
Crece el asesinato de mujeres y también la impunidad en Sinaloa
En Sinaloa han asesinado a cinco mujeres cada mes en lo que va del
año. El homicidio a golpes de una mujer no identificada encontrada en
medio de un lote baldío envuelta en plástico, hace tres días en
Culiacán, se suma a la estadística de muertes de mujeres que suman 50 en
lo que va del año.
Un par de días antes, Martha Madero, de 54 años de edad, murió
acuchillada por su pareja, Rosendo López Sánchez, quien declaró haberla
asesinado por celos, en la colonia Buenos Aires de Culiacán, y Maribel
García, de 24 años, falleció de la misma manera en manos de su exnovio
Héctor Javier Ibarra Guzmán, quien acudió al lugar en que ella trabajaba
para matarla, en Mazatlán.
En los últimos dos meses, cuatro casos de hombres que han asesinado a
sus exnovias y esposas para luego suicidarse, han impactado a la
opinión pública en Sinaloa. Entre ellos el de la sindicatura de Costa
Rica, en donde María Cárdenas, de 64 años, murió al recibir un impacto
de bala en la cabeza. Su esposo José Guadalupe Loaiza le disparó luego
de una discusión, para luego él quitarse la vida de la misma manera.
En Mazatlán, Esteban Tirado mató con arma de fuego a su hija Dayana
de Jesús, de 20 años, e hirió a su esposa Lorena Páez, de 43, por una
discusión familiar. Luego se suicidó con un disparo en la cabeza.
En Culiacán, Amairany, de 16 años, fue asesinada a balazos por su
novio Adán Osiris Medina Beltrán, de 22 años. Luego él se dio un tiro en
la cabeza y murió días después.
En Mocorito, Citlali Mora, con 21 años de edad, fue asesinada por su
pareja José Juan Rocha Zazueta, de 25, en la Escuela de Contabilidad de
la UAS en donde estudiaba. El joven fue a buscarla, le disparó frente a
sus compañeros, luego se dirigió hacia la camioneta en que llegó y se
dio un tiro en la cabeza, frente a una niña de meses de nacida, hija de
ambos, que estaba en el asiento delantero.
En medio del panorama, hay mujeres que permanecen como desconocidas,
como la “presunta indigente” degollada y abandonada entre cartones en el
estacionamiento de una colonia periférica y otra más perseguida y
acuchillada en El Barrio, ambas en julio pasado.
Al parecer no hay edad o situación económica, pero sí circunstancias
similares: fueron asesinadas por sus parejas luego de discusiones,
generalmente por celos.
En su momento, María Aurelia Leal López, presidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR) en Guasave, declaró que
“estamos solicitando la alerta de género en Sinaloa porque es una
necesidad”, a pesar de que “el Gobierno del Estado trata de negar la
realidad, porque está más preocupado en las inversiones económicas que
en la seguridad de las mujeres”.
Leal López, quien también se desempeña como presidenta del Instituto
Municipal de las Mujeres en ese municipio, señala que “Sinaloa se
encuentra ya en segundo lugar nacional en feminicidios, aunque el
Gobierno estatal no lo reconozca”. Como dato local menciona que “en
Guasave nos llegan alrededor de cinco casos diarios de mujeres que
sufren violencia familiar”.
En Sinaloa, organismos de defensa de los derechos humanos han
solicitado alerta de violencia de género ante el Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, organismo presidido por la Secretaría de Gobernación y el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que hasta el momento ha
sido negada.
Sinaloa, junto con otras siete entidades, acudirá al Comité de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW), en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, para denunciar la ineficacia del Estado mexicano en la
protección de la población femenina.
Discriminación, el origen
El Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres,
que se realiza cada año por el Senado de la República, destaca que a
pesar de la disminución de los homicidios en general, la violencia
feminicida no se detiene, “lo que implica que la fuente de la violencia
en contra de la mujer tiene un origen propio en la discriminación”.
Datos del informe señalan que “Sinaloa se encuentra entre los nueve
estados en México con tendencia creciente de homicidios de mujeres, al
lado de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca y Sonora”.
Mientras que a nivel local, la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) señala que los índices delictivos en contra de las mujeres
muestran una tendencia a la baja. Información estadística de la misma
dependencia arroja que al mes de julio de este año, los delitos de alto
impacto de mujeres se han incrementado en los últimos años, comparado
con el sexenio anterior.
Cifras de la misma PGJE indican que en 2008 se cometieron contra
mujeres 50 homicidios dolosos y 85 culposos, un total de 135; en 2009
fueron 69 dolosos y 116 culposos, un total de 185 muertes; en 2010
fueron un total de 212 homicidios (110 dolosos y 102 culposos); para
2011 el número se incrementó a 227 (110 dolosos y 117 culposos),
mientras que el año pasado el número decreció a 173 homicidios dolosos y
culposos. Hasta julio de este año, la cifra de mujeres asesinadas
asciende a 125, 79 de ellas víctimas de homicidios dolosos y 46
culposos.
Las estadísticas de la Procuraduría estatal muestran que el método
más empleado para asesinar a las féminas en Sinaloa es el arma de fuego,
seguido por arma blanca, estrangulamiento, contusiones y asfixia por
sofocación.
Víctimas invisibles
Según un estudio de datos comparativos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizado por la agrupación
México Evalúa, en Sinaloa se registra un aumento en el promedio mensual
de homicidios a partir de 2007.
El informe documenta que los primeros dos periodos de gobierno con
registros (Renato Vega Alvarado (1993-1998) y Juan Millán Lizárraga
(1999-2004) se mantuvieron relativamente estables, con promedios
mensuales de homicidios cercanos a 50. Hacia la mitad del periodo de
Jesús Aguilar Padilla (en 2007) hubo un crecimiento que siguió hasta el
periodo de gobierno de Mario López Valdez, con lo cual los promedios
mensuales de homicidios durante dichos gobiernos fueron de 91.8 y 149.8.
En relación a las mujeres, la tasa de victimización tiene su registro
más alto en los grupos de 20 a 24 años de edad y de 70 a 74 años,
mientras que “las solteras presentaron una taza de 17.2, la mayor en
todo el periodo analizado. En cuanto a los porcentajes de victimización,
las casadas, solteras y en unión libre son las más afectadas, pues
ocupan los tres primeros lugares en todos los años. Destaca el de las
casadas, que en 2000 representó a 54.2 por ciento del total de las
víctimas.
El estudio de México Evalúa sostiene que “Sinaloa no es uno de los
estados con más falta de información, pero tampoco ha hecho el mejor
trabajo al respecto”, y añade que “entre 1990 y 2010 ocurrieron 13 mil
520 muertes por homicidio en general, lo cual se tradujo en casi 42 mil
víctimas invisibles”.
Otro informe, Violencia feminicida en México 1985-2010,
realizado por la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, Inmujeres y
ONU Mujeres, indica que durante 2005 el 44.5 por ciento de las solteras
de 15 años y más reportaron incidentes de violencia comunitaria a lo
largo de su vida, en tanto que 38.3 por ciento de las mujeres de 15 años
y más, casadas o unidas, declararon incidentes de violencia de pareja,
mientras que para el 2010, el 29.6 por ciento tuvo incidentes de
violencia emocional de pareja, 7.6 por ciento de violencia física de
pareja y 5.9 por ciento incidentes de violencia sexual de pareja, lo que
situó a la entidad en el sexto lugar del país.
Entre este mismo grupo de mujeres, de aquellas que sufrieron
episodios de violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo
de su actual o última relación, solamente 11.4 por ciento presentó una
denuncia, lo que ubica al estado en el último lugar nacional, agrega el
estudio. De igual forma, el porcentaje que representan las muertes
violentas de mujeres sobre el total de defunciones femeninas aumentó una
quinta parte entre 2005 y 2010, de 6.4 por ciento a 7.6 por ciento.
El estudio señala que “las niñas menores de 18 años tenían en 2005
una participación en las defunciones femeninas con presunción de
homicidio menor a la del total del país, pero esta situación se invirtió
en 2010 al pasar de 12 por ciento a 18 por ciento”.
Por lo que hace al lugar de ocurrencia de la lesión que derivó en el
fallecimiento, el documento sustenta que “la proporción de casos
sucedidos en una vivienda pasó de uno de cada cinco a 14 por ciento,
niveles inferiores al promedio nacional, mientras que el porcentaje
ocurrido en la vía pública casi se duplicó, de 36 por ciento a 64 por
ciento, aumento más acusado que el observado en el ámbito nacional.
En las gráficas del mencionado estudio se observa una tendencia
irregular en el porcentaje de defunciones con presunción de homicidio en
menores de 18 años de edad por sexo entre 2005 y 2010; “aun
considerando el pico de 2007, las niñas presentan porcentajes más altos
que los niños. Llama la atención que para ambos sexos la tendencia
general es ascendente y parecería que la brecha se va abriendo cada vez
más”.
Cuando se toca el tema de la procuración e impartición de justicia en
Sinaloa respecto a la violencia contra las mujeres, el análisis señala
que “desafortunadamente no existe actualmente acceso público al Banco
Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las
mujeres —previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Sinaloa— que nos permita conocer las cifras
de denuncias o averiguaciones previas abiertas por este delito, lo cual
nos acercaría al conocimiento de la impunidad”.
Sin embargo, añade, “podemos intentar acercarnos mediante la base de
datos de lesiones, la cual indica que durante 2010 se atendieron en la
Secretaría de Salud a 227 mujeres lesionadas por violencia familiar,
pero la misma base arroja que solamente en ocho de esos casos se dio
aviso al Ministerio Público”.
Políticas públicas, en el papel
A casi un año de distancia, la política pública de “prevención del
delito contra las mujeres y violencia intrafamiliar”, plasmada en el
rubro de seguridad pública dentro del Segundo Informe de Gobierno del gobernador Mario López Valdez, no ha servido de mucho.
Tampoco lo ha sido, hasta hoy, la tipificación del delito de
feminicidio dentro del Código Penal, aprobada por unanimidad por la
actual legislatura del Congreso del Estado en marzo del año pasado,
justificado “en el incremento de violencia en todas sus formas contra
las mujeres, que llega a su extremo cuando se le priva de la vida”.
Mediante esta reforma se modificó el tipo penal de violencia
intrafamiliar; se tipificó el feminicidio como delito grave, con prisión
de 22 a 50 años, y en caso de parentesco, hasta 55; y se precisaron
disposiciones sobre la reparación del daño, principalmente.
La iniciativa resalta la importancia que tienen las mujeres a exigir
el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la eliminación de
estereotipos y, en general, a exigir al Estado el cumplimiento de su
obligación para disminuir las brechas de desigualdad con los varones.
Sin embargo, las políticas públicas anunciadas para contener los
feminicidios, junto a las nuevas leyes para el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, siguen siendo “letra muerta” en Sinaloa, en
un contexto en donde la criminalidad no distingue género ni tiene
código de honor.
Cifras de miedo
5 Mujeres son asesinadas cada mes en Sinaloa.
50 Feminicidios se han registrado en lo que va del 2013.
1 Mujer es ejecutada cada seis días en el estado.
FUENTE: PGJE.
(RIODOCE/Judith Valenzuela/ noviembre 10, 2013
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