A Baja California Sur el Gobierno
federal no ha enviado ni fuerzas especiales, ni federales.
Mientras el Gabinete de
seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto se concentra en estados
donde la inseguridad se ha desbordado y las autoridades han sido rebasadas por
los criminales y narcotraficantes, como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán,
entidades que habían sido pacíficos están en el umbral de una violencia sin
precedentes.
Baja California Sur ha sido
un paraíso turístico. Particularmente Los Cabos y la capital, La Paz, han sido
destinos preferidos por el turismo proveniente de los Estados Unidos y Europa.
De hecho se había mantenido
como una de las entidades con los menores índices de violencia producto del
narcotráfico. Llegó incluso a registrar cero ejecuciones en los años en que la
frontera norte de México se encontraba en llamas.
La calma de esa prodigiosa
península, un verdadero prodigio de la naturaleza, pasó a la historia a raíz de
malos gobiernos como el de Narciso Agúndez Montaño, entonces del Partido de la
Revolución Democrática –incluso el ex mandatario piso la prisión por malos
manejos-, que mantuvo la criminalidad impune e hizo de Baja California Sur un
refugio de narcotraficantes.
Fue ahí donde se les protegió
a miembros del cártel Arellano Félix quienes navegaron el mar de Cortez, se
enfiestaron en tierra y vivieron con tranquilidad dado que no había autoridad
local que los estuviese investigando o persiguiendo, mientras la federal
volteaba a ver a otro lado.
En Baja California Sur
detuvieron en 2006 a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, elementos
del FBI mientras departía con otros miembros de su organización en un yate,
supuestamente en aguas internacionales.
Ahí mismo en 2010, en La Paz,
fueron aprehendidos los líderes de la célula -ya para entonces al servicio del
Cártel de Sinaloa- de Teodoro García Simental, “El Teo”; Raydel López Uriarte
“El Muletas”, y José Manuel García Simental, “El Chiquilín”, quienes, durante
los cuatro años anteriores, habían mantenido a Baja California como su zona de
guerra contra el cártel Arellano Félix, dejando miles de muertos al norte de la
península.
Desde el extremo sur “El Tigrillo”,
“El Teo”, “El Muletas”, “El Chiquilín” seguían manejando vía celular y radio
comunicación su multimillonario e ilícito negocio de las drogas en otros
estados de la República sin que nadie los molestara.
En Baja California Sur
también y en 2012, elementos de la marina mexicana, estuvieron a punto de
detener en Los Cabos a Joaquín Guzmán Loera mientras vacacionaba en una mansión
en aquel destino turístico donde sabía que nadie lo buscaría.
Algún mal elemento avisó al
capo del operativo para aprehenderlo y cuando las fuerzas armadas llegaron él
narcotraficante sinaloense ya no estaba ahí.
A finales de 2013, también en
Los Cabos, un sicario disfrazado de payaso, al servicio de José Rodrigo
Aréchiga Gamboa “El Chino Antrax”, asesinó a Rafael Arellano Félix cuando
celebraba su cumpleaños número 60 acompañado de personalidades de la política,
los espectáculos y el deporte.
Y ahí mismo en la península
sudcaliforniana residen ahora presuntos narcos en el retiro. La vida les es
confortable en aquellas tierras remotas donde se empieza a detonar una guerra
criminal.
A pesar de estos
antecedentes, de estar documentada la actividad recreativa de los
narcotraficantes en Baja California Sur, el Gobierno de la República no ha
elaborado una estrategia para contener la violencia que se viene. No hay
operativos especiales, ni una alerta roja.
Ante el evidente abandono de
la autoridad para procurar el orden, la justicia, los criminales han dejado de
ver a Baja California Sur como un lugar de recreo y lo han convertido en un
centro de distribución de drogas de Sinaloa a Baja California y de ahí a los
Estados Unidos.
Como toda zona de
distribución de narcóticos, una parte de los cargamentos se quedan para el
consumo local, creando comunidades adictas que sustentan el narcomenudeo, otro
dolor de cabeza para la sociedad local.
A la segunda captura de
Joaquín Guzmán Loera, un reacomodo interno en el Cártel de Sinaloa enfrentó a
Los Dámaso, liderados por Dámaso López Núñez, quienes se escindieron del grupo
de Ismael “El Mayo” Zambada, y tomaron el territorio sudcaliforniano para
iniciar su guerra.
Otras organizaciones
criminales se han asentado en el antes paradisiaco destino que hoy, debido a la
inseguridad y violencia, cuenta con una alerta de viaje del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, para que sus ciudadanos no visiten aquella región
de México.
Entre los otros grupos
criminales aposentados en La Paz y Los Cabos, aparte del cártel Arellano Félix
figura una célula de los Beltrán Leyva, e incluso se ha reportado la presencia
de Zetas. Además, un informe reciente de la DEA (Agencia Federal Antidrogas de
la Unión Americana), refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con
bases para delinquir y trasegar droga en La Paz y Los Cabos.
Sin presencia policíaca federal,
y ante la falta de una estrategia de contención de la inseguridad por parte del
Gobierno de la República y de las autoridades locales, los criminales
organizados se han asentado en Baja California Sur.
La guerra la han declarado y
por lo menos cuatro cárteles la encabezan: Células de Arellano, de Sinaloa, de
Los Dámaso, de Jalisco Nueva Generación.
En los últimos meses,
Policías han sido atacados mientras ciudadanos son testigos vulnerados de
balaceras en el día y en la noche.
Con enfrentamientos contra
elementos de seguridad, la quema de vehículos, el asesinato de dos policías y
el atentado a Luis Alejandro Osorio Álvarez, Comandante de la Policía Estatal
Preventiva, los criminales han dejado la guerra entre ellos, para declarársela
a la autoridad.
Aun así, Baja California Sur
no ha sido objeto de atención ni del Presidente Enrique Peña Nieto ni del
encargado de la seguridad nacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio
Chong.
Detenida en 2015 Melisa
Margarita Calderón Ojeda “La China”, líder de célula de Los Dámaso en Baja
California Sur, ha trascendido que en sus declaraciones en la Seido
(Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada)
la mujer ha delatado la red de corrupción que su organización criminal tenía –o
tiene- en las corporaciones locales, municipales y estatales, para mantener la
ilícita actividad al margen de la ley.
Pero esta información tampoco
ha sido debidamente analizada ni operada por el Gobierno Federal para llevar a
la aprehensión de policías y funcionarios corruptos.
Baja California Sur está en
el abandono por parte del Gobierno federal.
Lejos del centro del país, lo
que ha sido conocido como un paraíso para los turistas se ha convertido en años
recientes en una verdadera batalla campal entre los cárteles que se disputan
ahora este codiciado territorio. Y nadie dice nada.
No será Tamaulipas, o
Guerrero, pero la entidad gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis
requiere en este momento, atención de las fuerzas federales, para detener la
ola de violencia que afecta a los ciudadanos, que pone en riesgo la seguridad
nacional, y que ya llamó la atención del Gobierno de los Estados Unidos.
De seguir así existe el
riesgo de ver a Baja California Sur sumarse a la lista de estados al borde del
caos como es el caso de Guerrero y Tamaulipas.
México merece un gobierno
atento y capaz de poner fin a la narcoguerra que cada vez se extiende a más
territorios ante la mirada atónita de los ciudadanos que tal vez nunca
esperaron ver el lugar convertido en una zona de balaceras y muerte.
(SEMANARIO ZETA/ FOTO: ZETA / ADELA
NAVARRO BELLO /MIÉRCOLES, 18 MAYO, 2016 02:00 PM)
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