TODO EL PODER A "CHUYTOÑO" EN SINALOA

Por encima de la ley y la desconfianza, Chuytoño controla todas las policías Alejandro Sicairos   El pasado 26 de mayo el propio Jesús Antonio Aguilar Íñiguez atestiguó el cierre de la pinza con la cual controla a todas las policías en Sinaloa.  Al colocar a Jesús Alejandro García Madero como responsable de la seguridad pública en Mazatlán, al fin logró convertirse en el superpolicía del gobierno de Mario López Valdez. Operó obstinadamente en desplazar a los jefes de las policías de Ahome, Guasave y Navolato y tener todo el control de la seguridad pública.  Al lograr que Víctor Manuel Zataráin Cedano dejara abandonado el cargo en Mazatlán, tras huir de un operativo federal para detenerlo, Chuytoño consumó su plan para obtener facultades más allá de las que le confiere el cargo de director de la Policía Ministerial del Estado. A 14 meses de irrumpir abiertamente en el gobierno de Malova, bajo la lógica del mandatario de que “al crimen organizado no podemos combatirlo con blancas palomas”, Chuytoño ha conseguido lo que no logró en el sexenio de Juan Millán, cuando también fue un policía consentido. Ordena, grita, quita, pone, hace y deshace en las corporaciones municipales. De hecho ya es conocido como el sobredotado policía de Malova que tiene el apoyo pleno para hacer lo que quiera. Se ufana de ser el único que tiene pantalones para restablecer la tranquilidad en Sinaloa, pero los números lo contradicen: de enero de 2011 a mayo de 2012 se han cometido 2 mil 560 homicidios dolosos en la entidad, entre ellos 149 mujeres. Con tantas facultades ilimitadas los mandos de las policías municipales le temen, le obedecen. No es para menos porque Aguilar Íñiguez siempre ha estado presente en los operativos para detener a elementos o jefes y poner luego a sus incondicionales al frente de dichas corporaciones. Pero tiene el respaldo del gobernador, aun con la mancha en la hoja de servicios por haber sido buscado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y estado en la lista de fugitivos de la Procuraduría General de la República. Malova lo defiende, contra viento y marea, alegando que “es un hombre que cuenta con un gran respeto, reconocimiento y que no me merece ninguna desconfianza.  Es injusto que se le pretenda cerrar la puerta a un policía de carrera que quiere servir a su estado”, según dijo en conferencia de prensa al reconocer, a finales de marzo de 2011, que Chuytoño se integraba a su gabinete. “No todo mundo tiene ganas de entrarle, con blancas palomas no podemos enfrentar a una delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae, no solo en Sinaloa sino en gran parte del país. Los respetables no me aceptan un puesto”, remató Malova. Eslabón por eslabón A las 10 horas del 14 de noviembre de 2011, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez había citado a mandos y elementos de la Policía Municipal de Ahome, supuestamente para afinar el operativo de fin de año. Pero llegó a la reunión hasta la una de la tarde acompañado de dos patrullas militares. Llegó tenso. A diferencia de otras veces que se mostraba parco a dar notas a los medios, esa vez anunció que al final de la reunión haría una declaración. Se encerró una hora con los municipales y luego salió. Afuera lo esperaba ya el comandante de la Novena Zona Militar, general Moisés Melo García, con quien se introdujo a la cabina de un vehículo militar y al cabo de media hora el lugar ya estaba cercado por alrededor de cien soldados y veinte agentes ministeriales. Aguilar Íñiguez regresó a las 14:30 horas de nuevo con los municipales con los cuales se había reunido y tras él los elementos de la Ministerial. Ordenó a los agentes de Los Mochis que entregaran sus armas y salieran en grupos de tres para ser llevado a Culiacán y ser sujetos a una investigación. La fila de detenidos la encabezaba León Horacio Reyes, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Ese fue apenas el primer andamio de la escalera de Chuytoño hacia el dominio pleno de las corporaciones policiacas en Sinaloa. Se lo había pedido al gobernador. “Si quiere que dé resultados necesito tener autoridad sobre todas las policías”, le dijo. “Adelante”, le respondió Malova. Y empezó por Los Mochis, la zona que Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, le disputa al cártel de Sinaloa. Allá envió Chuytoño a Jesús Carrasco Ruiz, un comandante de la Ministerial, a tomar el control de la Policía Municipal. Enseguida, el 30 de enero de 2012, vendría la toma de Guasave. Al mando de Aguilar Íñiguez, policías ministeriales detuvieron en aquella ciudad y trasladaron a Culiacán a 32 policías municipales, entre ellos al jefe de la corporación, Leocadio Cabrera Delgado, luego de que horas antes, la tarde noche del 29 de enero, murieron tres militares durante un enfrentamiento con sicarios. Una vez liberados los policías aprehendidos, vino un cierre similar: el agente ministerial Iván Palazuelos Félix, gente cercana a Aguilar Íñiguez, asumió la dirección de la Policía Municipal de Guasave, municipio que vive la guerra entre las mismas dos células del narcotráfico. “Iván es un buen policía, su carta de servicio es limpia, es blanca, es buen chaval, es buen policía”, lo “bendijo” Chuytoño, presente en la toma de posesión. Meses después, siendo ya jefe de la DSPM en Guasave, el comandante fue asesinado cuando se dirigía a su casa. En Navolato la maniobra fue distinta. Al decretar el gobernador en enero del año en curso que la Policía Estatal Preventiva se hiciera cargo de la seguridad pública en ese municipio, inició una estrategia para desmantelar a la Policía Municipal, incluyendo la disolución del mando que tenía Francisco Javier Brun Corona. La Estatal Preventiva desplazó a los preventivos de Navolato y un comandante del Grupo Élite, Juan Diego Macías Castro, considerado parte del grupo afín a Chuytoño que opera dentro de la PEP, fue designado jefe de la Policía Municipal. La conquista del sur En Mazatlán el operativo contra la Policía Municipal no incluyó a todos los agentes sino solo al jefe de la corporación, Víctor Manuel Zataráin Cedano, quien el pasado 16 de mayo se atrincheró en sus oficinas hasta que consiguió un amparo que le permitiera evitar la aprehensión para luego convertirse en fugitivo de la justicia. A esa acción aparatosa para detener a Zataráin Cedano le había antecedido la inconformidad que Aguilar Íñiguez le manifestó al gobernador Mario López Valdez y al alcalde Alejandro Higuera Osuna, a mediados de abril, acusando al jefe de la Policía Municipal de baja colaboración en la lucha por erradicar de Mazatlán a gatilleros del grupo de los Zetas. Zataráin por su parte les había manifestado a algunos subalternos la incomodidad por la injerencia de Chuytoño en las tareas de seguridad pública del municipio, llegando al grado de suplantar a los mandos municipales o negar información sobre operativos contra la delincuencia en Mazatlán. Al jefe de la Ministerial, con el control de las policías de Escuinapa, Rosario y Concordia, le faltaba tomar el mando de la Dirección de Seguridad Pública de Mazatlán. Era el último eslabón para ser el megapolicía con poder en todas las corporaciones estatales y municipales, incluyendo al Grupo Élite, sueño que ya tenía desde el sexenio de Juan Millán pero se le frustró el 11 de septiembre de 2004 cuando la Policía Ministerial, a su mando en aquella fecha, se vio involucrada en acciones de protección al narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes, asesinado ese día en la plaza Cinépolis de Culiacán. Diez días después de la caída de Zataráin Cedano, Chuytoño estuvo en Mazatlán para atestiguar el nombramiento de Jesús Alejandro García Madero como jefe de la Policía Municipal. Gente de toda su confianza que horas antes se desempeñaba como director operativo de la Policía de Ahome, Aguilar Íñiguez le dio su aval: “Vamos a trabajar en conjunto a fin de rendir buenas cuentas a Mazatlán”, declaró. Asistía a presenciar la culminación de su estrategia para convertirse en el superpolicía de Malova. Mando único, corrupción única La estrategia de crear superpolicías o generar mandos únicos para el combate del delito implica el riesgo de