Segundo Informe de Malova
El gobierno encabezado por Mario López Valdez inició con la tragedia
provocada por las heladas de 2011.
Pero a esta se le sumó otra: el gran
endeudamiento de la administración, que a la fecha ha triplicado la que
se tenía, alcanzando casi 8 mil millones de pesos.
Junto a esto, destaca
la opacidad y la gran corrupción que ha caracterizado a un gobierno que
llegó con el discurso del cambio.
Los números no mienten. El Gobierno estatal de Sinaloa está cada vez más endeudado.
La deuda pública creció en casi tres años en un 107.08 por ciento,
antes de llegar a la primera mitad de la gestión sexenal del gobernador
Mario López Valdez.
Cuando el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla cerró su gestión
la deuda pública total, incluyendo directa e indirecta, era de 3 mil
777.6 millones de pesos. Con el gobernador Mario López Valdez el
endeudamiento alcanza los 7 mil 823 millones de pesos, según los datos
registrados por la Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública de
la Secretaría de Administración y Finanzas, al cierre del segundo
trimestre del 2013.
A pesar de que el gobernador Mario López Valdez había consignado en
el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que recurrir al endeudamiento
para financiar la inversión pública debería ser manejado con prudencia y
profesionalismo, los números infieren un cambio de rieles en la
estrategia de administración.
Al inicio de la gestión sexenal de Malova la deuda pública
directa del Gobierno estatal estaba constituida por tres empréstitos,
ahora suman siete los créditos contratados.
Ya desde las primeras semanas del Gobierno estatal se prendieron los
focos amarillos para advertir que los tres empréstitos heredados por
Jesús Aguilar Padilla impactarían en las finanzas públicas a partir de
2012, año durante el cual empezaría la amortización de los referidos
créditos. Por ello se había incluido en el Plan Estatal de Desarrollo la
recomendación de ser prudente en financiar la obra pública vía
endeudamiento.
El propio Plan Estatal de Desarrollo incluyó, en el primer trimestre
de 2011, entre las líneas estratégicas y acciones en materia de hacienda
pública, el reducir el monto del servicio de la deuda al finalizar la
administración, así como mantener un manejo responsable de la deuda
pública, como parte de una estrategia financiera integral.
Sin embargo, lejos de reducir el pago por concepto de endeudamientos,
el Gobierno estatal lo incrementó al contratar cuatro nuevos créditos
con instituciones bancarias: uno con Banorte por mil 339 millones, otro
con Banamex por 500 millones y dos más con Bancomer por 339 y 422
millones de pesos. Sumando 2 mil 600 millones de pesos, cantidad que fue
autorizada por el Congreso del Estado.
Con el argumento de hacer frente a los estragos de las heladas al
inicio de 2011, López Valdez buscó la autorización del Poder Legislativo
para endeudarse antes de cerrar el segundo trimestre de su gobierno.
Las primeras versiones que circularon entre los legisladores fueron que
la intención era solicitar un crédito de 6 mil millones, sin embargo,
tras el cabildeo, la propuesta fue por 3 mil millones de pesos que
siguió siendo cuestionada, para quedar finalmente en 2 mil 600 millones
de pesos.
La propuesta de endeudamiento fue autorizada, en una maratónica
sesión del Poder Legislativo, junto con un listado de obras a realizar
mediante el crédito, contemplando rubros diversos, entre los que se
ponderaba las de comunicaciones, la cultura y los deportes.
Al inicio de 2013, nuevamente el gobernador consideró la vía del
endeudamiento para ejercer su administración. Nuevamente consiguió la
aprobación del Congreso del Estado para endeudarse, ahora por 771
millones de pesos a través de uno o varios créditos. En esta ocasión el
decreto 805, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa,
establece la autorización que se contrate el crédito con el Banco de
Obras y Servicios Públicas (Banobras), y se destinen para rehabilitación
de seis tramos carreteros, el pago de pasivos bancarios para poner en
funcionamiento el Instituto Sinaloense de Cancerología, así como
infraestructura del nuevo sistema de justicia penal en la región
centro-norte.
En las dos autorizaciones de endeudamiento del Gobierno estatal, que
suman en total 3 mil 371 millones de pesos, están previstas que sean
pagadas en un plazo de 20 años, es decir, se podrán liquidar totalmente
en el 2033. En otras palabras, Malova heredará deudas al menos a tres sexenios o gobernadores que le sucedan.
Producto de la estrategia de endeudamiento para finanzas la obra
pública, el gobierno de Mario López Valdez registró un incremento en el
nivel de su deuda directa en un 42 por ciento en 2013, respecto al 2012,
al cierre del segundo trimestre del año.
De haber recibido del gobierno de Aguilar Padilla una deuda directa
de alrededor de 2 mil 606 millones de pesos, ahora López Valdez alcanza
los 5 mil 115 millones de pesos, al cierre de junio de 2013.
En total la deuda pública estatal alcanzó, al término del segundo
trimestre del presente año, los 7 mil 823 millones de pesos, que
comparado con el mismo mes del 2012, registró un incremento del 34 por
ciento, así reconocida por la Secretaría de Administración y Finanzas en
sus reportes financieros trimestrales.
El costo de la deuda
Las políticas de endeudamiento impactan en las finanzas estatales. De
enero a junio de 2013 se pagaron 140 millones de pesos tan solo por
concepto de intereses generados por la deuda directa, lo que representó
erogar 54.5 millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2012. En
tanto que por concepto de pago de capital, durante los dos primeros
trimestres de 2013 se pagaron apenas 45 millones de pesos, lo que
significó un crecimiento de 75 por ciento respecto a 2012.
