OPERACIÓN SUCIA

Plagada de ilegalidades la investigación contra policías de Ahome Alejandro Sicairos En la detención de los 32 policías de Ahome —de los cuales 12 fueron entregados el pasado jueves a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para que los ponga a disposición de un juez federal— la Procuraduría General de Justicia del Estado desatendió una recomendación de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos que la insta a eliminar la práctica reiterada de solicitar órdenes de localización y/o presentación, al tratarse de una acción inconstitucional. En la recomendación número 40/2010 que la CEDH emitió a la fiscalía estatal el 19 de noviembre de 2011, el organismo estableció que no existe la figura “órdenes de presentación y/o localización” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en sus normas reglamentarias sustantivas y adjetivas. Esto hace probable que en atención a las quejas que interpusieron ante dicho organismo  los familiares de los agentes que con base a una orden de presentación fueron detenidos en Los Mochis el 15 de noviembre, la CEDH declare actos de inconstitucionalidad que atentan contra los derechos humanos de los policías afectados. De hecho, según declaraciones de los familiares de los detenidos y de los 15 policías que fueron puestos en libertad, fueron sometidos a tortura psicológica e incomunicación para que se declararan culpables de delitos que el Ministerio Público pretendía imputarles. El operativo fue irregular de origen debido a que la Procuraduría no contaba con ninguna prueba incriminatoria al momento de convocar a los agentes de Los Mochis a una supuesta reunión en la que finalmente fueron detenidos y trasladados a Culiacán. La llamada “operación limpieza” que según la PGJE intentó depurar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome de efectivos presuntamente implicados en secuestros, extorsiones y homicidios, acabó siendo una acción manchada de hecho por procedimientos ilegales. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la resolución 32/2011 derivada del expediente CNDH/4/2011/24/RI, ratificó en los mismos términos el criterio que utilizó su homóloga en Sinaloa al pedir a la Procuraduría se abstuviera de fincar sus investigaciones en órdenes de localización y/o presentación. Averiguación débil Aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado se aferra a que la SIEDO la rescate del descrédito que se le viene encima —al mantener la perniciosa táctica de primero detener y luego investigar— de un momento a otro la fiscalía podría pasar de querellante a inculpada. Con una averiguación previa que carece de pruebas sólidas contra el ex director de la Policía de Ahome, León Horacio Reyes, y 31 elementos bajo su mando que fueron detenidos el 15 de noviembre como presuntos responsables de los delitos de secuestro y extorsión, la PGJE ha tenido que dar marcha atrás, aunque a cuentagotas. El 29 de noviembre se vio obligada a poner en libertad a seis de los agentes detenidos y el 6 de diciembre tuvo que retirar, a regañadientes, el arraigo contra otros nueve policías, esforzándose por retener a los 17 restantes. Finalmente entregó a la SIEDO a solo 12 agentes municipales para que los trasladara a un penal de máxima seguridad. La contraofensiva jurídica de los detenidos contra el Gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Ahome es irreversible. Hasta el viernes de la semana pasada al menos 28 familiares de los detenidos se habían quejado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a garantías constitucionales, mientras que otras cinco demandas por la vía penal se preparan para pedir la reparación del daño moral y económico. Ahora la indagatoria quedó en manos de la SIEDO y de un juzgado especializado en delincuencia organizada. Audiograbaciones, declaraciones de los 32 detenidos, trabajo de inteligencia efectuado por la Unidad Estatal Antisecuestros y denunciantes temerosos, es lo que se puso en manos del Ministerio Público Federal para que refuerce la endeble averiguación de la Procuraduría de Sinaloa y evite que el juez federal deje en libertad a los 12 policías mochitenses que fueron consignados. El jueves 15 de diciembre, unas horas antes de que se cumpliera el mes de arraigo de los agentes investigados, el caso se entregó a la SIEDO. Ni las declaraciones de los policías aprehendidos, ni las acusaciones de testigos anónimos, mucho menos las investigaciones del Ministerio Público, daban para sustentar la consignación ante un juez penal del fuero común. En el límite del plazo, el gobernador ordenó a su procurador Marco Antonio Higuera Gómez que pidiera la intervención de la Procuraduría General de la República. De no hacerlo así se habría visto obligado a dejar en libertad a los 17 elementos policiacos y enfrentar el escándalo por el fracaso de aquel operativo implementado en el marco de la entrega de su primer informe al Congreso del Estado. Pese a que el caso se turnó a la justicia federal, de cualquier forma la fiscalía estatal se colocó a un paso del banquillo de los acusados, en el que puso durante un mes a los policías de Los Mochis. Gobierno desobediente En la resolución 40/2010 que el 19 de noviembre de 2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hizo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base al expediente II/300/09, fundado en la denuncia de un joven que fue aprehendido e incomunicado por la Policía Ministerial, la CEDH recomendó no sustentar ninguna investigación en órdenes de localización y/o presentación. Las recomendaciones son las siguientes: PRIMERA. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de esa Procuraduría General de Justicia del Estado para que al tomar en consideración los actos motivo de la queja así como los razonamientos expuestos por esta Comisión tramite el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra del licenciado N5, en su desempeño como  agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso Contra Mujeres de esta ciudad, así como de personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial que intervino tanto en la orden de localización y presentación y detención de N2. SEGUNDA. Que en lo sucesivo, a fin de evitar violaciones a derechos humanos de imposible reparación, se elimine la práctica reiterada del agente del Ministerio Público de solicitar ordenes de localización y/o presentación, al no existir dicha figura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus normas reglamentarias sustantivas y adjetivas. TERCERA. Realicen las acciones inmediatas para que personal de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso Contra Mujeres de esta ciudad, así como de personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial, sean instruidos y capacitados, respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones, respetando el derecho a la vida, a la integridad, seguridad jurídica y a la libertad. CUARTA. Se instruya al director de Policía Ministerial del Estado para que en lo sucesivo, en el caso de que existan personas en calidad de detenidas en los separos de esa corporación y que familiares de los mismos acudan para indagar si se encuentran detenidos, se proporcione la información con veracidad y oportunidad, dándose oportunidad a los detenidos de mantener libre comunicación vía telefónica con quien deseen en términos de ley. La SIEDO, espantapolicías El fantasma de llevarlos a México y entregarlos a la SIEDO siempre fue un factor de presión sicológica ejercido sobre los por policías de Ahome durante el arraigo al que los sometió la Procuraduría de Justicia del Estado. “Encerrados, sin saber de nuestras familias, sin tener asesoría jurídica y con interrogatorios hechos por personas que no identificamos, siempre nos decían que valía más para nosotros declararnos culpables y ser juzgados aquí, en vez de que nos llevaran a la PGR y nos acusaran de delincuencia organizada”, dicen los agentes municipales que estuvieron confinados e incomunicados durante 21 días. Les decían que allá los tratarían con mano dura, “que a chingazos nos iban a sacar la verdad”, que nunca volverían a ver a sus hijos y esposas porque serían metidos a un penal de alta seguridad. “Dos o tres veces al día nos avisaban que la SIEDO ya iba por nosotros”. Mientras estuvieron detenidos se las ingeniaron para hacerles saber a sus parientes cercanos que los trasladarían a la Ciudad de México. “Muévanse con el gobernador para que paren esto, que sepan bien quiénes son culpables y quiénes inocentes”. Incluso el procurador Marco Antonio Higuera les prometió a sus esposas que no intervendría la SIEDO. —¿Les asustaba que interviniera la SIEDO? —Sabíamos que era una especie de espantapolicías. Entre nosotros mismos veíamos que no tenían elementos para proceder, mucho menos para que entrara la PGR a este asunto. Querían meternos miedo para que firmáramos declaraciones en donde se nos acusaba de muchas cosas, de secuestradores y asesinos… —¿Quién les decía que se los llevaría la SIEDO? —Policías encapuchados que nos aseguraban que Chuytoño (Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, jefe de la Ministerial del Estado) nos aconsejaba que soltáramos toda la sopa para que las cosas fueran más fáciles y no nos trasladaran a México. Que de otra forma nos olvidáramos de los plebes, de las mujeres. Que nos iban a dar mínimo 30 años de cárcel. Se queda sin consignaciones la PGJE; fue la PGR quien concluyó investigación Otra faramalla de la justicia Martín Durán Todas las mañanas, el mayor retirado del Ejército, León Horacio Reyes, animaba a sus exsubordinados a seguir adelante, no dejarse amilanar. Hacían ejercicio para mantenerse activos durante los días de arraigo. “Adelante, vamos a salir libres”, les decía a sus compañeros, recuerda Teresa Osuna, su mujer. “Me decía que estuviera tranquila, que iban a salir, ayer mismo (el jueves) me decía “vamos a salir libres””, relata la esposa del exdirector de la Policía Municipal de Ahome, encarcelado desde el viernes en la madrugada en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, junto con otros doce agentes más. Teresa es un rostro de angustia, moreno y estragado, baja de estatura. Vino al edificio de la Procuraduría General de Justicia a saber de ellos, pues no informaron a familiares el destino del traslado. Se queja: “Los dejaron solos a su suerte”. Lo mismo hace el resto de las esposas de los doce agentes restantes enviados a prisión por medio de una orden de aprehensión librada por un juez federal a petición de la Procuraduría General de la República (PGR). Ello porque la Procuraduría local, según información oficial, no fincó responsabilidad penal contra ellos, en lo que advierte que no pudo concretar los expedientes de delitos del fuero común, pretexto bajo el cual fueron detenidos los 32 elementos policiacos el 14 de noviembre pasado. De la desesperación, las esposas pasan a la histeria, le reclaman a la prensa no haber estado presente a la hora en que fueron sacados por los agentes federales del Centro de Arraigo, en la colonia Guadalupe, hacia la medianoche del viernes pasado. Reclaman que estuvieron solas toda la noche del jueves en el lugar, sintiéndose desvalidas ante el impresionante operativo que se montó para llevar a sus maridos al aeropuerto. Ni derechos humanos ni reporteros. Sin ayuda de ningún tipo. Pero la esposa del mayor León Horacio es quien se atreve a hablar, directo, sin pausas, acusando al procurador de haberlas traído con engaños y tildando de falsas y mañosas las declaraciones que les imputan. “Lo acusó (al mayor) uno de ellos sin fundamento, a esa persona lo amenazaron, llegó y firmó la declaración sin saber qué era, ¿y por qué esa persona está libre?, que también se presente para que se caree con ellos, que les demuestre cuándo recibió dinero”, suelta la mujer. —¿Le dijo el mayor porqué los estaban investigando? —le pregunta Ríodoce a Osuna. —Según venían por un secuestro. Ellos no declararon, nada más declararon los que les echaron tierra. Las demás mujeres secundan a Teresa. “Ellos no declararon nada, los que salieron fue por falta de pruebas”, dicen. La esposa del agente Roberto Borboa Montiel, reaprendido el jueves en Los Mochis, nueve días después de haber salido del arraigo, asegura que su esposo había conseguido un amparo. “No le respetaron el amparo, me lo arrancaron de los brazos”, refiere la mujer en medio del llanto. Lo único que le dijeron a Borboa Montiel cuando fueron los ministeriales por él fue que tenía orden de aprehensión. Más adelante acusaron al procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, de haberlas engañado, pues les había asegurado que no serían trasladados al final de las diligencias y que tampoco el arraigo sería extendido por más tiempo. Entonces otra mujer toma la palabra, reunidas todas afuera del edificio de la PGJE, donde no encontraron respuestas ni ecos. “Dos de los cinco que salieron fueron los que declararon en contra de ellos, les dieron a firmar una declaración que no conocían, ¿por qué ellos sí salieron y los otros no?, todo está armado”, apunta molesta. En efecto, según la PGJE, cinco de los 17 que estaban arraigados hasta la tarde del jueves 15, están en la calle con las reservas de ley. “Eso no significa que estén exonerados”, aclaró Marco Antonio Higuera Gómez cuando informó de manera oficial los resultados de la indagatoria. La línea de Los Mazatlecos Desde un inicio, Ríodoce publicó (edición 460) que una de las principales líneas que tenían para investigar a los mandos policiales de Ahome eran las declaraciones de integrantes del grupo de narcomenudistas de Los Mazatlecos, vertidas en averiguaciones previas que se abrían con motivo de detenciones. Primero fue Geovanny Lizárraga Ontiveros, capturado en mayo, quien según confesó, él y el Chapo Isidro pagaban 150 mil pesos a los agentes. Más tarde, Gilberto Plascencia, el Negro, también del clan, dio información a la PGJE en el mismo sentido. El 21 de noviembre pasado, la Policía Ministerial reveló en un boletín que Óscar Alexander Rojo Sánchez, el Rojo, pagaba como cuota a los mandos policiales (incluyendo a León Horacio Reyes) la cantidad de 40 mil pesos quincenales, cifra que era entregada a uno de los líderes del grupo criminal, Jesús Miguel Pacheco Samaniego, el Pecas, colaborador de Juan Pablo Osuna Sánchez, el Cien, ambos jefes de Los Mazatlecos. Los dos jefes de narcomenudistas también fueron vinculados con ataques a elementos ministeriales y municipales. Conforme iban cayendo los miembros de esta célula vinculada con los Beltrán Leyva en alianza con Los Zetas, la PME informaba de los presuntos pagos de sobornos por protección, revelados por los propios detenidos. Pero cuando se le preguntó al procurador sobre el tema, evadió la pregunta. —Lo único que tienen es sobre