corrupción única, de que una sola persona concentre todos los males que han hecho fracasar la seguridad pública, considera Óscar Fidel González Mendívil, exprocurador de Justicia en Sinaloa. “Lo que se requiere para combatir a la delincuencia no son superpolicías, sino instituciones sólidas; la seguridad pública no se construye con base en bandazos ni con la contratación de personas que se venden como excepcionales”, agregó. Advierte que si un gobernador no tiene cuidado al designar a funcionarios del área de seguridad pública, entonces el hecho de que una sola persona concentre facultades sin algún control deriva en una serie de problemas que dificultarían llevar a cabo las acciones de seguridad con la eficiencia que debieran tener. “Incluso sometiendo a ese mando único a todos los exámenes de control de confianza y siendo alguien de plena confiabilidad, significa un peligro, no se diga tratándose de alguien que ha sido cuestionado públicamente”, opina. González Mendívil —a quien le tocó vivir episodios de descoordinación cuando Aguilar Íñiguez fue en el sexenio de Juan Millán un director de la Ministerial subordinado a las órdenes de Luis Pérez Hernández, el entonces director de Gobierno— considera que más que darle atribuciones ilimitadas a un jefe policiaco lo que debe diseñarse en una política gubernamental que esté al nivel de la situación de inseguridad que vive Sinaloa. “Independiente de que sea Chuytoño o cualquier otro el que sea convertido en superpolicía, esto es políticamente muy sencillo: un solo jefe conlleva la amenaza de corrupción única, concentrada en una sola persona”. Menciona que en Sinaloa ya tuvimos una experiencia de superpolicía con el llamado comandante Simón (Iván Alejandro Ortega Colmenares, jefe de la Unidad Antisecuestros en el gobierno de Juan Millán) “¿y en qué acabó eso?, ¿dónde anda el comandante Simón ahora?”. Rescata que si no se han hecho reformas en la materia, la Ministerial es solo una policía investigadora y la coordinación entre las corporaciones estatales de fuerza pública es algo que corresponde al secretario de Seguridad Pública. Además el trabajo de las policías municipales es la labor preventiva y como tales hay que fortalecerlas. “Aquí todo se reduce a designar personas que, se dice, tienen mucha experiencia y ello no garantiza la seguridad pública, tal vez lealtad sí y quién sabe. Insisto: tampoco se trata de confiarle todo al gran policía que esperan o propagan sus promotores; esto es algo más profundo”, puntualizó. Atribuciones excedidas Ninguna ley otorga facultades a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez para inmiscuirse en el nombramiento de mandos de las policías municipales. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, el director de la Policía Ministerial del Estado tiene entre sus principales facultades y obligaciones, las siguientes: I. Dirigir los servicios de la Policía Ministerial del Estado; II. Vigilar que la Policía Ministerial actúe siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público del Estado, a cuyo efecto deberá asignar el número de elementos que estará adscrito permanentemente a las agencias del Ministerio Público; IV. Acordar los asuntos de su competencia con el procurador general de Justicia; V. Investigar los hechos delictuosos del fuero común cometidos dentro del territorio del Estado, ya sea por indicación de los agentes del Ministerio Público o por tener conocimiento directo de ellos, debiendo en este último caso, hacerlo del conocimiento inmediato del agente del Ministerio Público que corresponda; VI. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y las que tiendan a determinar la probable responsabilidad de quienes hayan participado en ellos; VIII. Ejecutar las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión y cateo que emitan los órganos jurisdiccionales; XV. Colaborar en operativos con otras corporaciones policiales, previo acuerdo del procurador general de Justicia, otorgándoles el apoyo que en derecho proceda y de acuerdo a los convenios que para ese efecto celebre la Procuraduría General de Justicia.