CHILPANCINGO, Gro.
(Proceso).- El secuestro masivo de una familia en Arcelia y el de cinco
profesores en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, registrados esta semana,
exhibió la impunidad y violencia que prevalecen en la entidad, además del
fracaso de la estrategia de seguridad federal coordinada por el Ejército desde
diciembre de 2014 en la región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia
mantiene su control territorial.
El grupo que dirige un sujeto
conocido como El Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La
Familia, encabezada por Jonhy El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las
zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra
Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse
en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas
extranjeras e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de
los tres niveles.
La tarde del sábado un grupo
armado interceptó a una familia que se dirigía a una boda en la comunidad de El
Salitre, municipio de Arcelia. Los pistoleros se llevaron por la fuerza al
menos a 16 hombres; dejaron libres a mujeres y niños.
Los sicarios ejecutaron a
cuatro personas sobre el camino de terracería, entre ellos a José Eutimio
Tinoco, que poseía una cadena de tortillerías en Arcelia.
El lunes 11, otro comando
irrumpió en la secundaria técnica 114, en el poblado de Santana del Águila,
municipio de Ajuchitlán del progreso y secuestró a cinco docentes, entre ellos
una mujer y el director del plantel, frente a sus alumnos y trabajadores.
El secuestro provocó malestar
generalizado en esta región, que colinda con Michoacán y el Estado de México,
donde la narcoviolencia provocó el cierre de comercios y la salida de empresas
trasnacionales, como Coca Cola-Femsa.
Desde el martes 12, una
veintena de planteles cerraron ante la falta de garantías de seguridad para los
profesores. Familiares de los maestros secuestrados salieron a pedir dinero
porque los plagiarios exigieron 2.5 millones para liberarlos.
Decenas de personas marcharon
en Arcelia y bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para
exigir la liberación de los 16 plagiados. También exigieron que se fuera la
Policía Federal, por sus presuntos nexos con el narco.
El gobierno guerrerense
anunció un despliegue de soldados y agentes estatales para tratar de localizar
a los plagiados. El fiscal de la entidad, Xavier Olea Peláez, atribuyó los
plagios al Tequilero, cuya banda está afincada en el municipio de San Miguel
Totolapan.
Desde el año pasado, el
exdiputado federal perredista vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño,
acusó públicamente al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local
priista, Saúl Beltrán Orozco, de ser compadre del Tequilero y permitir que
convirtiera en su bastión este municipio, considerado como el principal en la
producción de heroína y mariguana.
Guerrero es el estado con
mayor número de desplazados por la narcoviolencia. La desconfianza hacia las
autoridades obligó a los habitantes de Arcelia a pedir la ayuda del líder del
grupo criminal La Familia, Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, para localizar
con vida a las víctimas.
La noche del jueves 14 se
colocó en la principal calle de Arcelia una manta con el mensaje:
“Sr. Pez, tus paisanos
necesitamos de su apoyo ya que las fuerzas militar, estatales y federales no
han hecho nada por nuestras personas desaparecidas, ahora más que nunca
necesitamos de usted. Como siempre ha visto por su gente, esperamos esta vez no
se la excepción. Atte. El pueblo de Arcelia”.
En respuesta, las autoridades
estatales hicieron contacto con el grupo del Tequilero y negociaron la
liberación de los 21 secuestrados de los que se sabía hasta ese momento: 16
hombres de Arcelia y los cinco profesores de Ajuchitlán, informaron fuentes
gubernamentales a Proceso.
La noche del viernes 15, los
delincuentes liberaron a 21 hombres, 16 eran los plagiados en Arcelia. El resto
eran personas privadas de su libertad en otro momento, en las inmediaciones del
poblado de La Agavia, a unos 20 minutos de la cabecera de San Miguel Totolapan.
El director de la Policía
Ministerial Estatal, Ricardo Zamora Guevara, encontró a las 21 víctimas donde
le indicaron los delincuentes. Cerca de la 1:00 de la madrugada reportó el
hecho y destacó que los cinco profesores no estaban en el grupo, indicaron las
mismas fuentes.
En la mañana del mismo
viernes se reportó que en otro lugar de San Miguel Totolapan la banda de El
Tequilero había liberado a los profesores plagiados en Santana del Águila.
Autoridades ministeriales lo confirmaron, pero sólo encontraron a cuatro
docentes con vida. Las víctimas informaron que el director del plantel, Joaquín
Real Toledo, murió durante el cautiverio porque sufría un cuadro asmático.
