sábado, 8 de julio de 2017
HISTORIA DE LA IGLESIA (CATÓLICA) EN (CASI) 10 MINUTOS
(CARKI PRODUCTIONS/ YOUTUBE/ 04 DE FEBRERO 2017)
GOBERNANTES MEXICANOS CORRUPTOS Y BLINDADOS
Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com
Por espiar con mismo sistema Pegasus, el
ex presidente panameño Ricardo Martinelli es requerido por autoridades de su
país. Al menos 16 ex mandatarios latinoamericanos han sido llamados a cuentas,
algunos encarcelados y 10 de ellos han sido condenados. En México será difícil
que se presente ese panorama gracias a una “mala salud de hierro”, considera el
investigador Jesús Pérez Caballero, doctorado en Seguridad Internacional
Desde el malogrado intento de
juicio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres derivadas del
movimiento estudiantil de 1968 y la represión registrada el 10 de junio de
1971, ni antes, ni después ha habido algún empeño por llevar ante la justicia
mexicana o internacional a algún mandatario o ex mandatario federal por casos
rampantes de corrupción, genocidio u otras conductas criminales.
Luego trascendió el escándalo
por el presunto espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos
humanos, del que dio cuenta el diario estadounidense The New York Times (NYT),
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los homicidios masivos del
sexenio anterior y otra serie de sucesos nefastos posiblemente ordenados desde
las altas esferas del poder; resulta inevitable echar un vistazo y comparar
cómo en muchos países de América Latina nos llevan muchos años de ventaja en la
democratización de la justicia, que debe incluir a los gobernantes y quienes
concluyeron su mandato con actos cuestionables.
La visita de la periodista y
abogada Rita Vásquez, subdirectora del diario La Prensa de Panamá a México, fue
recibida con la noticia del NYT. Ella llegó a nuestro país para promover el
libro que escribió en coautoría con J. Scott Bronstein, Sociedades Peligrosas,
la historia detrás de los Panamá Papers, publicado por editorial Debate. La
comunicadora se sintió “como en casa”.
“Esto del espionaje realmente
es algo por lo que ya pasamos los panameños”, dijo quien fuera parte del equipo
de investigación, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017 por el caso de los
Panamá Papers. Solo que en el caso de su país, al ex jefe de Estado, al que se
acusó de auspiciar esta práctica, sí se le ha exigido cuentas con la justicia,
aun encontrándose en el extranjero.
“El tema de Pegasus en Panamá
es una historia conocida. El ex
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, compró el software y el equipo para
software justamente el mismo año que en México. Entre 2010 y 2011. Y también se
dedicó a espiar a todos sus enemigos, por así decirlo sus adversarios
políticos: periodistas, relacionistas públicos, personas defensoras de derechos
humanos, sindicalistas, e inclusive se dice que hasta a su propia amante”,
relató a ZETA Rita Vásquez.
Recién desempacada de una
nación donde más de un ex mandatario ha sido encausado penalmente, la autora se
mostró orgullosa del grado de madurez alcanzado por el sistema judicial de su
patria. “Al (ex) presidente Martinelli se le abrió proceso, una vez dejado el
poder (a finales de 2014), en 2015, en la Corte Suprema. Sale de Panamá a
finales de enero de 2015 y no ha regresado desde entonces. Vive en Miami y el
proceso ha avanzado hasta que se emite una alerta roja en Interpol y
paralelamente el gobierno panameño solicita al (ex) presidente en extradición a
los Estados Unidos. Curiosamente, mientras se da a conocer la noticia del NYT,
a Martinelli se le inició su proceso de extradición a través de una audiencia”.
IMPUNIDAD A LA MEXICANA
Ricardo Martinelli es uno de
los varios ex jerarcas latinoamericanos que son investigados por actos de
corrupción en el continente. Además del espionaje con el equipo Pegasus,
similar al adquirido y empleado por México en el supuesto combate al crimen organizado.
A Martinelli se le procesa por pagos excesivos de 45 millones de dólares con
cargo al erario panameño durante su gestión.
Pero más allá de este caso
reciente, ya son por lo menos 16 los presidentes, primeros ministros y jefes de
Estado latinoamericanos que en diferentes países son enjuiciados por conductas
de tipo criminal. Si bien, solo en diez casos documentados ha habido sentencias
condenatorias, no todas han sido con los ex funcionarios dentro de las
cárceles, en estos sistemas se ha intentado la búsqueda de la verdad.
Consultado sobre el tema,
Jesús Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional por el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) e investigador
independiente radicado en México, admite que juzgar a un presidente siempre
tiene sus complicaciones, aunque en América existen algunos casos de máximos
mandatarios procesados. Surge entonces
la pregunta: ¿Por qué se ha dado ese paso en países a los que miramos por
debajo del hombro y no en México?
“Por un lado, hay ejemplos de
una, por así llamarla, vía suramericana. Según ésta, el máximo mandatario de un
país (digamos, un Augusto Pinochet) es procesado por la promoción de crímenes
internacionales, específicamente crímenes contra la humanidad. Son contextos de
dictaduras, en las que se crean políticas claras de represión desde los órganos
que rigen el país. El Chile o la Argentina de finales del siglo pasado son los
casos más típicos”, detalla el académico.
Fotos: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com.-
Ricardo Anaya.
Por otro lado, pone en
relieve el procesamiento del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que
“muestra otra vía para la fiscalización penal de los presidentes. Esa vía
guatemalteca consistiría en investigar, entre otros delitos, casos generalizados
de corrupción, en el que redes criminales han puesto a su servicio las
instituciones del Estado para su enriquecimiento. Así se ha encauzado al
presidente de ese país y a su vicepresidenta”.
El investigador detalla que
esos dos caminos tienen un punto en común: la ayuda internacional. “En el caso
de las dictaduras latinoamericanas, sectores de las instituciones de ese lugar
y la propia población, aprovecharon el Derecho Penal Internacional (DPI) para
pensar de manera distinta las situaciones de violencia y adaptar el
ordenamiento jurídico a estándares internacionales que ayudasen a procesar esos
crímenes masivos del pasado. Colombia está ahora haciendo lo mismo, asistida en
algunas políticas por la Corte Penal Internacional. En la vía guatemalteca, la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lleva años
trabajando con las instituciones para depurar al propio Estado centroamericano
de grupos criminales que lo han cooptado”.
En el caso mexicano, donde
hay asuntos similares a los que en otras naciones ha ameritado la persecución,
captura y enjuiciamiento de sus “dignatarios”, la situación no será sencilla al
menos en el corto plazo, advierte el entrevistado. “Ni el gobierno del PRI del
siglo pasado, ni los diferentes ejecutivos federales desde 2000, pueden
considerarse unas dictaduras de la misma manera que lo era, por ejemplo, el
Chile de Pinochet. Las políticas represivas o contrainsurgentes han sido mucho
más ambiguas, promovidas por un Estado formalmente democrático y donde la descentralización
política permite al ejecutivo federal poner orden entre otras instituciones,
pero manteniendo un núcleo duro institucional, civil y militar intocable. Si a
eso se añade el rol de las organizaciones de narcotraficantes, el panorama es
todavía borroso”.
“Pero además, México cuenta
con una fortaleza institucional suficiente como para negarse a que opere un
organismo similar a la CICIG. En este caso, el tamaño de México como país, sí
importa. México no es Guatemala y cuando, sorprendido por las movilizaciones y
la presión tras el caso Ayotzinapa, el ejecutivo aceptó que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fiscalizase ese proceso
penal, posteriormente desactivó cualquier posibilidad de continuidad en su
mandato o de réplica para otros eventos. Todas las instituciones trabajaron
conjuntamente para finalizar cuanto antes esa ayuda internacional”.
En resumen, Jesús Pérez
Caballero asegura que “México tiene una mala salud de hierro. Las víctimas
están fragmentadas, se desconoce la magnitud de las violaciones de derechos
humanos y no hay una apuesta institucional por los instrumentos legales y
conceptuales del DPI, como se vio tras fracasar el intento de procesar al ex
presidente Luis Echeverría. Así se cierra la vía suramericana. Y si las
instituciones, que en ocasiones están enfrentadas, se unen para impedir medidas
de fiscalización, como la CICIG o el GIEI, se cierra también la vía
guatemalteca. Todo ello obliga a soluciones originales, y a crear una vía
mexicana propia, pero teniendo en cuenta los ejemplos internacionales, para que
los posibles acusados no se blinden o se juzguen a sí mismos”.