el asunto de Los Mazatlecos, que recibían dinero los policías de ellos. —Yo no le puedo dar una categoría… La chamba a la PGR El viernes, cuando las esposas de los agentes enviados ante el juez federal reclamaban sobre los engaños del fiscal, Marco Antonio Higuera Gómez dio una conferencia de prensa para aclarar que había sido la PGR la institución que había ejercido acción penal. Informó el nombre de los trasladados: el mayor León Horacio Reyes, Gonzalo Omar Pérez Rubio, Germán Carrillo Ochoa, Juan Francisco Mercado de la Torre, Joel Armando Salas, José Luis Álvarez Rendón. También se fueron Fernando Castañeda Labrada, Humberto Inzunza Cota, Sergio Casillas Torres, Osvaldo Valdez Soto, Manuel Hernández Mendoza, Ernesto Alonso Beltrán Álvarez y Roberto Borboa Montiel, reaprehendido en Los Mochis un día antes. El Ministerio Público Especializado en Secuestro, quien solicitó formalmente la medida cautelar del arraigo al juez del ramo penal, pidió que fuera levantada la medida a los 17 agentes. Pero solo para que los agentes federales cumplimentaran la orden de aprehensión obsequiada por un juez federal que ordenó el traslado a Veracruz. “En todo momento la PGJE señaló que había participación de autoridades federales”, justificó así Higuera Gómez que fuera la PGR quien al final de cuentas ejerciera acción penal. —¿Por el fuero común no se ejercitó acción penal? —se le preguntó al procurador. —Hasta este momento no se ha ejercitado acción penal. —¿Ambas dependencias hicieron un expediente propio? —cuestionó Ríodoce. —No, hay un desglose de expediente de la misma indagatoria nuestra. —Porque tengo la impresión que finalmente lo del secuestro, extorsión y homicidio fue una engañifa nada más… —No, le digo yo que de parte de nosotros la averiguación previa no ha sido resuelta, eso no significa que no haya elementos para actuar. —¿Los cinco (agentes) restantes fueron liberados? —Se levantó el arraigo por los 17 y PGR detuvo por mandamiento judicial a 12 de ellos. —¿Quiere decir, procurador, que no pudo la Procuraduría estatal acreditar los delitos que había dicho (del fuero común)? —Yo creo la investigación no solamente surge por un solo delito, siempre fuimos categóricos en señalar que el arraigo se había solicitado en una averiguación previa y de dónde era su origen, pero en todo momento les explicamos y somos reiterativos en señalar que había un trabajo paralelo que estaba realizando la PGR. Argumentó que las consignaciones tienen que ir debidamente soportadas y con el mayor número de personas que estén involucradas. “Yo creo que ejercitar acción penal con una parte no es nuestro interés, es hacerlo con todos los responsables y no solo de ese hecho, hay otros que ahorita por la reserva que nos impone la ley no se los puedo decir”, sostuvo. Al final de cuentas, la PGR informó mediante un comunicado emitido la tarde del viernes que los 13 elementos estaban en manos del juez federal, mismo que decidiría la formal prisión o libertad, como en una cuenta de la que al parecer ninguno de los trasladados se salva. Otro detenido en el caso Ah Nicolás Galaviz Vázquez, cabecilla del grupo de Los Compadres, que durante años controló las filas de la Policía Municipal de Ahome, fue detenido la noche del jueves para que rinda su declaración ministerial en el caso de corrupción que investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, por separado. Galaviz Vázquez, quien fue favorecido por el gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso para alcanzar su jubilación, tras meses de convalecer por una cirugía de cadera, habría sido presentado en Culiacán para que rindiera su declaración en torno a los casos de extorsión, secuestro y otros delitos que presuntamente fueron perpetrados por agentes preventivos ya sea por participación directa o por omisión. El grupo de policías autodenominados Los Compadres operó casi durante dos décadas como el máximo eslabón de control de las operaciones policiales, ya que estaba integrado por el subdirector general, Nicolás Galaviz Vega y por oficiales de mayor rango. Estos eran los que en realidad asignaban los servicios a sus subordinados, colocando en sitios privilegiados a incondicionales, protegiendo a integrantes, desterrando a opositores y distribuyendo los cargos. Durante años obtuvieron canonjías de los alcaldes en turno, como hasta ahora. Lucas Villaseñor, otro exoficial de la misma Policía Municipal y quien fue separado del cargo tras no aprobar las pruebas de control de confianza a que estaba obligado pasar, también fue apresado por los ministeriales. Este laboraba en el yunke del Tony Boy, en la colonia siglo XXI, cuando fue ubicado y apresado. También fue llevado a declarar sobre los hechos. Antes de ellos, el policía Roberto Borboa Montiel, quien se encontraba en funciones, había sido apresado también. Este fue parte de los nueve que recientemente fueron liberados por la PGJE, tras un arraigo de casi 20 días.