El
fotoperiodista Rubén Espinosa el pasado 1 de julio en las instalaciones de
SinEmbargo. Foto: Francisco Cañedo,
Ciudad
de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Juez noveno de Distrito en Materia
Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista Rubén
Espinosa y la organización internacional Artículo 19, con el que se le ordena a
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no filtrar
información sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido el pasado
31 de julio.
Esta
medida cautelar tiene el efecto de obligar a los Agentes del Ministerio Público
de la Unidad de Investigación y la Responsable del Turno, ambos pertenecientes
a la Fiscalía Central de Homicidios, “al debido resguardo de información sobre
la averiguación previa integrada con motivo del multihomicidio ocurrido el 31
de julio pasado”.
El
“caso Narvarte”, como se le conoce, ha sido marcado por una constante
filtración de información que ha incluido incluso fotografías ofensivas para
las víctimas y sus familias. Ayer, sin ir más lejos, se filtró que “Los Zetas”
estaban detrás del crimen. Los boletines oficiales no abundan pero sí detalles
de la investigación que buscan confirmar, de acuerdo con distintas
organizaciones, la hipótesis oficial.
Miguel
Ángel Mancera ha negado, desde que era Procurador, que “Los Zetas” y otras
organizaciones criminales operen en la capital del país. La filtración de ayer,
sin embargo, lo puso en evidencia. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con
la información en relación a este caso. Yo diría en términos generales, no me
voy a referir al caso en particular”, dijo en un intento por evadir el tema.
Artículo
19 informó a través de un comunicado difundido hoy, que dicha suspensión se
negó con lo que respecta al Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, al Subprocurador
de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, el Fiscal
Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidios, Marco
Enrique Reyes Peña, del Coordinador General de Servicios Periciales y a María
Elena Cárdenas Rodríguez, directora de Comunicación Social de la Procuraduría.
Harta
de filtraciones y conferencias para divulgar información de un caso en proceso,
la familia de Espinosa, asesinado junto a la activista Nadia Vera y Alejandra
Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se amparó para que la PGJDF no
haga pronunciamientos públicos y dé detalles en boletines sobre la
investigación del multihomicidio.
El
recurso de amparo fue activado para evitar que se continúe filtrando
información sobre el caso como se ha venido haciendo con diversos medios de
comunicación, y tiene como objetivo “evitar interpretaciones sesgadas y
parciales de la orden judicial”.
Pues
con ello, denunció Artículo 19, “se han causado daños psíquicos y morales a los
familiares de las víctimas debido a la intención de criminalizar y estigmatizar
a las personas que fueron asesinadas. Dichas fugas de datos sensibles,
violentan al derecho a la privacidad de las víctimas y sus familiares y pueden
causar un daño real, demostrable e identificable a la persecución de los
delitos”.
Precisó
que la Procuraduría, a través de las autoridades responsables que forman parte
de su estructura, y que quedaron señalada de manera específica en el escrito de
la demanda de amparo promovido por Artículo 19 y la familia de Rubén Espinosa,
“tienen la obligación de resguardar la información sensible” que se encuentre
en la averiguación FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 del multihomcidio.
Sin
embargo, alertó, “la autoridad ha sido omisa”.
Denunció
además que se está realizando un manejo arbitrario e ilegal de la información
de la averiguación, lo cual se encuentra materializado en la serie de
filtraciones que se han llevado a cabo y continúan presentándose a diversos
medios de comunicación impresos, digitales, de radio y televisión, de distintos
datos, documentos, declaraciones, constancias, videos y fotografías que forman
parte de la indagatoria en referencia. Incluso, en los mismos medios se señala
expresamente que han tenido acceso al expediente o se les han proporcionado
copias de documentos o constancias, tal como ha quedado demostrado en las
pruebas presentadas en la demanda de amparo.
Lo
anterior, “se ha traducido en una constante revictimización en contra de la
familia Esiponsa como víctimas indirectas, así como del fotoperiodista Rubén
Manuel Espinosa Becerril, como víctima directa de los hechos delictivos que se
investigan, lo cual trasciende e impacta en otros derechos humanos que
transversalmente tienen como víctimas. Lo mismo ha sucedido respecto a Nadia
Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia y sus familias”.
Estas
filtraciones, agrega Artículo 19, “han derivado en en violaciones a sus
derechos a la dignidad, intimidad, honor y vida privada; derivado de la
publicación de información que busca generar en la sociedad una percepción
parcial, tendenciosa y sesgada, lo que ha generado estigmatizaciones y
criminalización de las víctimas directas, como de sus familiares (en tanto
víctimas indirectas)”.
Además
han resultado en la construcción continúa de un juicio paralelo de tipo
mediático, que busca dirigir de manera dolosa la atención pública hacia otras
direcciones y objetivos, que no abonan a los derechos de las víctimas directas
e indirectas y de la sociedad a la verdad, por lo tanto, “lejos de garantizar
el derecho a la verdad de la sociedad y las víctimas, lo violenta y restringe
de manera indebida”.
En
este contexto, la PGJDF ha señalado que no puede dar información pública a
través de conferencias de prensa, pues hace unos días canceló una conferencia
de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino.
“Dicha
autocensura no proviene de la orden judicial, sino de una incorrecta y
equivocada interpretación de la misma”, criticó la organización.
Por
ello, Artículo 19 reitera su exigencia de “que debe presentarse de manera seria
y objetiva información de interés público a la sociedad que no ponga en peligro
a las víctimas y el éxito de la investigación”.
Ayer
diversos diarios nacionales publicaron nuevas filtraciones referentes a las
declaraciones del segundo detenido Abraham Torres Tranquilino, que buscan
reforzar la hipótesis de la PGJDF.
La
información difundida ayer por el diario refiere que Torres Tranquilino negó
haber disparado a las cinco víctimas, y aseguró que el asunto por el que
acudieron al departamento localizado en la calle Luz Saviñón fue por drogas.
Los encargados de la investigación dijeron al medio que en un inicio el
detenido se negó a rendir su declaración y se mostró agresivo contra el agente
del Ministerio Público.
Horas
después, publicaron que Abraham Torres Tranquilino, el ex Policía detenido por
el multihomicidio, dijo durante la audiencia celebrada en el juzgado 25 del
Reclusorio Oriente que la organización criminal de “Los Zetas” estaría detrás
del asesinato de las cinco personas.
De
acuerdo con la información difundida, Torres Tranquilino aseguró en su
declaración preparatoria que Daniel Pacheco, la primer persona detenida por
este crimen, le dijo que el tercer involucrado en el caso, a quien identificó
como Omar, pertenecía a esta agrupación.
Refirieron
que Virginia Mile Martin, a quien nombró como Nicole, estuvo en Europa donde
tuvo problemas de drogas por lo que viajó a México. Mencionó que Omar fue al
departamento donde vivía Mile Martin, de nacionalidad colombiana, para robarle
“un ladrillo de perico [cocaína]“.
Esta
información reafirma la hipótesis de la Procuraduría capitalina, y deja de lado
la línea de investigación sobre la labor de Rubén Espinosa y Nadia Vera que
tanto los familiares de ambos como instancias internacionales han pedido que
sea tomada en cuenta.
La
PGJDF ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido a
que ha intentado, por medio de filtraciones a distintos medios, fortalecer una
hipótesis que exculpa al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y hace ver a
las víctimas como delincuentes: vinculadas a prostitución, a consumo de alcohol
y drogas e incluso a narcotráfico.
Dos
de los asesinados, Nadia y Rubén, habían alertado sobre el riesgo que corría su
vida por las críticas lanzadas a Duarte. La hipótesis que filtra la PGJDF los
desacredita y los hace ver como delincuentes.
Por
otra parte, Artículo 19 recordó que toda información en manos de las
autoridades o personas que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos
de autoridad, es pública. Sin embargo, tanto la Constitución Política, como la
Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia del Distrito Federal
señalan que existen excepciones a la publicidad de información cuando se trata
de proteger la privacidad de las personas y cuando la publicidad pueda causar
un daño real, inminente e identificable al interés público o a la seguridad
nacional.
De
esta manera, ambas legislaciones señalan “que toda la información que
identifique a una persona o la haga identificable es confidencial por tiempo
indefinido y que la información que pueda obstruir la persecución de los
delitos es reservada por ser una causa de interés público, por lo que se debe
mantener temporalmente resguardada. En estos supuestos se encuentra la información
contenida en las averiguaciones previas en trámite”.
La
organización explica que las autoridades deben dar acceso a partes del
documento de la investigación y restringir el acceso a aquella que pueda causar
un daño a la privacidad de las personas o al interés público. Para ello las
autoridades deben hacer una prueba de daño, caso por caso, en la que se
determine si el daño que causa la publicidad de la información es mayor a aquel
que causa su secrecía. Después, se tiene que especificar el tiempo en que la
información permanecerá reservada y, en el momento en el que se extingan las
causas que le dieron origen a la reserva, se desclasificará.
“Lo
anterior no entra en conflicto con el derecho a la sociedad de mantenerse
informada mediante mecanismos de comunicación social. Las autoridades
ministeriales deberán valorar –previa prueba de daño- que información es de
interés público, salvaguardando datos personales y diligencias por desahogar
que sean necesarias para garantizar el éxito de la investigación”, agrega.
(SINEMBARGO.MX/
Redacción /septiembre 3, 2015 - 22:03h)
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