De acuerdo a
un informe del Cisen, en Guerrero algunos sacerdotes aprovechan su influencia
en las comunidades para incitar a la rebelión. El documento agrega que podrían
tener ligas con grupos armados y autodefensas
El sacerdote
es asesor del Comité Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
desde 2010
Una averiguación del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) vincula a sacerdotes
católicos de Guerrero con grupos radicales, comunitarios y de autodefensa.
El documento –del
cual Reporte Índigo tiene una copia-
revela en un apartado denominado “clero radical”, que la Nunciatura
Apostólica de la Iglesia Católica está enterada y tiene reportes claros de lo
que estos sacerdotes hacen y representan en aquellas comunidades en la que se
encuentran asignados.
En la radiografía
que el Cisen elaboró se destaca la investigación a dos sacerdotes clave en las
regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Mario Campos Hernández y
Melitón Santillán Cantú.
Ambos clérigos son
monitoreados, por que se les reconoce el poder de influencia, convocatoria y
movilización que tienen en diversas comunidades indígenas en Guerrero a partir
de su intenso activismo católico y sus vínculos con grupos de policías
comunitarios, centros de derechos humanos y movimientos de autodefensa.
Campos Hernández y
Santillán Cantú están clasificados dentro de los “Factores de Riesgo en el
Estado de Guerrero” que impactan la gobernabilidad.
El Cisen señala que
esto es debido a la combinación de elementos de subversión, capacidad armada,
respaldo de grupos de izquierda, actores delictivos, proyectos frentistas y la
simpatía o aceptación social con la que son vistos en algunas regiones
específicas.
EL SACERDOTE QUE ES JUEZ
Mario Campos
Hernández es el primero de los dos sacerdotes fichados por el gobierno.
Se le ubica como
párroco en la iglesia “Santo Entierro”, de Xalpatláhuac, Guerrero, desde 2004.
Se clasifica como
simpatizante de la teología de la Liberación.
“Se le considera uno
de los principales organizadores de los grupos de autodefensa”, resalta el
diagnóstico.
Campos Hernández es
asesor del Comité Regional de la Policía Comunitaria de la Región de Costa
Chica de Guerrero, con sede en San Luis Acatlán, por lo que es uno de los
principales promotores en busca de reconocimiento oficial de esta corporación
ante instancias de los tres niveles de gobierno, detalla el informe.
“También ha
realizado la función de juez, dicta sentencia a los delincuentes que son
aprendidos por el comité”, señala el Cisen.
Como datos que
indican el “nivel de radicalidad” del sacerdote, la investigación apunta que
desde el año 2000 fue señalado como incitador para formar grupos armados o
integrarse al EPR-ERPI.
“El 2 de junio de
2013, en Xalpatláhuac, junto con Melitón Santillán Cantú, sacerdote de
Malinaltepec, Guerrero, encabezó una reunión donde expusieron un proyecto que
intenta aglutinar a militantes de expresiones subversivas que han quedado sin
dirección en comunidades de Guerrero y Oaxaca y que estén dispuestas a seguir
participando en un proyecto armado.
“Lo anterior obedece
a que tiene diferencias con los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, además
de Miguel Ángel Serafín Juárez, alias ‘Comandante Beto’ del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”, apunta el documento.
El activismo del
representante de la Iglesia Católica, detalla el Cisen, fue detectado en diversas acciones realizadas
en la Costa Chica de Guerrero, con motivo de la campaña “EZLN 20 y 10. El Fuego
y la Palabra”, como parte de los aniversarios de la conformación y del
levantamiento armado.
“Sabe utilizar armas
cortas, largas y semiautomáticas, derivado a su relación con grupos de
autodefensa”, destaca el informe.
Al cura se le asocia
con otros personajes de la región de Guerrero como Alejandro Grande, miembro
del ERPI; Capóforo Grande Vázquez, alias “Federico o Emilio”, comandante de la
Organización Revolucionaria del Pueblo y el profesor Moisés Gonzalo Moreno, del
Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Todos encabezan
reuniones en Ayutla de los Libres, San Marcos, Cuautepec, Ometepec hasta
Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde “han encontrado gente dispuesta a apoyar un
movimiento armado”, inquiere el Centro de Investigaciones.
LA LIGA CON AYOTZINAPA
En la ficha del
párroco Mario Campos Hernández aparecen también sus presuntos nexos con la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización
que junto con los familiares, asumió la búsqueda de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos.