Aunque en su momento, ex
presidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari estuvieron en el “ojo del
huracán”, con un hermano preso, acusado de un magnicidio, el tiempo se encargó
de disminuir la furia social que sólo derramó tinta en pliegos de papel para la
opinión pública. Curiosamente varios jefes de Estado contemporáneos a Salinas,
fueron procesados por hechos delictuosos: Carlos Saúl Menem, Carlos Andrés
Pérez, Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori.
ESPIONAJE EN TIEMPOS DE ARELY GÓMEZ
El software malicioso NSO
Pegasus, utilizado por el Gobierno Federal para espiar a periodistas,
defensores de derechos humanos y activistas, como evidenció una investigación
de la Red de Defensa e Medios Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, y el
CitizenLab de Canadá, y publicada en un
reportaje del diario The New York Times el 19 de junio, fue adquirido por la
Procuraduría General de la República, cuando su titular era Jesús Murillo Karam
y se terminó de instalar en marzo de 2015, cuando la procuradora era Arely
Gómez González.
Así se desprende de una
investigación del diario Milenio, que establece que el equipo y su manejo fue
entregado al entonces jefe de la oficina de la procuradora, Christian Noé
Ramírez Gutiérrez, según un acta administrativa firmada por la propia Arely
Gómez. Los intentos de espionaje denunciados por periodistas, activistas y
defensores de derechos humanos iniciaron a partir del 10 de noviembre de 2015.
El acta deja en claro que el
director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(Cenapi), Rafael Avilez Avilez (administrador del contrato), entregó el malware
a Noé Ramírez, después de tuvo a su disposición el equipo desde marzo hasta
noviembre de 2015.
De acuerdo con el contrato
del aparato tecnológico fabricado por la empresa israelí NSO Group, y vendido a
través de la intermediaria compañía mexicana Grupo Tech Bull, el sistema
Pegasus se empleaba “para la realización de actividades sustantivas,
consistente en la intervención de dispositivos electrónicos de comunicación.
Tiene capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo y 25 servidores
públicos fueron capacitados para su operación”.
Foto: María Jasso/Cuartoscuro.com.- Arely
Góméz González.
Según el acta en poder de
Milenio, la oficina de la procuradora recibió el “hardware, software y
documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y
papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso
del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”.
Un informe de CitizenLab de
la Universidad de Toronto refiere que la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
eran las dependencias del Gobierno mexicano que operaban el sistema de
espionaje, adquirido presuntamente como herramienta para combatir el crimen
organizado.
El contrato de la
adquisición, que por su parte dio a conocer Televisa, establece que fue el
entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la
Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, quien firmó el 29
de octubre de 2014 la compra con Grupo Tech Bull por 32 millones 16 mil
dólares. El funcionario actualmente se desempeña como secretario técnico del
Consejo de Seguridad Nacional.
La ex procuradora Arely Gómez
González ahora es titular de la Secretaría de la Función Pública, y sería la
encargada de investigar lo que implica el absurdo de que le corresponde auto
investigarse, por el mal manejo del equipo para espiar a periodistas y
activistas de derechos humanos, junto con la PGR. Y Christian Noé Ramírez
Gutiérrez, quien fue responsable de su operación, es ahora el coordinador
general de Órganos de Vigilancia y Control, en la misma Secretaría de la
Función Pública.
Aunque el asunto se hizo
público desde el 19 de junio, fue hasta diez días después, el miércoles 29, que
tras la investigación y entrevista expresa de Milenio, Arely Gómez admitió que participó en la adquisición del malware y
en el espionaje.
“Les comento que la
Procuraduría General de la República y cualquier procuraduría, ya sea del
Estado mexicano o cualquier parte del mundo, tienen para poder cumplir con su
mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar
siempre en el marco jurídico. Eso nos los mandata la Ley y la Constitución.
Durante mi mandato siempre fueron apegados dentro del marco jurídico, lo que la
Ley nos da poder para combatir a la delincuencia organizada y al crimen”.
Con esa respuesta y su cargo,
resulta evidente que la investigación que Gómez pudiera orquestar desde la
Secretaria de la Función Pública estará viciada de origen. Redacción ZETA
NO SOLO ACTIVISTAS Y PERIODISTAS, EPN TAMBIÉN ESPIÓ A
POLÍTICOS
El actual presidente del Senado, el panista
Ricardo Gil Zuarth; el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
Ricardo Anaya y su secretario de Comunicación en el partido, Fernando Doval,
son los nuevos blancos confirmados de los intentos de espionaje del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
CitizenLab, organización
canadiense dedicada al monitoreo de internet y nuevas tecnologías con un
enfoque de derechos humanos, revisó los teléfonos de los panistas y encontró
pruebas de que fueron atacados con el spyware Pegasus de la empresa NSO Group.
El 29 de octubre de 2014, la
Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el programa por medio de
Grupo Tech Bull, empresa que sirvió de intermediaria para la compra con un
valor de 32 millones 16 mil dólares, que servirían para vigilar a 500
objetivos.
Pegasus, como lo dio a
conocer el informe #GobiernoEspía, es un programa de uso exclusivo para
gobiernos en casos de terrorismo o cuestiones de seguridad nacional.
Tras la publicación del
informe, la semana pasada, que detallaba el modus operandi del malware, Ricardo
Anaya ofreció una conferencia de prensa para informar que había recibido
mensajes de texto casi idénticos a los que recibieron otros blancos como Carmen
Aristegui, Carlos Loret de Mola, así como Mario Patrón y Juan Pardinas,
directores del Centro “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Instituto Mexicano para
la Competitividad, respectivamente.
Los teléfonos de Anaya, Doval
y Gil Zuarth fueron enviados a los laboratorios de CitizenLab en Canadá para su
inspección y, tras los exámenes pertinentes, la organización confirmó que se
trataba de los mismos intentos de infección.
Roberto Gil Zuarth.
En los tres casos, entre
junio y julio de 2016, los panistas recibieron mensajes de texto a sus
teléfonos. Uno de estos textos era idéntico y refería que los políticos
aparecían en un reportaje de la revista Proceso, seguido de un enlace. Este
hipervínculo tenía como destino una página de internet donde automáticamente se
descarga el malware.
Pegasus permite el acceso a
las fotografías, mensajes, correos, contactos, aplicaciones y documentos del
teléfono, así como a la cámara y micrófono, además de ser indetectable sin
tecnología especializada.
El 28 de junio, las
organizaciones que realizaron el informe, Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, se presentaron ante el Senado para
exigir que la denuncia que los afectados presentaron ante la PGR derive en una
“investigación imparcial, autónoma y exhaustiva”.
“Dado que es la misma PGR la
que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más
relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para
asegurar garantías de independencia en la investigación”, indicaron las
organizaciones un día después de la reunión.
Por ello, exigieron la
intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la
participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Reiteraron que
los nuevos casos confirmados de intentos de infección, confirman el uso
extensivo y sistemático del spyware, pese a que el gobierno de Enrique Peña
Nieto niegue su utilización.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Luis Carlos Sáinz Lunes, 3 Julio, 2017 12:00
PM)
INFORME INTERNO DE FISCALÍA REVELA 34 MUERTOS Y 32 HERIDOS EN PENAL DE ACAPULCO
CHILPANCINGO. Gro.
(proceso.com.mx).- Un informe interno de la Fiscalía General del estado (FGE)
revela que la masacre registrada hace dos días en el penal de Acapulco, dejó un
saldo de 34 muertos, seis de ellos decapitados y 32 heridos.
Incluso, no sólo se utilizó
un arma .38 súper, sino también fusiles AR-15 y AK-47 porque en la escena del
crimen masivo se embalaron casquillos calibre .223 y 7.62, indica el reporte
consultado por Proceso.
El informe de la FGE
contradice la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien
públicamente informó que la cifra
oficial de la matanza fue de 28 muertos y tres heridos, así como el uso de un
arma calibre .38 súper.
(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 8
JULIO, 2017)
SUPUESTO LADRÓN MUERE LINCHADO EN NICOLÁS BRAVO, PUEBLA
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Habitantes del
municipio Nicolás Bravo lincharon la tarde del viernes a un supuesto ladrón, a
quien además remataron con arma de fuego.
De acuerdo a los testimonios,
los hechos se registraron luego que un grupo de cuatro sujetos asaltaron una
miscelánea de la localidad de Felipe Maderas, junta auxiliar de Nicolás Bravo.
Las víctimas del robo
llamaron al resto de la población para denunciar lo recién ocurrido.
