La
Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF) documentó que de 2009 a la fecha existe un faltante de 10 mil millones
de pesos en la administración estatal que encabeza Guillermo Padrés.
El
diputado priista y presidente de esta Comisión, Marcos León Perea, señaló que
se tiene un acumulado de mil 500 observaciones sin solventar correspondientes
al presente sexenio que concluirá en septiembre próximo.
Destacan
entre los principales faltantes, los 2 mil 200 millones de pesos del fondo de
pensiones y jubilaciones del Isssteson; los 600 millones que el Legislativo
concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte
urbano y que hasta el momento no se ha ejercido, ni se ha justificado
fiscalmente.
También
se incluyen los 60 millones de pesos ejercidos por la secretaría de Agricultura
estatal sin que se haya presentado la documentación que avale esta transacción.
O, los 12 millones de pesos destinados al municipio de Bacum, aún en espera de
ser documentados.
“Este
gobierno tiene toda la intención de solventar las observaciones emitidas por el
ISAF, pero no tienen las bases financieras para resarcir el daño económico”,
acusó el legislador sonorense.
En
tanto, el ISAF, órgano fiscalizador descentralizado del Congreso local,
entregará a más tardar el próximo 31 de agosto el último reporte de la cuenta
pública 2014, bajo la responsabilidad de Guillermo Padrés.
El
diputado León Perea, estima que este último reporte financiero tendrá al menos
2 mil 500 observaciones según reportes preliminares del ISAF, dirigido por el
auditor Eugenio Pablos Antillón.
“Estamos
buscando que los culpables del faltante se responsabilicen de sus errores; no
vamos a fabricar culpables, pero sí vamos a exigir que se devuelva cada peso
sin justificar a los sonorenses”, subrayó
La
cuenta pública de 2013, según datos oficiales, contó con un total de 2 mil 636
observaciones luego de fiscalizar a 13 dependencias, la Junta de Conciliación y
Arbitraje; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 5 organismos
autónomos; 2 instituciones de educación superior autónomas y a 83 entidades de
la administración pública paraestatal.
Ante
esto, la Contraloría General del Estado respondió que el Ejecutivo sólo fue
notificado por 672 observaciones, solventó 340 y se encuentran pendientes de
documentar 332 señalamientos.
(EL
PORTAL DE LA NOTICIA/ PROCESO/ 27 Junio 2015, 17:12)
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