Saltillo.- Debido a las inconsistencias, lagunas y ajustes que aún presenta la aplicación de la nueva Ley Antilavado de Dinero, diferentes sectores del comercio y la economía han resultado mucho más afectados que el crimen organizado.
Ésa fue una de las conclusiones a las que se llegaron durante la realización del foro “Los Retos de la Nueva Ley Antilavado” que organizó Grupo Zócalo con la participación de diferentes sectores y actores.
Armando Javier Prado Delgado, presidente del Colegio de Notarios de Coahuila; Luis Efrén Ríos, director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC; Raúl Alvarado Castro, consejero jurídico del Gobierno de Coahuila, así como el abogado Alberto Lara Fernández, del despacho Alfer, coincidieron en la importancia de la nueva legislación, aunque de igual modo destacaron las limitaciones que han originado, de entrada, daños importantes a las transacciones comerciales.
PANORAMA POCO CLARO
En primera instancia, el abogado Alberto Lara Fernández, especialista en Derecho y quien ha ofrecido charlas y orientación al sector privado, aseguró que ha resultado complejo para muchos comprender los procedimientos de la nueva ley.
ALBERTO LARA: Obviamente cualquier ley nueva siempre trae algún grado de complicación al inicio de su vigencia para darla a conocer y que toda la comunidad que pudiera verse afectada la conozca realmente.
En este caso en particular, notarios públicos, corredores de bienes inmuebles, agencias automotrices, etcétera, pues se sentían un poquito desprotegidos precisamente porque no se publicó a la par de la ley el reglamento, y también faltaron algunas reglas de operación que le correspondían a la autoridad, en este caso, específicamente al SAT, entonces como se fue dando de forma pausada tampoco teníamos toda la información completa.
No sabíamos el cómo, sabíamos que se tenía que reportar, pero no sabíamos si era un formato libre, una declaración que pudiéramos presentar físicamente o si era vía electrónica, hasta que poco a poco lo fuimos afinando.
¿Son muchas las dudas del sector privado y otros sectores?
ALBERTO LARA: Pensaban que era una disposición legal que les iba a quitar clientela y que la gente se iba a asustar un poquito precisamente debido a ese desconocimiento. ¿Qué iban a hacer?, como lo tenían que hacer y precisamente por ese desconocimiento se desprendía ese temor.
Las empresas ya tienen un tiempo que no manejan efectivo, salvo cantidades mínimas, pero sí hay operaciones que se manejan de esa forma como comerciantes, pequeños empresarios, que ni ellos mismos se pueden encontrar en el sistema bancario formal porque así son las reglas del negocio, y hablamos de una Central de Abastos, mercados donde evidentemente no hay una actividad ilícita, sin embargo se sintieron desprotegidos.
ARMANDO PRADO: La restricción de efectivo, eso es lo que más nos va a afectar. El problema va a ser con nuestros clientes. El que te pongan de 10 mil hasta 60 mil salarios en la primera sanción estás hablando de que no vamos a incumplir con la ley.
Nos preocupan las operaciones que se han realizado por años, porque si vamos a empezar a manejarnos con una restricción de efectivo a partir de noviembre, cómo vas a hacer las operaciones, sobre qué cantidad y cómo las vas a hacer.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) te hace saber que la operación es sobre bien inmueble del contrato y no se puede más, solamente puedes manejar esa cantidad. Debido a los requisitos que se imponen, pareciera que la Federación trata de imponerse sobre leyes estatales, incluso hasta la nueva disposición prohibía la venta a plazos cuando el dominio te permite enajenarlo como tu quieras.
Sí nos va a entorpecer porque ahora hay 90 días para aplicación de criterios, te tienes que dar de alta como fedatario, se modifican las fechas, entonces las reglas no son claras y siguen cambiándolas. Yo creo que va a ser una ley que va a tener que evolucionar conforme nos estamos “topeteando” con los procesos que tenemos de interpretación e ir sacando bien las reglas y cumpliendo los requisitos, como estar bien identificados y cumplir todos lo que se solicita sin brincarte ninguno, porque te haces acreedor a la sanción que comentaba.
POLICÍAS E INTELIGENCIA, LA OPCIÓN
El director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, Luis Efrén Ríos, destacó la importancia de acotar la capacidad financiera de los grupos delincuenciales, sin embargo, aseguró que las autoridades hacendarias se han quedado cortas a la hora de realizar una ley que no constituya un obstáculo para el buen funcionamiento de la economía.
LUIS EFRÉN RÍOS: Éstas nuevas legislaciones tienen como objetivo central proteger el sistema financiero tratando de identificar y prevenir diversas operaciones de origen ilícito.
En nuestro país uno de los puntos neurálgicos de la delincuencia organizada es justamente el dinero, es decir, no basta salir a la calle con soldados y persiguiendo delincuentes, sino detectando los movimientos financieros de la delincuencia, que finalmente es un negocio. Por ello forma parte de una recomendación internacional el control estricto de la economía.
Por supuesto que esto entra en un choque de regulación con diversas prácticas consuetudinarias del régimen formal o informal de la economía de un país, obviamente que no toda actividad vulnerable, como dice la ley, es necesariamente centro de atención de una operación de origen ilícito.
Que pagues una casa con una cantidad en efectivo resulta un poco sospechoso, o un vehículo, entonces operaciones de juegos, de sorteos igualmente, entonces resultan operaciones vulnerables para el sistema financiero.
Después de esto va a haber toda una miscelánea “antilavado”, por así decirlo, en donde la Secretaría va a estar emitiendo permanentemente una serie de circulaciones y normativas para ir ajustando las reglas razonables que el mundo financiero debe tener, pero luego vienen y dicen que esto en realidad más que afectar a la delincuencia está afectando el comercio libre.
COMERCIO ENTORPECIDO
Los exponentes dejaron en claro que es necesario que las autoridades hacendarias ajusten lo antes posible las inconsistencias de la Ley Antilavado, pues de lo contrario todo mundo buscará cómo “saltarse” la ley.
LUIS EFRÉN RÍOS: Requiere de una gran colaboración no solamente de la estructura institucional del sistema financiero, sino una colaboración de todos estos entes obligados como los notarios, entidades no financieras o cualquier otra institución pública o privada que se requiere reportar o documentar cualquier anomalía.
Es obvio que este tipo de legislaciones sí generan un tipo de control diferente, los retos tienen que ver más con la operatividad razonable de estas reglas ya en el mundo del mercado, donde la SHCP tiene que ser flexible para no entorpecer la libre transacción de las mercancías y bienes que no tienen referencias de origen dudoso o ilícito, pero que entran dentro de esta categoría sospechosa o vulnerable.
Es necesario, por ejemplo, que los colegios de notarios tengan una colaboración con la SHCP para aplicar estas reglas.
YONKES Y CASINOS, LO PRIMERO
RAÚL ALVARADO: Tenemos las medidas como la prohibición de casinos, la restricción de horarios para la venta de bebidas, las operaciones contra yonkes que tienen por objeto ir minando y limitando la facultad de financiarse a este tipo de organizaciones.
En principio, esta nueva ley establece sanciones muy severas, terminantes con el objetivo de impeler al cumplimiento inmediato de las disposiciones. Lógicamente habrá que ir realizando adecuaciones a manera de que la ley no entorpezca el comercio natural de bienes y servicios, en ese sentido la SHCP tendrá la responsabilidad de ir graduando este ejercicio.
Es una medida enérgica para prevenir la delincuencia, para controlar sus acciones, pero lógicamente es urgente ver la posibilidad de que se vaya graduando y tal vez disminuyendo la aplicación conforme se avance.
LEY PERFECTIBLE Y NECESARIA
Aunque la nueva Ley Antilavado se encaragará de golpear la estructura financiera de organizaciones criminales, Raúl Alvarado Castro reconoció que es necesario irla adecuando a la realidad de las operaciones financieras en el país y estados como Coahuila.