Para el 2014, el tema de endeudamiento significará mayores egresos
para las finanzas estatales, toda vez que los periodos de gracia
otorgados por las instituciones crediticias se vencerán a finales de
2013.
A pesar de los niveles de endeudamiento alcanzados, no puede
asegurarse con certeza que en la segunda mitad del sexenio de Mario
López Valdez decline usar la solicitud de créditos para financiar la
obra pública de su administración.
La tentación de nuevas deudas está en el aire. En términos
técnicos-financieros, es posible. La Secretaría de Administración y
Finanzas reporta en sus informes que el Gobierno estatal de Sinaloa se
encuentra en un escalón de “alta calidad crediticia”, según la opinión
de tres importantes agencia calificadoras en la materia: Fitch Ratings,
Moody’s y Standard & Poors.
De darse una nueva solicitud de endeudamiento, por estar en la etapa
final de su gestión, le corresponderá a la nueva legislatura decidir
sobre el particular. A diferencia de la camada de diputados que dejan su
curul, será un Poder Legislativo con mayor presencia de diputados del
PRI, el mismo partido del que surgió Mario López Valdez.
MENOS INGRESOS
Dentro de las estrategias y líneas de acción en la hacienda pública,
el Plan Estatal de Desarrollo contempló el incremento de los ingresos,
sin embargo, lejos de crecer, disminuyeron en un 5.2 por ciento en el
renglón de derechos.
En un comparativo al segundo trimestre del año entre 2012 y 2013, se
encontró que la mayor caída de ingresos por concepto de derechos se
registró en permisos y licencias de alcoholes, siendo del 70.5; le
siguió los servicios de Registro Civil con un decremento del 15.8; le
siguen los cobros del puente San Miguel con 10.3; y en cuarto los
servicios de tránsito (placas y licencias) con una reducción del 11.2.
En el concepto de ingresos por productos, las finanzas estatales también registraron un decremento del 2.4 por ciento.
De acuerdo con la composición total de los ingresos del Gobierno
estatal, los ingresos propios alcanzaron apenar el 10.1 por ciento. Los
mayores ingresos que recibe el Gobierno de Sinaloa provienen de recursos
federalizados (41.8 por ciento) y participaciones federales (34.7 por
ciento).
Contra la deuda, el dispendio
La contraparte de la gran deuda del Gobierno estatal no ha sido la
pulcritud en la aplicación de los créditos autorizados, sino, por el
contrario, la opacidad, el desorden y la corrupción, en medio del caos
administrativo, la utilización dispendiosa del presupuesto y créditos,
como lo han demostrado auditorías a las cuentas públicas del Gobierno
del Estado.
En la correspondiente al segundo semestre de 2012, la Auditoría
Superior del Estado documentó un posible daño económico por el orden de
los 198 millones 430 mil 327 pesos, originando 104 observaciones y la
promoción de 41 acciones para fincar responsabilidades administrativas a
funcionarios del gobierno malovista.
Más de 500 irregularidades señaló la ASE en las revisiones a la
presente administración en los diferentes periodos. En el informe del
segundo semestre de 2012, por ejemplo, solo a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a cargo de Armando Villarreal, se le hicieron
64 observaciones, 20 recomendaciones y 26 acciones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, que buscaron recuperar 186 millones 544
mil 856 pesos que fue el probable daño o perjuicio provocado a la
hacienda pública estatal y/o a los recursos federalizados.
De las dependencias del Ejecutivo estatal señaladas con
irregularidades encontradas en esta auditoría, la Secretaría de
Administración y Finanzas encabeza la lista por un anómalo ejercicio de
186 millones 544 mil 856 pesos; la sigue la Secretaría de Educación
Pública y Cultura, con 9 millones 154 mil 068 pesos y la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas con 2 millones 731 mil 402 pesos,
cuyo gasto no justifica plenamente.
Contra estas dependencias, la ASE promovió 41 acciones de
responsabilidad administrativa sancionatoria. De estas, 26 son contra
Administración y Finanzas, 12 contra Desarrollo Urbano y Ecología y tres
contra la Sepyc.
También hubo vigilancia externa. Fue el propio gobernador quien
propuso que se formara un consejo para vigilar el correcto manejo de los
recursos provenientes del megacrédito de los 2 mil 600 millones
obtenidos en 2011 y, efectivamente, el consejo vigiló y auditó el gasto
de ese dinero, llegando a la conclusión de que se había actuado con
desorden y deshonestidad.
Se detectaron carreteras mochas, aplastamiento de los presupuestos más baratos y amenazas a competidores.
Una de las obras financiadas con la megadeuda fue la rehabilitación
de la carretera Limoncito-5 Hermanos, municipio de Navolato, en un tramo
de 14 kilómetros140 metros. En realidad se reconstruyeron solo 13
kilómetros con los mismos 22 millones 566 mil 750 pesos con 47 centavos
que fueron autorizados para reparar todo ese tramo.
Este y otros casos afloran en la investigación que llevó a cabo el
Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa y que
orilló a este organismo a negarse a avalarle a Mario López Valdez el
incorrecto uso del dinero del supercrédito.
Se detectaron otras anomalías, como la licitación, asignación y
ejecución de obras en carreteras y caminos las que de inicio estuvieron
marcadas por el favoritismo. Ello se agravó luego con arreglos
que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
hicieron con las constructoras para que los tramos a rehabilitar o a
construir fueran más cortos de lo establecido en la convocatoria y acta
de licitación.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscalizador que el mismo
gobernador creó para sancionar el ejercicio del supercrédito, al menos
el 20 por ciento de los trabajos asignados en el área de comunicaciones
se realizaron en longitudes menores a las previstas en los contratos.
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