ESCUADRONES DE LA MUERTE EN SINALOA

Denuncian en Culiacán y Ahome levantones que implican a corporaciones de seguridad pública Redacción  La amenaza de escuadrones de la muerte que se fraguan dentro de las mismas corporaciones policiacas vuelve a atemorizar a familias de víctimas de desapariciones en Sinaloa. En medio del caos que vive la seguridad pública, la población no solo le teme a los grupos criminales, sino también desconfía de las instituciones encargadas de protegerla. Al menos en Culiacán y Los Mochis se han registrado en las semanas recientes denuncias sobre la presunta participación de policías estatales y municipales en levantones disfrazados de detenciones y que acaban siendo ejecuciones que agudizan la sospecha de que en los cuerpos de seguridad pública operan grupos que usan las mismas tácticas de la delincuencia organizada. Es el caso de cuatro jóvenes que el 29 de marzo de 2012 fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Estado en la colonia Adolfo López Mateos, según se asienta en la averiguación previa CLN/ARD/5373/2012 interpuesta en la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Centro. La denuncia establece que Jesús Fernando Urrea Vega, de 20 años de edad, Jorge Armando Manjarrez, alias el Güerito, menor de edad, se hallaban reparando un vehículo afuera del domicilio del primero, cuando llegaron al lugar cinco patrullas de la Policía Ministerial. Los policías dijeron que se trataba de una revisión de rutina y sin embargo procedieron a subir violentamente a los cuatro jóvenes a una de las patrullas, cubriéndoles el rostro con las mismas playeras de los levantados. La madre de Jesús Fernando Urrea Vega, quien presenció el operativo, los cuestionó sobre la detención sin recibir respuesta. Nunca se supo más de ellos. De acuerdo con la misma denuncia, los ministeriales se trasladaron luego a detener a los hermanos Luis Eduardo y Jesús Ángel Ontiveros Campos, de 17 y 21 años respectivamente, el primero en un campo de futbol y el segundo en su domicilio, en la misma colonia. Sobre este hecho, tres semanas después de registrarse el levantón, familiares y amigos de las víctimas protestaron en el edificio de la PGJE en exigencia de información y justicia sobre los desaparecidos. Los manifestantes, en su mayoría trabajadores del área de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Culiacán, se quejaron de que en todas las dependencias de seguridad pública se les niega información y atención, prevaleciendo un total silencio respecto al caso. Con base a estadísticas de las comisiones de derechos humanos y registros de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Sinaloa han desaparecido 285 personas de 2008 a la fecha, sin embargo se desconoce la cifra negra de este tipo de delitos. Un dato alarmante, revelado por la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, señala que solo el 12 de febrero de 2012 se recibieron reportes de 20 levantados en el estado, hoy en calidad de desaparecidos. Ese día se reportó el levantón y desaparición de Édgar Guadalupe García Hernández, de 24 años, quien laboraba como mensajero de la oficina del procurador Marco Antonio Higuera Castro. Un grupo armado lo secuestró de su casa en la colonia Progreso, de Culiacán. Familiares y amigos de García Hernández realizaron un plantón frente a Catedral, en Culiacán, el pasado 31 de mayo, reclamando a las autoridades que investiguen a fondo dicho suceso violento. Al opinar sobre situaciones de levantones que se traducen en desapariciones o ejecuciones, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Francisco Córdova Celaya, consideró que miembros de grupos delictivos usan prendas similares a los uniformes que portan el Ejército y las diversas corporaciones para confundir a la población. Dio a conocer que se han asegurado vehículos clonados como patrullas y que las autoridades judiciales de los fueros común y federal también investigan la confección de la vestimenta apócrifa y cotejan las armas de fuego que han sido aseguradas a fin de que balística determine si estas han sido usadas en otros eventos delictivos. “Todas las patrullas de las diversas corporaciones policiacas, así como los agentes, están perfectamente identificados para que la población pueda distinguirlos de falsos policías o supuestos militares”, declaró. ¿Escuadrones de la muerte? En Los Mochis, con el arribo de Jesús Carrasco Ruiz a la Policía Municipal de Ahome, se crearon escuadrones de la muerte, denunciaron deudos de dos jóvenes residentes de la colonia ejido José María Morelos de Los Mochis, Ahome. En el mismo sentido, el caso de una pareja de recolectores de fierro viejo que terminó siendo asesinada, en el panteón de la sindicatura de Ahome, a unos 20 kilómetros al poniente de esta ciudad, puso al descubierto a sus ejecutores: policías. Los cuatro homicidios fueron perpetrados en junio y en todos hay un patrón de los victimarios y otro de los asesinados. Por los primeros: policías, policías municipales, policías preventivos de Los Mochis, para ser más precisos, y por los segundos, amigos de barrio, miembros de un mismo clan. Por los cuatro asesinatos, que iniciaron