lunes, 9 de julio de 2012

SE PUDRE SECTOR SALUD EN SINALOA


  


   
Sector salud infectado de corrupción


Redacción 
Bastó el primer año del nuevo gobierno para que saliera pus de algunas dependencias. Las primeras auditorías a Salud arrojan conclusiones inatacables: el secretario cobra doble, sus principales colaboradores también, hay desvíos de recursos, pagos de bonos desmesurados e ilegales, compras amañadas, “aviadores”, pagos fuera de contrato y, como contraparte, despidos “por falta de recursos”. Todo bajo la complacencia de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El director de Servicios Coordinados de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, cobró durante 2011 dos sueldos a pesar de que lo prohíbe el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal.



El monto que ilegalmente se adjudicó el titular de Salud, según informe del 3 de mayo pasado de la Auditoría Superior del Estado, asciende a 1 millón 409 mil 718.26 pesos.

De acuerdo con el reglamento citado, las funciones que realiza como director general de los Servicios Coordinados de Salud son inherentes a las funciones que tiene como secretario de Salud, nombramiento otorgado por el gobernador Mario López Valdez a partir del 1 de enero de 2011.

Los pagos entonces, dice la observación del procedimiento de fiscalización 5.3.2 de la ASE, otorgados al Congreso del Estado, “no son procedentes”.

No es el único que incurrió en esta irregularidad. Junto al titular de Salud, 29 funcionarios, la mayoría directivos de primer nivel, están en la misma situación, “engordando” la nómina ilegalmente. Los salarios de estos 29 funcionarios, sin considerar bonos y demás prestaciones, suman casi 4 millones 200 mil pesos al año.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior, “al analizar la nómina ordinaria y complemento de sueldos de mandos medios y superiores del ejercicio 2011, se detectó que Servicios de Salud de Sinaloa realizó 38 pagos por importe bruto de 1 millón 409 mil 718.26 pesos a Echeverría Aispuro, “adicionalmente a las percepciones que recibió como secretario de Salud del Gobierno del Estado”.

En el mismo año, entonces, el titular de Salud percibió, centavos más, centavos menos, 2 millones 819 mil 436.51 pesos, equivalentes a 234 mil 953.04 pesos mensuales.

Además de Echeverría Aispuro, se encuentran en la misma situación, con diferentes salarios y percepciones, el subsecretario de Servicios Administrativos, Adalberto Arias Pérez, el subsecretario de Salud, Saúl Pérez Parra, el director del Hospital General de Los Mochis, Pablo Domínguez Trad, el director de Adicciones, Roberto Gastélum Castro y la directora de Innovación y Calidad, Yolanda ldezma Inzunza.

También el director de Planeación, José Antonio Mendoza Beltrán, el director de CAMES (Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa), Víctor Manuel Pérez Pico, el director del Sistema Estatal de Sistemas de Protección, Julio César Quintero Ledesma, el director de Normatividad y Regulación Sanitaria, Rafael Ramos Solano, entre otros.

En total, estos pagos doble a los 30 funcionarios en cuestión, le cuestan al Gobierno 5 millones 592 mil 620.18 pesos que por ley no deben estar percibiendo.

De acuerdo con una compulsa del presupuesto autorizado a la Secretaría de Salud para “servicios personales”, respecto al gasto ejercido, hay un sobregiro de 122 millones 934 mil 154.45 pesos en 2011.

Trabajo para los “cuates”

Cuando Echeverría Aispuro asumió la Jefatura de los Servicios Coordinados de Salud, la Secretaría contaba con 8 mil 583 trabajadores, entre sindicalizados, residentes, pasantes e internos, de contrato y de confianza.

El gobernador, durante su campaña, dijo que racionalizaría el gasto y que para ello introduciría procesos de innovación tecnológica. Creó, para este efecto, una nueva secretaría.

A la vuelta de los primeros meses, la nómina del Sector Salud creció en niveles que no se habían observado antes. Para finales de 2011, esta secretaría tenía ya 9 mil 241 trabajadores, es decir, 658 más que la administración anterior.

Y no fueron médicos o enfermeras, laboratoristas o técnicos, los que la Secretaría contrató, sino empleados administrativos, mandos altos y medios, asistentes… burocracia, pues.

