En la
reunión que tuvieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre en Los Pinos, dijeron
que el Ejército había participado en el crimen de 43 jóvenes. La respuesta vino
después, en voz de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de
la PGR, quien dijo que no había ninguna línea de investigación que apuntara a
los militares. La negación per se no impidió que los militares estén bajo una
cascada de acusaciones y le ganó al gobierno imputaciones de encubrimiento.
¿Estuvo
el Ejército involucrado en los hechos? Se podría argumentar que como
institución, no lo estuvo. Desde los setenta, los años de la Guerra Sucia, el
Ejército no desarrolla una política de represión masiva y aniquilamiento. Pero
de manera excepcional, tratándose del 27 Batallón de Infantería en el caso de
Iguala, se puede alegar que sí estuvo involucrado, cuando menos, por omisión.
La falta de una investigación que deslindara responsabilidad de sus mandos en
Guerrero le abrió la puerta a la sospecha y allanó el camino para la acusación
abierta, con indicios que apuntan su culpabilidad.
Su
participación no es presunta. El 27 Batallón de Infantería se encuentra en
Iguala, y recibieron información directa de que a unos cuantos cientos de
metros del cuartel se estaban registrando balaceras. El Ejército salió a las
calles de Iguala, pero, afirma el procurador Jesús Murillo Karam, el Ejército
no participó “activamente” en los sucesos de la noche del 26 de septiembre. Su
afirmación es imprecisa. Nuevos datos sobre el comportamiento militar esa noche
sugieren que sí tuvieron una participación activa, no en el secuestro –y quizá
tampoco en el asesinato de los jóvenes–, sino en el perímetro de seguridad en
Iguala y en negar apoyo a las autoridades estatales que buscaban cumplir con la
ley.
Testimonios
de los pobladores de Iguala han establecido que las fuerzas federales salieron
esa noche mientras atacaban a los normalistas y al equipo de futbol Los
Avispones de Chilpancingo, que quedó atrapado en la acción violenta, para
tender un cerco en Iguala donde nadie entraba ni salía de la ciudad. Los
soldados –en una información conocida desde el 27 de septiembre– impidieron que
varios normalistas heridos de bala fueran atendidos en una clínica privada a la
que llegaron de emergencia, y dieron parte de que había un cuerpo sin vida en
las calles. Es decir, sí salieron a patrullar las calles.
El
gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, recibió información de las balaceras
alrededor de las 11 de la noche, y pidió a los entonces secretario de Seguridad
Pública, Leonardo Vázquez, al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud,
Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala, que se desplazaran al municipio. Aguirre le
habló también al jefe de la 35ª Zona Militar, en Chilpancingo, general
Alejandro Saavedra, a quien le informó lo que sucedía. El general le aseguró
que se abocaría al tema, pero nunca hizo nada.
Vázquez,
Blanco y Mazón encontraron en los soldados y en la Policía Federal en Iguala
hostilidad y abandono institucional. Tardaron tres horas para recorrer los 107
kilómetros entre Chilpancingo e Iguala, cuyo viaje se hace en una hora y 20 en
promedio, porque encontraron retenes de transportes en la carretera. De acuerdo
con las investigaciones, transportistas de la CTM trabajan para la delincuencia
organizada en la región. La Policía Federal, que patrulla las carreteras, nunca
apareció.
Cuando
llegaron a Iguala, como procedimiento de rutina, llamaron a todos los policías
municipales que habían participado en los hechos en esos momentos aún oscuros a
su cuartel general, y desarmaron y detuvieron a 22 presuntamente involucrados.
Vázquez y Blanco, ante la falta de refuerzos estatales, pidieron a la Policía
Federal que les brindara protección para poder iniciar las averiguaciones, pero
se la negaron. Entonces se comunicaron con el jefe del 27 Batallón de
Infantería, coronel José Rodríguez, para pedirle que les abrieran las puertas
del cuartel para llevar ahí a los policías. Se los negó.
Los
funcionarios estatales tuvieron que permanecer en las instalaciones de la
Policía Preventiva Municipal de Iguala, hasta donde comenzaron a llegar
personas de civil a hostigarlos. Una persona que estuvo adentro cuando esto
sucedía, dijo que iban a lincharlos. Vázquez, Blanco y Mazón lograron escapar
porque fueron evacuados en un helicóptero. La liberación ilegal de los
municipales no se dio porque llegaron a tiempo los refuerzos de Chilpancingo.
El
Ejército no inició ninguna averiguación sobre los sucesos de esa noche, ni se
sabe nada de la suerte del coronel Rodríguez o de dos militares bajo su mando,
identificados como “el teniente Barbosa” y “el capitán Crespo”, a quienes
públicamente han señalado en Guerrero como miembros de Guerreros Unidos, la
organización señalada por la PGR como autora material del crimen. ¿Estuvo el
Ejército involucrado en los hechos? La pregunta ya tiene respuesta.
El
Batallón 27 de Infantería sí actuó, por lo menos, por no actuar para garantizar
la aplicación de la ley y por haber sido omiso cuando en actos donde se violaba
la ley en flagrancia, se replegó. El general de división Saavedra tendría que
estar respondiendo por esos actos, pero está blindado. Más aún, el 20 de
noviembre, el presidente Peña Nieto lo ascendió a general de división. En
Guerrero, todo ha ido encaminado a proteger a sus militares, hasta que el
secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, demuestre lo contrario.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27.01.2015)
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