Penal, Francisco Efrén
Cabrera Trillas, librara una orden de aprehensión en su contra por el delito de
robo agravado en el caso del atraco de 3 millones 130 mil pesos, ocurrido el
pasado primero de febrero en la sede del palacio municipal del XI Ayuntamiento
de Los Cabos.
Los
parientes del ex tesorero y familiares de su esposa, Mónica Barraza Valdés,
José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, fueron “autorizados” de
manera verbal, sin previa aprobación de
cabildo, para explotar comercialmente la concesión de tres corralones municipales
que se encuentran en las siguientes direcciones:
1.-
Calle Industrial, Lote 141, colonia Buenos Aires, anexo al aeropuerto
internacional de San José del Cabo.
2.-
Carretera Transpeninsular esquina con calle La Palma, en la colonia Buenos
Aires en San José del Cabo.
3.-
Avenida Prolongación Leona Vicario colonia Mesa Colorada, en Primera etapa, en
Cabo San Lucas.
El
propio comisario de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal
de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, admitió el 9 de febrero –bajo el oficio
DGSPPPYTM/180/2015— que los corralones eran “particulares” y propiedad de José
Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, pero contradictoriamente, de
manera oficial, transcribió que “no se tiene conocimiento de ninguna concesión
otorgada”.
Lo
anterior después de que ZETA ganara el 8 de agosto de 2014 el juicio de
procedimiento de revisión con el número de expediente PR-I/025/2014 en el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California
Sur (ITAI), después de que el comisario Guillermo Marrón Rosas, y en un
evidente acto de ocultar la información, negó “la información sobre las
personas físicas o morales que tenían concesionados los corralones municipales
y el servicio de arrastre de grúas por parte de la Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos”, argumentando
que “la información era considerada reservada o confidencial”.
Después
el ITAI apercibió al jefe de la policía cabeña y concedió 5 días hábiles para
que hiciera entrega de la información solicitada por este semanario, quien
finalmente entrega de toda la información que obrara en expedientes.
Durante
una entrevista con ZETA, la regidora del PRD, Ana María Wilson Izquierdo,
confirmó que los corralones estaban concesionados, pero “no hay de por medio un
documento o aprobación de cabildo que pueda avalar oficialmente el permiso de
explotación de manera legal”.
La
edil dijo que tras el incendio envió una serie de oficios a algunas
dependencias en la búsqueda de la información para saber quién o quiénes eran
los responsables de los corralones y pagaran el daño a los vehículos quemados,
porque “si estaban concesionados lo más lógico y coherente era que los
concesionarios respondieran por los daños, y quienes incluso debería de tener y
estar pagando un seguro por siniestros o fenómenos naturales”.
Sin
embargo, la información con el nombre de los concesionarios nunca llegó, por lo
que calificó como “un permiso medio raro”, porque “se supone que cuando se da
una concesión la autoridad se libera de una responsabilidad estricta, en este
caso los bienes inmuebles y el servicio que se otorga en los corralones”, pero
“aquí no es así, porque para cobrar sí son concesionarios y para pagar no,
inclusive, ningún recurso económico por ese concepto forma parte de los ingresos
del municipio”.
“La
verdad de las cosas es que ahí tenemos un muy buen dinero perdido que debería
de estar ingresando por concepto de almacenaje, y donde no solo ganara la
autoridad sino también el concesionario”, expuso textualmente.
LOS ANTECEDENTES
ZETA
recabó información que permitiera confirmar el otorgamiento de una concesión de
los corralones municipales a favor del matrimonio formado por José Manuel Gómez
Simental y Celsa Araujo Vizcarra. Sin embargo, no hay rastros documentales de
que el permiso de explotación haya sido autorizado de manera formal por el seno
del cabildo.
El
propio síndico municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Oswaldo Murillo
Martínez, dijo que “oficialmente no ha sido expedida o aprobada por los
regidores ninguna concesión en el caso de los corralones municipales”, por lo
que se comprometió a revisar el tema, derivado de que “hasta ahorita no se ha
reportado ni un solo centavo de ingreso por concepto de almacenaje que viene
estipulado en la Ley de Hacienda”, y como encargado del patrimonio y la
hacienda pública, tiene la responsabilidad de investigar cualquier medida que
vaya en contra de los intereses de la sociedad.
