Reporte Índigo
México, DF.- A cuatro años del fatal incendio hay versiones
contrastantes de una misma historia. La de los sobrevivientes que han
podido curar poco a poco sus quemaduras, y la de los niños muertos,
cuyos familiares piden a gritos un único tratamiento para sanar: recibir
justicia
Davinia estaba despierta la tarde en que la guardería ABC comenzó a incendiarse. No solía tomar siesta a la hora en que decenas de sus compañeritos de estancia lo hacía.
Ella presenció cómo el horror comenzó a materializarse en forma de humo. Algunos niños comenzaron a despertarse, lloraban. La niña de casi 4 años de edad alcanzó a escuchar a una maestra que les pedía dirigirse a la puerta, pero estaba sellada. No pudieron salir. Fue así como observó que todo dejó de verse a su alrededor. Hasta ahí recuerda lo que ocurrió ese fatídico día.
Su mamá, Haydé Montoya Pérez, se encontraba en la empresa de valores, en donde trabaja desde hacía 16 años. Una vecina le marcó para decirle lo que estaba pasando y se fue corriendo al lugar. Poco después se enteró de que más del 50% del cuerpo de su hija tenía quemaduras: en su cara, su abdomen, su espalda, sus piernas, sus brazos.
Davinia fue de las niñas que por fortuna fue traslada con oportunidad al Hospital Shriners, en Sacramento, California. Llegó ahí sumamente grave, estuvo tres meses en terapia intensiva. Poco a poco fue logrando una recuperación maravillosa. Luego de la tragedia ha sido sometida a 19 cirugías, quizás más. Su propia madre ya ha perdido la cuenta.
El apoyo a los niños que se atienden en Sacramento se da con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que les da alojamiento, viáticos y pasajes, para que ahí se trasladen algunos familiares.
A otros lesionados los ha apoyado el Estado con el sistema de refrigeración en sus hogares y el consumo de electricidad. Lo más importante en el caso ABC es que muchos padres han sido muy valientes y no les han llegado a ningún precio.
“Ese es su gran mérito: no han cambiado por ninguna moneda su petición de justicia”, asegura el defensor.
La desgastante búsqueda de justicia
Cuando ocurrió la tragedia nadie escatimó esfuerzos para enfrentar el drama que se vivió en Hermosillo, Sonora. “Ni en el rescate de los niños fallecidos, ni en la atención inmediata de los lesionados”, afirma Lorenzo Ramos.
No obstante, del mismo modo que el jurista reconoce la atención brindada a los lastimados, por lo menos los que él representa, dice que el trato a las familias de los niños fallecidos en la guardería ABC ha sido otro: “Como no hay niños qué atender, se han desatendido”.
Lo único que se ha limitado el IMSS es a darles terapia sicológica para que enfrenten su situación. Les dan tratamientos que no sirven de nada “porque el mejor tratamiento para un padre o madre que perdió a su hijo o hija es recibir justicia”, comenta.
Lo último que quieren los familiares que están luchando desde hace cuatro años es que les quieran comprar con dinero la justicia que merecen. Pese a estar conscientes de que tienen derecho a una reparación económica del daño, lo primero que quieren es saber la verdad de lo que ocurrió el 5 de junio de 2009. Y que la justicia sea impartida de acuerdo con la responsabilidad.
Ayer que se cumplieron cuatro años de una de las tragedias más terribles que ha enlutado a México, las familias de las víctimas continúan denunciando el trato injusto que se ha dado a los responsables del fatal suceso. Aún con todas las evidencias a la mano, los dueños de la guardería ABC hasta la fecha no han sido tocados. “Nunca los arraigaron… nunca han pisado la cárcel y eso enerva”, dice Ramos a “Reporte Índigo”.
Enerva tanto, como que el hecho de que varios ex funcionarios responsables de la tragedia vivan tan tranquilos y no hayan sido llamados a cuentas. El proceso de juicio ha sido complicado, primero en las instancias locales, después las federales. Finalmente no hay respuestas ni culpables
El proceso penal de caso ABC sigue siendo muy lento. Hasta el momento no se han conformado nuevas investigaciones, sino que se han incorporado nuevas causas contra las mismas personas imputadas. El único mando más o menos importante imputado entonces fue Roberto Copado Gutiérrez, entonces director de Protección Civil de Hermosillo.
Cuando la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de justicia de Sonora, ni los dueños de la guardería ni ningún servidor público federal fue incluido, bajo el argumento de que sólo se involucraba a personas con responsabilidad del fuero común.
Luego con los mismos datos de la Procuraduría local sonorense, la PGR integró una averiguación en contra de cinco personas: un servidor público (que a los dos meses del incendio falleció) y cuatro empleadas del sector de guarderías de la delegación del IMSS, en Sonora. Nunca se tocó a ningún mando autónomo: ni medio ni superior.
Lo anterior desató la terrible molestia e inconformidad de las familias de las víctimas, que a fines de ese junio negro solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a ampliar la averiguación contra otras personas, entre ellos, los dueños de la guardería, que no habían sido imputados en un primer momento por la autoridad.
Un año después, la Corte deslindó de toda responsabilidad a los altos funcionarios federales involucrados en el caso. Entre ellos a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, extitulares del IMSS; a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y a Ernesto Gándara, expresidente municipal de Hermosillo; salieron impunes de la tragedia.
Aunque la mayoría de los ministros reconoció que se violaron los derechos humanos, de interés superior, protección a la vida, integridad física, seguridad social y de salud, de los 49 niños fallecidos y los 104 heridos, al final terminaron exonerando a los mandos superiores involucrados “incluidos los propietarios de la guardería. El panorama jurídico del caso ABC ha sido muy enredado y complicado.
Demandas actuales
El expediente donde radica el caso de la tragedia ABC “el 126/2009 del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora” tiene acumuladas un total de siete causas. Las más importantes son las números 134/2009, 134/2009, en las que se siguen los delitos de delitos homicidio Culposo, lesiones culposas y uso indebido de atribuciones y facultades.
El expediente cuenta 29 inculpados, entre ellos a los siguientes mandos medios del fuero común: Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora; Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil en Hermosillo; a Wilebaldo Alatriste Candiani, exdirector estatal de la Unidad de Protección Civil y a Gilberto Inda Durán, ex secretario de Hacienda del gobierno de Sonora.
Los demás inculpados son en su mayoría empleados menores: mensajeros, empleados de oficina, almacenistas. Es decir, explica la defensa del Movimiento 5 de Junio, personas con cierta responsabilidad pero que no son los mandos que uno esperaría encontrar, como sería el ex gobernador Bours: “Que tiene responsabilidades directas e ineludibles que aclarar: él autorizó la celebración del contrato de arrendamiento con un local para un almacén de documentos, de vehículos, de sustancias inflamables como gasolina” cerca de la guardería. Ramos asegura que Bours no evalúo los riesgos y por ello es responsable.
La estrategia de la defensa está buscando reorientar el sentido de las causas penales.
Ello luego de que el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal enderezó imputaciones en contra de las personas procesadas con delitos no graves y dado que no apuntaron la mira en contra de los mandos superiores.
Buscan que con las pruebas aportadas se cambie la imputación por delito grave: de dolo eventual.
Ramos dice que no hay un blanco y negro en los delitos. Considera que un delito de descuido extremo, también puede verse eventualmente como de dolo, de intención.
Una de las asociaciones de padres que se han propuesto alcanzar la justicia asegura que la tragedia pudo evitarse. Agrupados en el grupo Manos Unidas entregaron a la PGR presuntas pruebas de que hubo una mano perversa que incendió la bodega contigua a la guardería ABC, donde se almacenaban documentos de la Secretaría de Hacienda.
El fuego que se provocó en el inmueble contiguo a la estancia escolar fue intencional, afirmó hace unas semanas Ofelia Vázquez, madre de niño fallecido e integrante del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños.
En un comunicado de este colectivo expone, que la tragedia donde murieron 49 niños y otros 104 resultaron heridos lo provocó un incendio intencional, ”provocado con la finalidad de destruir documentación relacionada con la deuda de $10 mil millones de pesos generada en el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, en la aplicación de su programa de obras llamado Plan Sonora Familiares Proyecta”.
La defensa de Manos Unidas afirma que el incendio lo habrían provocado Carlos Andrés López Meza, ex chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico del exgobernador Bours.
Se informó que dos meses después del incendio de 2009, López Meza fue hallado asesinado con nueve impactos de bala. Su viuda asegura que la causa de su muerte hasta ahora es desconocida. Otras de las presuntas pruebas entregadas a la PGR no fueron reveladas por este grupo, bajo el argumento de que el caso está siendo investigado.
Víctimas colaterales
Las repercusiones emocionales han sido extremas. Estela ha tenido que ser hospitalizada varias veces en una clínica de salud mental. Todo semeja un patrón cíclico. Cada año, en los meses previos y posteriores a la tragedia en que perdió a su hijo, la tienen que recluir para recibir atención psiquiátrica.
Es precisamente lo que está ocurriendo ahora: los cuadros de disociación, de pérdida de realidad, se están manifestando otra vez. Estela tiene alucinaciones auditivas y visuales. A veces, de imprevisto, comienza ver al pequeño Julio César.
O también sucede como hace unos días: su mente registró una llamada diciendo que la guardería se estaba quemando. El infernal 5 de junio se materializó de nueva cuenta.
Al hablar de la pérdida de su hijo, Julio Márquez, lo hace en plural. Dice que con nada se podrá superar la partida de sus 49 niños, “nuestros hijos, con los que se fue mucho de nosotros también”.
El enorme dolor de Julio y su familia, se mantienen de pie luchando. La solidaridad de la gente con el caso ABC “ha sido extraordinario”, comenta, en el marco de los actos en conmemoración los cuatro años de la tragedia que enlutó a decenas de familias en Hermosillo, Sonora.
PGR abre nueva investigación
Por: SINEMBARGO
Renato Sales Heredia, quien apenas ayer fue nombrado subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció, cuando se cumplen 4 años de la tragedia de la guardería ABC, que se hará “una investigación de la investigación” del caso.
Desde el 23 de abril, dijo, se abrió esa nueva averiguación. En entrevista para MVS con Carmen Aristegui, el funcionario afirmó que “la instrucción del señor procurador [Jesús Murillo Karam] es investigar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.
Entre los dictámenes que se revisarán destaca el del perito estadounidense, que es el que concluyó que el incendio de la guardería fue provocado. “Lo menos que podemos hacer por los familiares de las víctimas es investigar profunda y exhaustivamente”, expuso Sales Heredia.
También dijo que “se esclarecerán los hechos para sancionar a culpables, pero también para proteger a inocentes”. El subprocurador comentó que revisarán incluso hasta qué punto hay omisiones de funcionarios involucrados y si se debe ejercer acción penal contra ellos. “Tenemos que aclarar lo que ha pasado, cómo se manejó”, añadió.
Entre las investigaciones que se están haciendo, se solicitará a las instancias correspondientes que se especifique qué documentos había en la bodega contigua, donde habría comenzado el siniestro, pues una hipótesis es que se quemaron esos documentos por funcionarios cercanos al ex gobernador priista Eduardo Bours Castelo, para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.
Al Senado le vale la tragedia de la guardería
Por: SINEMBARGO
Con una insensibilidad inexplicable, ayer 5 de junio, día de luto nacional, el Senado de la República colocó su Bandera en todo lo alto, con lo cual violó el decreto que entró en vigor el 4 de junio de 2010, por el que se declaró “en señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, el día 5 de junio de cada año”.
El 5 de junio fue declarado “día de duelo nacional, por la tragedia ocurrida en la guardería ABC Sociedad Civil, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009”, según el decreto firmado el 3 de junio de 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en memoria de los 49 niños que perecieron calcinados por un incendio, que según los padres de los menores, podría haber sido provocado.
Este hecho pasó desapercibido a diputados y senadores, que este miércoles se reunieron en la sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, para celebrar una sesión solemne, en donde recibieron al Presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, con toda la pompa que el evento merecía.
Acto seguido, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente celebraron la sesión ordinaria, en la que, paradójicamente, aprobaron la creación de un grupo plural de trabajo “para encausar las demandas de los afectados y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora”.
En la sesión, diputados y senadores de todos los partidos políticos calificaron el accidente ocurrido en la guardería ABC como tragedia nacional, incluso la senadora priista Diva Hadamira Gastélum, como “el peor holocausto que ha vivido este país”.
Sin embargo, nadie reparó en que la Bandera Nacional ondeaba en todo lo alto, en una inexplicable falta de sensibilidad de los legisladores.
Davinia estaba despierta la tarde en que la guardería ABC comenzó a incendiarse. No solía tomar siesta a la hora en que decenas de sus compañeritos de estancia lo hacía.
Ella presenció cómo el horror comenzó a materializarse en forma de humo. Algunos niños comenzaron a despertarse, lloraban. La niña de casi 4 años de edad alcanzó a escuchar a una maestra que les pedía dirigirse a la puerta, pero estaba sellada. No pudieron salir. Fue así como observó que todo dejó de verse a su alrededor. Hasta ahí recuerda lo que ocurrió ese fatídico día.
Su mamá, Haydé Montoya Pérez, se encontraba en la empresa de valores, en donde trabaja desde hacía 16 años. Una vecina le marcó para decirle lo que estaba pasando y se fue corriendo al lugar. Poco después se enteró de que más del 50% del cuerpo de su hija tenía quemaduras: en su cara, su abdomen, su espalda, sus piernas, sus brazos.
Davinia fue de las niñas que por fortuna fue traslada con oportunidad al Hospital Shriners, en Sacramento, California. Llegó ahí sumamente grave, estuvo tres meses en terapia intensiva. Poco a poco fue logrando una recuperación maravillosa. Luego de la tragedia ha sido sometida a 19 cirugías, quizás más. Su propia madre ya ha perdido la cuenta.
El apoyo a los niños que se atienden en Sacramento se da con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que les da alojamiento, viáticos y pasajes, para que ahí se trasladen algunos familiares.
A otros lesionados los ha apoyado el Estado con el sistema de refrigeración en sus hogares y el consumo de electricidad. Lo más importante en el caso ABC es que muchos padres han sido muy valientes y no les han llegado a ningún precio.
“Ese es su gran mérito: no han cambiado por ninguna moneda su petición de justicia”, asegura el defensor.
La desgastante búsqueda de justicia
Cuando ocurrió la tragedia nadie escatimó esfuerzos para enfrentar el drama que se vivió en Hermosillo, Sonora. “Ni en el rescate de los niños fallecidos, ni en la atención inmediata de los lesionados”, afirma Lorenzo Ramos.
No obstante, del mismo modo que el jurista reconoce la atención brindada a los lastimados, por lo menos los que él representa, dice que el trato a las familias de los niños fallecidos en la guardería ABC ha sido otro: “Como no hay niños qué atender, se han desatendido”.
Lo único que se ha limitado el IMSS es a darles terapia sicológica para que enfrenten su situación. Les dan tratamientos que no sirven de nada “porque el mejor tratamiento para un padre o madre que perdió a su hijo o hija es recibir justicia”, comenta.
Lo último que quieren los familiares que están luchando desde hace cuatro años es que les quieran comprar con dinero la justicia que merecen. Pese a estar conscientes de que tienen derecho a una reparación económica del daño, lo primero que quieren es saber la verdad de lo que ocurrió el 5 de junio de 2009. Y que la justicia sea impartida de acuerdo con la responsabilidad.
Ayer que se cumplieron cuatro años de una de las tragedias más terribles que ha enlutado a México, las familias de las víctimas continúan denunciando el trato injusto que se ha dado a los responsables del fatal suceso. Aún con todas las evidencias a la mano, los dueños de la guardería ABC hasta la fecha no han sido tocados. “Nunca los arraigaron… nunca han pisado la cárcel y eso enerva”, dice Ramos a “Reporte Índigo”.
Enerva tanto, como que el hecho de que varios ex funcionarios responsables de la tragedia vivan tan tranquilos y no hayan sido llamados a cuentas. El proceso de juicio ha sido complicado, primero en las instancias locales, después las federales. Finalmente no hay respuestas ni culpables
El proceso penal de caso ABC sigue siendo muy lento. Hasta el momento no se han conformado nuevas investigaciones, sino que se han incorporado nuevas causas contra las mismas personas imputadas. El único mando más o menos importante imputado entonces fue Roberto Copado Gutiérrez, entonces director de Protección Civil de Hermosillo.
Cuando la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de justicia de Sonora, ni los dueños de la guardería ni ningún servidor público federal fue incluido, bajo el argumento de que sólo se involucraba a personas con responsabilidad del fuero común.