como detenciones arbitrarias, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Visitaduría Zona Norte como la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos, iniciaron las respectivas investigaciones. La Visitaduría Zona Norte tiene registros de que solo en el primer semestre del 2012, los abusos policiales se triplicaron, en Los Mochis principalmente. La fecha es coincidente con la imposición del policía ministerial Carrasco Ruiz en la Dirección de Policía y Tránsito de Ahome, cargo para el que fue considerado inepto por carecer de título universitario y que es requisito indispensable. Los recolectores Entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, los recolectores de fierro viejo, Marcelo Félix Armenta, de 27 años y Yolanda del Carmen Araujo Félix, de 26 años, ambos residentes de Las Grullas Margen Izquierda, desaparecieron. La única pista que dejaron de lo que les sucedía, en ese momento, fue una llamada telefónica. Estaban siendo detenidos por policías preventivos en la sindicatura de Ahome. Después de aquella llamada, sus celulares se apagaron, contaron los deudos a funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ocho días después, los cuerpos de ambos fueron encontrados en el panteón de esa sindicatura. Un balazo en la cabeza a cada uno les había cortado la existencia. El motociclista La noche del primer domingo de junio, José Felipe Alvarado Juárez, el Pelochitas, de 20 años de edad y con residencia en la calle José María Morelos, viajaba en su motocicleta, cuando dos patrullas de la Policía Municipal lo aprehendieron. En una fue subido él y la moto en otra. Testigos de la detención, puesto que el joven resultaba harto conocido en el sector que circunda a la corporación, llamaron a su madre, Yadira Juárez, que habiendo salido de su empleo se dirigía a casa, ubicada a menos de 300 metros de la sede preventiva. Los testigos refieren que ambas patrullas ingresaron a los patios, llevando la motocicleta y al detenido en las cajas. En cuestión de minutos llegó hasta el pórtico para preguntar por su hijo, pero nadie le respondió. Así, en la incertidumbre pasaron cinco horas, hasta que un agente que resguardaba la entrada de patrullas le aseguró que la moto sí estaba en la institución. Amaneció y su hijo no regresó a casa. De nuevo fue a los separos y nadie la atendió. Interpuso queja en la Visitaduría Zona Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la jefa llamó a Juan López Cardona, juez calificador, quien negó tener bajo resguardo al detenido. Incluso la llevó a los separos, y efectivamente, no estaba su muchacho. Se movió aquí y allá, pero nada obtuvo. Dos días después, el cadáver del Pelochitas apareció en un dren. Había sido torturado, dice ella, que nunca lo volvió a ver con vida puesto que la caja les fue entregada sellada. Hermanas del fallecido refieren que este fue arrastrado, perforado en diferentes partes del cuerpo y ahorcado. Durante el velorio, patrullas de la Policía Municipal y dos unidades blancas, que ahora sabe que es el convoy del jefe de la Policía, Jesús Carrasco Ruiz, hostigaron a los deudos, incluso, en la misa de cuerpo presente. “Perro desgraciado, se cree poderoso para quitar vidas. Pinche Gobierno inepto que tenemos. Para qué tantas leyes, para qué las cárceles, para qué los ministerios, si los policías se convirtieron en asesinos, desgraciados. Así mi hijo fuese el peor delincuente, tenía derecho a un juicio, y si lo condenaban a que se pudiera en la cárcel, habría sido justo, porque tendría defensa, pero con asesinos con uniformes y empatrullados en las calles, nadie está a salvo”, condena la madre. La atribulada mujer busca respuestas y las encuentra entre los camaradas de su hijo. Doña, le dijeron, la Policía nos detiene a cada rato. Nos llevan a los separos y nos golpean. Nos culpan de ser “halcones” o “punteros”. Quieren al Trolo. ¿Quién es el Trolo? El desempleado Víctor Alonso Gil Aguilar, de 20 años, el Chihuili, un viejo conocido de las policías, pues el año anterior fue aprehendido conduciendo un auto robado, fue despertado junto a su mujer por el estruendo que la puerta principal de su casa hizo al ser arrancada la chapa principal. Cuando abrió los ojos, seis uniformes azules estaban frente a ellos. Todos encapuchados. Cálmate, le ordenaron a ella, que en defensa por la irrupción tomó a su hija en brazos, y le afirmaron: a ti nada te va a pasar. Luego, con cinchos plásticos negros la ataron a la cama. Le vendaron la cabeza, a manera de que no viera y evitar así una posible identificación posterior. A su hija se la dejaron a un lado, en la cama. Él preguntó: “¿Y a mí jefe?”. Por respuesta recibió una pregunta: “¿En qué trabajas?”