jueves, 9 de enero de 2014

CHIAPAS: BAJO SOSPECHA, MILES DE MILLONES DE PESOS DE "PROGRAMAS SOCIALES"

Sitala, Chiapas. Pobreza extrema. Foto: Benjamin Flores
Aun cuando a lo largo de dos décadas el gobierno federal ha destinado cientos de miles de millones de pesos a Chiapas para combatir las desigualdades sociales, sobre todo en las regiones indígenas, esta entidad sigue teniendo la cifra más alta de personas en condiciones de extrema pobreza. Según fuentes de inteligencia y el EZLN, la razón de ello es que buena parte de esos recursos han sido utilizados para financiar a la contrainsurgencia y a grupos paramilitares como los que prepetraron la matanza de Acteal en 1997.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno de Ernesto Zedillo intentó acabar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), toda vez que mientras desarrollaba el diálogo formal con la guerrilla operó una “guerra irregular” apoyada en miles de millones de pesos repartidos entre gasto militar y obra social, según se desprende de documentos oficiales consultados por Proceso.

Concluido el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ya sin contacto entre el EZLN y el gobierno federal, Zedillo inició su gestión “cercando” al grupo guerrillero, que en los hechos satisfacía sus demandas de autonomía indígena: para el 19 de diciembre de 1994 ya había en Chiapas 30 municipios “autónomos y rebeldes” en Las Cañadas.

Zedillo aplicó entonces una estrategia paralela: la atención a las demandas sociales. El encargado de crear y poner en operación el llamado Programa Cañadas fue Carlos Rojas Gutiérrez, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En entrevista con Proceso, Rojas dice que fueron él y su equipo de trabajo quienes le propusieron al presidente “la posibilidad de construir un programa social con base en la participación y organización de las comunidades”, y en el centro del mismo estaba “lograr la reconciliación y la paz”.

Dicha iniciativa se concibió entonces para aplicarse en Las Cañadas –región que abarca los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, La Trinitaria e Independencia–, cuna del zapatismo. Tuvo como punta de lanza la instalación de 23 Centros de Atención Social (CAS). Según documentos de la Sedesol, se trató de “una propuesta de carácter social y productivo para enfrentar las causas que originaron el conflicto en esa entidad”.

El programa se proponía “sentar bases sólidas que permitan un acuerdo de paz sustentado en la reconciliación de las comunidades y en la convivencia que se logra con el pleno respeto a sus diferencias políticas”.

Los documentos hacen referencia “el aislamiento y dispersión de las comunidades” de Las Cañadas, lo que califican de “gran problema”, pues éstas “padecen altos niveles de pobreza, escasa atención en materia de salud, bajos rendimientos productivos, agudos conflictos agrarios, especialmente disputa por la tierra, así como limitadas oportunidades de educación y empleo”.

Al mismo tiempo Las Cañadas –donde viven tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles y zoques– tienen “variados recursos como son agua suficiente para la agricultura y ganadería, reservas petroleras, maderas preciosas y abundancia en flora y faunas silvestres”.

Para detonar su potencial, se lee en el documento que dio origen al Programa Cañadas, “se requiere fortalecer la infraestructura de apoyo a la producción, especialmente de caminos y carreteras”. Sin embargo, la mayor cantidad de dinero destinado a reactivar la economía de la región no se invirtió en proyectos productivos –en este rubro se aplicó sólo 7% de dicho gasto– sino a carreteras y caminos –27%–, de acuerdo con el mismo texto.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 1940 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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