Luego con los mismos datos de la Procuraduría local sonorense, la PGR integró una averiguación en contra de cinco personas: un servidor público (que a los dos meses del incendio falleció) y cuatro empleadas del sector de guarderías de la delegación del IMSS, en Sonora. Nunca se tocó a ningún mando autónomo: ni medio ni superior.
Lo anterior desató la terrible molestia e inconformidad de las familias de las víctimas, que a fines de ese junio negro solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a ampliar la averiguación contra otras personas, entre ellos, los dueños de la guardería, que no habían sido imputados en un primer momento por la autoridad.
Un año después, la Corte deslindó de toda responsabilidad a los altos funcionarios federales involucrados en el caso. Entre ellos a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, extitulares del IMSS; a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y a Ernesto Gándara, expresidente municipal de Hermosillo; salieron impunes de la tragedia.
Aunque la mayoría de los ministros reconoció que se violaron los derechos humanos, de interés superior, protección a la vida, integridad física, seguridad social y de salud, de los 49 niños fallecidos y los 104 heridos, al final terminaron exonerando a los mandos superiores involucrados “incluidos los propietarios de la guardería. El panorama jurídico del caso ABC ha sido muy enredado y complicado.
Demandas actuales
El expediente donde radica el caso de la tragedia ABC “el 126/2009 del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora” tiene acumuladas un total de siete causas. Las más importantes son las números 134/2009, 134/2009, en las que se siguen los delitos de delitos homicidio Culposo, lesiones culposas y uso indebido de atribuciones y facultades.
El expediente cuenta 29 inculpados, entre ellos a los siguientes mandos medios del fuero común: Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora; Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil en Hermosillo; a Wilebaldo Alatriste Candiani, exdirector estatal de la Unidad de Protección Civil y a Gilberto Inda Durán, ex secretario de Hacienda del gobierno de Sonora.
Los demás inculpados son en su mayoría empleados menores: mensajeros, empleados de oficina, almacenistas. Es decir, explica la defensa del Movimiento 5 de Junio, personas con cierta responsabilidad pero que no son los mandos que uno esperaría encontrar, como sería el ex gobernador Bours: “Que tiene responsabilidades directas e ineludibles que aclarar: él autorizó la celebración del contrato de arrendamiento con un local para un almacén de documentos, de vehículos, de sustancias inflamables como gasolina” cerca de la guardería. Ramos asegura que Bours no evalúo los riesgos y por ello es responsable.
La estrategia de la defensa está buscando reorientar el sentido de las causas penales.
Ello luego de que el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal enderezó imputaciones en contra de las personas procesadas con delitos no graves y dado que no apuntaron la mira en contra de los mandos superiores.
Buscan que con las pruebas aportadas se cambie la imputación por delito grave: de dolo eventual.
Ramos dice que no hay un blanco y negro en los delitos. Considera que un delito de descuido extremo, también puede verse eventualmente como de dolo, de intención.
Una de las asociaciones de padres que se han propuesto alcanzar la justicia asegura que la tragedia pudo evitarse. Agrupados en el grupo Manos Unidas entregaron a la PGR presuntas pruebas de que hubo una mano perversa que incendió la bodega contigua a la guardería ABC, donde se almacenaban documentos de la Secretaría de Hacienda.
El fuego que se provocó en el inmueble contiguo a la estancia escolar fue intencional, afirmó hace unas semanas Ofelia Vázquez, madre de niño fallecido e integrante del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños.
En un comunicado de este colectivo expone, que la tragedia donde murieron 49 niños y otros 104 resultaron heridos lo provocó un incendio intencional, ”provocado con la finalidad de destruir documentación relacionada con la deuda de $10 mil millones de pesos generada en el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, en la aplicación de su programa de obras llamado Plan Sonora Familiares Proyecta”.
La defensa de Manos Unidas afirma que el incendio lo habrían provocado Carlos Andrés López Meza, ex chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico del exgobernador Bours.
Se informó que dos meses después del incendio de 2009, López Meza fue hallado asesinado con nueve impactos de bala. Su viuda asegura que la causa de su muerte hasta ahora es desconocida. Otras de las presuntas pruebas entregadas a la PGR no fueron reveladas por este grupo, bajo el argumento de que el caso está siendo investigado.
Víctimas colaterales
Las repercusiones emocionales han sido extremas. Estela ha tenido que ser hospitalizada varias veces en una clínica de salud mental. Todo semeja un patrón cíclico. Cada año, en los meses previos y posteriores a la tragedia en que perdió a su hijo, la tienen que recluir para recibir atención psiquiátrica.
Es precisamente lo que está ocurriendo ahora: los cuadros de disociación, de pérdida de realidad, se están manifestando otra vez. Estela tiene alucinaciones auditivas y visuales. A veces, de imprevisto, comienza ver al pequeño Julio César.
O también sucede como hace unos días: su mente registró una llamada diciendo que la guardería se estaba quemando. El infernal 5 de junio se materializó de nueva cuenta.
Al hablar de la pérdida de su hijo, Julio Márquez, lo hace en plural. Dice que con nada se podrá superar la partida de sus 49 niños, “nuestros hijos, con los que se fue mucho de nosotros también”.
El enorme dolor de Julio y su familia, se mantienen de pie luchando. La solidaridad de la gente con el caso ABC “ha sido extraordinario”, comenta, en el marco de los actos en conmemoración los cuatro años de la tragedia que enlutó a decenas de familias en Hermosillo, Sonora.
PGR abre nueva investigación
Por: SINEMBARGO
Renato Sales Heredia, quien apenas ayer fue nombrado subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció, cuando se cumplen 4 años de la tragedia de la guardería ABC, que se hará “una investigación de la investigación” del caso.
Desde el 23 de abril, dijo, se abrió esa nueva averiguación. En entrevista para MVS con Carmen Aristegui, el funcionario afirmó que “la instrucción del señor procurador [Jesús Murillo Karam] es investigar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.
Entre los dictámenes que se revisarán destaca el del perito estadounidense, que es el que concluyó que el incendio de la guardería fue provocado. “Lo menos que podemos hacer por los familiares de las víctimas es investigar profunda y exhaustivamente”, expuso Sales Heredia.
También dijo que “se esclarecerán los hechos para sancionar a culpables, pero también para proteger a inocentes”. El subprocurador comentó que revisarán incluso hasta qué punto hay omisiones de funcionarios involucrados y si se debe ejercer acción penal contra ellos. “Tenemos que aclarar lo que ha pasado, cómo se manejó”, añadió.
Entre las investigaciones que se están haciendo, se solicitará a las instancias correspondientes que se especifique qué documentos había en la bodega contigua, donde habría comenzado el siniestro, pues una hipótesis es que se quemaron esos documentos por funcionarios cercanos al ex gobernador priista Eduardo Bours Castelo, para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.
Al Senado le vale la tragedia de la guardería
Por: SINEMBARGO
Con una insensibilidad inexplicable, ayer 5 de junio, día de luto nacional, el Senado de la República colocó su Bandera en todo lo alto, con lo cual violó el decreto que entró en vigor el 4 de junio de 2010, por el que se declaró “en señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, el día 5 de junio de cada año”.
El 5 de junio fue declarado “día de duelo nacional, por la tragedia ocurrida en la guardería ABC Sociedad Civil, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009”, según el decreto firmado el 3 de junio de 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en memoria de los 49 niños que perecieron calcinados por un incendio, que según los padres de los menores, podría haber sido provocado.
Este hecho pasó desapercibido a diputados y senadores, que este miércoles se reunieron en la sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, para celebrar una sesión solemne, en donde recibieron al Presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, con toda la pompa que el evento merecía.
Acto seguido, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente celebraron la sesión ordinaria, en la que, paradójicamente, aprobaron la creación de un grupo plural de trabajo “para encausar las demandas de los afectados y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora”.
En la sesión, diputados y senadores de todos los partidos políticos calificaron el accidente ocurrido en la guardería ABC como tragedia nacional, incluso la senadora priista Diva Hadamira Gastélum, como “el peor holocausto que ha vivido este país”.
Sin embargo, nadie reparó en que la Bandera Nacional ondeaba en todo lo alto, en una inexplicable falta de sensibilidad de los legisladores.
(ZOCALO/ Reporte Índigo/ 06/06/2013 - 04:03 AM).
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