. “En nada”, respondió el Chihuili. Y lo levantaron. Y se lo llevaron en dos patrullas y en una camioneta blanca. Eran las 12:00 horas, el sol cayendo a plomo, del segundo domingo de junio. Había una certeza, son policías, pues hasta las matrículas las llevan tapadas y las camionetas no portaban placas de identificación. Alejados los policías, los vecinos de la calle Alejandro Peña, en la colonia Rosendo G. Castro, llegaron a la vivienda y liberaron a la jovencita. Ella huyó. Buscó a su familia, primero, y después a su suegra. Contó, entre llantos y angustia, lo ocurrido. Desesperada, Dora Alicia Aguilar buscó a su hijo. En ninguna parte lo encontró. Denunció el caso a reporteros, y solo un noticiero y un periódico pequeño le dieron voz a su desesperación. Los de mayor audiencia y el de mayor circulación callaron. Al día siguiente, el Chihuili fue encontrado decapitado en el ejido Primero de Mayo. Su cabeza era ancla para una cartulina que tenía dos palabras: “Sigues Trolo”. Los dos jóvenes crecieron en el mismo barrio del ejido José María Morelos; y en el mismo barrio fueron velados; los dos tenían amigos mutuos, y entre ellos estaba el Trolo, pues él, como ellos, recorrían las mismas calles. El Trolo De acuerdo con reportes internos de la Policía Municipal y de la Policía Ministerial del Estado, hechos públicos con anterioridad a las nuevas ejecuciones y decapitaciones, el Trolo resulta ser el jefe de halcones de Los Mazatlecos, grupo doméstico de distribución de drogas para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Y es el responsable de pagar las narcomantas, en las cuales se denuncia que el jefe de la Policía, Jesús Carrasco Ruiz, y los comandantes de la Policía Ministerial del Estado, sirven a sus enemigos, el cártel de Sinaloa. Los reportes dados a conocer entonces fueron parte de las declaraciones de Eduardo González Rodríguez, conocido como el Yampool o la Thalía y de José Pablo Ramírez Galeana, el Pingüino, ambos empleados como “polveros” para surtir de drogas a los “puchadores” al servicio de Jesús Miguel Pacheco Samaniego, el Pecas, el Manchas o el Junior. Lista de abusos María Araceli Sepúlveda Saucedo, visitadora en la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que de enero a junio del 2012 los abusos policiales contra la población civil se han triplicado, al menos en denuncias. La situación la calificó como “preocupante”. Y más cuando dos casos que comenzaron como detenciones arbitrarias terminaron en asesinatos, porque “se pasó de violaciones al derecho de libertad a violaciones graves contra la integridad de las personas, y hay un tercer caso con dos muertes en donde confluyen similitudes, ataques de policías”. Aseguró que las indagatorias se han iniciado con la seriedad y celeridad que lo ameritan, pero lamenta que no se tengan los resultados que los quejosos demandan. Para no tener resultados de peso hay obstáculos muy fuertes: los quejosos no pueden señalar las patrullas participantes porque estas carecen de matrícula puesto que se las desprendieron o las traen tapadas, y los policías ocultan sus rostros en capuchas negras. Cuando se les requiere por oficio, el director Jesús Carrasco Ruiz, simple y llanamente niega la participación de sus agentes. “Siempre responde que no hubo operativo, que no detuvieron a nadie y que desconoce los casos”. Esta situación dijo, es desmoralizante. Cifras de denuncias Mes Policía Ministerial Policía Municipal Enero 2 3 Febrero 3 18 Marzo 5 10 Abril 4 10 Mayo 4 12 Junio (13) 1 4 Total 19 57 Patrullas clonadas Dos narcomantas dirigidas a las autoridades castrenses y al Gobierno de Sinaloa aparecieron en Los Mochis en la víspera del fin de semana. Colgadas en la cerca perimetral de la primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en calle Alelhíes, entre Colegio Militar y Zacatecas, al poniente de Los Mochis; la otra en Pedro Anaya, entre Norte 1 y Emiliano Zapata, las mantas acusan de “asesino de inocentes” al director interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, y reclaman al gobernador Mario López Valdez y a autoridades castrenses la protección al mando preventivo. El jefe de la Policía, abordado por reporteros en Palacio Municipal, negó las imputaciones en las mantas y rechazó los achaques de los deudos. “No levantamos y las patrullas podrían ser clonadas”, respondió a las preguntas. Afirmó que a su oficina han llegado algunos oficios de la comisión de derechos humanos, por lo que no descarta que algún grupo delictivo esté usurpando funciones de la corporación utilizando patrullas clonadas. Se trata, agregó, de quejas de familiares de personas que presuntamente son detenidas por elementos de la Policía Municipal y después amanecen ejecutados. “Hay muchas posibilidades de que un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona hayan clonado patrullas y uniformes de la corporación para llevar este tipo de levantones”, puntualizó. En respaldo a las declaraciones de su jefe seguridad pública, el alcalde de Ahome, Zenén Xóchihua Enciso, negó que la Policía Municipal y los grupos criminales trabajen en conjunto. Llamó a no confiar en la información proveniente de los grupos delictivos, “pues no es una procedencia confiable y arruina la confianza en las autoridades”. "No podemos caer en la situación de seguir el juego de hacerle caso a denuncias o mantas o condiciones que hacen los delincuentes, pues si vamos a poner en duda el actuar y la integridad de nuestros funcionarios y servidores públicos por el señalamiento de un delincuente, pues de veras que estamos muy mal si les damos credibilidad en un momento determinado", apuntó.