Martín Orquiz
De forma inesperada,
los 105 oficiales de comercio exterior que trabajaban en la Aduana de Ciudad
Juárez fueron separados de sus cargos la mañana del viernes, aunque enseguida
las autoridades los sustituyeron por personal que fue traído de la Ciudad de
México horas antes.
El hecho fue
confirmado por Raúl Mandujano, titular de la oficina de Información a Medios
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien agregó que un número
similar de empleados fueron trasladados a la frontera dado que el cruce
internacional funciona aquí las 24 horas y no podían dejarlo de atender.
Aseguró, vía
telefónica desde la Ciudad de México, que los nuevos oficiales están preparados
para cumplir con sus tareas, que implican revisar los artículos que cruzan las
personas de Estados Unidos a México, ya sea a pie o en vehículo.
El funcionario
indicó que el SAT es una institución que está facultada para dar una buena atención
a los ciudadanos y para combatir la corrupción, pero evitó ahondar en detalles
acerca del movimiento de personal.
“Es una medida que
toma el SAT en apego a sus condiciones con la finalidad de dar un mejor
servicio, y esa es la decisión que se ha tomado”, declaró.
La separación de la
totalidad de los oficiales en comercio exterior parece ser el corolario de la
salida del ex administrador Juan Ramón Huerta León, hace 15 días, en medio de
una investigación por supuestos actos de corrupción por empleados que estaban a
su cargo.
Desde entonces, el
recinto fiscal es territorio fuera de los límites de los representantes de los
medios de comunicación, a quienes les es negada la entrada.
Incluso ayer, al
buscar la versión oficial de los hechos, los trabajadores que resguardan los
perímetros de las oficinas ubicadas a un costado del puente de Córdova se
limitaron a entregar a los reporteros un papel con un correo electrónico
impreso al cual podían enviar cualquier solicitud de información a las oficinas
centrales de la dependencia federal.
Mientras, algunos de
los ex trabajadores dieron a conocer que firmaron ayer su renuncia coaccionados
por amenazas que les profirieron los empleados del SAT, ya que si se negaban
los despedirían por “pérdida de la confianza”, lo que implica una
inhabilitación para laborar en el servicio público federal por hasta seis años.
Los despedidos
dijeron que aunque si recibieron una compensación monetaria no les pagaron
algunos conceptos, tales como vacaciones y horas extras que trabajaron.
Hasta ayer, sólo dos
de los oficiales recibieron una notificación de cambio de plaza, mencionaron
los entrevistados.
Algunos, que
hablaron a condición del anonimato por temor a represalias, se manifestaron
inconformes con lo que ocurrió y dijeron que interpondrán una denuncia ante la
oficina de Conciliación y Arbitraje del fuero federal, aunque hasta ayer el
trámite no se había concretado.
“Muchos de ellos
firmaron por miedo, ¿quién no lo haría?, pero habemos algunos inconformes”,
dijo uno de los informantes.
Afirmó que los
trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que realizaron el
trámite fueron muy prepotentes y los hostigaron de forma constante para que
firmaran la renuncia.
“Estamos tratando de
hacer el proceso correspondiente (la denuncia laboral), ahorita no sabemos bien
qué vamos a hacer, estamos tratando de juntar a los compañeros para ir todos
juntos directamente a denunciar”, expresó.
Los entrevistados
mencionaron que no se les dio un motivo concreto para liquidarlos, pero sí se
les amenazó con el argumento de que su negativa traería como consecuencia
represalias laborales, ya que se les impediría encontrar otro empleo dentro del
Gobierno federal.
Añadieron que
algunas de sus compañeras están embarazadas, por lo que consideraron que se les
hizo una afectación muy grande en su desarrollo laboral, pero también en el
personal dadas sus condiciones.
“Algunos de los
despedidos acababan de ingresar hace dos o tres meses, no entendemos el motivo,
no se nos informó nada, sólo llegaron y nos amenazaron”, declaró uno de los
entrevistados
Incluso, algunos se
dieron cuenta de lo que iba a pasar al enterarse de que había llegado personal
de la ciudad de México y que estaban siendo hospedados en un hotel de la
localidad.
Entonces, al menos
10 de los oficiales buscaron renunciar desde el jueves, pero al parecer las
autoridades de esa dependencia dieron instrucciones a los encargados del área
de Recursos Humanos para que no realizaran ese tipo de diligencia, también con
amenazas, dijeron.
“Para renunciar se
requiere de la firma del jefe y, primero, de Recursos Humanos para sellar y
verificar que el trámite se está realizando, pero nadie quiso iniciar con ese
papeleo”, explicó uno de los informantes.
Si alguien llegaba a
firmar o a sellar alguna renuncia, les dijeron que se iban a atener a
consecuencias, tales como la pérdida de trabajo o de confianza, así como “otras
cosas delicadas”.
Afirmó que si no
consiguen empleo en otra instancia federal, será difícil volverse a colocar
porque en las empresas privadas no aceptan a ex trabajadores de gobierno.
Los movimientos en
la Aduana local comenzaron el pasado 10 de mayo, cuando renunció al cargo Juan
Ramón Huerta León, en medio de acusaciones de supuesta corrupción ejercida por
personal a su cargo y de una investigación realizada tanto por el SAT como por
la Procuraduría General de la República (PGR).
El funcionario llegó
al cargo en Ciudad Juárez en septiembre del 2011.
Al nuevo
administrador, César Ricardo Hernández Cardoso, se le dio posesión el 15 de
mayo, hasta días antes se desempeñó como administrador de Comercio Exterior y
Aduanal en la Administración General de Evaluación del SAT en la Ciudad de
México.
Autoridades
centrales de esa instancia federal dieron a conocer la semana pasada que la
gestión del ex funcionario se encuentra bajo investigación judicial.
A través de la
Administración de Información, la dependencia indicó entonces que el recinto
aduanero local fue intervenido por funcionarios enviados desde la capital del
país.
El hecho ocurrió
debido a la detección de una irregularidad en la que se vieron involucrados
servidores públicos, pero debido a que el asunto pasó al orden penal y judicial
no dieron mayores detalles de la indagatoria.
A principios de
mayo, agentes de la Policía Federal aseguraron a seis funcionarios y detuvieron
a cuatro civiles, quienes tuvieron que comparecer ante el Ministerio Público
por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y contrabando,
respectivamente.
Cuatro de los
agentes de la Aduana fueron liberados, mientras que dos fueron consignados ante
un juez de Distrito y enviados a prisión, pero con el pago de una fianza fueron
excarcelados.
Datos extraoficiales
establecen que la denuncia fue presentada por un ex empleado de esa instancia a
quien hace dieron de baja.
(Con información de Rocío Gallegos/ Martín Orquiz)
(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Martín Orquiz| 2013-05-31
| 23:19)
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