MÉXICO,
D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
(CDHM-T) demandó al Poder Judicial de la Federación emitir una sentencia
con “celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y
etnicidad” en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega, indígenas abusadas sexualmente por militares hace 12 años.
Al
confirmar el arranque del juicio penal en el ámbito civil contra cuatro
militares presuntamente responsables de violación sexual, tortura,
abuso de autoridad, entre otros delitos cometidos contra las indígenas,
la organización emplazó al Poder Judicial Federal a hacer valer el
reconocimiento que recientemente le hizo la ONU por su labor a favor de
los derechos humanos.
En un comunicado difundido en su página de
Internet, Tlachinollan consideró que “casos como los de ambas mujeres
ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó el Sistema de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), pues éste debe refrendarse en la actuación
concreta que los juzgados federales conocen de casos emblemáticos como
los de Inés y Valentina”.
El CDHM-T consideró “un triunfo
emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y
adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”, al recordar que
fue la búsqueda de justicia emprendida por Valentina e Inés desde 2002,
cuando fueron violentadas, la que las llevó a recurrir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que obligó a
Estado mexicano a reencauzar las investigaciones que estaban cerradas y
en poder de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Como
resultado de la sentencia internacional, emitida en 2010, recordó la
organización, “tras un largo proceso” los expedientes en manos del fuero
militar fueron enviados en 2011 a la Fiscalía Especializada en
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Tlachinollan reconoció
que “la renovación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR y
el compromiso personal de su titular (Ricardo García Cervantes) con el
avance de los casos, así como el trabajo técnico de la fiscal (Nelly
Montealegre Díaz) y del personal de la Fevimtra, contribuyeron de forma
determinante a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio
Público Militar, de suerte que a finales de 2013 se ejercitó acción
penal contra los integrantes del Ejército que Inés Fernández Ortega y
Valentina Rosendo Cantú identificaron como sus agresores”.
Cada
una de las indígenas identificó a dos personas como quienes las
agredieron y torturaron sexualmente en 2002, hechos que denunciaron en
su momento en las instancias civiles correspondientes pero no fueron
atendidos sus reclamos.
En octubre del año pasado, agregó
Tlachinollan, jueces federales liberaron las órdenes de aprehensión,
mismas que se acataron en diciembre pasado en contra de cuatro militares
que se encuentran en prisión preventiva.
Sin embargo, la
organización evitó dar detalles sobre los implicados detenidos en
diciembre pasado “para no obstaculizar los procesos y para salvaguardar
el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”.
Tlachinollan
consideró que con el procesamiento de los militares presuntamente
involucrados en los abusos, la Fevimtra “ha cumplido con creces y
notoria efectividad las obligaciones impuestas al Estado mexicano” por
la CoIDH, y ahora corresponde al Poder Judicial de la Federación cumplir
su papel.
“Sin menoscabo del más estricto respeto a los derechos
de los procesados, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina
Rosendo Cantú debe impartirse justicia con celeridad, eficacia e
incorporando las perspectivas de género y etnicidad”, señaló la
organización.
Tras señalar que el Poder Judicial de la Federación
debe demostrar con hechos el reconocimiento que hizo la ONU a la SCJN,
Tlachinollan resaltó en el documento que la búsqueda de justicia
significó para Inés y Valentina haber sido víctimas de amenazas, por lo
que demandó a las autoridades “se garantice la seguridad e integridad de
ambas mujeres, sus familiares y representantes”.
/9 de enero de 2014)
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