México.- Las intervenciones de comunicaciones privadas que realiza en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) van en incremento: tan sólo en octubre pasado realizó 58 intervenciones autorizadas en correos y llamadas telefónicas.
En la información, desglosada mes por mes, es visible en octubre de 2013
un incremento de hasta 544 por ciento respecto a enero de 2012, cuando
se reportaron nueve intervenciones en las solicitudes que se autorizan
para rastrear la comunicación privada para atender sospechas de posibles
amenazas a la seguridad nacional.
En todo 2012, el Cisen intervino 214 comunicaciones, tanto de teléfono como de correo. De enero a octubre de 2013, las intervenciones en ambos medios de comunicación ascienden a 433. Es decir, en los primeros diez meses de este año se han efectuado el doble de intervenciones privadas respecto del año anterior completo. La información no especifica si se trata de correo electrónico o convencional.
Es en 2012 cuando se reporta un incremento notable, pues en 2011 hubo 34 procedimientos, en 2010, 16, y 21 en el año 2009, de acuerdo con la información otorgada a través de solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De 647 peticiones de intervención a las comunicaciones privadas que efectuó el Cisen en 2012 y los diez meses de 2013 que indica la información, ninguna fue rechazada por el órgano mexicano de inteligencia.
El Cisen aclara que de 1999 a 2004 no se realizaron intervenciones a las comunicaciones privadas, pues el Centro carecía de facultades legales.
“La autoridad facultada para autorizar dichas intervenciones son los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, de conformidad con la reforma al artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005”, indica la información.
El periodo de cada intervención que realiza el Centro puede durar hasta 360 días.
“En cuanto al lapso de intervención de comunicaciones le comunico que es de 180 días naturales, con opción a prórroga por otro periodo igual”, explica la información.
En julio pasado Excélsior publicó que desde 2007 el gobierno mexicano ha permitido que autoridades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) tenga acceso a un sistema de intercepción de comunicaciones, que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet, como chat, email y voz sobre IP (Protocolo de internet), instalado en nuestro país.
Con base en filtraciones del ex técnico de la CIA Edward Snowden, la publicación alemana Der Spiegel informó que, en mayo de 2010, EU, con ayuda de estos sistemas informáticos proporcionados por Estados Unidos a México, espió al entonces mandatario Felipe Calderón Hinojosa y también lo hizo con Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la Presidencia de la República y a gente de su círculo cercano.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha condenado el presunto espionaje estadunidense efectuado contra mexicanos, algunos de ellos funcionarios federales.
En abril de 2012 el Departamento de Estado de EU emitió una solicitud a varios contratistas de equipos tecnológicos para ampliar la cobertura del Sistema de Vigilancia Técnica México, bajo el número SINLEC12Q0006, para mejorar la capacidad de sus trabajos de espionaje.
Lo que se buscaba con la “actualización” del contrato S-INLEC-06-R-4042 era ampliar la capacidad “significativa” en el trabajo de rastreo y recepción telefónico y de servicios de internet en México.
La ayuda de Estados Unidos en materia de espionaje está justificada dentro de los trabajos de la Iniciativa Mérida.
El Cisen es un “órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de derecho”.
“El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”, se detalla en el sitio oficial de la dependencia.
En todo 2012, el Cisen intervino 214 comunicaciones, tanto de teléfono como de correo. De enero a octubre de 2013, las intervenciones en ambos medios de comunicación ascienden a 433. Es decir, en los primeros diez meses de este año se han efectuado el doble de intervenciones privadas respecto del año anterior completo. La información no especifica si se trata de correo electrónico o convencional.
Es en 2012 cuando se reporta un incremento notable, pues en 2011 hubo 34 procedimientos, en 2010, 16, y 21 en el año 2009, de acuerdo con la información otorgada a través de solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De 647 peticiones de intervención a las comunicaciones privadas que efectuó el Cisen en 2012 y los diez meses de 2013 que indica la información, ninguna fue rechazada por el órgano mexicano de inteligencia.
El Cisen aclara que de 1999 a 2004 no se realizaron intervenciones a las comunicaciones privadas, pues el Centro carecía de facultades legales.
“La autoridad facultada para autorizar dichas intervenciones son los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, de conformidad con la reforma al artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005”, indica la información.
El periodo de cada intervención que realiza el Centro puede durar hasta 360 días.
“En cuanto al lapso de intervención de comunicaciones le comunico que es de 180 días naturales, con opción a prórroga por otro periodo igual”, explica la información.
En julio pasado Excélsior publicó que desde 2007 el gobierno mexicano ha permitido que autoridades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) tenga acceso a un sistema de intercepción de comunicaciones, que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet, como chat, email y voz sobre IP (Protocolo de internet), instalado en nuestro país.
Con base en filtraciones del ex técnico de la CIA Edward Snowden, la publicación alemana Der Spiegel informó que, en mayo de 2010, EU, con ayuda de estos sistemas informáticos proporcionados por Estados Unidos a México, espió al entonces mandatario Felipe Calderón Hinojosa y también lo hizo con Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la Presidencia de la República y a gente de su círculo cercano.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha condenado el presunto espionaje estadunidense efectuado contra mexicanos, algunos de ellos funcionarios federales.
En abril de 2012 el Departamento de Estado de EU emitió una solicitud a varios contratistas de equipos tecnológicos para ampliar la cobertura del Sistema de Vigilancia Técnica México, bajo el número SINLEC12Q0006, para mejorar la capacidad de sus trabajos de espionaje.
Lo que se buscaba con la “actualización” del contrato S-INLEC-06-R-4042 era ampliar la capacidad “significativa” en el trabajo de rastreo y recepción telefónico y de servicios de internet en México.
La ayuda de Estados Unidos en materia de espionaje está justificada dentro de los trabajos de la Iniciativa Mérida.
El Cisen es un “órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de derecho”.
“El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”, se detalla en el sitio oficial de la dependencia.
(ZOCALO / Excélsior /11/11/2013 - 07:41 AM)
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