
A tres años de su
inauguración, la Plaza Bicentenario ubicada en la colonia Centenario de esta
Capital, erigida para conmemorar los 200 años de la Independencia de México y
el centenario de la Revolución Mexicana, se ha convertido en un bien público,
que ha tenido éxito e impactado positivamente en el gusto de los
hermosillenses, para goce y beneficio de unos cuantos empresarios locales.
A poco más de 36
meses de inaugurarse dicho inmueble, mismo que fue constituido para promover el
arte, las tradiciones indígenas y las habilidades artesanales de la región por
parte del gobernador Guillermo Padres, como parte de un programa para rescatar
el Centro Histórico de Hermosillo, es hora de que aún no recupera un solo
centavo que amortice la cuantiosa obra que fue pagada con recursos de los
sonorenses.
Tan es así, que el
ostentoso y oneroso edificio construido en una superficie de 2 mil 500 metros
cuadrados, una cuarta parte de una hectárea, al que se le inyectó una inversión
inicial de 35 millones de pesos pero que
según fuentes extraoficiales terminó
costando casi el doble ante la premura por inaugurarlo en noviembre de 2010,
feche en que se celebraron los 100 años de la revolución mexicana y 200 de la independencia de México, no ha
percibido ingresos económicos por concepto de renta de sus cuatro locales comerciales
ubicados en la planta baja del inmueble desde la fecha citada.
A la fecha, sin duda
alguna, el manejo de la operación de este complejo inmobiliario por parte de de
la Comisión de Bienes y Concesiones, y a través de la Operadora de Proyectos
Estratégicos (Impulsor) ha sido muy oscuro y cero transparentado.
De acuerdo a un
oficio enviado por Iliana Andrea Aguirre Ramos, operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor) al sub director jurídico de ese
mismo organismo, Osvaldo Leyva Williams, el pasado 9 de julio de este año, como
parte de una respuesta a una Solicitud de Acceso a la Información Pública con
acuse de recibo No. 00359313, la Plaza Bicentenario no ha cobrado renta a sus
únicos cuatro inquilinos por un monto de 2 millones 500 mil pesos, cantidad que
se suma a los casi 70 millones que en total se destinaron para ese concepto por
parte del gobierno estatal.
A pesar de que dos
de los giros comerciales establecidos en esa Plaza Bicentenario ya cumplieron
los tres años que estipula el contrato de arrendamiento respectivo, estos
siguen operando. Uno más se vencerá en febrero de 2014 y del cuarto restante,
que se ubica en el local B con denominación comercial “dogos” se desconoce su
status.
Estos cuatro
negocios, (tres restaurantes y un café) iniciaron operaciones a finales de 2010
y principios de 2011, y sus representantes legales celebraron contratos de
arrendamiento por tres años con el entonces director general de Impusor, Mario
César Cuen Aranda, hoy Tesorero General del Estado. Se trata de los empresarios
y/o representantes de los citados giros comerciales, Lina Valdez Robles, Pok
León Macias, Claudia Yocoxochitl Saracco Morales, al parecer prestanombres de
Aldo Saracco, secretario ejecutivo de la CEDH y Luz Mercedes Corral Aguirre,
hermana del director general de Bebidas Alcohólicas, Ramón Corral Aguirre. Luz
Mercedes y Ramón son hijos del ex titular de Conapesca y ex candidato a
gobernador del estado, Ramón Corral Ávila.
De acuerdo a la
solicitud de Acceso a la Información Pública en mención, los locales A, B, C y
D ubicados en la planta baja del citado inmueble, con un área de 55 metros
cuadrados, no pagan renta, ya que el acto jurídico celebrado para su ocupación
fue a través de un “Contrato de Colaboración en la Operación de un Bien
Inmueble”.
Sin embargo, en otro
apartado de la misma carta enviada por Aguirre Ramos a Leyva Williams, se
establece que se fijó una cantidad de 15 mil 650 pesos más IVA a cada
arrendatario durante cada mes como contraprestación, pero no como renta, sino
bajo la figura mencionada en el párrafo anterior. Además de una cantidad similar como depósito.
Aunque la operadora
de Impulsor, se ampara en la figura jurídica anterior para justificar la
operación de sus inquilinos, y niega que existan adeudos como tales por
concepto de renta, reconoce que sí existe un atraso en la recaudación de la
misma, en un oscuro juego de palabras.
Y de igual manera, en la misma misiva, vuelve a
caer en contradicciones al establecer que no existen recibos de renta de los
citados locales, al repetir que el acto jurídico que se celebró con cada uno de
los ocupantes es a través de un “Contrato de Colaboración en la Operación de un
Bien Inmueble”, sin que se aclare a cabalidad a qué se refiere con esa
sentencia.
Mañana…
Seguimiento y reacciones…
(DOSSIER
POLITICO/ Claudio Tiznado / 2013-12-08)