Al reunirse alrededor de 100
lugareños dijeron estar hartos de la inseguridad y de la poca efectividad de
las autoridades para poner un alto a los delincuentes.
Luego de que los comerciantes
recién asaltados aseguraron haber visto a los ladrones rumbo a un cerro, los vecinos se organizaron para ir tras
ellos.
De acuerdo a la información,
un grupo de pobladores regresó alrededor de las seis de la tarde con un sujeto
que aseguraron era uno de los asaltantes.
La turba empezó a golpear al
supuesto ladrón hasta que quedó inconsciente, luego de lo cual uno de los
lugareños sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones para
rematarlo.
El cuerpo sin vida quedó en
medio de la explanada de la Presidencia Municipal y horas después llegaron
elementos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el levantamiento
del cadáver.
(PROCESO/ GABRIELA HERNÁNDEZ /8 JULIO,
2017)
MICHOACÁN: CAE POLICÍA QUE SACÓ A UNA MENOR DE LOS SEPAROS, ABUSÓ DE ELLA Y LA REGRESÓ AL DÍA SIGUIENTE
ZAMORA, Mich.
(proceso.com.mx).- Las autoridades judiciales cumplimentaron una orden de
aprehensión contra un policía ministerial, quien al encontrarse de guardia sacó
de los separos a una menor, la llevó a su casa, abusó sexualmente de ella, y
luego la regresó.
El agente fue acusado del
delito de violación, perpetrado el pasado 2 de julio en esta ciudad michoacana.
De acuerdo con reportes, la
agraviada ingresó al área de separos de la Fiscalía Regional derivado de su
relación con hechos delictuosos, donde el imputado se encontraba laborando.
Ahí, el elemento policial
sacó del área de seguridad a la afectada y la trasladó a su domicilio
particular, donde presuntamente la atacó de manera sexual; al día siguiente, la
regresó a los separos.
Los hechos fueron denunciados
ante el agente del Ministerio Público, por lo que se iniciaron las
investigaciones correspondientes.
El imputado fue puesto a
disposición del juez de control a afecto de que sea resuelta su situación
jurídica por su relación en el delito de violación.
(PROCESO /LA REDACCIÓN/8 JULIO, 2017)
TRAS MASACRE EN PENAL DE ACAPULCO, HALLAN NARCOMANTA CERCA DEL OPERATIVO DE LA CONAGO
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- Esta tarde fue colocada una narcomanta en el puerto de
Acapulco, Guerrero, en la que se hace referencia al motín que ayer dejó 28
muertos y tres heridos en el penal de Las Cruces, ubicado en la zona conurbada
del principal destino turístico de la entidad.
Reportes
oficiales indican que esta tarde fue localizada la manta sobre el puente
Bicentenario de la calle Cuauhtémoc, a una cuadra de la avenida Costera Miguel
Alemán, donde se encuentra el operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) que incluye la participación de agentes de la Ciudad de México.
Los
informes refieren que el mensaje de la narcomanta fue dirigido al gobierno
federal. A la letra dice:
“Juan
Linares puto, que no se les olvide el motín pasado que hiciste cuando estabas
preso. Gobierno federal acuérdense de este lacroso cobra cuota, secuestrador
que se apoyó de la gente de Los Granados”.
Los
reportes indican que Juan Linares es identificado como El Juanito, miembro del
Cártel Independiente de Acapulco (Cida), así como lugarteniente de Fredy Del
Valle Berdel El Burro, detenido en abril de 2016 en Los Cabos, Baja California.
Ambos son señalados como responsables de la ola de violencia en la zona
conurbada del puerto de Acapulco.
(PROCESO/
LA REDACCIÓN/7 JULIO, 2017)
EN POCO TIEMPO APATZINGÁN SERÁ LIBERADO: REZA NARCOMANTA DEL CJNG HALLADA EN ESE MUNICIPIO
APATZINGÁN, Mich.
(proceso,.com.mx).- “Se le comunica a toda la ciudad en general que en muy poco
tiempo Apatzingán será liberado”, se lee en la narcomanta firmada por el Cártel
de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue hallada este sábado en un puente
peatonal de este municipio.
En redes sociales se dio
cuenta del hallazgo, el cual ocurrió en el puente peatonal de la avenida
Francisco I. Madero, a la altura de la primaria Amalia Solórzano.
(PROCESO / LA REDACCIÓN/ 8 JULIO, 2017)
HOMBRE ENTRA EN OFICINA Y MATA A MANDO DE SEGURIDAD EN ENSENADA
El ayuntamiento de Ensenada informó que,
además un oficial resultó gravemente herido por este hecho de violencia
ocurrido en la delegación de Camalú
Foto:
Pixabay.
ENSENADA, Baja California.- El
ayuntamiento local reportó la muerte del comandante de la delegación de Camalú
y como herido a un oficial, luego de que un grupo armado irrumpió en las
oficinas de la Dirección de Seguridad Pública en dicho poblado.
El alcalde Marco Antonio
Novelo Osuna aseguró que este acto atenta contra la tranquilidad de quienes
residen en el territorio ensenadense y contra las instituciones que integran el
gobierno municipal.
Detalló que, aproximadamente
a las 19:45 horas del viernes, un individuo descendió de un vehículo color
obscuro, ingresó a las oficinas de la Delegación Camalú y disparó a los
policías municipales que en ese momento se encontraban en dichas instalaciones.
Precisó que, en el lugar
perdió la vida el comandante adscrito a dicha demarcación, Antonio García
García, y quedó gravemente herido un oficial, quien fue trasladado y es
atendido en un nosocomio del Valle de San Quintín.
Novelo Osuna destacó que se
mantendrán las acciones en contra de quienes realizan actos al margen de la
ley, por lo que, mantendrán el trabajo en conjunto con el estado y federación
para garantizar un entorno seguro a las familias ensenadenses.
Expresó sus condolencias a la
familia del comandante Antonio García García, a quienes aseguró se les brindará
el apoyo necesario para sobrellevar esta lamentable pérdida, así como su
respaldo a la familia del oficial herido.
(EXCELSIOR/ NOTIMEX/ 08/07/2017 19:25)
HALLAN AGUJERO NEGRO QUE EXPULSA PARTÍCULAS, NO LAS ATRAE...
Investigadores de la Universidad
Complutense de Madrid consiguieron evidencias de lo que se podría llamar un
'agujero blanco', que deja escapar la luz en vez de impedir su salida
Hallan agujero negro que expulsa
partículas, no las atrae...
Una investigación, en la que
ha participado la Universidad Complutense de Madrid, ha conseguido evidencias
de la transformación de un agujero negro en su "inverso temporal", es
decir, en un agujero blanco. Este cuerpo se caracteriza por expulsar las
partículas en lugar de atraerlas, como hace un agujero negro.
El trabajo explica que
existen objetos astrofísicos identificados como agujeros negros que podrían
ser, en realidad, estrellas de gran densidad. Su formación sería el resultado
final de múltiples transformaciones de agujeros negros en su inverso temporal,
que en un corto plazo de tiempo se descoloran y dejan escapar la luz en lugar
de impedir su salida.
La principal conclusión del
trabajo, publicado en 'Classical and Quantum Gravity', es que los agujeros
negros identificados como tales no se comportan de la manera que la relatividad
general explica y, por tanto, serían radicalmente distintos en esencia.
Esto no es una mera
especulación teórica, ya que esta transición estaría acompañada de una
explosión originada por la expulsión del material que formó en su primer lugar
el agujero negro", explica uno de los responsables de este hallazgo, el
investigador de la UCM Luis Garay. "Es probable que este fenómeno pueda
detectarse en futuras observaciones de ondas gravitatorias", ha añadido.
Este estudio tenía como
objetivo entender el efecto de las modificaciones de la relatividad general
sobre los agujeros negros. "Una de las implicaciones de nuestro estudio es
que la luz, y también las recientemente detectadas ondas gravitatorias, podrían
de hecho escapar en determinadas circunstancias y ser detectadas en
observatorios", ha apuntado.
Según indica el científico,
existen muchas maneras en las que un agujero negro puede convertirse
virtualmente en un agujero blanco, y sumando sobre todas estas posibilidades
puede obtenerse una medida del intervalo de tiempo en el que esto ocurrirá.
Esta propuesta, según apunta Garay, permite interrelacionar la teoría cuántica
y la gravitatoria, conectando así la física microscópica del espacio-tiempo con
la experimental.
"Nuestro objetivo
general es desarrollar esta línea de investigación hasta que podamos mejorar el
conocimiento sobre la naturaleza teórica de los agujeros negros y la gravedad
cuántica", concluye Garay.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ EXCÉLSIOR/ 08 /
JULIO / 2017 - 11:26 A.M)
ENVÍAN A PENAL A LÍDER SINDICAL DE SIAMAR EN REYNOSA
Luis Díaz Martínez fue detenido al ser
acusado por el delito de hostigamiento sexual.
REYNOSA.- El líder del
Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMAR), Luis Díaz,
fue detenido este día al existir una orden de comparecencia por el delito de
hostigamiento sexual, la cual fue cumplimentada hoy por agentes de la Policía
Investigadora.
Al término de la audiencia,
al dictarle el juez de la causa prisión preventiva por un año, el dirigente
obrero fue trasladado al penal, donde quedará internado para garantizar su
asistencia a las próximas audiencias que emanen del procedimiento penal.
Las autoridades judiciales
detuvieron al líder sindical cuando salía de su casa, y fue minutos antes de
las 14:00 horas, cuando custodiado por elementos policiales, el acusado ingresó
a la sala de audiencias de Ciudad Judicial, para comparecer ante el juez de
control, en una sesión que por el mismo carácter del delito a tratar no será
pública, ya que solamente asiste personal de la Fiscalía, la parte agraviada y
el acusado y su defensor jurídico.
La parte agraviada no es
miembro del sindicato, sino que es prestadora de servicios a maquiladoras.
Luego de escuchar en la
audiencia oral los cargos presentados en su contra, el líder sindical se acogió
al beneficio de la ampliación a 144 horas del Término Constitucional para que
se determine su situación legal y sea vinculado o no a procedimiento penal.
Con base en los elementos de
cargo aportados por fiscales de la Unidad General de Investigaciones número 2
(UGI-2), el Juez de Control determinó conceder la prisión preventiva
justificada de un año, por lo que al concluir la audiencia privada el acusado
fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) a las 16:45 horas.
Envían a Penal a líder sindical de
SIAMAR en Reynosa
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ STAFF/ 08 / JULIO / 2017 - 06:31 P.M)
EL PASO, UN DOCUMENTAL QUE RETRATA LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y SU EXILIO EN EU
El director Everardo González retoma las
historias de dos periodistas mexicanos que tras ser amenazados por el crimen
organizado deben huir junto con sus familias a EU y buscar allá una manera de
sobrevivi
El Paso, un documental que retrata la
violencia contra periodistas y su exilio en EU Foto: Everardo González
Para seguir con vida, dos
periodistas tuvieron que huir de sus hogares en el norte de México. Su crimen:
hacer su trabajo, una labor incómoda para el narcotráfico.
Las historias de Alejandro
Hernández de Televisa, y Ricardo Chávez de Radio Cañón, son relatadas en el
documental El Paso, de Everardo González, (La canción del pulque y El cielo
abierto).
EL PASO
Una historia sobre las
familias de quienes por un tiempo fueron nuestros testigos, nuestros ojos y
nuestra voz, pero al verse amenazados, tuvieron que abandonar México.
Tras ser amenazados en México
y no contar con las garantías de protección que las autoridades deberían
proporcionarles, ambos deciden huir junto con sus familias a Estados Unidos.
“La falta de voluntades y
apatías por parte de las autoridades, es lo que tiene vulnerables a los
comunicadores”, dice Everardo González sobre la realidad que viven a diario los
reporteros mexicanos, en un país en el que cada 26.7 horas se registra un
ataque contra la prensa.
Alejandro Hernández huyó a EU
luego de ser secuestrado, junto con otros tres reporteros, por integrantes del
Cártel de Sinaloa, tras cubrir una manifestación afuera del Centro de
Reinserción Social (Cereso) número dos de Gómez Palacio, Durango.
Los criminales exigieron a
cambio de su liberación que las empresas donde trabajaban los reporteros
publicaran unos videos contra “Los Zetas” y las autoridades que presuntamente
los protegían. Al siguiente día, los videos fueron transmitidos por
Multimedios, pero ellos no fueron liberados de inmediato sino hasta días
después.
Hernández recibió asilo de
manera oficial de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en El
Paso, Texas.
Al otro protagonista del
documental, Ricardo Chávez Aldana, reportero en Radio Cañón de Ciudad Juárez,
le mataron a dos sobrinos, tras haber denunciado los abusos del narco y de las
autoridades.
Debido a su labor, su familia
fue amenazada de muerte y tuvo que huir a EU, donde recogía platos y se
encargaba de la limpieza de un restaurante para mantener a su familia.
Chávez Aldana ingresó a
Estados Unidos el 9 de diciembre de 2009 y fue hasta este año que el gobierno
estadounidense le otorgó la residencia.
Para Everardo González el
asilo político se ha vuelto un salvavidas para los comunicadores.
“Lo relevante que tiene el
documental es la contribución que tuvo para que se liberara la causa de asilo
político de la familia Chávez, quien hace menos de un mes logró finalmente la
residencia de Estados Unidos. Para mí esa es la satisfacción más grande, el
haber ayudado de alguna manera a que una familia obtuviera el asilo político”,
explica.
Alejandro y Ricardo son parte
de las 14 mil personas que huyeron de México por la violencia en 2014 y
solicitaron asilo en EU, de acuerdo con datos de la Organización de las
Naciones Unidas para Refugiados. La cifra es 39% mayor a la que se tuvo en
2013.
“Es terrible. El Paso es una
película que comencé en 2012, y pues hoy en 2017 se vuelve relevante porque la
coyuntura no ha cambiado en todos estos años; se refleja la voluntad nula para
proteger a los comunicadores por parte de las autoridades”, relata el director.
Artículo 19, organización en
defensa de los derechos de periodistas, documentó que entre el año 2000 y 2017
en Chihuahua se registraron 13 homicidios de periodistas, en Oaxaca, 12; en
Michoacán, 4; en Durango, 3; en Tabasco, 2, y en Baja California, 1.
La impunidad es la otra cara
de las agresiones. Según los datos del Comité para la Protección de periodistas
(CPJ por sus siglas en inglés), cuatro de cada cinco casos de periodistas que
fueron asesinados mientras realizaban alguna cobertura, entre el 2000 y 2017,
prevalecieron impunes.
El Paso se presenta en la Cineteca
Nacional.
(ANIMAL POLITICO/ Montserrat Sánchez/
julio 8 2017 06:00)
ASEGURAN 149 MIL LITROS DE TURBOSINA Y DETIENEN A 9
El hallazgo lo realizó el CISEN en los
municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán.
Ciudad de México.- Autoridades
federales decomisaron 149 mil litros de turbosina y detuvieron a nueve
probables ladrones de este combustible, en Tlalnepantla, Estado de México.
Una investigación del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) condujo al hallazgo del
hidrocarburo, en los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán.
Agentes de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la
Policía Federal descubrieron el combustible robado en dos inmuebles, uno en
cada demarcación, el cual era transportado en pipas por los huachicoleros.
Las autoridades no han
revelado las identidades de los detenidos por sustraer la turbosina, empleada
en aviones y helicópteros.
(TABASCO HOY/ Agencias/ 08/07/2017
16:50)
SALINAS NO GANÓ EN EL 88: BARTLETT
Ciudad de México— Manuel
Bartlett afirmó ayer que Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección
presidencial de 1988.
El exsecretario de
Gobernación precisó que no fue por medio de fraude cibernético, sino por la
manipulación de cifras y, después, por la destrucción de las boletas tras un
acuerdo con el PAN y la complicidad de dirigentes del entonces Frente
Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas.
Aseguró que la mejor prueba
de que Salinas no ganó es la forma desesperada en que se entregó al PAN, para
que en la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, lo reconociera
como presidente electo y, meses después, se quemaran las boletas, que eran
la prueba del fraude.
“Entonces, ¿quién ganó?, si
se quemaron los paquetes, si se entregó Salinas al PAN –estaba muy preocupado,
obviamente–, y si no revisaron los paquetes y no salió nada con este acuerdo y
esa complicidad del PAN a la hora de hacer el dictamen: ‘Vámonos, tapen todo’.
¿Qué es eso? Es Salinas. No ganó la elección, la perdió”, afirmó quien
presidiera la Comisión Federal Electoral.
En entrevista, 29 años después,
Bartlett explica cómo fue organizada la elección y como terminó el proceso.
Recuerda que hubo, por primera vez, un registro de votos a la vista de los
ciudadanos, porque las actas distritales estaban afuera de los paquetes
electorales y en las juntas distritales hubo un conteo público de resultados.
Mientras llegaban los
resultados a las juntas, detalla, él, como secretario de Gobernación, recibía
cifras a través de llamadas telefónicas.
Agrega que, como presidente
de la Comisión Federal Electoral, ofreció a los partidos compartir la
información, pero, justificó, se saturaron las líneas telefónicas al iniciar el
reporte de resultados.
Ahí es cuando el panista
Diego Fernández de Cevallos, relata el extitular de la SEP, denunció la caída
del sistema.
El también exgobernador de
Puebla afirma que lo que generó el escándalo fue que el entonces dirigente del
PRI, Jorge de la Vega, declaró triunfador a Salinas sin tener cifras.
Esto, asegura, fue lo que
desató las acusaciones de fraude y no la supuesta caída del sistema, “slogan”,
dijo, que se usa en su contra para descalificarlo y no destapar la verdad del
acuerdo de Salinas con el PAN.
(EL DIARIO DE JUAREZ/ Agencia Reforma |
Sábado 08 Julio 2017 | 00:01:00 hrs)
REVELAN MÁS IDENTIDADES DE CUERPOS ENCONTRADOS EN LAS VARAS
Cuauhtémoc– La Fiscalía
General del Estado Zona Occidente, logró establecer la identidad de 9 de las 15
personas fallecidas durante un enfrentamiento ocurrido la madrugada del pasado
miércoles en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera.
A través de las
investigaciones ministeriales, el resultado de las pruebas periciales y las
entrevistas a familiares que acudieron a reconocer los cuerpos se obtuvieron
las siguientes identidades:
1.- Rafael C. R., de 25 años, originario
de Ciudad Juárez y con domicilio en el Ejido Benito Juárez, municipio de
Buenaventura.
2.- Luis Leonel C. C., de 18 años, vivía
en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih.
3.- Hugo P. M., de 25 años, originario
de Oaxaca y con domicilio en Gómez Farías.
4.- Astolfo C. C., de 47 años, con
domicilio en Nuevo Casas Grandes.
5.- Alvaro T. O., de 36 años, originario
del estado de Durango y con domicilio en Delicias, Chihuahua.
6.- Heriberto D. A., de 39 años, con
domicilio en Santa Julia, municipio de Misantla, Veracruz.
7.- José C. C., de 34 años, originario
de Coatzacoalcos, Veracruz.
8.- Jorge Alberto S. A., de 23 años, originario de Chihuahua,
Chihuahua.
9.- Sergio Rogelio G. L, de 23 años,
originario y con domicilio en Madera, Chih.
Asimismo se localizan en dos
cuerpos credenciales a nombre de:
10.- Antonio L. R., de 27 años, originario de Perote, Veracruz
11.- Julián B. L., con domicilio en Coba
de Oro, Minatitlán, Veracruz.
(EL DIARIO DE CUAUHTÉMOC | SÁBADO 08
JULIO 2017 | 15:23 HRS)
SIGUE MATANZA DE CIVILES EN EL FUERTE; ALCALDESA ENTREGA PATRULLAS PRESTADAS
Los Mochis, Sinaloa.- En
tanto que civiles son asesinados en las sindicaturas del pueblo mágico de El Fuerte,
y las filas de la Policía Municipal se rebelan en contra de sus mandos, la
alcaldesa, Nubia Ramos Carbajal entregó cinco patrullas de modelo reciente que
le fueron prestadas por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel.
En la víspera de la entrega
de las patrullas, particulares reportaron la ejecución de un civil a ocho
kilómetros del poblado Chinobampo, sierra arriba.
Este fue asesinado en los
alrededores del basurón.
De acuerdo con reportes de
los poblados, el ejecutado podría ser un civil conocido como Virgilio “N” de 32
años de edad y quien el día anterior (jueves) fue privado de la libertad.
Mientras el cadáver era
analizado por peritos forenses, la alcaldesa encabezaba la entrega de patrullas
a los elementos de la Policía Municipal, sin referirse a la ola de asesinatos
por la que atraviesa su municipio.
Pidió a los elementos
cohesionarse con oficiales de vialidad para incrementar la seguridad en las
ocho sindicaturas. “Reforzar la vigilancia, la seguridad, de nuestro9s
habitantes y de su familia”, pidió.
Dijo que hará esfuerzos para
dotar de mejores herramientas de trabajo y para elevar la cantidad e policías,
pues en la actualidad hay un déficit.
En el acto, la alcaldesa
entregó herramientas a los voluntarios de Protección Civil.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ 7 julio,
2017)
DETIENEN A MUJER, COMO TERCERA IMPLICADA EN CRIMEN DE RUAY ALBERTO DÍAZ MEZA
La Fiscalía General del
Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, logró
la detención de una mujer, como la tercera posible implicada en el homicidio
del empresario sinaloense, Ruay Alberto Díaz Meza, registrado el 11 de junio
pasado.
Derivado de las
investigaciones realizadas por la Unidad Modelo de Investigación Policial, se
integraron a la carpeta de investigación los elementos de prueba suficientes
para solicitar las órdenes de aprehensión a un juez de control y
enjuiciamiento, que incluyeron las dos anteriores que fueron ejecutadas contra
dos personas de sexo masculino y que ya fueron vinculadas a proceso, con
prisión preventiva como medida cautelar.
En audiencia inicial,
celebrada a las 14:30 horas de ayer, por la causa penal 248/2017, se reveló
ante el juez que esta persona de sexo femenino, podría ser la responsable de
planear un robo contra la víctima, pero al final se derivó en un homicidio
doloso.
A partir de las 12:00 horas
de hoy se realiza la audiencia inicial ante el Juez de control y enjuiciamiento
penal, donde esta fiscalía realiza la formulación de imputación.
(RIODOCE/ REDACCION/ 7 JULIO, 2017)
ADVIERTE SENADOR DE 'MONARQUÍA ABSOLUTA' EN SINALOA
Legislador califica de absurda la
intención de los diputados de modificar el texto constitucional en materia de
cuentas públicas
Advierte Senador de 'monarquía absoluta'
en SinaloaFoto: Noroeste
Al renunciar el Congreso del
Estado a su obligación constitucional de fiscalizar los recursos públicos, el
Senador Manuel Cárdenas Fonseca advierte para Sinaloa una "monarquía
absoluta" o "dictadura plena" por parte del Ejecutivo.
El legislador calificó de
absurda la intención de los diputados de modificar el texto constitucional en
materia de cuentas públicas y de hacerlo, se puede echar abajo lo aprobado con
una acción de inconstitucionalidad.
Explicó que la facultad de
aprobar el Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta Pública es un elemento
fundamental de la división de poderes y del establecimiento de frenos y
controles que eviten el mal uso de los recursos, la opacidad, corrupción y las
malas organizaciones de los órganos de Gobierno.
El pasado 26 de junio José
Menchaca López, Ana Cecilia Moreno Romero, Tomás Roberto Amador Carrasco y
María Eugenia Medina Miyasaki, del PRI; así como el panalista Crecenciano
Espericueta Rodríguez y el pasista Víctor Antonio Corrales Burgueño,
integrantes de la Comisión de la Fiscalización, firmaron iniciativa de reforma
constitucional para sacar del pleno el análisis, discusión, rechazo, o
aprobación de las cuentas públicas.
Cárdenas Fonseca enfatizó que
si revisan los perfiles de la Comisión de Fiscalización los diputados no tienen
ni la más remota idea de lo que es la división de poderes y la actuación
primigenia del Congreso del Estado.
"O se los ordenaron y
son muy obedientes, o no tienen ni la más remota idea de lo que es ser Diputado
local y de lo que son las funciones fundamentales del Congreso del Estado, que
es legislar y fiscalizar el gasto a partir de la aprobación que hagan del
mismo, o en los dos escenarios, estamos de la patada", manifestó.
Reiteró la improcedencia de
lo que los diputados pretenden hacer.
Preocupa, continuó, que
existiendo un abogado en la Secretaría General de Gobierno, el Gobernador
declare que la acción que pretenden hacer los diputados locales así está en el
orden federal, lo cual no es así.
Cuestionó que siendo un
asunto interno del Legislativo, el Ejecutivo esté opinando, por lo tanto se
está frente a una presión fáctica política.
Ante las opiniones del
Ejecutivo pareciera ser que él, fue quien hizo esa iniciativa, dijo.
"Yo no entiendo de dónde
el Poder Ejecutivo se mete en la vida interna del Poder Legislativo, ya lo ha
hecho y lo ha estado haciendo con la Fiscalía que es autónoma, bueno entonces
que nos diga si quieren una monarquía absoluta, o una dictadura plena para ya
no estar en los hechos simulando", mencionó.
Si el Congreso aprueba el
dictamen, señaló, se puede echar abajo por inconstitucional, sin embargo, el
punto será quién se animará a promover esta acción porque parece ser que todos
quisieran ser lacayos del Poder Ejecutivo.
Aprobar esta acción absurda,
manifestó, refleja que los diputados no tienen idea del trabajo que les
confirió el pueblo y la razón del Poder Legislativo en el equilibrio de
poderes.
De quienes promueven esta
reforma constitucional en ningún momento hay ignorancia alguna y menos de la
Auditora Superior del Estado, quien en cuanto llega al órgano es inmediatamente
designada.
"Decir que las cuentas
públicas se politizan, pues es política señores, el gasto público es política,
el gasto público es el reflejo de las políticas públicas que orienta el Poder
Ejecutivo, entonces su discusión y su análisis es técnico legal, contable,
administrativo, debe de advertirse y debe de darse el debate político",
expresó.
(NOROESTE/ CLAUDIA BELTRÁN/ 08/07/2017 |
01:24 PM)
CRÓNICA DE LA PRIMERA CONDENA POR DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO
El 13 de octubre de 2015, tres ganaderos
fueron encontrados muertos, luego de haber sido detenidos por policías del
Estado en la ‘curva del diablo’, un foco rojo de la delincuencia organizada.
Dos agentes fueron juzgados, pero la 'desaparición forzada' no existe en el
Código Penal de Coahuila
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
Por: Francisco Rodríguez
Edición: Nazul Aramayo
Ilustraciones: Federico Jordán
Diseño en edición Impresa: Édgar de la
Garza
En febrero de 2017, el
Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio Oral del
Distrito Judicial de Monclova, con residencia en Frontera, dictó sentencia por
el delito de desaparición forzada contra dos policías del Estado: Juan Carlos
Fabela Mares, de 37 años, oriundo de Nueva Rosita y licenciado en Ciencias
Políticas, y Lauro Arturo Lerma Orozco, de 34 años, originario de San
Buenaventura y con grado de estudios hasta preparatoria.
La sentencia –causa penal
98/2015-JO–, en teoría, debería ser la primera de su tipo en todo el país bajo
el nuevo sistema y una de las pocas sentencias por desaparición contra agentes
del Estado.
A través de una solicitud de información,
la Procuraduría General de Justicia de Coahuila entregó la versión pública de
la sentencia de 75 fojas, donde se narran los testimonios que inculparon a los
policías de Coahuila por la desaparición de tres vaqueros de Fresnillo,
Zacatecas. Sin embargo, aunque durante toda la sentencia se menciona el delito
de “desaparición forzada de personas” y se hace referencia al Artículo 212 BIS
del Código Penal de Coahuila, éste no hace mención del término forzado, lo que
pondría en peligro la absolución de los acusados y la complejidad para futuros
juicios.
Ésta es la historia de los
agentes del Estado que detuvieron a José Antonio Trejo Calzada, Luis Alfonso
Correa Aguirre y Francisco Javier Chairez Félix, antes de aparecer muertos.
CRONOLOGÍA DE UNA DESAPARICIÓN
11 octubre 2015
José Antonio Trejo, Luis
Alfonso Correa y Francisco Javier Chairez fueron detenidos por un operativo en
el kilómetro cero de la carretera estatal 50.
13 OCTUBRE 2015
Los tres vaqueros de
Fresnillo que transportaban ganado a Coahuila fueron encontrados muertos frente
a la antigua zona de tolerancia de Monclova.
FEBRERO 2017
Un Juzgado dictó sentencia
por el delito de desaparición forzada a los policías Juan Carlos Fabela y Lauro
Arturo Lerma. No encontró pruebas de homicidio.
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
Pides informes sobre desaparición forzada y
no lo tienen. Vas al libro de registro y se registran por el tipo base. No va a
haber desapariciones forzadas. La intención del Estado es ocultar la realidad
de violencia que vivimos por desaparición forzada. La desaparición forzada no
existe como tipo base en el Código de Coahuila y eso debe preocupar. Trae un
error”.
ARIANA GARCÍA BOSQUE, ABOGADA, ASESORA Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAS UNIDAS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE
PERSONAS DESAPARECIDAS EN COAHUILA.
ACÉRQUENSE AL GRADO CERO
José Antonio Trejo Calzada,
Luis Alfonso Correa Aguirre y Francisco Javier Cháirez Félix, tres vaqueros de
Fresnillo, Zacatecas que transportaban ganado en Coahuila, fueron hallados
muertos el 13 de octubre de 2015 frente a la antigua zona de tolerancia de
Monclova. José Antonio y Luis Alfonso fallecieron por un tiro en la cabeza.
Francisco Javier Cháirez Félix por un disparo en el abdomen.
Los dos primeros estaban al
frente de la camioneta. Uno fue encontrado sentado, vestido con pantalón de
mezclilla, camisa a cuadros, chaqueta color café y botas. Otro, a lado del
conductor, vestía pantalón de mezclilla, playera a cuadros y chanclas;
recostado ligeramente sobre un sombrero color claro y con su mano izquierda
extendida hacia lado del conductor. Ambos estaban esposados entre sí. El tercer
cuerpo estaba en la parte trasera de la cabina, recostado en boca arriba, en
bóxer y maniatado con un cinturón color negro.
Pero su final se empezó a
tejer la noche del 11 de octubre, cerca de las 23 horas, cuando Juan Carlos
Fabela Mares, Responsable de Turno de la Policía Operativa de Coahuila, llamó
al celular de uno de sus oficiales a cargo: “Acérquense al grado cero”, ordenó
en referencia al kilómetro cero de la carretera estatal 50 en la región Centro
de Coahuila, a un lado de una gasolinera.
Los oficiales obedecieron y
llegaron al lugar a bordo de la patrulla 3313. Juan Carlos Fabela, a bordo de
la unidad 3316, sacó uno de tres celulares que manejaba y mostró unas
fotografías que llevaba. Las imágenes eran de una camioneta RAM color blanco y
otra de un tracto camión.
–Traen clavo (droga) –les
aseguró. –Van a entrar por el lado sur de Castaños, hay que detenerlos,
inspeccionarlos y ponerlos a disposición del MP –les ordenó.
Quien narró los hechos es un
suboficial de la actual policía Fuerza Coahuila, que tenía en su momento tres
años de antigüedad. Otro suboficial testificó que desde que inició el turno ese
día, Fabela le comentó que el plan de trabajo del día sería detener a un
tráiler que traía clavo y que había que estar pendientes, y que si se
encontraba algo, ponerlos a disposición. “Era la tarea del día”, le informó Fabela.
Entre la una y dos de la
mañana, los oficiales se fueron a un negocio llamado Forrajera Granero y ahí
esperaron. Entre las 3:30 y 4 de la mañana vieron pasar al tracto camión con
una caja de ganado. Dejaron que ingresaran al Libramiento Carlos Salinas de
Gortari, prendieron las sirenas y les marcaron el alto con los altoparlantes.
Se pararon en el punto cero, donde previamente Fabela los había reunido y donde
ya se encontraba cuando detuvieron a los ganaderos.
Luis Alfonso Correa Aguirre
conducía la camioneta y lo acompañaba José Antonio Trejo Calzada. Francisco
Javier Cháirez Félix conducía el tracto camión. Se dirigían a Piedras Negras.
Los esposaron, los subieron a
las patrullas y empezaron a revisar los vehículos.
La intención del estado es ocultar la realidad
EL CAMBIO
Antes sí existía el delito de
'Desaparición forzada' en el Estado, pero la nomenclatura fue cambiada hace
unos años.
La denuncia
La intención es ocultar las
denuncias de la violencia que se vive, asegura una abogada y representante de
una fundación que busca desaparecidos.
EL PARTEAGUAS
El enjuiciamiento de los
policías estatales es un parteaguas en la lucha de las familias que buscan a
sus desaparecidos, señala la abogada.
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
Fabela se entrevistó con el conductor.
El jefe de la Policía ordenó
inspeccionar el tracto camión donde iban 100 cabezas de ganado. Un testigo de
la policía relató que después llegó la patrulla 3319.