El documento
advierte que Campos Hernández es también miembro activo del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, desde 1994 y del Consejo Guerrerense 500
años de Resistencia Indígena Guerrero desde 2003.
Para el Cisen, este
personaje aprovecha su papel protagónico en las misas que efectúa en pueblos y
cabeceras municipales para llamar a los pueblos indígenas a no permitir abusos.
“Los pueblos
indígenas deben seguir exigiendo sus derechos a partir de que actualmente se
quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan
proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”, retomó
el gobierno como prueba de una de las homilías del sacerdote.
El cura activista
que el gobierno fichó tiene antecedente penales, pues fue detenido en julio de
2000 por la Policía Judicial del Estado, en la comunidad de El Rincón, municipio
de Malinaltepec, donde se encontraba asignado como sacerdote.
Fue acusado del
delito de allanamiento de morada, de acuerdo a la causa penal 07/2000 del
Juzgado de Primera Instancia Penal, con sede en San Luis Acatlán.
Además de su
activismo político, la vida personal del sacerdote no es ajena a la
investigación del gobierno que apunta como “vulnerabilidades”, la violación al
celibato que obliga la Iglesia Católica.
“(…) violando su
promesa de celibato, mantiene relaciones sentimentales con Judith Martínez Cruz
en la comunidad de El Rincón, Malinaltepec, con quien procreó tres hijas: Itci,
Itjat y Xochitl Campos Martínez; también tiene relación sentimental con Obdulia
‘N’, quien radica en Atlamajalcingo del Monte”, asegura el Cisen.
EL CLÉRIGO QUE DESAFIÓ A LAS MINERAS
Otro fichaje del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) corresponde a Melitón
Santillán Cantú. Este sacerdote, además de caracterizarse por su lucha contra
la explotación de las grandes mineras, rechazó de frente uno de los principales
programas del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Programa Nacional de Lucha
contra el Hambre, detalla el Cisen.
Santillán Cantú se
pronunció abiertamente contra dicho programa y promovió entre los feligreses el
repudio a la ayuda del Gobierno Federal, al considerar que trataba de manipular
a la gente y militarizar los pueblos para que no den continuidad a sus luchas.
Hace apenas un año,
el 13 de noviembre de 2013, el sacerdote incitó al pueblo a “estar bien organizado
para enfrentar a las mineras”, relata el informe.
De acuerdo con esta
investigación, Santillán Cantú “recibía cantidades económicas, principalmente
en dólares, procedentes de Alemania, los cuales eran depositados en el Banco
Internacional de Tlapa, Guerrero, número de cuenta 0706407353-94103”.
Con 51 años, el
sacerdote es asesor del Comité Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC) desde 2010, a quienes les ha tomado protesta en la
comunidad de Colombia de Guadalupe de Malinaltepec.
“Aprovechando su
posición de sacerdote, incita al pueblo a manifestarse en contra de la
instalación de empresas mineras en la región de La Montaña, contra las altas
tarifas de energía eléctrica y el Programa Nacional de Lucha contra el Hambre”,
resalta el Cisen.
La investigación
también destaca que Santillán Cantú mantiene vínculos con actores que impulsan
movimientos subversivos en la región de La Montaña.
Señala que ha tenido
acercamiento con Carpóforo Grande Vázquez, alias “Comandante Emilio”, de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y simpatiza con
grupos guerrilleros como el EZLN.
Este cura, dice el
documento, rechazó el decreto federal de reserva de la Biósfera en La Montaña
de Guerrero y desde octubre de 2012 encabezó la toma de las instalaciones de la
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, junto a Isauro Peláez Ruiz,
comisario municipal de La Ciénega; Saúl Morán Oropesa, dirigente del FPR en
Malinaltepec, así como Maximiliano Epitacio Flores, consejero de la CRAC-PC.
El Cisen mantiene
antecedentes del activismo de Santillán Cantú desde 1994, año en el que el
arzobispo de Acapulco, Rafael Bello Ruiz, envió un oficio al entonces
gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, en el que externó su preocupación
por el sacerdote. Santillán Cantú era seguido por un grupo de personas que
declaraban que tenían la consigna de asesinarlo.
(REPORTE
INDIGO/ ICELA LAGUNAS - Lunes 1 de diciembre de 2014)
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