Estados
Unidos pretende juzgar al Chapo por homicidios dolosos y tráfico de drogas en
al menos seis procesos judiciales
La
cacería para extraditar a Joaquín Guzmán Loera habría empezado desde el momento
en que el capo fue arrestado, en febrero de 2014, pero por cuestiones
desconocidas, el gobierno de México fue emplazando la extradición, confirmaron
a Ríodoce fuentes de Departamento de Justicia en Estados Unidos (USDOJ).
De
acuerdo a una declaración hecha por Alana Robinson, jefa de la Sección para el
Control de Narcóticos por el Distrito Sur de California, la petición se dio
inmediatamente después del arresto, lo cual echa por tierra lo dicho por la
Procuradora General de la República Arely Gómez, quien durante una
comparecencia ante la Comisión Bicamaral del Senado de la República declaró que
Estados Unidos había solicitado la extradición del capo apenas 16 días antes de
su escape.
“En
su momento, se giraron órdenes para que dicha solicitud (de extradición), fuera
analizada y puesta a consideración”, dijo Arely Gómez, según publicó el portal
digital Sinembargo.
La
orden de extradición obedecía a la acusación número 95-0973B, emitida por el
Distrito Sur de California desde 1995, y donde el gobierno de Estados Unidos
pretendía juzgar al capo ante las leyes de ese país, y aplicarle todo el peso
de la ley por sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
El
archivo judicial de 28 páginas, del cual Riodoce tiene una copia, expone cómo
el Chapo Guzmán, dirigía una red muy sofisticada de tráfico desde finales de
los 80 y hasta el momento de su arresto, en junio de 1993, y que incluía como
principales operadores a su hermano Arturo Guzmán Loera el Pollo, y a Humerto
Loya Castro, quien posteriormente se convertiría en informante protegido de la
DEA.
Pero
además de Robinson, David Gaddis, ex director regional de la DEA en México,
dijo en una entrevista a la cadena CBS, que desde hacia tiempo existía una
orden de extradición de Estados Unidos para llevar al Chapo ante las leyes
estadunidenses, pero que México nunca accedió a extraditarlo.
“Creo
que si lo hubiera hecho, hubiera representado un moretón en uno de los ojos de
ese país, sino es que en los dos, porque el Chapo hubiera confesado que tenía
gente del gabinete en su nómina, y ello hubiera sido desastroso para el
gobierno mexicano”, dijo el ex funcionario de la DEA, luego de expresar su
malestar y decepción por la fuga del capo.
PROCESOS PENDIENTES
Joaquín
el Chapo Guzmán es el hombre más buscado en la tierra, por ello cuando lo
arrestaron en Mazatlán en febrero de 2014, fuentes de la DEA, de ICE, del FBI y
los US Marshalls, emitieron comunicados para felicitar al gobierno mexicano.
Finalmente,
para nadie era secreto que Estados Unidos lo quería tener entre sus manos para
juzgarlo y aplicarle todo el peso de la ley, o al menos así lo sugieren al
menos seis Juzgados de Distritos de ese país, incluyendo el Distrito Oeste de
Texas, el Distrito Este de Nueva York, el Sur de Arizona y el norte de Georgia.
No
obstante, quienes más lo querían eran el Distrito Sur de California y el
Distrito Norte de Illinois, donde en Chicago era considerado el enemigo público
número 1, título que el municipio sólo dio a Al Capone.
Pero
además, Estados Unidos pretendía juzgar al Chapo por homicidios dolosos
ocurridos en territorio mexicano, sobre todo en Culiacán, delitos que según
expertos entrevistados en su momento, estaban fuera de la jurisdicción
estadounidense.
Según
el número de expediente 2009R01065/OCDETF#NY-NYE-616, el pasado 25 de
septiembre, fiscales del USDOJ presentaron una acusación por homicidio en el
Distrito Este de Nueva York en contra del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, a
quienes acusaron de planear y ejecutar la muerte de al menos 12 personas, entre
ellas Rodolfo Carrillo Fuentes y de Julio Cesar Beltrán Quintero, ambos
asesinados a balazos en Culiacán el 11 de septiembre de 2004, y el 13 de julio
de 2005, respectivamente.