La
información más actualizada –según pruebas documentales obtenidas por ZETA—
data del 18 de diciembre de 2009, cuando el entonces presidente municipal de
Los Cabos, Óscar René Núñez Cosío, presentó un punto de acuerdo en la sesión
extraordinaria de cabildo número 31, y donde se analizó, discutió y aprobó la
propuesta para concesionar los corralones de Cabo San Lucas y San José del
Cabo.
El
argumento –según el acta de cabildo bajo el número de certificación 0269— era
que “la propuesta de mérito había surgido porque los corralones o depósitos de
vehículos presentaban situaciones de congestionamiento, robo de partes e
incendios principalmente, por lo que existía la necesidad de contar con más
espacios físicos para la guarda y custodia de automotores en Cabo San Lucas y
San José del Cabo”.
El
informe presentado en ese momento y levantado por la Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, era que había un
inventario de mil 167 vehículos.
En
la sesión de cabildo, el alcalde cabeño de aquel entonces expuso que se “habían
estado recibiendo propuestas de particulares con el interés de concesionar y
prestar el servicio a los automovilistas”, por lo que si se llegaba aprobar el
permiso de explotación, “el ayuntamiento se liberaría de esa responsabilidad, y
el personal operativo que estaba al cuidado de los vehículos resguardados, haciendo
las funciones de velador, regresaría a cubrir sus funciones operativas, y no
correrían el riesgo de exponerse a contingencias y fenómenos naturales, como el
incendio ocurrido el 8 de septiembre de 2008”.
De
acuerdo al acta del cabildo el punto de acuerdo fue “lanzar una convocatoria
abierta, y en cuyo procedimiento de contratación se establecieran requisitos y
condiciones de los interesados y fijar tarifas, garantías y seguridad en la
lista de los bienes resguardados, cuyo procedimiento deberá seguirse bajo los
lineamientos de la Contraloría General Municipal, procurando que se funde y
motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para los automovilistas y el municipio, y una vez
registradas las propuestas, tomar la decisión final”.
El
punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, aunque no se concretó nada. Un
mes después, es decir, el 4 de enero de 2010, el entonces oficial mayor, Juan
Octavio Arvizu Buendía, todavía solicitó la siguiente información al comisario
de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos,
Apolinar Ledesma Arreola.
1.-
El número de personal asignado para el control de ingreso, almacenaje,
vigilancia y entrega de vehículos en cada uno de los corralones.
2.-
La lista de gastos que se realiza en la operación de los corralones
municipales.
3.-
La estadística actualizada de ingreso, almacenaje y salida de vehículos por mes
de cada uno de los corralones.
4.-
El ingreso neto generado mensualmente por concepto de almacenaje de
automotores.
5.-
Cualquier otra información que se deba conocer y sirva de base para establecer
los lineamientos y criterios para la convocatoria de la concesión de la
administración y operaciones de los citados corralones.
TODO A SU FAVOR
Derivado
de que la concesión no fue otorgada oportunamente en la administración de Óscar
René Núñez Cosío, y tras la llegada de José Antonio Agúndez Montaño, como
alcalde de Los Cabos, el entonces tesorero Gerardo Manríquez Amador, y según
datos recabados por este semanario, otorgó de manera discrecional la
“autorización” a sus familiares, José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo
Vizcarra, y quienes desde entonces explotan irregularmente el servicio de los
corralones municipales.
La
influyente familia comenzó así a construir su propio imperio, y sacar raja
económica del negocio redondo, bajo el amparo del poder –según pruebas
documentales en poder de ZETA— sobre todo porque desde entonces fueron a su vez
elegidos para ofrecer el servicio de arrastre de vehículos de la vía pública en
la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
Los Cabos, a través de las compañías “Grúas Gómez”, registrada a nombre de José
Manuel Gómez Simental, y “Grúas Araujo”, dirigida por Celsa Araujo Vizcarra,
casualmente las dos con domicilio fiscal en la calle de Lugarda Pedrín en la
colonia Rosarito, en San José del Cabo.
Así
el negocio es redondo:
1.-
Primeramente arrastran los vehículos infraccionados por concepto de circular
sin placas, conducir sin licencia o tarjeta de circulación, manejar en estado
de ebriedad, estacionarse en zona prohibida o involucrarse en un accidente
vial, y enseguida van y los ingresan a los tres corralones municipales que
tienen concesionados de manera discrecional en San José del Cabo y Cabo San
Lucas.