La nómina mensual, que era de 126 millones de pesos, aumentó a 140 millones, con un incremento llano del 11 por ciento.

No fueron los trabajadores de base los beneficiados, sino aquellos que llegan con los nuevos sexenios y que se amparan bajo el concepto de “honorarios” o “servicios profesionales”, muchos de ellos llamados comúnmente “aviadores”.

Los contratos respecto a los trabajadores de base, por ejemplo, se incrementaron en solo 5 por ciento en 2011, mientras que los trabajadores eventuales por honorarios, donde anida la mayor parte de los “aviadores”, subieron 73 por ciento según los archivos contables de la dependencia. Los de confianza, se fueron a la alza en un 14 por ciento y el personal médico en 22 por ciento.

Así, a la vuelta de un año del “gobierno del cambio”, solo una secretaría estaba gastando en personal 156 millones de pesos más de lo que gastó en 2010. Casi el doble si se consideran bonos, incentivos, prestaciones y pagos ilegalmente duplicados.

De acuerdo con un analítico pormenorizado de los “servicios personales” de la Secretaría de Salud en 2011, comparado con el presupuesto autorizado, se gastaron 123 millones de pesos más. El total presupuestado suma la cantidad de mil 426 millones de pesos en números redondos, mientras que el gasto ejercido asciende a mil 549 millones.

Debe llamar la atención que de esta cantidad, la mayor parte del sobregiro del Sector Salud, con 81 millones de pesos, está en el llamado personal “precario”, es decir, los eventuales, conocido como “personal golondrino”, ahora también “cuotas” y “cuates” o sencillamente “aviadores”.

El costo de la élite

En un comparativo elemental de las plantillas laborales relativas a mandos medios y directivos de 2010 y 2011 pueden encontrarse las razones de este sobregiro del Gobierno en el Sector Salud:

En 2010 existían en la Secretaría 88 plazas con un costo total de 1 millón 333 mil pesos mensuales, mientras que a diciembre de 2011 la plazas habían aumentado a 166 (casi 100 por ciento), con un costo mensual de 3 millones 121 mil pesos. Es decir, una diferencia negativa de 1 millón 788 mil pesos mensuales.

En las unidades médicas existían 25 plazas de niveles medios y directivos, y en el primer año del “gobierno del cambio” aumentaron a 68 (casi el triple). En 2010 se gastaron 887 mil pesos mensuales en las 25 plazas, mientras que en 2011 se gastaron 1 millón 780 mil pesos.

La diferencia entre un año y otro, solo en la alta burocracia del Sector Salud, de acuerdo con los registros de la misma Secretaría a los que tuvo acceso Ríodoce, ascendió a 32 millones 176 mil pesos, centavos más, centavos menos.

No solo eso: una de las observaciones de la ASE es que, de la revisión de las nóminas ordinarias y catálogos de centros de trabajo, se encontró que al menos 34 médicos especialistas y médicos generales recibieron 681 pagos en áreas administrativas, “cuyas funciones son distintas a las autorizadas en el presupuesto. La suma de estos pagos asciende a 8 millones 873 mil pesos.

Otras observaciones de la ASE

El documento de la ASE, que consta de 54 observaciones puntuales, tiene el número 067/2011, con fecha 3 de mayo de 2011, titulada Auditoría a los Recursos con Cargo al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Otra de las anomalías encontradas es la liberación de pagos a personal que ya ha sido dado de baja. Hay por lo menos 20 extrabajadores a los que se les expidieron cheques por la suma de 351 mil pesos. Otra observación señala pagos a empleados con “licencias sin goce de sueldo”.

También, fuera de toda normatividad, señala la ASE, en la revisión de la nómina de complemento de sueldos a mandos medios y superiores del mes de noviembre de 2011, se encontró que Servicios de Salud de Sinaloa realizó, sin ningún sustento normativo, pagos por concepto de complementos de sueldos a 453 empleados por un monto total de 3 millones 478 mil pesos en números redondos.

Igualmente se observaron 10 mil 887 pagos improcedentes a personal asignado a tareas en áreas de bajo, mediano y alto riesgo, por un total de 2 millones 486 mil pesos.