En
la corte de Distrito Oeste de Texas, localizada en El Paso, también un juez
había girado una orden de aprehensión contra el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada,
aunque esta sería por tráfico de drogas.
De
haber sido extraditado, el Chapo habría enfrentado al menos seis procesos judiciales,
y haber logrado cadena perpetua, siendo esa la razón por la cual, la defensa y
el mismo capo, se oponían tanto a una orden de extradición, y cada momento
interponían amparos para evitar que el gobierno mexicano aprobara la
extradición.
Como
“testigo protegido” en Estados Unidos, el Chapo daría nombres de políticos y
militares mexicanos involucrados en el negocio de la droga
ENTREGARSE O MORIR
Francisco
Sarabia/ Ciudad de México
Ciudad
de México.-Los cargos que pesan sobre Joaquín Guzmán Loera (a) por la presunta
comisión de ocho delitos que la PGR le imputa hasta el 2014 y por los que fue
recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, condenan al
narcotraficante a morir en prisión y pasar entre 60 y cien años, si es que
logran recapturarlo, vaticina Andric Roberto Muñoz Trejo, experto en Derecho
Penal de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
Tan
solo en México, la Procuraduría General de la República lo acusa de estar
involucrado en la probable comisión de
delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o
Fuerza Aérea; acopio de armas; almacenamiento
de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego,
municiones y explosivos; contra la salud; asociación delictuosa; daño en
propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación, más los que le
cargue después de la fuga del pasado 11 de julio que desencadenó una crisis en
el sistema de seguridad nacional y hasta en la cúpula política.
En
Estados Unidos, hay giradas siete órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán
Loera desde 1995 en las Cortes Federales
de los Distritos de California, Texas,
Illinois, Nueva York, Florida y
New Hanspire, y existe una orden de detención provisional con fines de
extradición girada desde el 17 de febrero del 2001 —a solicitud de Estados
Unidos—, por el Juzgado Tercero de
Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, registrada con el
número 3/2001.
Tras
su detención y recaptura en Mazatlán el año pasado, la Agencia Federal
Antidrogas en Chicago declaró su interés por la extradición del capo sinaloense
al que acusa de haber sido el principal abastecedor y comercializador de drogas
en este Estado, donde introdujo cantidades importantes de marihuana,
metanfetaminas y cocaína.
Sin
embargo, según fue confirmado ya por autoridades mexicanas, fue una corte del
sur de California quien solicitó la extradición del capo 16 días antes de que
se fugara.
EL TROFEO MÁS CODICIADO
El
también catedrático de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, considera
que Guzmán Loera se ha convertido en el
“trofeo” más codiciado por el Gobierno de México y sobre todo por los Estados
Unidos, que ven en la recaptura del Chapo la oportunidad histórica de atrapar a
la presa y exhibirla tras las rejas como la mejor recompensa.
De
tal forma que haber burlado por segunda ocasión la seguridad nacional lo coloca
en una situación sumamente crítica que lo condena a pasar el resto de su vida a
vivir evadiendo la justicia o morir, asegura.
Argumenta
que las leyes mexicanas le tienen reservada cadena perpetua. Una pena
condenatoria de 60 a 100 o más años de cárcel en caso de ser recapturado; con
la sobrada advertencia de imponerle rigurosos mecanismos de vigilancia para
evitar burlar de nuevo a la justicia.
Opina
el abogado que el Gobierno de México tiene interés en recapturar al capo y
recluirlo de por vida en una cárcel. Solo que por esta ocasión el Gobierno de
Estados Unidos tiene el mismo empeño y ejercerá
mayor presión para reclamarlo y lograr mediante los protocolos
internacionales la petición de extradición, pero ahora con sobrados argumentos.
