Tarde,
pero finalmente acertado, el procurador general Jesús Murillo Karam cerró la
investigación sobre lo que hoy es oficialmente el homicidio de 43 normalistas
de la rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre. Pudo haberle
ahorrado al presidente Enrique Peña Nieto y a él mismo, 81 días de desgaste
donde las fuerzas antagónicas al gobierno levantaron murallas de incredulidad y
sospecha sobre la cientificidad de la investigación federal –los
cuestionamientos sobre la cadena de custodia–, y sobre los verdaderos autores
materiales del crimen –llueven acusaciones contra el Ejército.
El
procurador no aportó ninguna nueva información de relevancia para el caso,
aunque corrigió el móvil del asesinato, que no es menor. No se debió a que iban
a sabotear el informe de labores de la esposa del exalcalde de Iguala –los dos
presos por el crimen–, como originalmente se informó, sino porque la
organización criminal que controlaba la zona, Guerreros Unidos, los confundió
con sus rivales, Los Rojos. El cierre de la investigación sobre el crimen de
los normalistas no significa el final del proceso penal. Quedan por llenarse
algunas lagunas, aclararse varias inconsistencias y resolverse importantes
contradicciones de este caso, cuyo expediente se pasó de maduro en las oficinas
de la PGR.
La palabra
de Murillo Karam vale menos que el 7 de noviembre pasado, cuando en una
conferencia de prensa dio a conocer los generales del caso que le habrían
permitido cerrar el caso. Aquel viernes, el procurador informó sobre los
autores intelectuales, los criminales, el móvil y el número de personas
detenidas hasta ese momento. Jurídicamente, se dijo en este espacio el 19 de
noviembre, el caso estaba cerrado, aunque penalmente abierto. Se dejó pasar la
oportunidad.
La
información con la que concluyó ayer martes, es la que se tiene desde los
primeros días después del crimen, revelada a la prensa por el exfiscal general
de Guerrero, Iñaki Blanco, el 6 de octubre, donde afirmó que los policías de
Iguala habían entregado a 17 normalistas a sicarios de Guerreros Unidos,
quienes los asesinaron. El informe no mencionó directamente el basurero de
Cocula, donde la PGR ubica el lugar donde los asesinaron, pero señalaba que los
sicarios se desplazaban por varios municipios, incluido el de Cocula.
Desde
que la PGR atrajo el caso, identificó a un miembro de la banda apodado El
Chuky, como quien dio la orden de asesinarlos. El Chuky desapareció
discursivamente desde el 7 de noviembre, cuando Murillo Karam describió, con
testimonios de varios sicarios detenidos, cómo había sido la detención de los
normalistas y su ejecución. Quien aportó los principales detalles que llevaron
al procurador a dar por casi cierta la evidencia del asesinato de los
normalistas, fue Agustín García Reyes, El Chereje. Desde entonces, la PGR
identificó a quien dio la orden de asesinar a los normalistas como El Cepillo.
En el
cierre del caso, Murillo Karam utilizó el testimonio de El Cepillo, Felipe
Rodríguez Salgado, capturado hace 10 días, como el determinante para la
conclusión, aunque su declaración ministerial tampoco aportó novedades a la
investigación. Ni el procurador ni el jefe de la Agencia de Investigación
Criminal de la PGR, Tomás Zerón, que lo acompañó, explicaron cómo concilian
testimonios que lo señalan en forma contradictoria como el que ordenó la muerte
de los jóvenes. Zerón admitió que siguen buscando a El Chuky, de quien sólo
tienen un retrato hablado.
El caso
se cerró sobre la certidumbre de la PGR de los cuatro testimonios de los
sicarios de Guerreros Unidos, quienes dijeron que entre los normalistas iban
tres miembros de la banda rival, Los Rojos, cuya participación en los sucesos
del 26 de septiembre fue documentada en este espacio el 19 de noviembre, con
base en los mismos testimonios. De acuerdo con las declaraciones de los sicarios,
dentro de los normalistas había una célula de 17 Rojos. Ese mismo número es el
que según [dijeron] los policías municipales a la Fiscalía de Guerrero, les
habían ordenado detener y entregar a Guerreros Unidos. En ese texto se dijo que
la infiltración del narcotráfico en la normal era una verdad impronunciable
para el gobierno. Murillo Karam volvió a negar que tuvieran evidencia de
infiltración, [mencionada] en la única declaración reiterada que no fue tomada
como verdad legal al cerrarse el caso.
El misterio
de Iguala está jurídicamente resuelto, pero las claves finales no las aportó El
Cepillo, sino su jefe Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, quien
tras ser capturado el 16 de octubre se convirtió en el principal testigo de la
PGR. Al igual que con los testimonios que hablan de infiltración de Los Rojos
–cuya célula recibía órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso
Miranda, diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en
Amacuzac–, el procurador ha ignorado, hasta ahora, la acusación de Casarrubias
en contra del gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, a quien
identificó como uno de sus protectores.
El
procurador Murillo Karam no se metió en honduras, y focalizó el fin del caso
como una confusión de los criminales. Ni infiltración documentada del
narcotráfico en los normalistas, ni señalamientos contra Aguirre, dos grandes
veneros de información para abrir líneas de investigación, que nunca se
abrieron. Al gobierno no le interesaba revelar todos los detalles que envuelven
al crimen de los normalistas, sino resolver este caso por el que sangra
inconteniblemente la nación.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 28.01.2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario