martes, 19 de marzo de 2013

MIRAMONTES ZAVALA NIEGA SEÑALAMIENTOS


En el Consejo Estatal de Seguridad lo incriminan como parte de una célula

Investigaciones Zeta/Semanario Zeta
Dos hermanos denuncian cómo han sido hostigados por el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva, luego que tras unos cateos anulados, sus nombres se integraron a una averiguación. En la última edición de ZETA aparecieron sus fotografías, proporcionadas por el área de inteligencia que los tiene dentro de un organigrama delictivo. Acompañado de su abogada y con los expedientes que lo exculpan en mano, Gerardo Miramontes aduce inocencia

Mexicalenses y empresarios, los hermanos Miramontes Zavala se dicen inocentes.

Gerardo y Federico aparecen en un expediente de los servicios de inteligencia del Estado, como miembros de una célula del crimen organizado en Mexicali. Incluso les pusieron el mote de “Los Zavala”.

La realidad, al menos la palpable, es que los hermanos Miramontes están libres. No tienen órdenes de aprehensión, y su abogada, Sandra Esquer Montoya, los ha representado en las instancias federales hasta dejar a sus clientes, libres de cargos.

En las oficinas de ZETA, a propósito de la nota “Pugnas de Células en Mexicali” publicada en la edición 2029 (del 1 al 7 de marzo de 2013), donde autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ubicaron a los hermanos Miramontes como líderes de una célula dedicada al narcotráfico, Esquer explicó que eso es falso. Que de hecho, sus clientes han sido hostigados por fuerzas del orden como el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva desde enero de 2008 hasta la fecha, periodo en el que les han cateado propiedades de manera constante. “Hay por lo menos 14 denuncias por esos hechos”, aseguró la abogada.

“Todo ese asunto es falso”, recalca Gerardo Miramontes Zavala en alusión a la insistente vinculación que autoridades federales han pretendido fincarles desde hace cinco años.

El mexicalense y empresario de la construcción comenta que a raíz de estos infundados señalamientos ha sido hostigado, se le ha intentado extorsionar y ahora es exhibido públicamente por  un delito donde nada tuvo que ver.

Su abogada muestra un voluminoso expediente ya archivado en el Juzgado XII de Distrito en Mexicali, donde ha sido exonerado.

“Tengo familia, tengo hijos, tengo mis negocios, todo eso está en riesgo”, expone el entrevistado en las afueras del edificio del Poder Judicial en Mexicali.

La historia se gestó a raíz de un incidente donde Luis Aguilar, un agente de la Patrulla Fronteriza norteamericana, fue atropellado y muerto por presuntos narcotraficantes el 19 de enero de 2008m en la zona de dunas entre Yuma y Calexico.

A raíz del suceso y la presión del gobierno norteamericano, las autoridades de México buscaron una respuesta inmediata.

Acusaron a un hombre llamado Albino Navarro y, de acuerdo al expediente de la investigación, en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada recibieron una llamada anónima donde aseguraron que Albino estaba vinculado a Gerardo Miramontes, empresario dedicado a la construcción en Mexicali.

El expediente incluye la declaración de Navarro, donde especifica que nunca conoció a Miramontes Zavala. “Albino nunca dijo que lo conocía, nunca lo mencionó”, explica la abogada, para agregar: “El que los mencionó fue el delegado de la PGR, Alfredo Becerril, en una conferencia”.

Luego y a raíz del incidente con el agente fronterizo, agentes de la Procuraduría General de la República, catearon una serie de lugares en la zona Poniente de Mexicali, entre éstas un taller mecanismo ubicado a dos cuadras de la residencia de Miramontes. En el taller los agentes localizaron cerca de 180 motocicletas y cuatro kilos de marihuana.

“De ahí para acá han estado metiéndose a mi casa, ha habido denuncias, me han querido extorsionar”, expone Miramontes, apoyado por la versión de su abogada, quien refiere que cada año, en estas fechas, a su casa llegan operativos encabezados por el Ejército. Han sido al menos cuatro ocasiones que se han metido en su casa.

La primera, el 18 de julio del 2008 ahí en la colonia Santa Clara. De acuerdo a la versión, ahí un funcionario federal le exigía 50 mil dólares. Del hecho hubo una denuncia ante la PGR, que nunca tuvo seguimiento.

Otra ocasión, en octubre de 2011, cuando en un operativo conjunto entre militares y federales, allanaron su casa en la colonia Santa Clara. Miramontes asegura que se robaron 245 mil pesos en efectivo, producto de un cheque que acabañan de hacer efectivo. Que los federales abrieron dos cajas fuertes, en una tenía documentos, en la otra el dinero, pero cuando tuvieron el efectivo salieron inmediatamente.

“Tengo hijos ya grandes, están estudiando, mi hija se ha desmayado dos veces por la presión”, refiere Miramontes respecto a los señalamientos de las autoridades hechos públicos.

La abogada Sandra Esquer Montoya dice que hasta a ella la han hostigado, ya que le abrieron una averiguación previa, acusada de violar sellos oficiales; incluso intentaron girarle orden de aprehensión: “Era para presionarme que yo no fuera la abogada”.

(SHC/ANB/RMC)
(SEMANARIO ZETA/ZETA Investigaciones /marzo 10, 201316.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario