Aquí ningún juez quiso procesar a “El Diego” y por eso que se lo llevaran a Estados Unidos fue lo mejor, revelaron ayer funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pese a aparecer como presunto responsable de la muerte de mil 500 personas en Chihuahua y Juárez, además de estar vinculado con el homicidio de un policía paseño y su esposa –empleada del Consulado de Estados Unidos aquí– y el esposo de otra empleada consular, las autoridades locales se negaban a procesarlo y se entabló un conflicto sobre la competencia para juzgarlo.
Tras meses de alegatos jurídicos entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez declaró competente al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Chihuahua para iniciar el proceso.
Sin embargo, José Antonio Acosta Hernández, alias Carlos Martínez Pérez, “El Dientón”, “El Diego” y “El Blablazo”, detenido el 30 de julio de 2011 en Chihuahua capital, finalmente fue extraditado a Estados Unidos donde el jueves pasado fue condenado a 10 cadenas perpetuas.
“Lo mejor que pudo haber sucedido es que se lo llevaran los gringos, debido a que aquí ningún juez lo quería procesar”, insistieron fuentes de la Fiscalía, quienes consideraron complicado establecer en cuántos crímenes participó el ex agente de la Policía Judicial.
Para la representación estatal, “El Diego” estaba involucrado en cuando menos seis casos considerados de alto impacto, entre ellos la masacre en el fraccionamiento Villas de Salvárcar y dos multihomicidios registrados en centros de rehabilitación para adictos.
Sin embargo, en ninguna de las carpetas de investigación se había establecido su participación plena.
También se le relacionaba con la ejecución de varios policías municipales y estatales, pero eso era por las pintas que aparecían en algunas paredes, mas no por alguna detención o acto flagrante de integrantes de su grupo delictivo, explicó un funcionario de la FGE que pidió el anonimato.
El trabajo de investigación que llevó a cabo la Fiscalía durante el 2008 y hasta el año pasado en relación con “El Diego”, permitió establecer que fue responsable de la colocación de un dispositivo explosivo dentro de un automóvil que provocó la muerte de dos personas y lesiones en varios agentes de la Policía Federal, el 15 de julio de 2010.
La dependencia obtuvo la versión de que fue Acosta Hernández, quien giró la orden de atentar con un coche-bomba contra los federales tras la detención de su primo Jesús Acosta Guerrero, apodado “El 35”, arrestado el 13 de julio de ese año.
El funcionario estatal señaló que lo único que tenía la Fiscalía del Estado en contra de “El Blablazo” era una recompensa por su captura, derivada de la multiejecución en Villas de Salvárcar, el 30 de enero de 2010.
La recompensa que se ofrecía era de 500 mil pesos; meses después, la Procuraduría General de la República (PGR) lo mencionó en otra lista junto a 32 presuntos narcotraficantes y por quienes se dispuso de una recompensa global de 33 millones de pesos, indicó.
El jueves pasado, en una corte federal de El Paso, Acosta Hernández se declaró responsable de 11 cargos por delincuencia organizada, secuestro, extorsión, narcotráfico y homicidio, incluidos los de Lesley Ann Enríquez de 35 años y empleada de la sede diplomática, y de su esposo Arthur Redelfs de 34 años, oficial de la Cárcel del Condado de El Paso; además de Jorge Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada consular.
Mediante un acuerdo archivado desde el 2 de abril en la Corte Federal, la jueza Kathleen Cardone condenó a Acosta Hernández a pasar el resto de su vida en prisión, al acumular siete cadenas perpetuas simultáneas, tres cadenas perpetuas consecutivas y 20 años en una prisión federal. (Staff/El Diario)
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