En
relación a la liberación de los ex policías Javier Márquez, Sergio Campos, Galo
Carrillo Vázquez, José Luis Ramírez, Mario Estrella, Juan García y Pedro Arce
el 1 de septiembre de 2014, quienes fueron aprehendidos en 2008 por estar
vinculados con el Cártel Arellano Félix (CAF), otro grupo de ex agentes busca
ser indemnizado por la ciudad.
Según
información obtenida por ZETA, cinco ex
elementos municipales han solicitado amparos contra las acciones de la
Sindicatura Procuradora de Tijuana por su destitución. Se trata de Rigoberto
Rodríguez, Jorge Becerra Topete, Luis Sedano Morales, Mario So Apodaca y Moisés
Díaz Neri.
Aunque
no es posible su reincorporación, tendrían derecho a la indemnización
correspondiente contemplada para esta gestión, según Alejandro Lares,
secretario de Seguridad Pública Municipal.
“Se
les va a indemnizar, se les tiene que pagar todo lo que se les debe, totalmente
de acuerdo, y si no existe el monto económico suficiente, pues hacer convenios
e ir pagando poco a poco”, apuntó.
La
nulidad de las declaraciones de los llamados testigos protegidos que
identificaron a medio centenar de policías municipales con el CAF, es la base
para que éstos, poco a poco, vayan obteniendo su libertad.
Así
lo explicó el abogado penalista Rafael Flores Esquerro, quien defendió a 26 de
los policías señalados por tener nexos con el crimen organizado.
Los
uniformados que representó fueron detenidos en 2009 -meses después del arraigo
de otro número similar en octubre de 2008- y liberados en 2010, tras ser procesados
en Matamoros, Tamaulipas, y encerrados en el penal de alta seguridad de Perote,
Veracruz.
“Tuvimos
que batallar, sobre todo porque ya había antecedentes que relacionaban a otro
grupo de policías que se habían llevado y procesaron en Tepic, Nayarit”, comenta
en relación al grupo de ex policías que llegó a Tijuana el 2 de septiembre de
2014.
El
abogado relata un episodio del proceso penal, que califica como clave para
entender las inconsistencias de la figura del testigo protegido, implementada
por el ex Presidente Felipe Calderón.
"En
una diligencia les pregunto: 'ya que dice pertenecer a cárteles, y que dice
haber conocido y haber identificado a las personas como miembros de la
delincuencia organizada, hágame el favor de decirme la media filiación de los
26 policías'. Y la contestación inolvidable fue: 'Ay licenciado, no me chingue,
cómo quiere que le dé la media filiación si no los conozco'".
Así,
dice, empezó la libertad de sus clientes, y se construyó el camino para los
liberados de Nayarit, después de estar casi seis años presos.
En
opinión de Flores Esquerro, es importante destacar que la Procuraduría General
de la República (PGR) ha prescindido del valor jurídico de los testigos
protegidos a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de
México.
Sin
embargo, aunque los policías fuesen exonerados, constitucionalmente no podrían
regresar a ninguna corporación policiaca, como lo especifica el Artículo 123 de
la Carta Magna.
“Es
importante señalar que los policías que yo defendí, pues unos trabajan sacando
borrachos, otros venden tacos y otros de taxistas, porque no pueden
incorporarse al servicio y vocación de ser policías”, puntualizó el penalista.
De
acuerdo a la SSPM, de los policías liberados, todos han buscado lugar en la
corporación, sin éxito.
(SEMANARIO
ZETA/ Saúl Alejandro Ramírez / 08 de Septiembre del 2014 a las 12:00:00)
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