Un
subproducto de la crisis política que detonó la desaparición de los normalistas
de Ayotzinapa en Guerrero hace cuatro meses, fue el final del mundo feliz del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde todos se coordinaban y
trabajaban juntos en las tareas asignadas. El buen entendimiento sólo existe
hoy en los discursos, porque la cohesión del gabinete se rompió. Los choques
entre la primera línea del equipo presidencial son fuertes y entraron en una
dinámica donde no se ve quién pueda frenarlos. Son nuevos momentos de la
presidencia de Peña Nieto, cuyas contradicciones la han colapsado.
En las
dos últimas semanas se ha vuelto evidente una peligrosa confrontación que ataca
el sistema nervioso del gobierno: entre el secretario de la Defensa, general
Salvador Cienfuegos, y el procurador Jesús Murillo Karam. El secretario está
atrapado entre las decisiones de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría
General de la República, por encima de sus atribuciones, que afectan al mando
castrense, y los generales, coroneles y mandos superiores, cada vez más
molestos con las políticas presidenciales –se asume que los civiles no tomarían
decisiones sin la autorización de Peña Nieto– y cada vez menos dispuestos a
obedecer sus órdenes.
El
presidente Peña Nieto puso un bálsamo la semana pasada al nombrar al general
Felipe Gurrola, que pertenece a las élites de Lomas de Sotelo, al frente de la
coordinación de la tropa y la Policía Federal en Michoacán, tras la remoción
del comisionado Alfredo Castillo y el cambio de modelo de seguridad y
desarrollo en el estado. Parece una muestra de apoyo para los militares,
después de semanas de sometimiento al poder político civil, y sólo después de
que se volvió evidente la respuesta enojada de la Secretaría de la Defensa, al
gabinete. Los detalles del último enfrentamiento entre el general y el
procurador son públicos.
El 13
de enero pasado, luego de reunirse con los familiares de los normalistas
desaparecidos y su cuerpo de abogados, el procurador Murillo Karam y el
subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les prometieron que las puertas de
las instalaciones militares que quisieran se les abrirían, lo que provocó una
reacción inmediata castrense. Ese día, en un comunicado de la PGR que llegó por
correo electrónico a las redacciones de los medios a las 21:32 horas, informó
que los padres habían hecho esa petición adicional. Los funcionarios les
dijeron, de acuerdo al comunicado, que los cuarteles “están abiertos a todos
los ciudadanos, y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con
respeto a nuestras instituciones”.
Menos
de una hora después, a las 22:20, la Secretaría de la Defensa respondió. Por
medio de un comunicado que llegó a los medios por correo electrónico, informó
que el agente del Ministerio Público Militar había presentado una denuncia ante
la PGR por los hechos sucedidos el día anterior, cuando alrededor de 200
personas, la mayoría con el rostro cubierto, intentaron entrar al 27 Batallón
de Infantería en Iguala, donde los padres de los normalistas dicen que tienen a
sus hijos. Esa gresca, en la víspera, fue lo que llevó a Miranda y Murillo
Karam a decidir, por encima del general Cienfuegos, la apertura de los
cuarteles, que no se ha hecho por la tensión y sacudimiento que se vive dentro
del gobierno peñista.
No es
la única tormenta palaciega que tiene Peña Nieto. El 19 de enero pasado, Ciro
Gómez Leyva publicó en El Universal que el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, había renunciado en diciembre, pero que el presidente no se
lo había aceptado. Osorio Chong dijo que lo habían mal interpretado y que la
versión era falsa. Gómez Leyva, sin embargo, había sido muy cuidadoso. En su
texto reprodujo la pregunta directa si había renunciado, y el secretario
respondió, en forma directa, que sí. Después de dos días, el tema pasó al
olvido público, pero dentro del gobierno se desataron los demonios.
A Los
Pinos llegaron las protestas de varios secretarios de Estado por la forma como
Osorio Chong ventiló asuntos privados. Para varios de ellos, la columna fue
cierta y el secretario de Gobernación incurrió en una afrenta al presidente, al
sugerirse en el texto periodístico, a partir de sus dichos, que era
imprescindible y que él hizo lo que otros secretarios –enumerados entre otros,
en voz del columnista, como los secretarios de Hacienda, Comunicaciones y el
procurador– debían haber hecho: abrir el mayor margen de acción al presidente.
Los dardos iban cargados de señalamientos de deslealtad, al ventilarse, de otra
manera, las contradicciones que se viven actualmente en el gobierno.
Pleitos
en los gabinetes siempre han existido, pero sólo en los gobiernos panistas los
hubo públicos sin consecuencias. La praxis política priista es que nunca
emergían a la opinión pública, porque cuando eso sucedió, los ceses de quienes
lo provocaron fueron fulminantes. En un sistema vertical y excluyente como se
diseñó la presidencia de Peña Nieto, la disciplina y el silencio eran
absolutos. El equipo era una roca, homogénea e internamente castradora. Ya no.
Por lo mismo, que sus impugnaciones afloren de una manera tan violenta como hoy
día, es otro pequeño reflejo de la crisis que arrastra el presidente desde el
26 septiembre, donde el lastre que no quiere sacudirse, lo sigue hundiendo más.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO / Columna de Raymundo Riva Palacio Estrictamente Personal / 26.01.2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario