| Redacción / Dossier Politico Alguien nos preguntó que si quién creemos que golpeó al colega y amigo, Gerardo Ponce... intuyo que el interesado esperaba que yo dijera que algunos por encargo del Nuevo Sonora... de Guillermo Padrés, si me piden que vaya un poco más allá. No lo sé, ni tengo la menor idea, respondí, dejando claro que tampoco tengo el deseo de especular. Exijo eso sí, le dije al preguntón, una investigación pulcra, seria, rápida y con resultados creíbles para que se nos dé a conocer el por qué de este ominoso y preocupante hecho. Sin embargo, aclaré, de lo que sí no tengo ninguna duda, es que con muchas actitudes reprobables que muchos conocemos, desde Palacio de Gobierno se fomenta, se alienta, se alimenta, el clima de violencia que en Sonora esta haciendo explosión. Y eso debe parar ya, no lo pedimos, eso lo exijimos. |
viernes, 11 de mayo de 2012
¿QUIÉN FUE EL "IDIOTA" QUE ORDENÓ ESTO? QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE...CON CLARIDAD
PAGA MILLONES PEÑA NIETO A LÓPEZ DÓRIGA Y BETETA POR "APOYOS INFORMATIVOS"
Como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto erogó un total de 32.3 millones de pesos por “apoyos informativos”.
De ese gran total, 9.2 millones fueron pagados a los conductores de noticieros Joaquin López Dóriga y Oscar Mario Beteta.
Según las facturas oficiales expedidas por el gobierno
peñanietista y que publica Reforma, dichos “apoyos informativos” son comentarios
o entrevistas con conductores radiofónicos y no de spots formalmente
contratados.
De los documentos oficiales, solicitados por el diario
capitalino a través de la Ley de Transparencia, el gasto de Peña Nieto por
referencias radiales es de 52 millones de pesos durante su sexenio.
De esa
cantidad, el 62 por ciento (32.3 millones) corresponde a “menciones” cuyo gasto
no está atribuido a una campaña de comunicación específica.
Publica Reforma:
“las facturas que suman 32.3 millones de pesos se extendieron por los conceptos
de transmisión y apoyo a la información, apoyo informativo, paquete de servicios
informativos y difusión de actividades”.
Sigue el diario capitalino: “Tres de
estos documentos fiscales señalan que la razón social Astron Publicidad cobró
9.2 millones de pesos al gobierno del Edomex por el concepto de “comentarios de
Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiero Joaquín López Dóriga
(que se escucha por Telefórmula) y en el noticiero de Oscar Mario
Beteta”.
Proceso
LOS KAIBILES EN LA GUERRA DEL NARCO
En Milenio Radio:
Víctor Hugo Michel, enviado
Ciudad de Guatemala, Guatemala • En medio de la crisis por el narcotráfico
que amenaza a Guatemala, el nuevo gobierno de ese país desplegará en la frontera
con México una brigada de soldados de fuerzas especiales Kaibil para hacer
frente a la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga, en
especial Los Zetas.
“La brigada va a ser instalada el 30 de junio”, informó a MILENIO el coronel
Rony Urizar, portavoz del Ministerio de la Defensa de Guatemala. “La defensa de
la población es una responsabilidad de esta institución armada y se apoyará con
la seguridad pública y ciudadana al combatir a grupos del crimen
organizado.”
La brigada estará compuesta por 500 soldados y tendrá en su núcleo a un
batallón kaibil de cerca de 300 comandos, elementos entrenados para emprender
misiones de combate en condiciones selváticas, justo como las que existen en la
frontera con México.
El nuevo cuerpo castrense —que incluirá francotiradores, expertos en
operaciones de búsqueda y destrucción, incursiones nocturnas, demoliciones y
rescate de rehenes— estará basado en una zona caliente: a 100 kilómetros de la
frontera con México (Chiapas), en el poblado de El Subín.
Simbólicamente su base
de operaciones estará a menos de media hora del sitio donde hace un año, el 15
de mayo de 2011, 27 personas fueron masacradas y decapitadas por Los Zetas en
una finca. El incidente detonó una crisis política y social que aún no cierra
del todo en Guatemala.
“Estos kaibiles van a estar involucrados de lleno en la actividad operativa
en el Departamento del Petén, que es uno de los que tiene mayor incidencia de
movimientos de narcotráfico y otros ilícitos”, sostuvo Uriza. “Se va a recuperar
la presencia del Estado”.
Su área de responsabilidad se enfocará a una franja de unos 300 kilómetros
cuadrados de selva, en el municipio fronterizo de La Libertad, actualmente
explotado y disputado por el cártel de Sinaloa y Los Zetas para el transporte de
cocaína desde Sudamérica. “La zona está repleta de pistas clandestinas”, comentó
un militar guatemalteco.
***
El despliegue de kaibiles y otros militares de élite a la frontera con México
es una promesa de campaña del actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
El mandatario, ex general kaibil, planteó utilizar al estandarte de las fuerzas
armadas guatemaltecas como puntal en el combate al crimen organizado.
Basó buena
parte de su campaña en la promesa de recuperar la seguridad en el país.
Y es que los efectos de la presencia del narco mexicano en este país
centroamericano se han hecho cada vez más evidente.
En 2010 un informe del
Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono reveló que Guatemala se
encontraba al borde del precipicio, con una de las tasas de homicidios más altas
de Centroamérica (41 asesinatos por cada 100 mil personas, el doble que en
México) y recortes presupuestales que tenían a su policía nacional en números
rojos.
A ese difícil panorama se suma la posición geográfica del territorio
guatemalteco —justo en medio de la ruta que conecta a Colombia con Estados
Unidos— y el efecto cucaracha generado por la ofensiva antinarcóticos en México
iniciada en 2006-2007.
“Guatemala experimenta una crisis de grandes proporciones. A menos que
Estados Unidos haga algo, la región puede ver el surgimiento del primer
narco-Estado en el istmo de Centroamérica”, advirtió entonces el mismo instituto
(MILENIO, 22/09/2010).
Hasta el momento Washington ha entregado a Guatemala menos de 30 millones de
dólares en asistencia antinarcóticos, una cifra inferior a la asignada a México
o Colombia.
El gobierno guatemalteco ha insistido en que requiere más asistencia
o que es necesario pensar en la legalización de las drogas como alternativa.
Estados Unidos no ha optado por una u otra. En tanto Washington define qué
hacer, la administración de Pérez Molina ya tiene un plan B: mandar kaibiles a
la frontera.
***
Uriza admitió que en los cálculos del Ministerio de la Defensa está la
posibilidad de que los cárteles mexicanos emprendan una escalada de violencia
similar a la que vivió México en su frontera norte, luego de que el presidente
Felipe Calderón envió al Ejército y la Marina a combatir al crimen
organizado.
“Esas suposiciones existen. Somos vecinos y las mismas amenazas que tiene
México las tenemos nosotros. México, al hacer presión, baja el crimen organizado
hacia territorio nuestro. Y, definitivamente, esa es una de las preocupaciones
del presidente (…), pero es una obligación del Estado proteger a la gente y
velar por el bien común”, dijo.
Precipicio, escalada o solución, ahora el gobierno de Pérez Molina —que
prometió en enero pasado que en seis meses se verían mejorías en la seguridad
del país— echa mano de lo mejor de su Ejército para tratar de recuperar el
control sobre la selva del Petén, cuya ubicación junto a México y sus zonas de
difícil acceso la hacen particularmente vulnerable al crimen organizado.
“Lo que se va a buscar es fortalecer la presencia del Estado en el área”,
expuso Uriza.
“Recordemos que cuando se llevó a cabo el proceso de paz, en los
acuerdos hubo un compromiso de que el Ejército se reduciría 33 por ciento.
Pasamos de 53 mil elementos a 31 mil 400. Y en 2004 se realizó una segunda
reducción que dejó al Ejército en 15 mil 400 hombres.
Eso implicó que todos los
destacamentos que se tenían en las fronteras se retirarán. Y entonces ya no
llegó el Estado”.
En los próximos meses el gobierno guatemalteco extenderá su ofensiva a otras
partes de la frontera.
El Ministerio de la Defensa ya estudia la creación de una
nueva unidad mixta —compuesta de militares y policías— para tratar de controlar
otra zona caliente:
Tecún Umán, ubicada justo enfrente de Ciudad Hidalgo,
Chiapas.
GARCÍA LUNA, VENGATIVO, IMPUNE...
Ricardo Ravelo/ Reportaje Especial
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando el ex comisionado de la Policía Federal
Preventiva Javier Herrera Valles acusó a Genaro García Luna ante Felipe Calderón
de corrupción y narcotráfico selló su destino… Rápidamente, y mediante testigos
protegidos, la PGR armó un caso contra el exjefe policiaco para procesarlo por
delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Sin embargo, para David Herrera
Valles, hermano del procesado, es claro que el actual secretario de Seguridad
Pública está ejerciendo una venganza contra Javier por haber osado denunciar al
“policía consentido del presidente” Calderón.
Después de ratificar sus declaraciones ministeriales en las que acusa al
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, de
actos de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con el
narcotráfico, Javier Herrera Valles, excomisionado de la Policía Federal
Preventiva, fue torturado en el penal El Rincón de Tepic, Nayarit, por un grupo
de agentes federales que ingresaron a la prisión la madrugada del pasado 13 de
febrero.
Así lo afirma David Herrera Valles, hermano de Javier, quien
responsabiliza del hecho al general Mario Antonio Bonifaz Guillén. Agrega que
desde 1997 este militar tiene antecedentes por actos de tortura –recomendación
118/1997– y actualmente es uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna
en el área penitenciaria de la SSP.
Aunque los presuntos actos de tortura
fueron denunciados por David Herrera ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) a finales de febrero pasado, hasta ahora no se ha castigado a
nadie.
El 23 diciembre de 2011 Javier Herrera Valles fue sentenciado a 10
años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada,
cargos que él negó. Aseguró que fueron fabricados por García Luna.
El fallo
judicial en contra de Herrera Valles se basa en imputaciones que le hacen
testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes en
sus testimonios dan cuenta de la corrupción que priva en la SSP y de los
vínculos de altos funcionarios de esa dependencia con el narcotráfico.
Sergio
Barragán Villarreal El Grande y Víctor Manuel Martínez Rocha El Pitufo acusan a
Herrera Valles de servir a los intereses del Cártel de Sinaloa, en particular al
jefe de esta organización, Joaquín El Chapo Guzmán, con quien, según ellos, se
vincu-ló cuando fungía como comisionado de la Policía Federal Preventiva en
Acapulco, Guerrero.
Al respecto, David Herrera Valles afirma:
“Todo eso es
una farsa; es una fabricación ordenada por García Luna porque mi hermano lo
acusó de tráfico de influencias, corrupción y narcotráfico”.
–¿La acusación
contra su hermano es una venganza política de García Luna?
–No tengo ninguna
duda de eso. No soportaron los cuestionamientos de mi hermano, en el sentido de
que la guerra contra el narcotráfico fue una farsa. En realidad la policía
protegía al narcotráfico, al Cártel de Sinaloa, y para cumplir esos objetivos
García Luna removió a los policías de carrera y metió a sus amigos.
“Después
de que mi hermano denunció toda la corrupción ante el presidente Felipe
Calderón, ordenaron a la PGR armarle un expediente a mi hermano en el que
declararon en su contra puros testigos protegidos manipulados por la PGR. Así se
orquestó la venganza que lo tiene en prisión y en mal estado de salud porque ha
sido golpeado por órdenes de García Luna.”
Maquinaciones
En el expediente 25/2009 –cuya copia tiene este semanario– integrado en
contra de Javier Herrera Valles aparecen declaraciones rendidas por capos de
diversos cárteles que ahora son testigos protegidos estelares de la PGR, entre
otros Sergio Villarreal Barragán, El Grande; Víctor Manuel Martínez Rocha, El
Pitufo y Jennifer. Este último es un exmilitar a quien se le vinculó con el
Cártel del Golfo.
En sus declaraciones no sólo acusan a Herrera Valles de
recibir dinero del Cártel de Sinaloa y de proteger el tráfico de drogas, sino
que lo señalan como el principal reclutador de delincuentes habilitados como
policías federales con credenciales falsas para servir a los intereses del
narcotráfico.
También revelan que al inicio de la guerra contra el crimen
organizado, en 2006, la Policía Federal Preventiva brindaba protección al
narcotráfico y que estas actividades eran del conocimiento de los altos mandos
de la SSP, pues hasta en vehículos oficiales se transportaba droga o dinero y se
cumplían comisiones especiales para darle facilidades al Cártel de Sinaloa y al
Chapo Guzmán, jefe de ese grupo criminal.
Según el testimonio de El Pitufo,
Herrera Valles tenía vínculos con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, los
hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa. También dijo que esas relaciones
se amarraron en Acapulco, Guerrero, a donde llegaban los cargamentos de cocaína
que entraban desde Centroamérica por el estado de Chiapas.
El testigo mencionó
que los agentes federales asignados a los retenes no detenían los cargamentos
porque la señal para dejarlos pasar era prender tres veces las luces altas de
los autos que transportaban la droga.
El Pitufo fue agente federal y luego se
ligó con el Cártel del Golfo y otros grupos criminales. En su declaración del 18
de octubre de 2008 dijo:
“Decidí dedicarme al trasiego de narcóticos y de
dinero en efectivo, y en una de esas ocasiones en las que me comisionaron para
trasladar dinero en efectivo de la ciudad de Acapulco al Distrito Federal, en un
restaurante Vips hice contacto con una persona a la cual le apodaban La Barbie.
Me presentó a Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la Policía Federal
Preventiva en Acapulco, Guerrero, y quien me comisionó para que entregara un
maletín a una persona a la cual no conocí.”
El Pitufo también relató que él
trabajaba con una persona a quien se refiere como Román o El Patrón y que tenía
un alto cargo en la Policía Federal. Asegura que ese sujeto le pagaba 50 mil
pesos por transportar dinero y drogas en vehículos oficiales, y que siempre le
llamaba del número celular 0445526602487.
Añadió que en una ocasión conoció a
Joaquín El Chapo Guzmán y narró los detalles de este encuentro con el jefe del
Cártel de Sinaloa:
“Encontrándome en la ciudad de Guadalajara fui invitado al
parecer al rancho de (El Chapo). Me pusieron un pasamontañas y me agacharon en
el piso del vehículo, y luego de haber transitado por espacio de 40 minutos
(llegamos) a lo que parecía un rancho en el que se encontraba El Chapo Guzmán.
Él me encomendó el traslado de 700 kilos de cocaína de la ciudad de Guadalajara
a Acapulco, Guerrero, y fue El Chapo el que por mi lealtad me bautizó como El
Niño de Oro.
“En septiembre de 2008, en el puerto de Acapulco, Guerrero, se
efectuó una reunión en un hotel cuyo nombre no recuerdo, a donde acudieron los
jefes de los diferentes cárteles, entre ellos el del Golfo, el Pacífico y la
Gente Nueva, que son de Michoacán, y Zetas, para ponerse de acuerdo y unirse
porque el gobierno les estaba partiendo la madre.
“En esa reunión estuvo
presente El Chapo Guzmán y por instrucciones de Javier Herrera Valles y del
Patrón y/o Román, yo me encargaría de reunir a un grupo de 40 personas
destinadas para formar un grupo especial antisecuestros. Esto era aparentemente,
ya que en realidad se les iba a utilizar para el traslado de droga pero estarían
protegidos con credenciales de la Policía Federal. A las personas las recluté en
Acapulco; busqué taxistas, amigos y conocidos que quisieran entrarle al
narcotráfico apoyados por la Policía Federal.”
Aunque el testigo protegido no
reveló el nombre de su jefe –El Patrón y/o Román–, aseguró que se trataba de un
alto mando de la Policía Federal “muy bien conectado allá arriba” y dueño de dos
yates –Splendor y Dreams– atracados en el puerto de Acapulco “que están a mi
nombre”.
También mencionó que su jefe y otros funcionarios de la SSP han
utilizado el yate de La Barbie, que también se encuentra en Acapulco.
Víctor
Hugo Martínez Rocha, otro de los testigos del caso Herrera Valles, no aceptó
incriminarlo y por esa razón fue torturado por agentes del Ministerio Público.
Así lo manifestó en su declaración ministerial.
En su testimonio mencionó que
altos mandos de la SSP, subalternos de García Luna, lo obligaron a firmar
papeles cuyo contenido desconocía y hasta que los vio publicados en los medios
de comunicación se dio cuenta de que se trataba de incriminaciones por
delincuencia organizada en contra de Herrera Valles.
“Después de seis horas
de que me dijeron que estaba detenido por el delito de fraude, bajo tortura
psicológica y física me hicieron firmar con amenazas cuatro hojas que no supe su
contenido, pero luego me enteré que estaba relacionado con Javier Herrera
Valles, a quien no conozco ni nunca antes lo había visto.
“Quiero informar
que nunca fui asistido por algún abogado o persona de mi confianza. Quiero
señalar que fui torturado por los MPS que me detuvieron en la SIEDO y a quienes
puedo reconocer sin temor alguno y a uno en especial que fue quien informó que
ya tenían para chingar a Herrera Valles para que dejara de fregar al patrón “GL”
y fue quien me dijo que firmara porque tenían a mi hija y a mi esposa y que las
iban a matar y por eso lo hice, pero aclaro que no conozco a Javier Herrera
Valles y nunca lo he visto.”
Por su parte, Herrera Valles negó tener vínculos
con el crimen organizado. Pese a la sentencia de 10 años que pesa en su contra,
asegura que el suyo es un caso político, una venganza del gobierno y de García
Luna porque puso al descubierto la corrupción en la SSP y los nexos de altos
mandos de la Policía Federal con el narcotráfico.
Simulación
Poco después de que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra al
narcotráfico, en 2006, Javier Herrera Valles inició una campaña de
cuestionamientos al titular de la SSP, Genaro García Luna, a quien acusó de
corrupción y de utilizar a la Policía Federal para proteger los intereses del
Cártel de Sinaloa (Proceso 1637).
En dos cartas enviadas al presidente Felipe
Calderón –una el 15 de febrero y otra el 8 de mayo de 2008–, Herrera Valles
señaló que no se estaba combatiendo al narcotráfico y que los operativos en
realidad eran de risa, pues no se perseguía a nadie y siempre que solicitaban
apoyo con helicópteros para detener a los delincuentes éstos llegaban a
destiempo.
También se refirió a la corrupción que prevalecía dentro de la SSP
en la compra de aeronaves sin licitación, y en el ingreso de policías inexpertos
que obtenían rápidos ascensos y salarios estratosféricas sin tener méritos ni la
capacitación adecuada para ocupar altos cargos. Según sus denuncias, García Luna
diseñó un modelo policiaco “para simular” una batalla contra el narcotráfico”
(Proceso 1673).
De todas estas irregularidades, así como de protección al
narcotráfico, Herrera Valles acusó a García Luna y a sus subalternos Luis
Cárdenas Palomino y Facundo Rosas. Identificó a esos jefes policiacos como los
principales orquestadores de la acusación que lo mantiene preso en el penal El
Rincón de Tepic, Nayarit.
Un alto funcionario de la PGR le advirtió a Herrera
Valles que era muy peligroso meterse con García Luna porque era el funcionario
“consentido y protegido del presidente”.
Pese a los avisos, Herrera Valles no
cejó en sus señalamientos contra García Luna, por lo que fue cesado como
comisionado de la Policía Federal. Ese fue el primer golpe.
Luego comenzó la
persecución. Según David Herrera, García Luna ordenó intervenir todos sus
teléfonos, recibía amenazas de muerte y comenzó el hostigamiento permanente en
contra de Herrera Valles y sus familiares.
La ofensiva prosiguió: el 17de
noviembre de 2008, la PGR solicitó la detención de Herrera Valles por los
delitos de fomento al narcotráfico y crimen organizado.
Al momento de su
aprehensión, efectuada en la Ciudad de México, Herrera Valles fue golpeado y le
fracturaron una costilla. Luego fue enviado al penal de Tepic, Nayarit, donde
actualmente permanece.
Las presiones contra los hermanos Herrera Valles
aumentaron: después de Javier fue detenido, por los mismos delitos, su hermano
Arturo, quien se desempeñaba como comandante de región de la Policía Federal.
Eso no fue todo. La vendetta también alcanzó a Alfonso Herrera Valles. Luego de
12 años de trabajo en la Policía Federal, fue obligado a renunciar debido a que
lo cambiaron de plaza y lo mantuvieron sin actividad alguna.
En su queja ante
la CNDH, David Herrera Valles señala que el 15 de febrero último unos 500
policías federales encapuchados ingresaron al penal de El Rincón de Tepic,
Nayarit, y golpearon a varios reos, sin razón aparente.
Durante ese operativo
el director general de Seguridad y Custodia de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Antonio
Bonifaz Guillén, se presentó en la mazmorra donde permanece recluido Javier
Herrera y le ordenó que se desnudara.
El excomisionado de la PFP comparte celda
con Noé Ramírez Mandujano, el extitular de la SIEDO, quien enfrenta cargos por
delincuencia organizada. Herrera obedeció. Se quitó la ropa y en ese momento
comenzó a ser golpeado y empujado bruscamente contra la pared, refiere David
Herrera.
–¿Cuánto duró la golpiza?
–Mucho. Le pegaban en las piernas, en
la nuca, era una salvajada. Querían que mi hermano respondiera para matarlo ahí
adentro. Era una clara provocación.
Después le quitaron sus pertenencias:
radio, ropa, chamarras, almohadas, cobijas, libros, cartas, tenis, calcetines.
Incluso se llevaron sus medicinas. También le quebraron la dentadura postiza que
le pusieron de manera provisional dos meses antes de ser encarcelado.
En su
queja ante la CNDH, David Herrera sostiene que el general Mario Antonio Bonifaz
Guillén es un torturador con antecedentes en este organismo, que emitió la
recomendación 118/1997 por actos de tortura. Pese a ello, afirma, sigue “gozando
de impunidad”.
El hostigamiento contra el excomisionado de la PFP no cesó.
“Luego de la golpiza que le propinaron las autoridades del penal, en complicidad
con los funcionarios de la SSP, ordenaron tapar el drenaje de la celda de mi
hermano, la cual se inundó de aguas negras y excremento”.
En esas condiciones,
apunta David, mi hermano no probó alimento en más de cuatro días, “pues es
imposible comer cuando se nada en la mierda”.
LAS MILICIAS CONSOLIDAN EL CONTROL DE LAS FAVELAS CON LA CONNIVENCIA DE LAS ÉLITES
Nazaret Castro
RÍO DE JANEIRO,(apro).- Las autoridades de Río de Janeiro emprendieron desde 2008 una sonora y mediática operación para retomar el control de las favelas (barrios bajos), que desde hacía décadas estaban en manos de facciones del narcotráfico como Comando Rojo (CV, Comando Vermelho), Amigos de los Amigos (ADA) o Tercer Comando de la Capital (TCC).
Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) eran la iniciativa “estrella” de
una nueva política de seguridad que, según el gobernador Sergio Cabral, acabaría
con décadas de abandono de las favelas y restauraría el orden en las
comunidades.
La idea era que la policía no entrara en la favela para después salir, sino
que ocupara el morro (colina) y se instalaría allí.
Sin embargo, políticos y grandes medios de comunicación, con la poderosa Red
Globo a la cabeza, silenciaron durante años el que, según Marcelo Freixo,
diputado del estado de Río de Janeiro por el Partido Socialista y Libertad
(PSOL) y veterano militante en derechos humanos, es “el mayor problema de
seguridad de Río de Janeiro”: las milicias.
Así se llamó a los grupos paramilitares formados por agentes o exagentes de
la policía, el Ejército o los bomberos –un cuerpo armado en Brasil–, que se han
ido haciendo con el control de buena parte de las favelas cariocas, a menudo con
la connivencia de la clase política y las elites económicas.
Las milicias son una evolución, más estructurada y poderosa, de los ‘grupos
de exterminio’ que surgieron en los años 70 y que, valiéndose de la extorsión,
la tortura y el asesinato, exigían ser pagados para garantizar la seguridad en
los barrios bajo su dominio.
Esas milicias fueron ampliando su cartera de negocios y ahora ya controlan,
en 30% de las casi mil favelas cariocas, el tráfico de drogas y la distribución
irregular de servicios como el transporte, el gas, la televisión por cable o
internet.
Sólo el servicio que hace las veces de transporte público en esos
barrios (pequeños autobuses no oficiales) movilizan alrededor de 60 mil millones
de reales al año (unos 25 mil millones de euros).
Los milicianos se han ganado a pulso su fama de brutalidad, al tiempo que han
consolidado sus conexiones con el poder político y la cadena de mando policial,
ante la mirada temerosa de los pocos jueces que se han animado a hacerles
frente.
En 2008, luego de que en la Asamblea Legislativa de Río se realizó la
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para buscar respuestas sobre las
milicias, aproximadamente 500 milicianos y políticos fueron a la cárcel, pero en
los últimos tres años han ampliado su poder en Río de Janeiro y se han extendido
a otros estados como Bahía o Minas Gerais.
“Las milicias conforman un proyecto económico y de control del territorio. No
acabaremos con ellas si no se ataca también su infraestructura económica”, dice
Freixo a Apro.
Para el diputado del PSOL, los narcotraficantes del CV o de ADA “son
peligrosos y muy violentos, pero no tienen tanto poder.
Las milicias son el
crimen organizado en Río de Janeiro. Son ellas las que tienen una estructura de
poder económico y político”, asegura.
Los argumentos de Freixo desmontan la visión maniqueísta –forjada por las
elites a lo largo de décadas, con la inestimable ayuda de los medios de
comunicación– de las fuerzas de seguridad contra los narcotraficantes, en una
“falsa y peligrosa oposición entre bien y mal”, como lo señala el sociólogo y
escritor Luiz Eduardo Soares, exsecretario de Seguridad, en el libro Elite da
tropa, del que es coautor.
Aunque las investigaciones y los tribunales han evidenciado el poder de las
milicias, la Red Globo y los diarios las siguen omitiendo de sus crónicas,
centradas casi siempre en los combates entre la policía y los narcotraficantes,
y también encubren la violencia policial al dibujar como un intercambio de
tiroteos lo que a menudo son verdaderas ejecuciones sumarias.
El narcotráfico cambia de manos
En noviembre de 2010, dos mil policías y militares emprendieron el asalto y
la ocupación del Complejo del Alemán, un enorme archipiélago de 16 favelas.
Las
imágenes de los narcotraficantes huyendo morro arriba y los vehículos blindados
cercando la favela, acción que cubrió la TV Globo con todo un despliegue
mediático, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los brasileños.
Un año después el espectáculo se repitió. En noviembre pasado, alrededor de
mil 500 policías y militares invadieron la Rocinha, una de las favelas más
emblemáticas de la ciudad por encontrarse junto a uno de los barrios más
prósperos de Río de Janeiro, São Conrado.
La prensa describió una incursión limpia y eficaz, aunque poco después
salieron a la luz denuncias de los vecinos por los abusos cometidos y los
saqueos.
En cualquier caso, pocas voces se desmarcaron del clima general de
euforia, para aclarar que no asistíamos al principio del fin del tráfico de
drogas en Río de Janeiro, sino apenas a un cambio de modelo.
Los expertos han señalado que el proceso de reconfiguración de la geopolítica
del crimen en Río de Janeiro se ha producido desde hace años.
Sobre el modelo que encarna Comando Vermelho, Soares dijo a esta reportera,
en diciembre de 2010, que “es un sistema viejo y caro, basado en el dominio
territorial, que necesita armar un pequeño ejército y no puede competir con las
milicias”.
Y las milicias son más competitivas porque su cartera de negocios no se
limita a las drogas y porque, al formar parte de las fuerzas de seguridad,
tienen las armas del Estado y se ahorran el soborno que las facciones criminales
deben pagar a los agentes corruptos.
Las favelas controladas por las facciones del narcotráfico, como la Maré, se
concentran al norte de la ciudad, mientras que las comunidades asediadas por los
milicianos se encuentran principalmente al oeste de la ciudad, en regiones como
Japarepaguá y Campo Grande.
En el sur se ubican las playas de Copacabana e Ipanema, Leblon y la Barra da
Tijuca, donde se ha plantado la mayor parte de las 14 UPP. Es también la zona
que concentrará las inversiones del Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
Por ello, el diputado Freixo cree que “las UPP no son una política de
seguridad pública, sino un proyecto de ciudad, de viabilidad de un área
estratégicamente escogida”. Un proyecto de ciudad elitista y dual.
Freixo argumenta que con 965 favelas y unos 40 mil agentes, es
matemáticamente imposible que Sergio Cabral, gobernador del estado de Río (del
Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, principal aliado del Partido
de los Trabajadores en el Congreso), lleve la policía comunitaria a todos los
barrios pobres, como anuncia su propaganda. Y la elección de las comunidades
escogidas no es neutral.
Policía corrupta y violenta
Si bien es cierto que en muchas de las favelas ‘pacificadas’ u ‘ocupadas’ ha
disminuido la violencia, líderes y asociaciones vecinales han denunciado abusos
y una actitud dictatorial de los agentes.
“El tratamiento de la favela sigue
siendo policial”, sostiene en entrevista con Apro Isabel Mansur, activista de la
ONG Justiça Global.
En realidad, las UPP están condenadas al fracaso mientras no se produzca esa
“refundación de las instituciones policiales” la única vía para erradicar la
enquistada y generalizada corrupción policial, señala por su parte el sociólogo
y experto en seguridad, Luiz Eduardo Soares.
“La policía carioca es mucho más que cómplice: es protagonista del delito”,
dice Soares a esta reportera.
Las propias autoridades admitieron
implícitamente que el cesto estaba podrido, cuando para evitar corruptelas en
las flamantes UPP decidieron configurarlas con nuevos agentes “vírgenes de
pecado”.
Pero, ¿cuánto dura una manzana sana en un cesto podrido? Ya se han
documentado casos en los que miembros de la llamada policía comunitaria se han
hecho con el control del tráfico de drogas o han establecido conexiones con las
milicias.
Por ejemplo, en el Morro da Coroa, miembros de la UPP detuvieron en agosto
pasado a cinco jóvenes e intentaron “venderlos” para facciones del narcotráfico,
según la denuncia recibida por la ONG Red contra la Violencia y testimoniada por
varios vecinos de la favela.
Y en las comunidades de Pavão-Pavãozinho y Cantagalo, favela célebre por su
cercanía con la turística playa de Copacabana, los vecinos denunciaron en junio
pasado el asesinato del joven André Ferreira, a manos de agentes de la UPP.
Éstos aseguraron que Ferreira cayó en un tiroteo.
La Red contra la Violencia acusó también a dos agentes de la UPP de “golpear
a jóvenes de las comunidades sin motivo aparente”.
De acuerdo con Freixo, “la policía de Río es la que más mata y más muere en
el mundo”.
Los números son contundentes: entre 2003 y 2009, por causa de la violencia
policial murieron 7 mil 854 personas en Río de Janeiro, según los datos del
Instituto de Seguridad Pública (IPS). Más de mil personas al año, la mayoría
hombres jóvenes, pobres y negros.
Por ello, los movimientos de derechos humanos hablan de un lento genocidio
que se disfraza de ‘actos de resistencia’ al arresto policial, a veces
injustificable.
Un proyecto político detrás
Los milicianos vean con temor que Marcelo Freixo se presente como candidato a
la alcaldía en las elecciones municipales de octubre de 2012, porque un hombre
como él podría cambiar las cosas.
En octubre pasado, después de una escalada de amenazas de muerte que recibió
de los milicianos, Freixo decidió aceptar la invitación de Amnistía
Internacional y se exilió en Europa por un mes.
No le faltaban motivos para sentir que su vida estaba en peligro, sobre todo
desde que en agosto pasado los milicianos hicieron una brutal ostentación de
poder al asesinar a la jueza Patricia Acioli –quien dio la batalla contra el
crimen organizado– en la puerta de su casa.
“Han callado a la voz de la justicia con armas del Estado, y eso es muy
grave”, afirmó Freixo en esa ocasión.
La prensa brasileña tergiversó la
historia del diputado, dando a entender que su viaje nada tenía que ver con las
amenazas y lo acusaron de oportunismo.
En el Café Comercial de Madrid, confuso aún por la manipulación informativa,
el diputado apuntó como responsable de la sucia campaña al alcalde Eduardo Pães,
a quien acusó de tener conexiones con los milicianos.
DESARTICULAN CASA DE SEGURIDAD EN JALISCO
Alberto Osorio Méndez
El operativo fue una acción derivada de las investigaciones vinculadas con el
abandono de 18 cadáveres que fueron encontrados en dos vehículos, en el
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, sobre la carretera
Guadalajara-Chapala, a la altura del kilómetro 25, en un hecho ocurrido el
pasado nueve de mayo y en medio de un conflicto descrito por las autoridades
como un ajuste de cuentas entre presuntos Zetas y la banda de “El
Chapo” Guzmán.
Según comunicado de la SSP, los elementos de la Policía Estatal localizaron
una casa rodante, en el predio marcado con en el número 19 de la calle Cerrito,
en la comunidad de San Nicolás de Ibarra, en donde no se detuvo a ninguna
persona. Otros artículos decomisados fueron 34 cargadores para cartuchos de
AK-47; siete cargadores para rifles AR-15, ocho bolsas con una considerable
cantidad de cartuchos para diferentes calibres; dos aros aprehensores, cinco
radios transmisores, seis gorras, un chaleco verde, tres fornituras, cinta
canela y una camioneta Ford 250 con placas de California.
El aseguramiento ocurrió luego de que el pasado jueves se logró la
identificación de las primeras ocho personas, del un grupo 18 que fueron
abandonadas sin vida y mutiladas a bordo de los dos vehículos referidos y que
por cierto contaban con reporte de robo.
El jueves fueron reconocidas las primeras víctimas y entre ellas se ubicó a
Carlos Martínez Delgado, alumno del quinto semestre de carrera de ingeniería;
Juan Sandoval Camarena, de 26 años y Jonathan Daniel Martínez, de 17 y alumno de
bachillerato, ellos eran empleados del restaurante “Piedra Iguana”, localizado
en la ribera de Chapala. También se reconoció a Heriberto Centeno, de 26 años y
de oficio albañil y Julio César Arana, de 27 y David Martínez.
LOS ZETAS PLANEABAN ASESINAR A 50 EL "DÍA DE LAS MADRES"
Redacción
La información se desprende de las declaraciones de Laura Rosales Sánchez, la
mujer detenida tras la liberación de un grupo de 12 personas que se encontraban
secuestradas y recluidas en una casa de seguridad en el poblado de Ahuisculco,
en el municipio de Tala y que estaban a punto de ser sacrificados en el mismo
operativo donde se dio muerte a 18 hombres, cuyos cadáveres aparecieron
abandonados en dos vehículos asegurados en las inmediaciones de la carretera
Chapala-Guadalajara, el pasado miércoles 9, en el municipio de Ixtlahuacán de
los Membrillos, a la altura del kilómetro 25.
El testimonio coincide con los señalamientos hechos ante elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, por personas que fueron liberadas por las
autoridades el martes 8 en Tala.
La acción formaba parte de un acto de venganza
por el asesinato 23 personas, el día cuatro de mayo, en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y cometido presuntamente contra los Zetas, según la información
difundida por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado.
En algunas de sus declaraciones ministeriales, los liberados en Ahuisculco
refirieron que el presunto autor intelectual de la masacre en Ixtlahuacán de los
Membrillos es un sujeto apodado El Terrillo, quien presuntamente encabeza una
célula de Los Zetas en la ribera de Chapala y que tenia la encomienda de
organizar esa masacre.
También se indica que varios de los liberados lograron escapar de sus
captores, en un momento en que la mujer que los vigilaba, Laura Rosales, se
quedó dormida y ellos pudieron desamarrarse, para escapar y pedir ayuda a los
vecinos del poblado de Ahuisculco.
SE "ALOCÓ" EL EX GOBERNADOR AGUNDEZ, POR LETREROS EN EL BALNEARIO EL COROMUEL
Fúrico arremetió y destruyó letreros del balneario El Coromuel
- Los hechos fueron reportados a la policía la mañana de ayer
- Guardias privados describen como “encolerizado” al ex mandatario
- Amenaza con regresar “si vuelven a poner esos letreros”
- Al momento no se sabe si API presentó denuncia por los hechos
La Paz, B.C.S.- Irritado porque las autoridades y
responsables del Balneario El Coromuel colocaron letreros que indican que “no se
permiten clavados” en el muelle del lugar, el ex gobernador del estado de Baja
California Sur, Narciso Agúndez Montaño y tres de sus acompañantes derribaron a
patadas estos avisos y los destruyeron, con lo que argumentó que él como
gobernador había construido esa obra “y por qué no me puedo tirar clavados”,
gritaba de manera grosera y prepotente a los trabajadores de seguridad del
lugar.
Este 10 de mayo, al filo de las 8 de la
mañana, dentro de su caminata matutina por el malecón, Narciso Agúndez Montaño y
tres personas que le acompañaban se acercaron al muelle del Coromuel y al ver
ese tipo de información, encolerizó y “a patadas” derribó, secundado por sus
“esbirros”, los letreros.
EL INICIO DE TODO
El gobernador llegó a bordo de un vehículo que
estacionó en lo que se conoce como antiguo Mercado de Pescadores, donde
acompañado de tres sujetos emprendió una caminata rumbo al balneario El Coromuel
(ver fotos).
No se sabe si ya llevaba la intención de destruir esos letreros, sin embargo
por lo que describen los guardias de seguridad, se fue directamente al lugar
para agarrarlos a patadas.
El reporte se levantó por parte de los empleados de seguridad. Llamaron a la
policía. Cuando los agentes de la policía municipal llegaron al lugar, Agúndez
Montaño y acompañantes ya se habían retirado del lugar.
Testigos presenciales comentaron que el ex gobernador “se puso como loco” al
momento de patear los letreros.
Agúndez Montaño amenazó a los vigilantes y retó a las autoridades en el
sentido de que si vuelven a poner esos letreros regresará para hacer lo mismo,
destruirlos por completo.
“No es una forma normal de que se comporte un señor así, que ya tuvo un
puesto de gobernador”, expresó al reportero un policía enterado del caso.
Aseguran que se comportaron como vándalos, Agúndez y
seguidores, en el momento de destruir la información impresa en letreros.
Existe un parte de novedades, un parte informativo que se genera a diario,
que arroja también la presente información.
Al momento no se sabe si el presidente del Consejo de Administración de la
Administración Portuaria Integral (API) Marcos Covarrubias Villaseñor, va a
presentar una denuncia por los daños causados a las instalaciones del balneario,
o ésto quedará como otro hecho impune más de los que ha cometido el conocido
GRUPO LOS CABOS.
LEGIONARIOS DE CRISTO ATENDERÁN DENUNCIAS POR ABUSOS SEXUALES
Notimex
Ciudad del Vaticano.-
La congregación de los Legionarios de Cristo se comprometió hoy a atender
todas las acusaciones contra sus miembros por supuestos abusos sexuales, además
de garantizar que actuará según las normas civiles y de la Iglesia.
En
una nota enviada a todos los sacerdotes de ese instituto y difundida en su
página web, la cúpula confirmó que, tras realizar una serie de investigaciones
internas, siete denuncias resultaron “verosímiles” y se han remitido a la
Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
“En los últimos años
y en diferentes países, han llegado a los superiores mayores de la Legión de
Cristo algunas acusaciones de hechos inmorales y ‘delicta graviora’ (delitos
graves) cometidos por algunos legionarios”, indicó el comunicado.
“La
Legión de Cristo tiene el firme compromiso de atender y examinar todas las
acusaciones que le han sido presentadas, saliendo al encuentro de las posibles
víctimas y respetando siempre los derechos de todos los implicados”,
agregó.
El texto precisó que, de estos casos, sólo uno se refiere a
hechos recientes, mientras los demás datan de hace varias décadas. Además reveló
la existencia de otras dos acusaciones formales, presentadas directamente en El
Vaticano por personas fuera de la Legión.
Informó asimismo sobre diversas
acusaciones contra legionarios quienes, después de la investigación
correspondiente (civil o canónica), han sido declarados
inocentes.
Explicó que durante las investigaciones, tanto civiles como
eclesiásticas, se aplicaron medidas cautelares contra los imputados como la
restricción del ministerio sacerdotal “pues la protección de los niños y de las
comunidades es prioritaria para la congregación”.
La decisión de atender
estos casos, investigarlos, remitirlos a la sede apostólica y de comunicarlo al
resto de los miembros forma parte de una nueva política en una congregación
marcada por el escándalo de su fundador, el sacerdote mexicano Marcial
Maciel.
Personaje de enorme poder, dentro y fuera de la Iglesia, Maciel
fue encontrado culpable de haber atacado a varios ex seminaristas luego de una
investigación vaticana que lo sentenció, en mayo de 2006, a una “vida de oración
y penitencia”, alejado de toda actividad pública.
La sanción tardó años,
ya que la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió en 1998 las primeras
denuncias contra ese personaje, al cual se le comprobó que tuvo hijos con
diversas mujeres y que consumió drogas sistemáticamente.
En el comunicado
de este viernes, los legionarios especificaron que, actualmente, cuando uno de
sus directores territoriales o el director general de la orden recibe una
denuncia o hay sospechas fundadas se deben seguir las leyes civiles vigentes en
cada uno de los países.
El texto ponderó que, en la medida de lo posible,
se debe abrir una investigación interna la cual, si concluye que la acusación es
verosímil, debe remitirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
tribunal vaticano responsable de juzgar estos delitos.
“(La Legión de
Cristo) confirma su compromiso de seguir favoreciendo y propiciando ambientes
seguros para niños y jóvenes, especialmente a través de la aplicación de códigos
de conducta para los legionarios, consagrados y seglares que tienen contacto con
menores en nuestras diversas instituciones”, insistió la orden.
Aseguró
que mantiene contacto con otras entidades externas para mejorar sus
procedimientos y políticas de prevención de abusos.
“Invitamos a todos a
respetar y encomendar a estos hermanos nuestros y sobre todo a las personas
afectadas”, estableció.
Los Legionarios de Cristo se encuentran en medio
de un proceso interno de renovación ordenado directamente por el Papa Benedicto
XVI y cuyo responsable es el cardenal Velasio De Paolis, delegado
pontificio.
El proceso de reforma busca modificar las bases de una
estructura que, según las pesquisas de cinco obispos auditores, quedó seriamente
golpeada por los actos de Marcial Maciel.
"EL CHILANGO" SECUESTRÓ Y ASESINÓ A MARINOS
Notimex
México.- Elementos
de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron en Jalapa,
Veracruz, al presunto jefe de sicarios en esa entidad, a quien se le tribuye la
autoría intelectual y material del secuestro y muerte de al menos cuatro
elementos de esa dependencia.
El director de Comunicación Social de la
Semar, José Luis Vergara Ibarra informó que se trata de Marco Jesús Hernández
Rodríguez y/o Marcos Jesús Ruíz Rodríguez, apodado “El Chilango” quien también
está relacionado con otros hechos delictivos.
Durante la presentación del
detenido refirió que el pasado 18 de bril se tuvo conocimiento que cuatro
elementos de esa institución que colaboraban con el mantenimiento de la
seguridad publica en Veracruz fueron presuntamente privados de su libertad por
integrantes de la delincuencia organizada en las inmediaciones de
Jalapa.
En las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indicó que al momento de su
desaparición, los cuatro elementos de la Armada de México no se desempeñaban
como personal operativo, sino que eran choferes que estaban realizando un curso
de reparación de motocicletas por un periodo de 2 semanas en la ciudad de
Jalapa.
Vergara Ibarra detallo que de inmediato se activó el sistema de
inteligencia naval y se desplegó personal de fuerzas especiales con el fin de
localizar a los elementos, además de solicitarse el apoyo de las autoridades
federales que operan en esa jurisdicción.
Recordó que el pasado 23 de
abril elementos del ejercito mexicano aseguraron a Romeo Domínguez Vélez, “El
Chaparro” presunto jefe de plaza en Coatzacoalcos, Veracruz, quien señaló haber
participado en la muerte de los cuatro integrantes de la Armada de México y
señalo a varias personas como cómplices del presunto delito.
Agregó que
con base en lo anterior y producto de otras fuentes de inteligencia, personal de
la Armada de México detuvo el pasado 9 de mayo en Jalapa, Veracruz, a Marcos
Jesús Hernández Rodríguez y/o Marcos Jesús Ruíz Rodríguez, “El Chilango” quien
presuntamente está relacionado con al menos otros siete homicidios y tres
averiguaciones previas.
Vergara Ibarra precisó que a este sujeto le
fueron aseguradas dos armas largas, un arma corta, más de 250 cartuchos,
presunta droga, equipos de comunicación, videos y fotografías, entre otras
cosas.
El detenido fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) bajo la
averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2012.
“La secretaria de
Marina-Armada de México manifestó su pesar a los familiares de estos marino, a
quienes se les brinda el apoyo de acuerdo al marco jurídico correspondientes”
apuntó Vergara Ibarra.
Afirmó que estos hechos lejos de amedrentar al
personal de la Armada de México, refuerzan el deseo y la necesidad irrestricta
de continuar incesantemente con las acciones emprendidas e contra de los grupos
delincuenciales.
NO HAY PUEBLOS "FANTASMAS" EN SINALOA
 Redacción En Sinaloa no hay "pueblos fantasmas" ya que existe población en los cinco mil 576 comunidades establecidas, y el "éxodo natural" de personas a otros sitios corresponde a quienes buscan mejorar sus condiciones de trabajo y estudio, aseguró el Gobernador Mario López Valdez. Puntualizó que en la entidad no hay un solo pueblo abandonado por sus habitantes y tampoco ninguna comunidad donde el gobierno no llegue y establezca sus condiciones. “Esto significa que los poblados no han sido abandonados al cien por ciento; hay familias que emigran por amenazas, otras emigran como en mi caso a la zona urbana a buscar oportunidades, como mucha gente se va a las ciudades para que sus hijos tengan otras opciones de estudio, pero de eso a que estén comunidades solas, no hay ninguna”, aseguró durante la instalación de la primera piedra del Instituto Chapultepec High School. En un comunicado recibido en esta redacción, se informó que el Ejecutivo estatal realizará un recorrido el lunes por comunidades recientemente afectadas por el éxodo El Potrero de los Fierro, Choix; Surutato, Badiraguato; y La Noria, en Mazatlán; para dialogar con sus residentes. En su visita López Valdez se hará acompañar de mandos militares. Agregó que si existiera algún pueblo que sienta la amenaza de la delincuencia, sus habitantes sólo deben avisar a las autoridades para la atención de su problemática en particular. En el evento asistió también el presidente del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape, el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Sinaloa, órgano que se encargará de la información georeferenciada del estado. |
VIVOS LES CORTARON LA CABEZA A LOS 18 DECAPITADOS EN JALISCO
Vivos les cortaron la cabeza, a los 18 individuos localizados descuartizados la mañana del pasado miércoles, dentro de dos vehículos encontrados en una brecha, a un costado del motel Eddy´s, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Lo anterior fue dado a conocer por personal del Servicio Médico Forense que se encargó de la práctica de las autopsias a los restos de los hombres, asentando en los partes de cadáveres que las causas de sus decesos fue, en su mayoría, hemorragia masiva por decapitación, así como decapitación por agente cortante. Con lo anterior las autoridades confirman que los 18 individuos fueron privados de la existencia con crueldad, ya que les cortaron la cabeza vivos. Cabe señalar que hasta anoche al momento de cerrar la presente información habían sido identificados legalmente nueve de los cadáveres, de los que de momento no se aportaron sus nombres ni domicilios, pero se sabe que la mayoría son de la zona ribereña de Chapala, como son las localidades de Tizapán, Jocotepec, Ajiji, San Juan Cosalá e Ixtlahuacán de los Membrillos, entre otros poblados. Cabe señalar que el miércoles poco antes de las ocho de la mañana se reportó el hallazgo de dos vehículos con varias cabezas humanas, así como bolsas negras con extremidades, tales como piernas, manos y troncos. Se supo que en el lugar ya referido se localizaron a pocos metros uno de otro un vehículo Ford Ecosport color rojo, placas JDA-3325 y una camioneta Toyota Sienna color gris, placas JFT-1347, ambos con reporte de robo, y en los que se encontraron los restos humanos. En el Ford Ecosport se hallaron siete cabezas, así como cuerpos decapitados, extremidades inferiores y un brazo. En el Toyota Sienna se localizaron 11 cabezas, varios cuerpos decapitados, tórax, abdomen y pelvis, además de extremidades inferiores y superiores. |
AGREDEN A DIRECTOR DE MARQUESINA POLÍTICA EN HERMOSILLO
Felipe Larios
Hermosillo.- El periodista Gerardo Ponce de León,
fue agredido esta mañana en su oficina por desconocidos que lo golpearon con un
tubo en la cara.
De acuerdo al reporte, el hecho ocurrió a las
08:00 horas de esta mañana, cuando desconocidos llegaron hasta las oficinas del
periodista, ubicadas sobre el bulevard Solidaridad, en la zona poniente de la
capital.
Los primeros informes precisan que a esa hora,
Ponce de León fue interceptado en su oficina por dos sujetos quienes tocaron a
la puerta para pedirle agua.
En esos momentos, los presuntos sicarios
irrumpieron en el lugar, iniciando la golpiza, usando para tal efecto, un tubo y
sus propios puños.