El
trato que le espera de las leyes mexicanas es tan duro que no es nada
descabellado pensar en la conveniencia de que el capo sinaloense se entregue a
la justicia estadunidense y solicite su adhesión al programa de “testigo
protegido”, figura que le dará a Guzmán Loera la posibilidad de negociar un
tramo “más humano” por el resto de su vida, a cambio de ofrecer información
confidencial sobre las operaciones del
tráfico de drogas en esta región.
De
hecho, remarca, es una de las causas por
la que se especula que México no le conviene y evitará a toda costa
extraditarlo, ya que al quedar en manos de la justicia estadunidense podría
negociar un cambio de identidad o cualquiera de los beneficios de un testigo
protegido, situación que compromete al Gobierno mexicano ante la fuerte
sospecha de que altos funcionarios, no solo de la política sino del Ejército,
Marina, Fuerzas Armadas y de otras áreas del gobierno mexicano, están
involucrados con el negocio de la siembra y tráfico de estupefacientes que
controlan los cárteles de la droga mexicanos.
En
este contexto que apunta a una posible extradición en caso de ser recapturado
por la autoridad mexicana, se especula, dice el penalista, que para el gobierno es más conveniente
aplicarle la ley fuga. Es decir, una vez que se le localice, al intentar huir,
o ser detenido, muera en el intercambio de balas, como ocurrió con el
narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Así se cierra por completo el
expediente.
Pero
por el perfil personal que tiene el narcotraficante, la opción más inmediata es
seguir escondiéndose, asienta.
EL EXPEDIENTE EN LA PGR
Cuando
Joaquín el Chapo Guzmán fue recluido en el año 2000 en el Penal de Alta Seguridad de Puente
Grande Jalisco, purgaba una condena de casi 21 años de cárcel como resultado de
tres procesos ratificados en segunda instancia por los delitos de Asociación
delictuosa y Cohecho en Jalisco; Asociación Delictuosa en el Estado de México y
Cohecho en el Distrito Federal. Desde entonces
arrastraba una pena privativa de su libertad por 20 años y nueves meses
de prisión.
Tras
escaparse del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande Jalisco, se giran de
nuevo órdenes de aprehensión, hasta que es detenido en Mazatlán el 22 de
febrero de 2014, junto con 11 personas más.
En
el momento de su recaptura, elementos de la Secretaría de Marina y la PGR
aseguraron 97 armas largas; 36 armas cortas; 311 cargadores; dos lanzagranadas;
un lanzacohetes; una sub ametralladora calibre 9 mm; dos explosivos; 6 mil 44
cartuchos; nueve granadas de fragmentación; cuatro granadas de 40 mm para arma
larga; 43 vehículos (19 de ellos blindados) catorce casas; 38 equipos de
radiocomunicación; 420 mil 820 pesos y 4 mil 690 dólares en efectivo.
También
se aseguraron 3 toneladas 110.55 kilogramos de anfetaminas (cristal); 82.22
kilogramos de cocaína y 25.64 kilogramos de marihuana.
Con
este historial delictuoso acumulado hasta febrero de 2014, cuando fue
reaprehendido, la PGR informó que la dependencia dictó 14 días después de su
recaptura (en 2014) dos autos de formal prisión y seis órdenes de aprehensión contra el Chapo, giradas por los
juzgados de distrito en los Estados de
México , Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y el Distrito Federal, donde existen averiguaciones
previas por la probable comisión de delitos de portación de armas de fuego de
uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; acopio de armas; almacenamiento de armas,
cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones
y explosivos; contra la salud; asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y
ataque a las vías generales de comunicación.
Hasta
antes de fugarse el pasado 11 de julio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera
permanecía en calidad de procesado y en espera de una sentencia condenatoria.
Ahora se cierra el expediente y en caso de ser recapturado, se le abrirá uno
con nuevas averiguaciones que pudieran
derivar en consignaciones adicionales a las que arrastra desde el año 2000.
(RIODOCE/
Miguel Ángel Vega / 19 julio, 2015)
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