2.-
Ya cuando pagan las multas y salen, y sobre todo cuando los vehículos
resultaron involucrados en accidentes viales, los dueños de los automotores,
pueden ser considerados en el pago del almacenaje en los corralones, siempre y
cuando, las unidades averiadas puedan ser reparadas en el taller de hojalatería
de esta familia, bajo el nombre comercial de “Body Shop Express”, localizado en
el boulevard Don Guillermo en la colonia Guaymitas en San José del Cabo.
Durante
esta investigación, este semanario comprobó que la riqueza de la pareja formada
por José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, fue vertiginosa en el
gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, porque de
poseer únicamente dos grúas en el año 2000 –según la concesión 3450 expedida el
22 de junio del año 2000—, hoy por hoy, tienen formalmente 11 grúas más que
operan con tres concesiones diferentes, distribuidas entre San José del Cabo y
Cabo San Lucas.
Peor
aún. Los terrenos donde se encuentran físicamente los corralones municipales
son propiedad de está renombrada familia, quien ya preparaba inclusive, un
cuarto terreno para abrir un nuevo corralón municipal, proyectando que el
derrotado ex candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Narciso Agúndez
Montaño, ganaría la contienda electoral del 7 de junio.
En
el caso del arrastre de grúas el precio fluctúa entre 500 y mil 500 pesos,
según la distancia, y cuyo costo total va a dar a los bolsillos de los dueños
de la compañía.
En
el caso del costo del almacenaje –y de acuerdo a la Ley de Hacienda para el
Municipio de Los Cabos— la tarifa por cada día de almacenaje es la siguiente:
1.-
50 salarios mínimos en automóviles, camionetas y pick up, es decir, 3 mil 505
pesos diarios, tomando como referencia el salario mínimo de la Zona “A”
establecido de $70.10 por la Comisión Nacional de salarios Mínimos
2.-
75 salarios mínimos en camiones urbanos y suburbanos, es decir, 5 mil 557 pesos
con 50 centavos diarios.
3.-
100 salarios mínimos en autobús de pasajero, camión de carga, tracto-camiones y
remolques, es decir, 7 mil 10 pesos diarios.
4.-
10 salarios mínimos en motocicletas y bicicletas, es decir, 701 pesos diarios.
Independientemente
de esta tarifa oficial, el precio por cada día de almacenaje extra, a partir
del onceavo día, es por una cuota igual a la quinta parte de un día de salario
mínimo general en la zona económica “A”.
El
dinero cobrado por concepto de almacenaje no ingresa al ayuntamiento, sino a
las cuentas bancarias de los familiares del ex tesorero.
Sobre
estos hechos, y desde su punto de vista, la regidora del PRD, Ana María Wilson
Izquierdo, dijo “no hay una claridad en función de cómo y de qué manera se
están operando los corralones y qué ha pasado con los ingresos y dónde está la
responsabilidad tanto del concesionario como de la autoridad municipal”.
—Ya
van de salida, y particularmente en el caso de los corralones no se sabe el
destino de entre 55 y 130 millones de pesos que son el gobierno municipal y
fueron a dar a manos de un particular.
¿Qué
va a pasar?, se le preguntó finalmente a la regidora perredista.
“Lo
primero que seguramente vamos hacer y después de enterarnos de lo que sucede,
es pedir que sea presentado el documento de concesión, que como sabemos y
estamos seguros no existe, y pedir que se presente un informe de la situación y
subirlo a la mesa y dejar ese tema pendiente como “alerta roja” para que sea
revisado, analizado y discutido por la próxima administración y sean ellos
quienes deslinden responsabilidades. No sabemos aún hasta qué grado podamos
considerar al nuevo presidente municipal de Los Cabos (Arturo de la Rosa
Escalante) y ver qué va a pasar con este tema, porque evidentemente estamos
hablando millones de pesos”.
Las ganancias en el arrastre de vehículos
Descripción
|
Tarifa promedio
|
Ingreso por mes
|
Ingreso por año
|
Ingreso por 4 años y 5 meses de gobierno
|
Arrastre mínimo de 30 vehículos
|
800
|
$24,000.00
|
$288,000.00
|
$1,272,000.00
|
Arrastre máximo de 70 vehículos
|
800
|
$56,000.00
|
$672,000.00
|
$2,688,000.00
|
Nota: El cálculo está basado en una tarifa promedio de 800 pesos, tomando en cuenta que la más baja es de 500 pesos y la más alta de mil 500 pesos.
Fuente: Investigaciones ZET
-
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco / 07 de Julio del 2015 a las 12:00:48)
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