RAÚL ALVARADO: Era una ley necesaria. Era algo que se necesitaba y tiene como base la vivencia que tenemos de la delincuencia organizada. Era verdaderamente alarmante lo que estaba sucediendo: la amenaza y la extorsión a los fedatarios públicos, el uso indebido e irrestricto de cantidades en efectivo en maletines para la adquisición de todo tipo de bienes, era algo que marcaba un problema social muy importante. Evidentemente este nuevo tipo de legislación genera un tipo de ajustes que vamos a tener que ir enfrentando.
ARMANDO PRADO: El notariado ha tenido ya tres cursos en lo que se refiere a la aplicación de la Ley en este año, sin embargo, comentábamos con la UIF que la delincuencia organizada no llega a escriturar, básicamente es la evasión lo que estamos cuidando y efectivamente estamos de acuerdo en que es lo mejor.
A nosotros lo que ahora nos preocupa es la gente del campo; muchos municipios, ya no se diga en Coahuila, sino en el país, no tienen actividades financieras, entonces llegar con un campesino a decirle que la transacción que tiene que hacer tiene que ser vía bancaria no va a saber de que estamos hablando, entonces nos preocupan esas negociaciones, las grandes no, esas las vamos a cumplir perfectamente.
¿Qué va a pasar? que la gente va a dejar de hacer las negociaciones porque no va a pagar recargos por actualizaciones ni nada por el estilo. Ahora la recomendación es que si compras, te cuides mañana, ya no va a haber ventas a plazos.
BUSCAR CUMPLIR LA LEY
ALBERTO LARA: Retomando la Ley de Extinción de Dominio, que nos ha pegado con algunas dudas en la cuestión inmobiliaria y que es de algún modo parte de este paquete. En Arteaga, por ejemplo, no hay un banco, en comunidades rurales o alejadas no hay acceso a ese sistema financiero formal; ¿qué sigue? Pues darles las facilidades para que las operaciones se lleven a cabo de manera transparente, que la ley se cumpla en vez de que busquemos cómo evadirla, ése es el siguiente paso, que el SAT o todas las autoridades involucradas den una instrucción más fácil para cumplir con la ley.
TRANSACCIONES
INMOBILIARIAS
Comprador y vendedor:
» No pueden hacer transacciones en efectivo por más 519 mil 699 pesos.
» Deben acreditar su identidad.
» Serán sujetas a fiscalización por parte de Hacienda con base en la información que crucen los que intervengan.
Profesional inmobiliario:
» Deberá reportar el servicio de compraventa de bienes inmuebles.
» Reportar las operaciones de compraventa o arrendamiento por más de 519 mil 699 pesos en un periodo de seis meses.
Valuadores:
» Reportar avalúos sobre bienes con valor igual o mayor a 519 mil 699 pesos.
Notario y corredor público:
» Reportar compraventa de inmuebles, constitución o transmisión de derechos reales, así como la cesión de derechos.
» Informar el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable.
» Avisar sobre la constitución o modificación de algunos fideicomisos traslativos de dominio o de garantías sobre inmuebles.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
» La compraventa de vehículos, ya sean terrestres, aéreos o marítimos, cuyo costo exceda los 415 mil pesos.
» Emisión de tarjetas de servicios arriba de 83 mil pesos.
» Donaciones que superen los 207 mil pesos.
SANCIONES
Por no cumplir con la ley:
» Multa desde 12 mil 466 a 124 mil 660 pesos.
No presentar los avisos o participar en actos prohibidos:
» Multa desde 623 mil 330 a 4 millones 51 mil 450 pesos.
Proporcionar datos falsos:
» Prisión de dos a ocho años y multa de hasta 124 mil 660 pesos.
(ZOCALO / Eric Pichardo / 11/11/2013 - 03:00 AM)
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