El
informe final de la investigación del crimen contra 43 normalistas de
Ayotzinapa capturados por policías de Iguala y Cocula y entregados a una banda
criminal para su asesinato, que presentó el procurador Jesús Murillo Karam, es
un queso gruyere, lleno de hoyos. Si se siguiera de manera mecánica la línea de
tiempo que describió la semana pasada, la conclusión podría ser que la muerte
de los jóvenes fue más el resultado de un abuso de autoridad, que una orden del
exalcalde de Iguala o una confusión entre organizaciones delincuenciales.
“La
verdad histórica” que presentó Murillo Karam parece más un acomodo de hechos
circunstanciales para explicar con verosimilitudes lo que sucedió la noche del
26 de septiembre en Iguala y Cocula, cuando fueron asesinados decenas de
normalistas de Ayotzinapa. Tampoco dispensa la tardía intervención del
presidente Enrique Peña Nieto, que hoy le reclama el Comité contra las
Desapariciones Forzadas la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Murillo Karam presentó la verdad legal de la PGR, o la versión oficial del
gobierno, que está lejos de ser “la investigación sin precedentes”, como
proclamó la Presidencia, que hace lucir una vez más a su cabeza como
desinformado. Veamos:
1.- El
móvil. Murillo Karam presentó como el móvil original del crimen que los
normalistas iban a sabotear el evento donde María de los Ángeles Pineda Villa,
esposa del exalcalde José Luis Abarca, rendía su informe del DIF. La semana
pasada, sin explicar cómo se desvaneció aquel móvil, concluyó que el asesinato
se debió a que la banda de Guerreros Unidos, que controla esa zona, los
confundió con integrantes de sus rivales Los Rojos.
Desde
los primeros días del crimen, Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo sucedido
en Iguala era una “depuración” entre cárteles. No está claro de dónde pudo
salir esa certidumbre, aunque desde mayo pasado, cuando la Fiscalía de Guerrero
pidió la consignación de Abarca por delincuencia organizada –ignorada por él y
sus colaboradores– sabían que el ámbito en Iguala era federal. En todo caso, si
era un asunto entre cárteles, ¿por qué el presidente dijo que era un problema
local? El aval a su hipótesis lo dio el jefe de Guerreros Unidos, Sidronio
Casarrubias, quien declaró en la PGR que dentro de los normalistas había una
célula de Los Rojos.
2.- Los
narcoestudiantes. La PGR encontró una célula de 17 normalistas que pertenecían
a la banda de Los Rojos. Informaciones contradictorias sobre el móvil –calentar
la plaza o llevar armas y opio– trascendieron a la prensa. Inclusive,
funcionarios de la PGR identificaron a un normalista que fue desollado, como el
jefe de la célula. Murillo Karam dijo que varios testigos identificaron a tres
estudiantes como “infiltrados” de esa banda criminal. Sin embargo, dijo que él
no tenía ninguna evidencia que hubiera delincuentes dentro de los normalistas.
Los narcoestudiantes se desvanecieron en las pesquisas, pero se mantuvo la
teoría de la “confusión”.
3.- La
confusión misteriosa. La parte más opaca de la investigación de la PGR está en
la línea de tiempo que dio Murillo Karam sobre el paso de los normalistas por
Iguala. Dijo que llegaron a las 13 horas y secuestraron camiones. Poco después
de las 14 horas, al salir de la terminal de autobuses, se enfrentaron con la
policía, que ante su inferioridad numérica, se retiraron. Entonces comenzaron a
botear, con el fin de obtener recursos para viajar a la ciudad de México y
participar en la marcha del 2 de octubre. No dijo qué hicieron los normalistas
entre el momento que dejaron de botear, hacia las 17 horas, y las 21 horas
[cuando] la policía les disparó y los detuvo.
Contra
su versión original, no pretendieron sabotear ningún evento de Pineda Villa, ni
su fiesta. Hacia las 21 horas, de regreso a Iguala, fueron detenidos por la
policía. Volvieron a hacerse de palabras y los normalistas los apedrearon, lo
que fue respondido a balazos por los policías. Esto significa que los
normalistas, que según Guerreros Unidos eran de Los Rojos, estuvieron en Iguala
durante ocho horas sin ser detectados, pese a tener control total sobre la vida
en el municipio. ¿A qué hora se supo que los descubrieron y se dio la orden de
capturarlos y matarlos? No lo aclaró el procurador.
Guerreros
Unidos tenía en la zona donde se movieron los normalistas a no menos de 200
policías bajo sus órdenes, y sin embargo no les sucedió nada en todo ese
tiempo. El procurador no disipó estas dudas; tampoco dijo nada sobre el
conocimiento que tenían las policías Federal y Estatal del movimiento de los
normalistas de Chilpancingo a Iguala ese día. La conclusión del caso descansa
en cuatro presuntos delincuentes –de 99 detenidos– que confiesan su
responsabilidad directa en los hechos, 385 declaraciones ministeriales y 487
dictámenes periciales, que construyen lo que llamó Murillo Karam un “crimen
atípico”.
Lo
exhaustiva que parece la investigación no corresponde con lo sólido de ella. Al
contrario, entre más informa el procurador, más contradicciones emergen. Entre
más explica, más confunde. Las críticas que le han hecho a sus conclusiones
tienen bastante sustento, razón por la cual abogados, activistas y
organizaciones internacionales juzgan, no a él por sus omisiones y deficiencias
en la investigación, sino al presidente Peña Nieto, que al final de cuentas es
quien tiene que dar la cara por el gobierno.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA Estrictamente Personal DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 03.02.2015)
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