La
designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, con el
encargo de investigar si las casas que adquirieron a un exitoso constructor la
esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, incurren en un conflicto de interés, ha sido
cuestionada porque en lugar de nombrar a un fiscal independiente del Ejecutivo
–el sueño de muchos–, o procesarla a través de una comisión especial bicamaral
–la salida institucional–, se optó por alguien que depende del Ejecutivo. Es
decir, el investigado es jefe del investigador, por lo que, dicta el sentido
común, un subordinado no va a crucificar a su patrón.
Andrade
declaró que por encima de ser empleado del presidente está la ley. Está claro,
y no necesita decirlo, que si se ajusta a la legalidad, no encontrará delito
qué perseguir porque el conflicto de interés, en sus términos legales, no se
aplica a ninguno de los tres, de acuerdo con lo que establece el título IV del
artículo 110 constitucional, que castiga el favorecer intereses personales con
carácter económico, político, afectivo o familiar. La señora, porque no es
servidora pública; el presidente, porque el único delito aplicable a él es el
de traición a la Patria; y Videgaray, porque cuando hizo la compra de su casa
de campo no ocupaba ningún cargo público. ¿Se puede alegar que el presidente
quiere engañar a todos?
Esta
afirmación, desarrollada por algunos críticos desde el martes tras el anuncio
de la investigación, es reduccionista. Un panel independiente revisará el
trabajo de Andrade y el sector privado, que ha exigido legislar más profundo
sobre el conflicto de interés, también estará involucrado. Pero además el
Congreso, una vez que el presidente quitó las cadenas al PRI con las que habían
bloqueado la discusión y análisis de la presunta corrupción en el gobierno,
podrá retomar las iniciativas para crear, porque nadie se los puede impedir, su
propia comisión para investigar el mismo caso.
Para
empezar, los legisladores, con más seriedad y menos panfletarismo, deben hacer
lo que les corresponde por ley: revisar las adjudicaciones gubernamentales y
determinar si se cumplió con todo lo previsto por la ley. Andrade ya anticipó
que no entrará a la revisión de los contratos inmobiliarios, que es un asunto
entre particulares, sino en el análisis de las licitaciones y adjudicaciones
que se le hicieron a la empresa Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, viejo
amigo del presidente, de Videgaray y de una buena parte del gabinete,
particularmente los mexiquenses. Es decir, su principal foco de atención será
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por otro viejo amigo
de Peña Nieto e Hinojosa, Gerardo Ruiz Esparza, y sobre todo la Subsecretaría
de Infraestructura, que maneja otro viejo amigo de Andrade –y del presidente–,
Raúl Murrieta.
No hay
que caer en la simpleza de que con la designación de Andrade el presidente
quiere engañar a todos mediante acciones de alto impacto mediático y
esencialmente cosméticas. El presidente fue arrinconado por la tenaz labor de
los medios de comunicación ante la ausencia de instituciones –como las cámaras–
que hicieran con seriedad y responsabilidad su trabajo. Los medios no son
agentes de cambio, pero su trabajo obliga a que los agentes de cambio actúen.
No lo hicieron en las cámaras, pero arrinconaron a Peña Nieto al grado de
obligarlo a una fuga hacia delante. Sabe que no habrá sanciones legales, y los
deslizó en su anuncio del martes –reforzando la idea que tuvo que caminar hacia
la transparencia sin estar ideológicamente convencido de ella–, al recordar de
manera poco elegante que el presidente no participa en las licitaciones ni en
las adquisiciones. Tampoco, para el caso, el secretario de Hacienda.
Pero lo
que sucedió el martes es que por las razones que se quiera, se abrió una puerta
que jamás había estado abierta. La fuga no puede ser a campo abierto. Peña
Nieto fue obligado a quitar el blindaje histórico sobre la figura presidencial
y pedirle al nuevo secretario de la Función Pública que lo investigue, lo que
elimina las barreras institucionales que previamente obstruían llegar hasta el
final en los casos donde se sospechaba corrupción. La primera estación de este
inicio de construcción de un mecanismo de supervisión, rendición de cuentas y
contrapesos del Ejecutivo en materia de transparencia e integridad, terminará
seguramente con la exoneración legal de todos, que avivará la condena pública y
la política.
Pero
habrá que ver cómo se maneja para saber si esa es la conclusión. El propio
presidente trazó en dónde se encuentra su conflicto de interés que tanto niega,
cuando en su mensaje del martes dijo que éste incluye aquellos casos, “los
aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de que hay un
conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma
de decisiones, ni violación legal alguna”.
Andrade
tiene el camino allanado para determinar, junto con el panel de expertos, que
en esa parte sí incurrió el presidente en un conflicto de interés. Pero además,
la revisión de las adjudicaciones de obra podría llevar a eventuales actos de
corrupción, en figuras que aún no están en el escenario. ¿Qué puede venir
después? Una legislación más clara, amplia y profunda sobre el conflicto de
interés será indispensable, pero también, si se prueba que hubo funcionarios
que favorecieron a Hinojosa, fincar las responsabilidades penales
correspondientes, aunque se cimbren tierras mexiquenses.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA Estrictamente Personal DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 05.02.2015)
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