En una revisión de la lista de trabajadores
del XII Ayuntamiento de Los Cabos, en la nómina del alcalde Arturo de la Rosa
Escalante aparecen hijos, hermanos, sobrinos, esposas y hasta ex parejas de
funcionarios y regidores
Los Cabos,
Baja California Sur.- El 9 de junio de 2015 -tras
derrotar a su principal adversario del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Narciso
Agúndez Montaño-, el entonces presidente municipal electo de Los Cabos, Arturo
de la Rosa Escalante, presumió que no sólo habían logrado ganar una elección,
sino “estamos logrando sacar a una familia completa, quienes por su soberbia,
pensaron que eran dueños de todo el municipio, y los estamos mandando a su casa”.
En el marco de un gallo
vehicular y recorrido de agradecimiento por el triunfo sobre los Agúndez,
quienes habían gobernado alrededor de 12 años el destino turístico más
importante de Baja California Sur, De la Rosa anunció que empezaría a “cambiar
el rostro de Los Cabos”, porque “cuando la ciudadanía quiere y desea, se logran
las cosas, y hoy la sociedad les dijo que no, y por primera vez, vamos a tener
un gobierno emergido del Partido Acción Nacional”. “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera!”, gritaban en coro los participantes del gallo vehicular.
En efecto, después de tomar
protesta como nuevo alcalde cabeño, el gobierno de Arturo de la Rosa Escalante
arrancó desconociendo y cancelando alrededor de 313 plazas sindicales, de 323
“indebidamente heredadas en el último tramo de la administración del ex alcalde
José Antonio Agúndez Montaño”.
Incluso el polémico tema fue
llevado al seno del Cabildo del XII Ayuntamiento de Los Cabos, donde tras una
acalorada discusión, nueve regidores votaron a favor, dos en contra y dos más
se abstuvieron, después de ser sometido a votación el dictamen de la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a cargo de la síndico Susana Zatarain
García, relativo a la revisión del procedimiento de asignación de plazas de
bases sindicalizadas.
Diego Gutiérrez Orcí e Ilse
Celaya, inspector y secretaria de la Coordinación Municipal de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat), respectivamente, son sobrinos del director, Juan
Adolfo Orcí Martínez
El argumento fue que la
mayoría de los beneficiarios eran amigos, compadres, familiares y hasta
funcionarios de la pasada administración, los cuales fueron privilegiados
discrecionalmente en el reparto de bases, donde no fueron tomados en cuenta los
derechos laborales de aproximadamente 800 trabajadores, quienes sí cumplían con
el requisito de derecho de antigüedad, tal y como lo establecen los estatutos
del Sindicato de Burócratas.
Aunque ya pasaron alrededor
de ocho meses -del 29 de septiembre de 2015 al 14 de mayo de 2016-, el tema de
los basificados despedidos sigue vigente.
El 5 de mayo, tras finalizar
un evento público, el alcalde Arturo de la Rosa Escalante fue abordado por
alrededor de 70 personas en el patio del XII Ayuntamiento de Los Cabos; por
casi una hora escuchó las quejas y los argumentos de los trabajadores
sindicalizados.
“Resulta imposible quedarnos
con todos los que estaban en el Ayuntamiento, porque entonces se convertiría en
un gobierno pagador de nóminas y no otorgador de servicios, y la ciudadanía
demanda mejoras de servicios en su colonias”, expresó el edil cabeño.
Sin embargo, hizo el
compromiso público de revisar personalmente caso por caso de los trabajadores
basificados en la anterior administración, los cuales fueron puestos a
disposición de la Dirección de Recursos Humanos, ya que “de ninguna manera
inflarán la nómina, es uno de los rubros que se lleva un gran porcentaje del
presupuesto, y uno de mis compromisos fue no incrementar esos gastos; por eso
se solicitó a cada titular de área, recortar personal y trabajar con el
estrictamente necesario”.
EL NEPOTISMO
Lo que no dijo el edil de Los
Cabos es que por cada trabajador despedido ingresaban familiares de
funcionarios y regidores a la nueva administración.
A la vuelta de casi ocho
meses, según una revisión de ZETA, 18 funcionarios y tres regidores colocaron
durante ese lapso a hijos, sobrinos, hermanos, esposas y hasta ex parejas
sentimentales en la nómina gubernamental.
Con la venía del alcalde
cabeño e incurriendo en conflicto de intereses, violentaron el Artículo 46 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur,
el cual textualmente cita:
Fracción XI.- “Excusarse de
intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos entre los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para quienes tenga
parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes
referidas personas formen o hayan formado en el ámbito de la administración
pública; la limitación de parentesco a que alude la presente disposición se
aplicará hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o civil en
aquellos municipios con población de hasta 50 mil habitantes; y hasta el tercer
grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios
con población mayor a los 50 mil y hasta 10 mil habitantes…”.
Carolina Castro Corazón y
Guadalupe Marrón, directora delegación del DIF Municipal en CAabo San Lucas y
coordinadora de Recursos materiales del Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa
actual, respectivamente, del director de Agua Potable, Oscar René Núnez Cosío
Fracción XII.- “Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en
selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción,
cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal,
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio
para el o para las personas que alude la Fracción XI…”. Así, el gobierno
familiar del “cambio lo hacemos todos” -según el slogan de la presente
administración-tiene incrustados en la nómina gubernamental a:
* Pablo Cortez Espinoza. Funcionario de la Dirección
de Desarrollo Rural, hermano del tesorero municipal de Los Cabos, Jesús Cortez
Espinoza.
* Víctor Carbajal. Empleado de Tesorería Municipal, e hijo del
director general municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel
Carbajal Ayala.
* Diana y Damián Aguilar Holmos. Coordinadora de
Cultura del Agua del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, y coordinador municipal de Box, respectivamente,
son hija e hijo del coordinador municipal de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar
Martínez.
* Diego Gutiérrez Orci e Ilse Celaya. Inspector y secretaria de la
Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT),
respectivamente, sobrinos del director de esa área, Juan Adolfo Orci Martínez.
* Carolina Castro Corazón y Guadalupe Marrón.
Directora delegacional de DIF Municipal en Cabo San Lucas, y coordinadora de
Recursos Materiales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa actual,
respectivamente, del director de Agua Potable, Óscar René Núñez Cosío.
Pablo
Cortez Espinoza, funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, es hermano
del Tesorero Municipal de Los Cabos, Jesús Cortez Espinoza
* Ramón Lugo Gutiérrez. Empleado de Comunicación
Social de la delegación Cabo San Lucas, es hijo de la coordinadora delegacional
de Fomento Económico y Turismo en Cabo San Lucas, Norma Gutiérrez Zamora.
* Celia Camarena. Empleada de Tesorería Municipal, es
hermana del secretario particular del director general de Desarrollo Social,
Adán Camarena.
* Adeline Meza González y Cristina Guadalupe Castro Pérez.
Directora de Participación Ciudadana de DIF Municipal y coordinadora de
Recursos Humanos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, respectivamente, son esposa y
hermana del asesor del alcalde cabeño, Julio César Castro Pérez.
* Patricia Casillas. Funcionaria del Museo de Cabo San
Lucas, es esposa del director municipal de Recursos Humanos, José Felipe Ceseña
Ceseña.
* Rebeca Espinoza Aguilar. Directora de Ingresos de
Tesorería Municipal, esposa del séptimo regidor y presidente de la Comisión de
Servicios Públicos, Francisco Javier Rubio Castro.
* Julio Ceseña. Funcionario de la dirección
delegacional de Gobierno en Cabo San Lucas, e hijo del director Norberto Ceseña
Ceseña.
* Javier Ávila Rodríguez y Arturo Ávila Rodríguez.
Jefe de Servicios Escolares del CECYTE e inspector de Transporte en la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal,
respectivamente, son hijos de la segunda regidora y paradójicamente, presidenta
de la Comisión de Equidad y Bienestar Social, Julia María Rodríguez Ramos,
quien dicho sea de paso, tiene a su nuera Diana Rosas como asistente del
Cabildo.
* Yamilet Zatarain. Secretaria del tercer regidor
Celestino Atienzo Beltrán, es prima de la síndico municipal de Los Cabos,
Susana del Carmen Zatarain García.
* Enrique Alán Castro Ruiz. Director de Cultura
Municipal, e hijo del director de Gobierno, Delfino Salvador Castro Ojeda.
* Beatriz Padilla y Miguel Ángel Ramos Padilla.
Abogada de la Procuraduría del Menor y la Familia de DIF Municipal y jefe de
almacén, de manera respectiva, son esposa e hijo del director del Registro
Civil, Miguel Ángel Ramos Serrano.
* Silvia Ivonne Ceseña Salazar. Abogada de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de DIF Municipal, es esposa
del director general de Desarrollo Social, Ariel Castro Cárdenas.
* Luis Castro. Administrador del Mercado Municipal,
primo del director de Educación, José Javier Castro González.
* Teresa Martínez. Asistente de Presidencia Municipal,
es madre del director de Vinculación y Fomento Empresarial, Emilio Alejandro
Lucero Martínez.
* Miguel Avilés Pimentel. Ejecutor fiscal, hijo de la
directora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal, Francisca Pimentel Castro.
* Francisca Araiza Díaz. Abogada de la Dirección
Jurídica, hermana del director de Transporte Municipal, Juan Luis Araiza Díaz.
* Víctor Manuel Holmos Montaño. Director operativo de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, es
cuñado del coordinador de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar Martínez; tío de
la coordinadora de Cultura del Agua, Diana Aguiar Holmos; y del coordinador
municipal de Box, Damián Aguiar Holmos; además de sobrino del director de
Salud, Axcel Holmos Vizcaíno.
LAS REACCIONES
Sobre estos hechos, el octavo
regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Samir Savín Ruiz, opinó que es
“incongruente que por un lado se hable de adelgazar la nómina gubernamental, y
se hayan despedido entre 600 y 700 trabajadores; y por otro lado, y bajo el
agua, hayan metido a familiares de funcionarios a trabajar a la actual
administración.
“No podemos de un
adelgazamiento de nómina o de una reducción del gasto, si sacan a uno y meten a
otro en la plaza vacante”, comentó, para luego considerar “irresponsable la actuación del gobierno
municipal, porque despidió injustificadamente a 313 personas basificadas de las
323 que originalmente iban a ser, y lo único que está dejando son laudos que al
final tendrán que ser pagados con dinero de la ciudadanía”.
El edil cabeño recordó que
“cualquier trabajador tiene derechos laborales, y en el caso concreto del
Ayuntamiento, corrieron a todas las personas sin ningún argumento sólido, y
estipulado por la Ley del Trabajo”, tal es el caso ausentarse indebidamente de
sus labores, tener tres faltas consecutivas, consumir bebidas embriagantes
dentro de las oficinas o incurrir en una responsabilidad administrativa.
Victor
Carbajal, empleado de la Tesorería Municipal, es hijo del Director General
Municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel Carbajal Ayala
Originalmente la intención del alcalde De la Rosa era cancelar las 323 bases
otorgadas en la pasada administración, pero a la hora de la votación, la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, únicamente presentó el caso de 313
trabajadores.
Sospechosamente, no se supo
qué había pasado con el resto de las diez bases o a quiénes se les había
otorgado, hasta que hoy por hoy, y de acuerdo a datos obtenidos por ZETA, dos
de las 10 bases correspondían a Adeline Meza González y Patricia Casillas, nada
menos y nada más que las esposas del asesor del alcalde y del director de
Recursos Humanos, Julio César Castro Pérez y José Felipe Ceseña Ceseña.
La ex trabajadora de la
Dirección de Desarrollo Social y cabeza más visible del movimiento de los
basificados despedidos, Selene Robles Sahagún, consideró que “de nada sirve que
nos hayan corrido para supuestamente reducir nómina y poder hacer obras
sociales, si vemos que por cada trabajador cesado, ingresaron dos más a la
nómina gubernamental”.
A la fecha -de acuerdo con
Selene- 63 de los 313 trabajadores basificados presentaron juicio de amparo en
el Poder Judicial de la Federación, actualmente en etapa de sentencia.
Durante una entrevista con
ZETA, la nómina del alcalde Arturo de la
Rosa Escalante explicó que ella junto con tres compañeros más iniciaron el
movimiento, solicitando la protección de la justicia federal, y al día de hoy
se han sumado 80 ex trabajadores.
Aunque al principio ellos
solicitaron pláticas y entrevistas con el alcalde de Los Cabos y buscaron su
reinstalación, hoy ya no lo hacen, pues el proceso de amparos, en manos de un
bufete de abogados, va por buen camino.
Tan es así que el propio edil
cabeño ahora los busca, y el martes 10 de mayo, en una reunión con la Comisión
Negociadora integrada por el secretario del alcalde, el director de Recursos
Humanos y la titular de Asuntos Jurídicos, ofrecieron a los trabajadores de ese
movimiento regresar y pagarles sólo el 40 por ciento del sueldo que ganaban,
condicionando que “debían desistir del amparo federal”, lo que obviamente no
sucederá.
La dirigente del movimiento
se refirió a la situación tan caótica por la que atraviesan, porque la mayoría
de los despedidos son gente mayor de 40 años, algunas de ellas embarazadas,
quienes difícilmente encontrarán trabajo, ya que en la mayoría de las vacantes
solicitan personas menores a 35 años.
“Se están despachando con la
cuchara grande, el despido político se ha convertido en social, porque a final
de cuentas el Ayuntamiento deberá pagar las liquidaciones de todos los
trabajadores”, sentenció.
“Nos corrieron porque dijeron
que no había presupuesto para el pago, pero esa es una frase muy trillada,
resulta que la liquidación de todos tampoco está dentro del presupuesto”,
cuestionó Robles para, por último, agradecer la entrevista, a razón de que “en
Los Cabos, todos los medios están comprados y no publican nada, salvo lo que le
conviene al alcalde, a pesar de que están pisoteando nuestros derechos
laborales; y ustedes son el único medio serio y socialmente responsable en el
que podemos confiar”.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: cortesía/ Reportajez BCS / Gerardo Zúñiga/ Martes, 17
mayo, 2016 12:06 PM)