Desconocen dónde dejaron su cadáver.
Entrevistado sobre estos
hechos, el fiscal Xavier Olea atribuye la liberación de las víctimas a labores
de “inteligencia” y presión de la Policía Ministerial, el Ejército y agentes
federales.
Considera que el orden y la
paz ofrecida en campaña por el gobernador priista Héctor Astudillo “empieza a
verse”, promete detener a los secuestradores, y añade que el motivo del plagio
masivo fue económico y no político. Remata: “¡Viva Guerrero!”.
Sin embargo, la tarde del
mismo viernes el grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales, donde
confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades y
exigieron al gobernador y al fiscal que cumplan su compromiso de detener al
Mojarro Olascoaga.
En ese video se ven varias
personas sentadas con el rostro cubierto y vigiladas por sujetos armados.
También se oye a un hombre afirmar que El Mojarro provocó el cierre de la mina
de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió
una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas.
El secuestrador, que en el
video asume una actitud benevolente con sus víctimas, aseguró que el líder de
La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la empresa
minera.
Enseguida, la voz anuncia que
los hombres serán liberados pero exige al gobernador Astudillo que detenga al
Mojarro, de lo contrario la violencia seguirá en esta zona productora de oro y
amapola.
El año pasado, los
empresarios de Campo Morado anunciaron el cierre de la mina por motivos de
inseguridad. Poco antes se registró un paro de transportistas que demandaban el
pago de 14 millones de pesos. Aunque este bloque fue vinculado al grupo
delictivo del Mojarro, las autoridades estatales afirmaron que los
inversionistas se fueron porque incumplieron cláusulas del contrato colectivo
de trabajo.
También en febrero de ese
año, habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, cerraron las
instalaciones de la minera canadiense Media Luna, tras el plagio de al menos 18
trabajadores. Responsabilizaron de ese hecho a La Familia.
Algunos ciudadanos
denunciaron públicamente que el jefe de este grupo criminal, Jonhy Hurtado,
estaba coludido con directivos de esa empresa porque su compañía Capitsa ofrece
sus servicios a Media Luna.
Pese a todo esto, las
autoridades de los tres niveles no han investigado la diversificación de las
actividades de los criminales que operan en la zona norte y la Tierra Caliente.
OPERATIVO FALLIDO
Tras la desaparición forzada
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, encabezó un acto oficial en Iguala donde anunció un operativo
policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México
y Morelos.
El objetivo era revertir los
efectos de la narcoviolencia en Tierra Caliente para tratar de garantizar el
libre tránsito.
En aquel acto, el comisionado
nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo
abarcaba 22 municipios de Guerrero, todos ellos controlados por la delincuencia
y que se disputan al menos La Familia, Guerreros Unidos y Los Caballeros
Templarios.
Esos municipios son Iguala,
Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso,
Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlalchapa, Buenavista
de Cuéllar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala,
Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y
Tetipac.
Al frente de esa operación
policiaco y militar fue designado el general Alejandro Saavedra Hernández,
comandante de la IX Región Militar con sede en Acapulco y quien hasta noviembre
de 2014 fue jefe de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo: tenía bajo su
mando al 27 batallón de Iguala, vinculado con la masacre y desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa.
Los hechos de violencia no
disminuyeron. La estela de ejecuciones, secuestros, extorsiones y
desapariciones forzadas se disparó a niveles dramáticos. Estadísticas del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que
en 2014 hubo mil 514 homicidios dolosos (810 cometidos con arma de fuego),
mientras que de enero a noviembre de 2015 se reportaron mil 824 (mil 175 con arma
de fuego).
Aunque no se ha reportado la
cifra oficial de ejecuciones durante diciembre pasado ni en lo que va de este
año, una revisión en medios impresos indica que en los primeros 15 días de 2016
van al menos 80 asesinatos.
A pesar del evidente fracaso
del operativo en Tierra Caliente y Acapulco, el secretario Osorio Chong anunció
un “rediseño” de la estrategia y ratificó al polémico general Saavedra como su
coordinador.
“Desde el ámbito federal y
con la presencia de todo el gabinete de seguridad, y por instrucción del
presidente, una vez al mes estaremos aquí en Guerrero para revisar la
estrategia y vaya en el camino que nos hemos fijado todos nosotros”, ofreció el
secretario de Gobernación en un acto oficial en Acapulco, después de la toma de
protesta del gobernador Héctor Astudillo Flores a finales de octubre pasado.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS/ 21 DE ENERO DE 2016)
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