Emite Recomendación 54/2013 a Gobierno del Estado…
La
trabajadora doméstica de la Casa de Gobierno fue acusada de haber robado una
maleta con dinero, razón por la cual elementos de la PEI la esposaron y
trasladaron a sus instalaciones donde fue interrogada, golpeada, insultada y se
le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla; en la segunda
detención, la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le
amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla…
Hermosillo, Sonora
(DP).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la
Recomendación 54/2013, dirigida al Gobierno del Estado de Sonora por el caso de
Gisela Peraza, la trabajadora doméstica que fue acusada de robo en la Casa de
Gobierno y que fue torturada por agentes de la PEI y cabe resaltar por el mismo
hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y
torturado.
Mediante un
comunicado emitido por la CNDH se informó que “la mujer que laboraba como ama
de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y
retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía
Estatal Investigadora.
El organismo asegura
que Gisela Peraza “fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por
la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y
trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y
se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Asimismo, que fue
liberada el 18 de marzo del presente año y posteriormente el 5 de abril fuera
detenida nuevamente; se indicó que durante la segunda detención, elementos de
esa corporación policiaca.
“La llevaron a sus
instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una
cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para
ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el
mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido
y torturado”, policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del Estado de
Sonora, Ernesto Munro Palacio.
La CNDH expone que
una vez concluida está investigación, confirmó que con su conducta, los
servidores públicos mencionados violaron el derecho a la legalidad, seguridad
jurídica y derecho a la libertad personal de las víctimas.
“El Gobierno de
Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se
les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se
restablezcan su salud física y emocional”, aduce la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Finalmente el
organismo demandó al Gobierno del Estado capacitar a servidores públicos
adscritos al Poder Ejecutivo del Estado y de la Policía Estatal Investigadora,
para que toda actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los
derechos humanos, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias,
retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, mental o de
cualquier otro tipo.
(DOSSIER
POLITICO/ Jesús Ortega / 2013-11-11)
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