Ponce de León fue conducido en una ambulancia de
la Cruz Roja, hasta el hospital privado Cima de esta capital, donde se encuentra
en la sala de urgencias.
La salud del periodista ha sido reportada como
estable, pero los médicos han intervenido para suturarle la herida que los
atacantes le provocaron en su rostro.
Los agresores sustrajeron de la oficina del
periodista su radio teléfono Nextel.
El pasado 16 de diciembre, Gerardo Ponce de León,
denunció que debido a sus escritos, estaba siendo presionado por autoridades del
ayuntamiento de Hermosillo, encabezadas por el alcalde, Javier Gándara
Magaña.
En esa ocasión, el director del portal Marquesina
Política dijo a Milenio que como un acto de represión al ejercicio de la
libertad de expresión, el alcalde había interpuesto una denuncia ante una
autoridad federal en su contra.
Periodista con veinte años de trayectoria, es
autor de la columna Marquesina Política que firma bajo el seudónimo de Dr.
Shivago.
En ese espacio se han hecho críticas al alcalde
Javier Gándara, de la cual expone con regular frecuencia crónicas de presuntos
actos de corrupción y tráfico de influencias.
En esa fecha, Ponce de León acudió ante el agente
del Ministerio Público de la Federación para responder a denuncia en su contra
interpuesta por el alcalde quien alega daños al honor.
"Si bien no tengo pruebas de que el señor
Gándara Magaña pudiera pensar hacerme daño en lo físico, no está demás
manifestarlo para que quede asentado", puntualizó en esa ocasión a
Milenio.
|
AGREDEN A PERIODISTA EN SU OFICINA EN HERMOSILLO
Un grupo de individuos irrumpió esta mañana en las
instalaciones del portal electrónico de información denominado "Marquesina
Política" y agredió a golpes a un periodista. Foto: Gerardo López.
HERMOSILLO,
Sonora(PH).-Con diversas lesiones resultó ayer el periodista Gerardo Ponce
de León Moreno al ser agredido por dos sujetos que irrumpieron en su oficina y
tras golpearlo lo despojaron de sus pertenencias.
“Es muy reprobable que
sucedan estos hechos en contra de cualquier ciudadano y si descubro, si
descubrimos que fue individualizado por su carácter en calidad de periodista
habrá consecuencias en lo sucesivo”, sentenció el procurador.
El hecho se
registró a las 8:50 horas en las instalaciones del portal “Marquesina Política”,
ubicado en bulevar Solidaridad en la colonia Paseo del Sol.
Al lugar
llegaron dos sujetos de entre 45 y 47 años, quienes llevaban una navaja y una
varilla, y según el afectado, dijeron que iban de parte de una persona y
solicitaron un vaso de agua.
Posteriormente, los visitantes golpearon con
la varilla en diferentes partes del cuerpo al comunicador, lo despojaron de dos
teléfonos y su cartera y se dieron a la fuga.
Ponce de León fue internado
en el Hospital CIMA, donde fue diagnosticado con una herida de tres centímetros
en pómulo izquierdo, contusión en muñeca y parrilla costal izquierda con
probable fractura.
Gerardo Ponce de León Moreno es un periodista que ha
estado en diferentes medios de comunicación, colaborador editorial en radio y
actual director del portal de noticias Marquesina Política.
RESURGE VIOLENCIA EN OBREGÓN: 2 MUERTOS
Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados al interior de un automóvil sedán de color gris de la marca Dodge Neon con placas Oonapafa, que estaba abandonado en el bordo del dren, junto a la colonia Villa Bonita de Ciudad Obregón.
CIUDAD OBREGÓN, Sonora(PH).- Dos personas del sexo masculino fueron encontradas estranguladas la mañana de ayer en el cruce del dren Esperancita y el callejón Las Toronjas, en la periferia de Cócorit, informó Carlos Navarro Sugich.
Las víctimas fueron identificadas como Gerardo y Jesús Eduardo, de apellidos García Sánchez, de 29 y 23 años, reveló el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Los cuerpos fueron encontrados a las 8:40 horas y simple vista presentaban signos de estrangulamiento y golpes en diferentes partes.
Los cadáveres, prosiguió, se encontraban adentro de un vehículo tipo sedán de la marca Dodge, línea Neón, fondeado color gris, con placas sobrepuestas de afiliación a una organización.
Al lugar de los hechos acudió personal de Servicios Periciales y el médico legista de la PGJE, quien estableció que los cuerpos tenían entre 15 y 18 horas de haber fallecido.
Un agente del Ministerio Público del Fuero Común acudió al lugar del hallazgo, dio fe de los decesos y ordenó el levantamiento para la realización de las necropsias de ley.
Tras el registro de cinco muertes violentas en Sonora el pasado miércoles, tres en Nogales y dos en Navojoa, se llevó a cabo una reunión de los tres niveles de Gobierno, reveló Navarro Sugich.
“Tuvimos esa reunión con los diferentes órdenes de Gobierno, eso quiere decir que vamos a especializar y reforzar la seguridad en algunas partes del Estado”, puntualizó.
ADOLESCENTE IDENTIFICA A POLICÍAS DE TLALNEPANTLA QUE LA VIOLARON
El Universal
Ciudad de México.-
Tres policías municipales de Tlalnepantla, fueron capturados por elementos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por su presunta
responsabilidad en la violación de una menor de edad.
Los detenidos
fueron identificados como Ismael "N" "N", Mario Enrique "N" "N" y Maulen Albet
"N" "N"; por lo que El Universal Edomex da a conocer los instantes más
relevantes de su detención, así como la forma de actuar de estos presuntos
violadores.
1.- La víctima dio a conocer que el pasado 7 de mayo, asistió
a una fiesta en la colonia Ex Hacienda de Santa Mónica, en dicho
municipio.
2.- Al momento de salir de la celebración e ir rumbo a su
domicilio, el cual se ubicaba a unas cuadras de la reunión, la menor fue
interceptada por los tres policías de la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito municipal, quienes estaban a bordo de una patrulla.
3.- Los
elementos de seguridad preguntaron a la menor a dónde se dirigía y la subieron a
la patrulla en la que viajaban; la trasladaron hasta una calle poco transitada y
oscura, donde Ismael "N" "N" abusó sexualmente de ella.
4.-
Posteriormente los elementos municipales abandonaron a la adolescente en la
colonia Valle Santa Mónica, por lo que tuvo que caminar hasta su
hogar.
5.- Al llegar a su domicilio, la menor contó lo ocurrido a su
madres y ambas acudieron al Centro de Justicia de Tlalnepantla a denunciar el
ilícito, donde se inició la carpeta de investigación 483310970766712.
6.-
Tras denunciar los hechos, el personal de la institución implementó un operativo
en las inmediaciones del lugar donde se cometió el abuso; los agentes
ministeriales pudieron ubicar a los hoy indiciados.
7.- Los tres
detenidos fueron plenamente identificados por la adolescente como las personas
que horas antes la subieron a una patrulla municipal donde fue
violada.
Los presuntos culpables fueron ingresados al Centro Preventivo
de Readaptación Social de Tlalnepantla y se espera que el Juez de Control y
Juicios Orales determine su situación legal.
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