Los números de la ASF

A la par del trabajo realizado por la ASE en las cuentas del Sector Salud estatal, la Auditoría Superior de la Federación realizó también una auditoría al ejercicio presupuestal de 2011, específicamente a los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y entregó su informe con fecha 1 de junio de 2012.

Es decir, al mismo fondo que había sido auditado por la ASE.

Los resultados de esta revisión no solo ratifican lo encontrado por los auditores estatales, sino que en muchos casos redimensionan el caos administrativo que existe en la Servicios Coordinados de Salud y en el manoteo impune de los recursos.

Por ejemplo, empiezan por cuestionar que “no se cuenta con una estructura organizacional actualizada”, “no se tiene un control adecuado de la documentación resguardada en los archivos”, “la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios de Salud de Sinaloa no manejan una sola cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del Fondo”, “la Secretaría de Administración y Finanzas no radicó los rendimientos financieros generados a los Servicios de Salud en tiempo”, “se detectaron plazas autorizadas ocupadas por personal que desempeña funciones distintas al perfil del puesto”, “se realizaron pagos posteriores a la baja de los trabajadores”, etcétera.

Y remata señalando que “la información financiera emitida por las diferentes áreas no fue oportuna ni confiable”.

En una de las 40 observaciones que se anotan en el documento final, apunta que se verificó que existe documentación comprobatoria que no cuenta con los requisitos fiscales por 518 mil 437 pesos. También acusa desvío de recursos por el orden de los 2 millones 932 mil pesos.

Respecto a los bonos otorgados a los altos funcionarios, dice que “durante el ejercicio 2011, se les efectuaron pagos mensuales por concepto de compensación por 39 millones 157 mil pesos, sin autorización expresa de la Junta de Gobierno ni sustento normativo que justifique los pagos”.

También señala en otra observación que 25 millones 333 mil pesos fueron pagados bajo el rubro “vales de despensa” a personal que no estaba autorizado.

Se observan pagos a “médicos especialistas” que, según 50 expedientes revisados, no acreditan el perfil profesional que se requiere para ocupar la plaza.

De acuerdo con el procedimiento 4.2.3 del documento de la ASF, “en la revisión de los movimientos de baja de personal, cotejados con los estados de cuenta bancarios, se detectó que a 70 empleados se les generaron pagos posteriores a la fecha de su baja por 5 millones 101 mil pesos.

Así también, 2 millones 805 mil pesos fueron pagados a doce trabajadores de la Secretaría a pesar de que habían obtenido permiso, de enero a diciembre de 2011… sin goce de sueldo.

Revisando las conclusiones de las dos auditorías, pueden también documentarse múltiples irregularidades en los sistemas de compras de servicios profesionales, medicamentos y equipo, la existencia de contratos laborales sin firmas, equipos adquiridos pero inexistentes en el inventario…


Doble salario para los mandos medios y directivos

NOMBRE PUESTO SALARIO

ÁLVARES GUERRERO MARCELA JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS $8,333.33
AMÉZQUITA ZAZUETA RIGOBERTO MANUEL BENEFICIENCIA PÚBLICA $12,500.00
ARIAS PÉREZ ADALBERTO SUBSECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $32,216.00
DOMÍNGUEZ TRAD PABLO HOSP. GRAL. MOCHIS $16,666.67
GASTÉLUM CASTRO ROBERTO DIRECTOR DE ADICCIONES $10,921.67
LEDESMA INZUNZA YOLANDA DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD $27,588.33
MENDOZA BELTRÁN JOSÉ ANTONIO DIRECTOR DE PLANEACIÓN $27,588.33
PÉREZ PARRA SAÚL SUBSECRETARIO DE SALUD $26,846.67
PÉREZ PICO VÍCTOR MANUEL DIRECTOR DE CAMES $22,570.83
QUINTERO LEDESMA JULIO CÉSAR DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL SIST. DE PROTECCIÓN $27,588.33
RAMOS SOLANO RAFAEL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN SANITARIA $27,588.33
SÁNCHEZ GUERRA RAFAEL ANTONIO BENEFICIENCIA PÚBLICA $12,500.00
SÁNCHEZ MORENO JESÚS ERNESTO DIRECTOR JURÍDICO $12,500.00
TAMAYO ONTIVEROS JAIME SECRETARIO PARTICULAR $9,000.00
VALENCIA GARMENDIA LUIS FERNANDO DIRECTOR DE IMAGEN Y DIFUSIÓN $9,166.67
VARGAS PÉREZ CARLOS JAVIER JEFE DEPTO. E INNOVACIÓN $4,166.67
RODRÍGUEZ AYALA PEDRO ÁNGEL DIR. C.S. LA CRUZ $10,000.00