Un suboficial a bordo de las
patrulla 3319 –quien también testificó– contó que estaba de guardia en las
oficinas de la Policía Operativa, cuando a las 0:40 horas recibió una llamada
telefónica del Responsable de Turno. “Toma la 3319 y ve a grado cero”, le
ordenó Fabela. El suboficial no dijo nada a la compañera que estaba con él.
Cuando llegó al sitio, Fabela también mostró las fotografías del celular.
Le explicó lo mismo: que el
tráiler traía clavo, que había que interceptarlos y luego inspeccionarlos. “El
dato me lo pasó un amigo que trabaja en la Federal”, le aseguró Fabela al
suboficial.
El suboficial se fue a un
Oxxo cerca del grado cero. Luego Fabela cambió de planes: “sabes qué, llévate a
(otro policía) a la base para que pase las novedades del turno”. Obedecieron.
Luego cuando regresaron ya tenían detenidas a las personas y los vehículos.
Inmediatamente apoyaron en la
revisión de la camioneta y el tracto camión.
GANCHA A LOS VAQUEROS
En medio de la carretera, los
policías se subían a las jaulas a buscar mariguana entre los animales.
–Hay droga, revisen bien –les
aseguraba Fabela a sus subordinados.
Los oficiales buscaban y
buscaban. No encontraban nada.
–Todo en orden –dijo uno de
los policías.
–Sigan buscando. Revisen
bien, algo traen –ordenó molesto Fabela.
–Todo está bien –respondió
minutos después el suboficial que estaba de guardia y que había sido llamado.
–Bueno, entonces retírate. Me
esperan en la base (de la policía operativa) –le mandó.
–Toma la unidad 3319 y vete
el C4. Allá revisamos la camioneta y el tracto camión. Allá los alcanzamos
–ordenó el responsable a un suboficial que quedaba en la inspección.
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
Obedecieron y llegaron hasta
C4 para ver lo del informe policial por si se ponía a disposición a los
vaqueros y los vehículos. Pero nunca se pusieron a disposición y ya no vieron a
sus compañeros el resto de la madrugada.
Durante casi una hora y
media, la policía del Estado revisó los automóviles de los vaqueros sin
encontrar nada. Ni drogas ni armas. Sólo 100 vacas adormiladas y cansadas, que
serían llevadas hasta Piedras Negras para exportarlas.
Fabela Mares, contaron los
suboficiales en su testimonio, entrevistaba al conductor.
Después les quitaron las
esposas y los zacatecanos se subieron a sus vehículos. Los policías escoltaban
la camioneta y el tracto camión rumbo al C4. Al frente iba la patrulla 3316,
donde iba a bordo Juan Carlos Fabela, al final la 3313. “Coartaron la libertad
de tránsito”, dijo en el juicio uno de los abogados.
Un kilómetro y medio más
adelante –testificó un suboficial– a la altura de una fábrica que tenía una
barda de tubulares ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari,
entronque con carretera federal 57 en la ciudad de Castaños, Fabela Mares sacó
la mano y pidió a los vaqueros que se orillaran nuevamente.
La patrulla donde iba a bordo
Fabela Mares metió reversa y se emparejaron con la otra unidad. El jefe ordenó:
“gancha a los vaqueros”. Ganchar significa esposar.
Se bajaron y Fabela Mares
preguntó si los había ganchado. El suboficial respondió que sí.
–No encuentro mi arma –le
dijo un suboficial al Responsable de Turno. Era un revólver.
El suboficial se regresó al
grado cero y allí la recuperó.
–Retírense a la base de la
policía –ordenó Fabela cuando volvieron. Sólo quedaron Fabela Mares y Lerma
Orozco.
Dos de los vaqueros se
quedaron esposados, no los pusieron a disposición de alguna autoridad ni
solicitaron apoyo de alguna corporación ni dieron aviso a la base acerca de la
revisión.
Estaban parados en un lugar
conocido como la “curva del diablo”, llamado así porque era un lugar habitual
para cometer ilícitos por parte del narco.
Ningún testigo miró qué pasó
después. Fabela Mares y Lerma Orozco se quedaron con los ganaderos.
Días después uno de los
suboficiales miró que las personas que insistía su superior que revisaran,
aparecieron muertas.
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
LA DEFENSA
En su declaración, Juan
Carlos Fabela aseguró que recibió tres llamadas anónimas que le advertían de
una camioneta y un tracto camión que transportaba droga.
Los testigos afirmaron que
nunca escucharon hablar a Juan Carlos. Además, tampoco hubo reporte a la
Central de radio de las presuntas llamadas anónimas, como establece el
protocolo de acción.
En su declaración, Juan
Carlos aseguró que dejaron ir a los vaqueros y que el 13 de octubre sus
superiores lo torturaron para que aceptara que les había hecho algo e
incriminarlo. Dijo que lo llevaron a unas celdas y lo encerraron con dos
secuestradores de los Zetas y un homicida. Relató que tuvo miedo.
Pero en el juicio
consideraron su declaración incierta, sin pruebas y llena de irregularidades,
como nunca haberse comunicado a la base. Además, dio las órdenes por celular y
no por radio, como debía hacerlo. “Lo que muestra a este Tribunal la falta de
voluntad para ser escuchado por personas distintas a las que él eligió para que
lo apoyaran, como podría ser la encargada
del radio”, se lee en la sentencia.
Otros oficiales aseguraron
que nunca escucharon que fuera requerido algún apoyo.
–¿En las supuestas llamadas le dijeron de dónde
provenían las personas? –preguntó el agente del Ministerio Público a Fabela
Mares en el juicio.
–De Zacatecas
–¿Cómo sabía por dónde iban a entrar?
–Criterio propio, la vía más
rápida es Saltillo-Castaños-Monclova.
–¿Reportó a la base la llamada anónima?
–No, porque la noté incierta
porque se cortó la llamada. Luego hablaron otra vez y no se identificaba el
número del que llamaban, se identificaba como número privado.
–¿Por qué no pidió más apoyo?
–Me sentí seguro con los
compañeros a los que les compartí la información.
–En sus 15 años como policía, ¿sabía que el tramo del
kilómetro cero al kilómetro 400 del libramiento era considerado como foco rojo
de la delincuencia organizada para hacer sus fechorías?
–Sí
–¿Quién pudo tener su número?
–Muchas personas, además de
ser policía soy militante de un partido político y he brindado mi número a
infinidad de personas.
Juan Carlos Fabela, concluyó
el Tribunal, encontró ilógicas las declaraciones: “decidió atender un reporte
de llamadas anónimas ‘inciertas’ y pese a eso, concentró a 4 de los 6 elementos
que esa noche brindaban seguridad pública a la ciudadanía, esperando por más de
cuatro horas el posible paso de los vehículos que le describieron y de los
cuales no tenía una descripción precisa. (…) Es ilógico que si no le dio
importancia a reportar la denuncia anónima a su base, tampoco hubiera dispuesto
toda una serie de actos e instrucciones a los elementos a su cargo para detener
a los vehículos que presuntamente traían droga”.
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
¿QUÉ PASÓ?
El 13 de otubre de 2015 entre
las 10:30 y las 11 de la mañana, se reportó por radio a todas las corporaciones
de la región, que en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueo, frente a la antigua
zona de tolerancia de Monclova, se había encontrado la camioneta RAM color
blanco y tres cuerpos a bordo sin vida, con signos de violencia en el rostro y
cuerpo. Vestían pantalón de mezclilla y botas.
Ni la policía de Frontera ni
de la de Monclova ni la de Castaños ni las estaciones de la policía estatal y
ni de la Federal tuvieron registros de las detenciones de los vaqueros de
Zacatecas.
Un despachador de gasolina
que declaró como testigo narró que vio a una patrulla cerca de la estación
antes de tirarse a dormir en la madrugada. A las 3 de la mañana se despertó y
la patrulla seguía en su lugar, atrás de las oficinas de la gasolinera. El
despachador agarró una cobija y se sentó en una silla. Después vio que pasaron
la camioneta y el tracto camión.
Observó patrullas que se
fueron rumbo a Frontera.
Veinte minutos después de las
7 de la mañana, casi a su salida del turno, volvió a ver a dos patrullas pasar
con rumbo a Monclova y de rato pasó la camioneta blanca que habían parado.
Llevaba los vidrios arriba. Ésta iba rumbo a Castaños. “Mira, ya la libraron”,
le dijo a su compañero. Pero el tracto camión con el ganado, ya no lo vio
pasar.
