A
periodicazos, el presidente Enrique Peña Nieto finalmente parece haberse dado
cuenta que gobernar el Estado de México no es lo mismo que gobernar el país.
Descubrió que ignorar sus propuestas más atractivas, novedosas y atrevidas, lo
colocaron en una crisis profunda donde un creciente número de mexicanos pide su
renuncia y se ha convertido en un líder contaminado por la corrupción ante sus
pares en el mundo. Llegó tarde –pero llegó finalmente– a la cita delineada el
10 de septiembre de 2012, cuando presentó ante el grupo parlamentario del PRI
su primera iniciativa de ley, que contemplaba la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción.
La
iniciativa para crear la Comisión la trabajó el abogado Virgilio Andrade, un
viejo compañero del ITAM del entonces coordinador del equipo de transición,
Luis Videgaray, a quien incorporó al equipo del presidente electo para que
trabajara en la creación de ese nuevo organismo que iba a sustituir a la
Secretaría de la Función Pública. Pronto se le olvidó al presidente su
propuesta y Andrade fue arrumbado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
un pequeño órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Secretaría
de Economía. La Función Pública nunca desapareció.
De
corrupción, ni hablar, hasta que comenzó a verse un patrón en la asignación de
licitaciones de obra pública a empresas vinculadas con el grupo empresarial
vinculado al equipo mexiquense del presidente Peña Nieto. Las primeras
adjudicaciones a OHL y a Arturo Alcántara –su coterráneo de Atlacomulco–
generaron inconformidades. Pero las preferencias por Juan José Hinojosa, viejo
amigo del presidente, beneficiado con contratos federales y con información
privilegiada para licitar por el tren rápido México-Querétaro, provocaron el
quiebre. La respuesta fue exhibir en la prensa los conflictos de interés del
presidente con Hinojosa, quien financió la casa de su esposa Angélica Rivera,
con un préstamo de casi 50 millones de pesos.
El
presidente nunca había aceptado la posibilidad que hubiera un conflicto de
interés y sus voceros, rabiosamente, lo negaban. Pero este miércoles, Peña
Nieto cambió el metabolismo en Los Pinos, e hizo lo que el manual de ética
política recomienda para evitar que la percepción de corrupción se convierta en
la realidad popular de que es corrupto. Recuperó a Andrade, retomó la idea
central de su combate a la corrupción, y lo nombró nuevo secretario de la
Función Pública. Para mostrar la prioridad en el tema, él mismo le dio el
nombramiento y le encargó iniciar una investigación para determinar si él, su
esposa y Videgaray, que también adquirió una casa por medio de Hinojosa,
incurrieron o no, en un conflicto de interés.
Para un
gobierno donde el tema de ética política y conflicto de interés era
inexistente, el anuncio del presidente es un gran paso. Peña Nieto insistió en
que nunca, como presidente, gobernador o servidor público, incurrió en un
conflicto de interés, pero el hecho en sí mismo que pida a un tercero que lo
revise, es un avance. El 17 de septiembre, ante la negación gubernamental, se
afirmó en este mismo espacio: “Una posibilidad está al alcance de la mano del
gobierno: crear un mecanismo dentro de la administración, para que antes que se
anuncie un nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para
descubrir los fantasmas en el clóset.
“...
Este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar
todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea que sirva. En lo
personal, en lo político y en lo financiero, en todo aquello que signifique un
potencial riesgo de controversia –la OCDE tiene un manual para administrar el
conflicto de interés– y escándalo. Se haría discreto, sin lastimar a la
persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin afectar a quienes
serán sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá
transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que una buena falta
les hace”.
Lo que
anunció el presidente fue eso, que no es más que la forma como los gobiernos en
el mundo trabajan para reducir sospechas y combaten percepciones. A partir de
la primavera, los funcionarios públicos tendrán que declarar sus posibles
conflictos de interés y los revisará una unidad que creará Andrade, que es lo
que hacen internacionalmente cuando los altos funcionarios se deshacen de todo
aquello que los puede meter en un dilema moral dentro de la función pública. Se
harán más transparentes los procesos de licitación y se añadirá información en
los portales del gobierno para consumo general. De esta manera se atajará un
posible conflicto de interés, que se llega a presentar incluso, por el
potencial que exista del choque del interés público con el particular.
El
presidente Peña Nieto puede no estar plenamente convencido de este tema, que
por meses lo mantuvo en una posición intransigente. Por eso quizá le sirva
conocer los últimos años de gobierno de Frederik Willem de Klerk, el presidente
sudafricano que entendió que para salvarse él y darle vigencia al país, tenía
que desmantelar el apartheid y abrir aquella racista nación a la democracia. De
Klerk no necesitó creer en la democracia para ser demócrata, sino entender que
era la única vía hacia el futuro. Peña Nieto debe tener claro que entrar en
serio al combate a la corrupción es el único camino de recuperar la iniciativa
y tratar de salvar su sexenio, aunque no lo crea.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA Estrictamente Personal DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 04.02.2015)
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