Doce trabajadores más Personal operativo 50, 833.33


Los misterios de una firma

La tercera semana de junio pasado, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, cuyo titular es Juan Pablo Yamuni, interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal por falsificación de la firma del titular de los Servicios Coordinados de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro.

El presunto falsificador era (o es) Cuitláhuac González Ortega, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Mantenimiento de la Secretaría de Salud. Horas después de que se hizo el escándalo público, fue dado de baja.

Primero se dijo que había contratado servicios por alrededor de 10 millones de pesos y después se aclaró que el monto no llegaba a los dos millones y que ni siquiera se había consumado el presunto fraude porque “se detectó a tiempo”.

A raíz de este asunto, el Secretario de Salud indicó que decidieron investigar otras áreas como la compra de insumos médicos, medicinas y papelería para corroborar que las licitaciones y compras se estén llevando a cabo con total apego a la ley.

“Vamos a meternos a muchísimas áreas y en eso está la Unidad de Transparencia revisando todo. Hay que recordar que la Secretaría de Salud tiene muchas inercias que tenemos que romper. Vamos a ser transparentes y vamos a ser honestos”, dijo.

Por su parte el gobernador advirtió que buscaba “sentar precedentes duros” en su administración.

“Pues si se le encuentra culpable lo vamos a meter a la cárcel y si hay otros responsables en ese delito también, ando buscando de veras, sentar precedentes duros en mi administración y si este hombre es culpable y responsable pues tendrá que pagar por haber cometido ese delito”, expresó.


Despidos y contrastes

En diciembre pasado, la víspera de Navidad, 36 trabajadores del Hospital de la Mujer —35 enfermeras y un camillero— fueron despedidos.

Los despidieron siguiendo el perfil de una administración estatal que ante cualquier reclamo saca el “garrote”. Los 36 despedidos habían demandado el 8 de septiembre anterior, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, nivelación salarial y prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo que les estaban siendo negadas.

Entre las mujeres despedidas estaban tres embarazadas, una recién parida y una más incapacitada.

No conforme con despedirlos, el propio gobernador Mario López Valdez los amenazó. Para protestar por lo que consideraban un despido injusto, las enfermeras y el camillero realizaron plantones y otros actos de protesta afuera del Hospital de la Mujer, contra la burla del secretario de Salud, que les había espetado que si no les gustaba su trabajo ni sus salarios que se fueran a vender tamales.

En una de las audiencias de los trabajadores despedidos con el gobernador, este los amenazó, les dijo que no se pelearan con el ampáyer —que es él— y que no les fuera a pasar lo que había ocurrido en Guerrero, donde una manifestación de estudiantes normalistas había sido reprimida con saldo de un muerto.

El 4 de mayo pasado otro grupo de enfermeras y trabajadores, estos del Hospital General Bernardo Gastélum de Culiacán, fueron despedidos. Ahora fueron 25 y el argumento es que “se carece de presupuesto para pagar sus salarios”.

Entre los despedidos están Heidi Medina Cárdenas, quien tenía entonces dos meses de embarazo y laboró casi cinco años en áreas administrativas y de trabajo social; Margarita Morgan Munguía, de 69 años, dietóloga adscrita a la cocina, con 17 años de servicio, además de enfermeras, químicos, un médico, camilleros y personal de otras áreas.

Considerando un promedio de 5 mil pesos mensuales que devengaban los 25 trabajadores despedidos del Hospital Civil —un joven de intendencia despedido ganaba mil 209 pesos a la quincena—, solo con el salario que ilegalmente está cobrando Echeverría Aispuro, incluidos sus bonos, alcanzaría para cubrir sus percepciones.

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