45 Años de prisión para Juan
Fabela Mares, que ordenó la detención, y 40 años para Arturo Lerma Orozco, que
obedeció a su superior y esposó a los ganaderos
Ilustración: Vanguardia/Federico Jordán
MEJOR VER PELÍCULAS
A partir de las 2 de la
mañana ya no hubo reportes en la Central de radio de la base regional que
cubría la zona. El protocolo de la policía establece que si los agentes no
reportan novedades, el o la encargada de la base de radio tiene que comunicarse
y preguntar por la ubicación de los oficiales cada hora. Aquella noche, una
oficial que tenía pocos meses en la zona no cumplió con esa obligación.
Por el contrario, aceptó que
llenó la bitácora con datos falsos al no cumplir con su deber.
Esa madrugada, la única
unidad que reportó sus actividades fue la 0165. Pero hasta las 01:55. Después
de las 2:01 ya nadie se reportó y ella no cumplió con su obligación de
llamarles y pedirles su ubicación a las cuatro patrullas que estaban activas.
–Hubo alguna detención después de las 2:00
–preguntaron en el juicio a la encargada de la estación de radio.
–No –respondió ella.
Continuó su testimonio la
encargada de la base de radio:
–El Responsable de Turno (Fabela
Mares) reportó entre 9 ó 10 de la noche que estaba en un operativo, pero
después ya no se reportó.
–¿Qué hizo desde las dos de la mañana que dejó de
recibir reportes?
–Estaba con mi celular, como
a las 3 de la mañana me dormí un rato. A las 4 estaba en el área de IPH viendo
una película que duró aproximadamente dos horas.
–¿Esas actividades no le impedían escuchar el radio?
–No porque traía un radio
portátil matra y siempre estuve pendiente de él.
El último reporte es de los
oficiales a bordo de la unidad 3313, a las 0:48 horas, cuando avisaron que
irían a prestar apoyo a la unidad 3316 a cargo del acusado, pero no se
establece un motivo y en el apartado de resultados de la bitácora se observa un
espacio en blanco.
El Tribual valoró que no se
encontraron pruebas de que las omisiones de la oficial a cargo de la base de
radio fueran agravantes; es decir, que haya realizado alguna acción tendiente a
alterar la salud.
SIN PRUEBAS DE HOMICIDIO
El Juez no tuvo pruebas para
imputar a los policías también por desaparición con agravante, es decir, que la
desaparición provocara el fallecimiento. El resolutivo de la sentencia fue: son
culpables de la comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Juan Fabela Mares ordenó la
detención. Arturo Lerma Orozco obedeció a su superior y los esposó. El primero
fue condenado a 45 años de prisión, el segundo a 40 años. Ambos fueron
inhabilitados de por vida para un cargo público.
Ambos, decidió el Tribunal, ocultaron
a las víctimas, tuvieron oportunidad de avisar de la detención y no lo
hicieron.
Fabela ordenó a cuatro
elementos que se acercaran a la detención. Dispuso de ellos por casi cuatro
horas. Era el superior.
Donde cometieron el delito
era un lugar común para la delincuencia organizada, era un sitio llamado la
“curva del diablo”, reconocido por la misma policía Estatal como “foco rojo”.
En la “curva del diablo” era menos probable que los vaqueros recibieran
auxilio. “Los dejaron a la buena de dios”, dijo una agente investigadora.
Estaban esposados, en un lugar solitario y obscuro. No se sabe qué pasó
después, sólo que el 13 de octubre los zacatecanos aparecieron muertos.
Declaraciones ilógicas
Juan Carlos Fabela aseguró
que dejó ir a los ganaderos y que el 13 de octubre sus superiores lo torturaron
para que aceptara que les había hecho algo. El Tribunal calificó de ilógicas
sus declaraciones.
¿EXISTE REALMENTE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN COAHUILA?
De acuerdo con la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley”.
Durante toda la sentencia de
los policías estatales, se habla del DELITO
DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (así con mayúsculas) prevista en el
artículo 212 BIS del Código Penal Vigente en el Estado. Sin embargo, ese artículo
nunca menciona la palabra forzada y el delito base se llama DESAPARICIÓN DE PERSONA, que a la letra
dice:
ARTÍCULO 212 BIS.- SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE
DESAPARICIÓN DE PERSONA: “Se aplicará
una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e
inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo
o comisión públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o
prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o
bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del
ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley”.
La única ocasión en que
aparece la palabra “forzada” en todo el Código Penal es más adelante, en el Artículo 212 BIS 1, CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES DEL DELITO DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS.
“A quien cometa el delito de
desaparición de personas, se le incrementará la pena de prisión en una mitad de
la que le corresponda, cuando:
“I.- La víctima del delito de
desaparición forzada de personas fallezca durante o después del tiempo en que
se encuentre privada de la libertad, debido a cualquier alteración de su salud
que sea consecuencia de la privación de la misma, o por enfermedad previa que
no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del
delito”.
Es hasta el agravante que se
menciona la palabra “forzada”, pero la misma no aparece en el delito base. “La
desaparición forzada no existe como tipo base en el Código de Coahuila y eso
debe preocupar. Trae un error”, dice la abogada Ariana García Bosque, asesora y
representante legal de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila.
De hecho, al inicio del documento
de sentencia, en la cédula de notificación el delito de causa penal es:
desaparición de persona agravada. Pero en el resto del documento el delito que
se menciona es desaparición forzada de persona, incluido el resolutivo.
Para García Bosque, el Código
marca un delito y la obligación es perseguir el delito y enjuiciar por el
delito. Exigió ser cuidadosos con el inicio de la denuncia y con la
continuación de la investigación. “La anterior averiguación previa y ahora
carpeta de investigación, son la base para poder procesar y enjuiciar a una
persona”, explica.
Para la especialista es un
contenido “medianamente completo” el del Código Penal de Coahuila, pues no
existe una real tipificación del delito de desaparición forzada. “Está como
desaparición de personas con contenido similar al de la desaparición”, insiste.
Menciona que es una
circunstancia que preocupa porque como abogado penalista se analiza el tipo
penal base y ahí no existe la desaparición forzada.
La organización Familias
Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila suma
más de 85 casos por desaparición forzada, la mayoría por elementos del ahora
extinto Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE).
–¿A qué se enfrentan ustedes con tantas denuncias?
–Existe la denuncia mas no se
inicia una carpeta de investigación. No hay dentro de las investigaciones,
averiguaciones o carpetas, no existe un informe de los superiores jerárquicos
de las corporaciones, en donde refieran quién o quiénes estaban en servicio al
momento de la perpetración del delito. Más allá de culpar a alguien en
particular, no existe ni el interés de deslindar la responsabilidad de los
elementos, simplemente no hay informe. No hay registro de quién o quiénes
participaron de un operativo en donde se presume la detención de una persona.
La abogada no descarta que el
enjuiciamiento de los policías estatales sea un parteaguas de la lucha de las
familias, pues dice que genera la posibilidad de enmarcar que la desaparición
forzada sucede en Coahuila, que no es un hecho ajeno de lo que se vive en el
Estado.
“Le dan la posibilidad a
todas las familias a que continúen con las investigaciones y el enjuiciamiento
de los principales responsables”, menciona.
Según Ariana García, antes sí
estaba tipificado el delito de desaparición forzada, pero se cambió la
nomenclatura hace unos años.
–¿Cuál cree que fue la razón?
–La intención de ocultar el
número de casos o denuncias. Pides informes sobre desaparición forzada y no lo
tienen. Vas al libro de registro y se registran por el tipo base. No va a haber
desapariciones forzadas. La intención del Estado es ocultar la realidad de
violencia que vivimos por desaparición forzada.
IRREGULARIDADES EN EL CÓDIGO PENAL
“El arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la
persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Convención Internacional para
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Se aplicará una pena de
veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de
forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad,
cualquiera que fuere su forma a una o varias personas , o bien autorice,
ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del
paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de
libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley”.
ARTÍCULO 212 BIS DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA.
“La víctima del delito de
desaparición forzada de personas fallezca durante o después del tiempo en que
se encuentre privada de la libertad, debido a cualquier alteración de su salud
que sea consecuencia de la privación de la misma, o por enfermedad previa que
no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del
delito”.
ARTÍCULO 212 BIS 1, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA.
(VANGUARDIA/ MONCLOVA SÁBADO, JULIO 1, 2017
- 23:01)
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