SANTA
ANA, Son., (Apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
reportó el derrame aún incuantificable de solución cianurada en las
instalaciones de la mina extractora de oro, Molimentales del Noroeste SA de CV.
Según
la dependencia federal, el incidente se registró el lunes pasado y, un día
después, se notificó a las autoridades ambientales luego de presentarse una
fisura en un dren de la pileta de solución cianurada en los patios de
lixiviados.
El
tóxico, precisa el informe oficial, tenía un concentración de 500 partes por
millón (ppm) y hasta el momento se desconoce la superficie afectada por esta
eventualidad.
Personal
de Profepa realizará en breve una visita de inspección a las instalaciones de
la empresa con el fin de identificar posibles afectaciones ambientales y, en su
caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
En
tanto, el derrame fue contenido mediante el levantamiento de un bordo, con el
objetivo de facilitar el rebombeo de retorno de la solución cianurada.
Este
sería el tercer derrame de cianuro en minas donde se extrae oro en Sonora
durante este año.
El
primero se registró el 7 de enero en la minera Penmont SdeRL de CV, ubicada en
Caborca, a unos 277 kilómetros al noreste de la capital sonorense.
En
aquella ocasión se desbordaron 82 mil litros de solución cianurada, alrededor
de 64 mil litros de la sustancia fueron rebombeados a los patios de lixiviación
y los 18 mil restantes fueron absorbidos por el material utilizado para la
construcción del bordo de contención.
El
cianuro es un agente químico transportado y utilizado para la separación del
oro del resto de los minerales que se encuentran en la tierra.
Después,
el 10 de marzo, en la mina “María”, propiedad de Frisco, se derramaron 180 mil
litros de solución gastada de cobre sobre 1.6 kilómetros del arroyo “El
Tordillo”.
De
acuerdo con la información de Profepa, durante la madrugada de ese día se
registró una obstrucción en el vertedor que va de una pila a una de emergencia,
en donde se bombea una solución con 0.02 partes por millón de cobre y un pH de
1.5 a 2 unidades.
“Al
momento del derrame no se pudo dar inicio a las actividades de neutralización
de la solución sobre el arroyo El Tordillo porque los propietarios del predio
impidieron el paso al personal de la minera”, justificó en aquella ocasión la
dependencia federal.
Eduardo
Martínez, dueño de un terreno con construcción ubicado sobre Callejón Madero en
el municipio de Tecate, en donde en diciembre de 2012 fue ubicado un narcotúnel
en proceso de construcción, comentó a ZETA la afectación de la que dice ser
víctima por parte de la Procuraduría General de la República, que habría
quedado a cargo de la propiedad.
El
quejoso refiere que dicho inmueble lo había arrendado a la empresa “Agua y Ya”,
dedicada a la venta de agua purificada, pero con una denuncia anónima se
descubrió que todo era una fachada para intentar el trasiego de droga a Estados
Unidos.
De
ahí que la propiedad quedó asegurada para la realización de las indagatorias
correspondientes bajo la averiguación previa AP/PGR/BC/TKT/365/12.
A
través de varios procesos judiciales, Martínez demostró su inocencia respecto
al ilícito y recuperó la posesión en el año 2015, recibiendo escombro donde se
cimentaran las edificaciones de la propiedad. La planta de agua ha desaparecido
y el túnel continúa abierto. El predio y lo que había en él, en ruinas.
Escombro,
vidrios rotos, tapas de botella, televisores, piezas de carrocería, jeringas y
demás desechos se apilan a lo largo de la propiedad, al igual que las vigas de
acero que soportaban las edificaciones. Incluso las bardas que circundan la
propiedad presentan daños, por donde Martínez cree que desde un terreno baldío
colindante la gente aprovecha para usar su predio como basurero clandestino.
El
quejoso asegura además que los vecinos del inmueble le han manifestado que por
las noches se escuchan taladros y seguetas, por lo que creen que un grupo de
personas ingresa al inmueble a llevarse lo que aún pueda quedar de valor.
Daño
total es como califica Martínez la afectación, ya que considera le resultaría
oneroso volver a edificar y cubrir el túnel, y su venta resultaría complicada.
“Esto
no es ético. No es válido. Imagínese, es mi único patrimonio, no soy persona
pudiente, yo de aquí mantenía a mis hijos…esto ya no tiene ningún valor
inmobiliario, tendría que meterle un dineral ahí. Acabaron con mi patrimonio,
en una palabra”, afirmó.
Por
los daños en su predio, Martínez presentó una denuncia por el delito de “robo a
lugar cerrado” en enero de 2014, misma que derivó en la averiguación previa
123/14/208/AP, de la cual dijo no ha tenido avance significativo.
“Puedo
responsabilizar a PGR y las autoridades correspondientes de no cuidar una
propiedad que tienen asegurada”, concluyó.
La
PGR respondió que por la cantidad de personas con el que cuenta, resultó
imposible mantener a una persona custodiando el predio. Además, informó que en
su momento no se autorizó el presupuesto suficiente para tapar el túnel.
Agregó
que las condiciones del callejón en donde se ubica dicho domicilio no resultan
las idóneas para el ingreso de maquinaria pesada, lo que representaba otro
impedimento. Además, que al señor Martínez aún puede pedir un apoyo para tapar
dicho túnel o incluso ejercer acción civil contra PGR por la afectación.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Héctor Ortiz Ramírez / Fotos. José Agustín Reyes Díaz de
León/ 01 de Octubre del 2015 a las
13:45:10)
En
un volanteo por motivo del II Informe de Gobierno, el mandatario estatal
Francisco Vega de Lamadrid recibió una lluvia de reclamos por parte de los
ciudadanos que circulaban sobre Calzada Independencia y bulevar Benito Juárez,
en Mexicali.
Un
joven se acercó a Kiko para señalarle la falta de empleo y bajos salarios, por
lo que le advirtió que tenía la intención de volver a las calles a limpiar
vidrios. Como respuesta, el gobernador se limitó a decirle que la actividad era
una ilegalidad, le pidió que se acerca a las bolsas de trabajo para poderlo
ayudar, mientras que el ciudadano le dijo que ya lo había hecho, sin tener
éxito.
Un
chofer de transporte urbano le pidió a gritos al primer mandatario, hablar con
el alcalde Jaime Díaz, para que regule el tema de las multas de tránsito.
Luego
de entregar volantes por unos minutos ,"Kiko" atendió a la prensa y
de inmediato se fue a San Felipe a cubrir su agenda de trabajo, ya que se
espera la visita del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael
Pacchiano Alamán
EN TIJUANA ENTREGARÁN 50 MIL VOLANTES
Alrededor
de 800 funcionarios de gobierno se encuentran participando en una jornada de
volanteo en la ciudad de Tijuana, en el marco del segundo informe sobre la
administración del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Raúl
Castañeda Pomposo, subsecretario de gobierno en Tijuana, indicó que la entrega
de volantes tiene la intención de informarle a la sociedad de una "manera
directa" sobre las acciones que se han tomado en los últimos dos años de
gobierno.
Se
tiene estimado entregar 50 mil volantes en 20 cruceros estratégicos del
municipio, como La Mesa, Zona Centro, La Presa, Playas de Tijuana, Niños
Héroes, entre otros.
El
subsecretario señaló que además de esta acción, en los próximos cinco días se
llevará a cabo una "campaña masiva de volanteo casa por casa", donde
se tiene pensado recorrer la mayor cantidad de viviendas posibles, para dar a
conocer sobre el informe presentado el día de hoy por el gobernador.
Estas
actividades de estarán realizando en conjunto por todo el estado, aseguró.
Natalia Monroy.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz / Fotos. Cristian Torres/ 01 de Octubre del 2015 a las 09:52:49)
Luis
Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
dijo en comparecencia ante 348 diputados que el Paquete Económico 2016
presentando ante los legisladores para su próxima aprobación, protege la
macroeconomía de este país y con ello el bolsillo de los mexicanos, sin embargo
los legisladores increparon al funcionario por el recorte al gasto público
sobre todo al campo y la salud.
La
molestia de los legisladores se hizo notar cuando apenas iniciada la sesión
ordinaria de este día, los diputados alzaron pancartas con la leyenda: mientes,
mientras el funcionario presentaba los avances económicos descritos en el
Tercer Informe de Gobierno.
En
el marco del primer periodo ordinario del primer ejercicio de la LXIII
legislatura, el Diputado federal Manuel Clouthier Carrillo alertó que el modelo
Asociación Público Privados traerán más riesgos para la economía del país. “Las
Apps son más riesgosas que las candidaturas”, afirmó el legislador por Sinaloa.
Clouthier
Carrillo, explicó que esta medida de financiamiento traerá más corrupción en la
licitación de los contratos, deuda pública disfrazada y riesgo de lavado de
dinero, si no se vigila con quién hace negocios el Gobierno.
Este
jueves, el encargado de la Cámara de Diputados dará cuenta de las iniciativas
que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, que fue
entregado al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre.
De
acuerdo con el Diputado que llegó a la Cámara como independiente, con el
Presupuesto Base Cero el Gobierno tenía una gran oportunidad para corregir
finanzas públicas y para priorizar el gasto público y cerrar la brecha de
desigualdad, sin embargo pasó lo contrario. “Me generó una gran decepción”,
aseguró el legislador al señalar que no pasó así y que no están entendiendo lo
que el pueblo está pidiendo: “quiere que gasten menos e inviertan más”.
El
diputado por Sinaloa firmó que “el gobierno sigue gastando igual, invierte
poco, la economía no crece, la corrupción sí crece”.
Por
su parte, la diputada Amalia García, del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) dijo en tribuna “ustedes observan el país creciendo por las nubes ,
nosotros lo observamos ras del suelo”, luego de señalar que pese a que los
ingresos por el impuesto a gasolina han aumentado en el último año, el precio
del combustible continúa igual.
En
su turno, Gustavo Madero, Presidente del Partido Acción nacional sacó una
pancarta donde dice a Videgaray caso que “su gobierno subestima ingresos para
gastarlos discrecionalmente”, en tanto, el Secretario aguarda su turno para
responder las inquietudes que hoy presentan los diputados federales.
ZETA/sin embargo
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA / Fotos. Cortesía/ 01 de Octubre del 2015 a las 09:30:10)
Ex
funcionarios que favorecieron la fuga de “El Chapo” Guzmán ahora son internos
que se encontrarán con los delincuentes más peligrosos a quienes antes
reprimían. Los reclamos de los ex líderes de cárteles van en aumento luego de
ser sancionados por exigir mejor trato, alimentos y atención médica. ”El H”,
“La Tuta” y “Z-42”, los presos más demandantes
En
tanto se decretó una segunda orden de detención provisional con fines de
extradición en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y poco a
poco se decretan autos de formal prisión en contra de funcionarios que
permitieron su evasión del penal Altiplano, los reclusos -vecinos de celda del
fugitivo- continúan quejándose del trato que reciben en la prisión de máxima
seguridad.
Quienes
antes eran representantes de autoridad del Centro Federal de Readaptación
Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México,
ahora pasaron a ser parte de la población penitenciaria. Entre ellos Valentín
Cárdenas Lerma, quien fuera director de la afamada cárcel, y diez ex
funcionarios más.
La
ex coordinadora general de prisiones federales, Celina Oseguera Parra y la ex
directora jurídica, Leonor García García, esta última encargada del CEFERESO
Altiplano la noche de la fuga del “Chapo” Guzmán -ocurrida el 11 de julio-, se
encuentran presas en la prisión femenil federal de El Rincón, Nayarit.
Otros
tres ex servidores públicos vinculados con la evasión de Joaquín Archivaldo
fueron remitidos a Altiplano; el jueves 24 de septiembre, la Procuraduría
General de la República informó que fueron declarados formalmente presos por el
Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
MUERTE Y RECLAMOS
El
ambiente en el penal de máxima seguridad Altiplano no es el idóneo tras el
escape del líder del Cártel de Sinaloa. Los reos están inconformes por el
“apretón” en las medidas de seguridad, los castigos que se les imponen, la
reducción de alimentos, la falta de atención médica y la reciente muerte del
interno Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, ex jefe de una célula de Los
Zetas.
El
ahora fallecido era uno de los principales promotores de protestas y amparos.
Sin embargo, la madrugada del 8 de septiembre un paro cardiorrespiratorio lo
silenció para siempre. Su abogado, Carlos García Limón, aseguró que el deceso
de su cliente se debió a la mala alimentación que le daban en prisión.
“El
Canicón” y otros reclusos, vecinos del “Chapo” en el pasillo 2 de Tratamientos
Especiales, habían realizado entre julio y agosto la protesta de “charolas
sucias”. Los quejosos son los ex líderes de Los Zetas, Omar y Miguel Ángel
Treviño Morales; los hermanos Teodoro “El Teo” y Marco Antonio García Simental
“El Cris”; y Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”.
Llamaron
“charolas sucias” a su movimiento -demandado vía amparo- porque consideran que
las bandejas en que les llevan su comida eran antihigiénicas y les dan
alimentos en raquítica proporción y mal estado.
Los
“Teos” y “El H” fueron los más inconformes. No quieren que les ocurra lo que al
encarcelado ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien en abril
pasó tres días en la enfermería por consumir alimentos descompuestos. Un cuadro
de diarrea, fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo y articulaciones, fueron la
consecuencia.
En
agosto, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles
Federales en el Estado de México, comisionó a un actuario para dar fe de las
condiciones en las que les sirven los alimentos a los quejosos. En la
inspección ocular en la estancia de Héctor Beltrán Leyva, el empleado judicial
reportó lo siguiente:
“Asiento
que el quejoso se encuentra en buenas condiciones de salud física y mental y su
estancia no cuenta con algún desperfecto, ya que cuenta con un colchón, WC,
lavamanos, banco y utensilios de limpieza. Asimismo a las 7:00 me volví a
constituir en la celda del quejoso y vi cuando una persona del sexo masculino
que llevaba para desayunar comida en ollas y recipientes totalmente protegidos
con hule, la comida era: frijoles charros, pan integral, nopales hervidos,
budín de verduras, tortillas, melón, conchas, te o café, la persona llevaba
guantes, gorro y cubre bocas, por lo que procedió a servirles lo que le
pidieron y el quejoso pidió budín, pan integral, melón y te, y si le pedían más
les servía, en su charola de la cual se encargan de lavar los internos”.
En
la misma actuación, “El H” se mostró desconcertado al asegurar que “no le
habían servido así en otras ocasiones, sino en otras condiciones precarias”. El
actuario remató su informe señalando que no advertía esa precariedad en ese
momento, “sino que la comida era fresca y vasta”.
Después
de estas quejas, a los reos se les retiraron sus televisores, relojes y otros
estímulos que motivaron una serie de nuevos amparos. A Óscar Omar Treviño “El
Z-42”, le impusieron un correctivo disciplinario de 76 días con restricción a
los límites de su estancia, incluyendo visita familiar o íntima por compartir
alimentos e insultar al cocinero.
Al
iniciar septiembre, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, ex líder de Los
Caballeros Templarios, confirmó que “a partir de la fuga del señor Joaquín
Guzmán nos proporcionaban unas charolas tapadas térmicamente, muy pequeñas y
con muy poco alimento”. A raíz de la inspección judicial, les aumentaron la
ración de comida.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ LUIS CARLOS SÁINZ MARTÍNEZ / FOTOS. INTERNET/ 01 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 18:06:43)
Obras
Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Parques y Jardines
registraron jornadas intensas de trabajo este lunes en distintos puntos de la
ciudad.
Esta
mañana las dependencias municipales arrancaron con el Programa de Descacharre
en la colonia La Petrolera.
Desde
sillas, colchones, hasta salas viejas, llantas y otros cacharros que se
encontraban arrumbados en los patios y que solo acumulaban agua, fue lo que
Servicios Públicos retiró de las viviendas de ese sector.
Los
vecinos del lugar atendieron el llamado que se les hizo recientemente para que
sacaran de sus patios todo aquello que ya no se usa y que solo sirve como
criadero del mosco transmisor del dengue.
Este
lunes trabajadores de Desarrollo Social realizaron la promoción del Programa de
Descacharre en la colonia Las Palmas, donde estarán mañana martes 29 de
septiembre.
Los
trabajos iniciarán en el bulevar Faustino Félix Serna y Calzada de Los Sahuaros
en punto de las 9:00 horas.
El
titular de la dirección de Servicios Públicos Municipales, Miguel Ángel Quiroz
Cota, continuó esta mañana los trabajos de reparación de caminos de Santa Clara
hasta Aranjuez.
Por
su parte, el director de Obras Públicas, Jaime Agruel Robles, informó que este
lunes el Programa de Bacheo continuó en bulevar Luis Encinas, Las Villas y en
el fraccionamiento Las Plazas.
Además
trabajaron en el bacheo en Guaymas Norte, en la calle Mar Caribe y bulevar
Microondas.
El
funcionario municipal mencionó que en los próximos días continuará el trabajo
de bacheo de algunas calles del Centro de Guaymas.
A
partir del día primero y
hasta el 31 de octubre Tesorería
Municipal de Guaymas implementará un plan de descuentos en recargos para los
deudores del Impuesto Predial.
Víctor
Morales Serna, director de Ingresos, informó que el programa de descuentos aplicará para deudores de los primeros tres
trimestres del 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y años anteriores.
Para
los deudores del primer trimestre del 2015, el descuento en recargos será del
80 por ciento, para el segundo trimestre del 90 por ciento y para el tercer
trimestre del cien por ciento.
A
los deudores del impuesto predial del año 2014 se les descontará el 70 por
ciento de los recargos, los que solo
deban el año 2013 recibirán un descuento
del 70 por ciento, mientras que a los del 2012 se les descontará el 60 por
ciento.
El
50 por ciento de descuento en recargos recibirán los contribuyentes que deban
el año 2010 y anteriores.
Una
reunión calificada como fructífera por el propio Mario Luna y gobernadores de
Bélem, Pitaya, Vícam y Pótam, se
realizó este día con el alcalde Lorenzo
De Cima Dworak en Palacio Municipal.
A
las 8:00 horas de este miércoles, Mario Luna, Reyna Anguamea y los gobernadores
de los pueblos antes mencionados, se reunieron con el Presidente Municipal para
manifestarle la intención que tienen de trabajar de manera coordinada por el
bien de los pueblos indígenas.
El
primer acuerdo tomado con De Cima Dworak fue la incorporación de Reyna Anguamea
como enlace entre el Municipio y los pueblos indígenas.
El
Presidente Municipal manifestó interés en trabajar de la mano con la etnia para
atender en la medida de las posibilidades las añejas demandas que tienen.
Mario
Luna dijo a De Cima Dworak que son muchas las necesidades y los problemas que
la tribu tiene, entre ellas la falta de alumbrado público y recolección de
basura.
“Nos
abandonaron en la recolección de basura, la gente la está tirando en las
orillas”, señaló.
Presenta
la depresión 94-E alta probabilidad de convertirse en tormenta tropical,
advierte el meteorólogo Hugo Nordahl Valdez
MAZATLÁN.-
Aunque "Marty" dejó de representar un riesgo para las costas
mexicanas, al pasar de tormenta a depresión tropical, una nueva amenaza se
gesta en el Océano Pacífico.
Hugo
Nordahl Valdez, jefe del Servicio Meteorológico local de la Comisión Nacional
del Agua, dijo que un nuevo fenómeno natural se forma a mil kilómetros de Baja
California Sur.
Se
trata de la depresión 94-E, dijo, que presenta alta probabilidad de alcanzar la
categoría de tormenta tropical.
Aunque
de continuar con la trayectoria que muestran los modelos, que es hacia aguas de
Baja California, como son cálidas no tendrá progreso, aún así el seguimiento es
permanente, aseguró.
"La
depresión tropical 'Marty', en proceso de disipación, estará afectando al
oriente de Michoacán, la sierra, la costa y el occidente de Guerrero, así como
con lluvias fuertes en la mayor parte de Colima, el sur y el oriente de
Jalisco", indicó.
El
meteorólogo llamó a la población a tomar sus precauciones por probables lluvias
este fin de semana.
Lo
que sucede es que los remanentes de "Marty" estarán este fin de
semana muy cerca de Baja California Sur, así que las bandas nubosas podrían
afectar al sur de Sinaloa, explicó.
Por
su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua
advirtió que mantiene en constante vigilancia a este sistema, ya que los
modelos de pronóstico indican una posible reorganización durante los próximos
días.
MÁS CALOR
En
materia de altas temperaturas, Nordahl Valdez afirmó que seguirán registrándose
temperaturas de hasta 35 grados en el puerto.
La
población, mencionó, siente más calor del normal por los microclimas que tienen
en casa o el trabajo.
"Si
una persona pasa la mayor parte del día en el aire acondicionado y sale a la
calle sin aire en el carro o camión, es obvio que resentirá, y mucho, el
cambio; a eso se le llama sensación térmica, que es el calor que siente el
cuerpo, no el que muestra el termómetro", comentó.
RUMBO A LA PENÍNSULA
EL
nacimiento de un nuevo fenómeno climatológico es observado de cerca por los
especialistas mazatlecos, debido a la alta probabilidad de que se forme una
nueva tormenta en ruta hacia Baja California Sur.
En
Estados Unidos, la lucha de ciudadanos y ONG contra el fracking ha derivado en
prohibiciones y moratorias del uso de esa técnica de extracción de gas. Foto:
Facebook, Frack Action
Ithaca,
Nueva York, Estados Unidos, 1 de octubre (SinEmbargo).— Es una fresca noche de
inicios de septiembre y en el salón de un restaurante en la zona central de la
ciudad un inusual evento se lleva a cabo. Es excepcional porque ahí están
congregados varios de los actores clave en la lucha para conseguir que en el
estado de Nueva York se prohibiera la fractura hidráulica de gran volumen, el
llamado fracking.
Se
trata del segundo estado de Estados Unidos que consigue parar esta polémica
práctica de extracción de gas del subsuelo, que ha sido señalada por sus
impactos al ambiente y la salud humana. Quienes se oponen a esta técnica –que
consiste en extraer gas tras taladrar varios kilómetros en el subsuelo e
inyectar una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a gran presión para
extraer el hidrocarburo– afirman que es un proceso que contamina cuerpos de
agua, libera metano (uno de los gases que provocan efecto invernadero) y puede
incluso generar temblores.
Vermont
y Nueva York son los dos únicos estados en los que la técnica del fracking ha
sido prohibida, pero hay otros en los que se han promovido moratorias
(suspensiones temporales). Materializado en diciembre del año pasado, el caso
de Nueva York es hoy por hoy el paradigma para otros estados y municipalidades
donde grupos opositores a este método libran sus propias luchas antifracking.
Hasta
este salón en Ithaca, donde hay personajes como el académico de la Universidad
Cornell, Anthony Ingraffea, quien ha estudiado los impactos del fracking, han
llegado también integrantes de organizaciones civiles de varias partes del
mundo, con el fin de conocer más sobre la experiencia de la fractura hidráulica
en Estados Unidos e intentar aterrizarla en sus países, en los que la amenaza
del fracking es latente.
Toca
el turno de hablar a Renee Vogelsang, quien forma parte del equipo de Frack
Action, organización no gubernamental que trabaja promoviendo la prohibición
del fracking. Entusiasta al hablar, Vogelsang repasa las acciones que Frack
Action impulsó para llamar al interés ciudadano mientras muestra imágenes de
protestas antifracking; habla del apoyo de personajes clave como Yoko Ono en la
lucha antifracking; cuenta cómo la imagen del agua saliendo del grifo a la que
se le prende fuego, famosa a partir del documental Gasland, se volvió icónica del movimiento
antifracking; habla de cómo los manifestantes antifracking siguieron al
gobernador del estado, Andrew Cuomo, en varios eventos para hacerse visibles…
En suma, de cómo se organizó una campaña desde la sociedad civil organizada
para lograr la prohibición del fracking.
Manifestación
antifracking en la ciudad de Nueva York, en la que entregaron miles de firmas
al gobierno estatal apoyando la prohibición de la fractura hidráulica en el
estado. Foto: Facebook Frack Action
Quizá
para un país como México hablar de este tipo de acciones suene lejano, pero en
el vecino del norte la preocupación porque avance la práctica de fracking ha
impulsado la lucha. Se trata de una batalla con muchas caras, en las que lo
mismo hay quienes impulsan moratorias en los ámbitos locales argumentando el
riesgo que esta práctica implica a la
salud humana y al ambiente, que quienes han encontrado su método de lucha en
combatir legalmente las violaciones a usos de suelo que las compañías de
hidrocarburos llevan a cabo.
Sin
embargo, quienes impulsaron la prohibición en Nueva York saben que la batalla
no ha terminado, pues se trata de una prohibición que podría revertir el
siguiente gobernador, cuando el periodo de Cuomo termine.
Además,
pese a que la prohibición aplica para todo el territorio de Nueva York, no lo
es para el vecino estado de Pensylvania, donde el fracking es una práctica
extendida, por lo que hay riesgo de que una eventual contaminación de cuerpos
de agua en Pensylvania perjudique a los de Nueva York.
Pero
al menos por esta noche los promotores de la prohibición se concentran en lo
positivo y destacan los dos factores clave de la lucha antifracking, que
podrían servir para otros países: la presión social y la evidencia que ya
existe de sus impactos negativos.
De
lo primero, Vogelsangs ha dado cátedra frente a un interesado público. De la
evidencia, hablan Sandra Steingraber y Carmi Orenstein, de la Concerned Health
Professionals of New York, presentes también en la reunión en Ithaca. Adelantan
que en las siguientes semanas se publicará la más reciente edición de un
compendio de estudios sobre impactos del fracking en la salud. Es la tercera
vez que la organización hace el ejercicio de compendiar los trabajos de
investigación científicos y periodísticos sobre los impactos del fracking, de
la mano del grupo Physicians for Social Responsibility.
El
Compendio de hallazgos científicos, médicos y periodísticos que demuestran
riesgos y daños del fracking (extracción de petróleo y gas no convencional)
concluye varias cosas a partir de la evidencia encontrada. De ello dan cuenta
Orenstein y Steingraber.
Una
es que estudios revelan que hay riesgos inherentes al proceso de extracción de
gas, como fallas en los pozos, que pueden contaminar el aire con agentes
tóxicos o cancerígenos, o el proceso que ocurre en el subsuelo, que simplemente
no se puede controlar. Ante ello, la conclusión es que la regulación de esta
técnica no es suficiente para prevenir los daños.
Hay
evidencia también de que los cuerpos de agua se han contaminado por acciones de
perforación de pozos y extracción de gas. Algunos de esos casos los ha
documentado la propia Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por
su sigla en inglés), referentes a contaminación por fugas del fluido que se
inyecta y por el agua de desecho; las descargas de desechos que se hacen en
ríos y afluentes, y el paso no registrado de químicos, incluido el gas, en los
pozos de agua. Otras investigaciones encontraron en Texas 19 contaminantes
relacionados con el fracking en muestras de un acuífero cercano a un sitio de
perforación para extracción de gas; mientras que en Pensylvania un solvente
usado en el fluido para inyección fue encontrado en pozos de agua cercanos a un
sitio de operaciones de fracking.
Otro
hallazgo reportado es el del Departamento de Conservación Ambiental del Estado
de Nueva York, que determinó que la fractura hidráulica podía incrementar los
niveles de ozono en las zonas de estado donde sopla el viento.
Asimismo
hay evidencia de problemas de salud asociados a la práctica del fracking,
incluidos los laborales y de seguridad. El Instituto Nacional de Seguridad
Laboral y Salud, por ejemplo, señaló a los trabajadores de la industria de
extracción de hidrocarburos entre aquéllos en riesgo de padecer siliconas, una
enfermedad de los pulmones incurable causada por la exposición al polvo de
sílica, de la arena de sílice que se usa ampliamente en la fractura hidráulica.
También
se documentó que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente de
lo que se pensaba. Otro de los factores que documenta el Compendio es que la
perforación y fractura puede traer de forma natural elementos radioactivos a la
superficie, poniendo en riesgo a pobladores y trabajadores, o que las personas
que viven cerca de estaciones compresoras de gas están en riesgo, pues
contaminan el aire 24 horas al día.
A
estos impactos se suman otros de carácter social, pues el arribo de actividades
de fracking a las comunidades ha traído consigo incrementos en la criminalidad,
como prostitución, violaciones, accidentes automovilísticos por consumo
excesivo de alcohol, abuso de drogas y violencia.
LA CLAVE Y EL EJEMPLO
En
2010, Josh Fox sacó a la luz un documental llamado Gasland, en el que aborda
los impactos que para entonces ya estaba dejando la práctica de la fractura
hidráulica en el noreste de Estados Unidos. Las escenas más recordadas, por lo
impactantes, eran las de las personas que mostraban cómo el agua que salía de
sus grifos era flamable. Le prendían fuego al agua.
En
la cena en Ithaca, Vogelsangs se refiere a esas escenas y cómo el impacto que
causaban entre las personas volvieron esa imagen del agua flamable como icónica
del movimiento antifracking. Una de las razones por las que se volvió famosa
esa imagen, explica Vogelsangs, es porque sintetiza el riesgo que el fracking
supone para algo que a la gente le importa, como es el agua.
Un
día después de esa reunión, Julia Welsh, también miembro de Frack Action, se
referirá nuevamente al asunto de cómo transmitir a las personas sobre los
riesgos que hay en la práctica del fracking. Lo que Welsh planteará es hablar
de aquello que a la gente le preocupe, como puede ser el agua o su salud. Ahí
está la clave.
La
preocupación sobre los efectos del fracking en la salud humana fue,
precisamente, el sustento de la prohibición de esa técnica en Nueva York. En
diciembre de 2014, el Departamento de Salud del estado de Nueva York publicó un
documento sobre los impactos a la salud del fracking, que sirvió de base para
su prohibición, anunciada por el Gobernador Andrew Cuomo el 17 de diciembre de
2014.
La
conclusión de ese documento fue que la evidencia acumulada para la revisión
demostraba que había “falta de certezas
significativas sobre los resultados adversos a la salud que pueden estar
asociados con altos volúmenes de fractura hidráulica, la probabilidad de la
ocurrencia de resultados adversos a la salud, y la eficacia de algunas de las
medidas de mitigación para reducir o prevenir impactos ambientales que pudieran
afectar negativamente la salud pública”.
El
documento proseguía: “Es claro de la literatura existente y la experiencia que
las actividades de fractura hidráulica de grandes volúmenes han resultado en
impactos ambientales que son potencialmente adversos a la salud pública”.
Y
con base en estos argumentos, la fractura hidráulica fue prohibida en el estado
de Nueva York “hasta que la ciencia ofrezca suficiente información para
determinar el nivel de riesgo a la salud pública derivado de las actividades de
fractura hidráulica de alto volumen y si los riesgos pueden ser adecuadamente
manejados”.
Cartel
con mensaje de agradecimiento al Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras
haber decretado la prohibición del fracking en el estado, en diciembre pasado.
Imagen: Facebook Frack Action
El
caso del estado de Nueva York no ha sido el único, aunque sí el más reciente,
de un esfuerzo de prohibición. Otros estados y municipalidades también han
emprendido esfuerzos para prohibir el fracking. Muchos de ellos han ocurrido en
2014.
En
otros países también se han emprendido batallas para prohibir esta práctica.
Francia, por ejemplo, la prohibió desde 2011, mientras que Bulgaria hizo lo
mismo en 2012. Escocia impuso una moratoria al fracking, después de que un
panel de expertos concluyó que se necesitaba más evidencia sobre los riesgos
del procedimiento. Y en Rumania también se impuso una moratoria, pero ésta
terminó en 2012 y no fue prorrogada por el gobierno.
Gales
siguió el ejemplo en febrero pasado, cuando el gobierno declaró la moratoria
del fracking “hasta que sea probadamente segura”.
La
provincia de New Brunswick, en Canadá, declaró una moratoria similar el 26
de marzo pasado. El 29 de mayo, el
estado de Maryland aprobó una moratoria de dos años y medio, basado en las
preocupaciones por impactos en la salud.
El
10 de julio el gobierno alemán prohibió el fracking por 10 años en zonas donde
investigaciones muestren que se desconocen los impactos. En 2012 ya había
decidido detener temporalmente su implementación.
En
España, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja prohibieron el
fracking, en 2012 y 2013, respectivamente. Valle de Mena, en Burgos, se declaró
como municipio libre de fracking.
En
Suiza se declaró una moratoria nacional, mientras que en Italia dos proyectos
de explotación de hidrocarburos fueron detenidos, uno por el gobierno y otro
por presión social.
En
Australia y Nueva Zelanda también hay comunidades que se han declarado libres
de esta tñecnica o han establecido moratorias o prohibiciones. En Canadá, la
provincia de Quebec, prohibió el fracking desde 2011.
En
Estados Unidos, además de Nueva York, Vermont ha prohibido el fracking en todo
su territorio, mientras que Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos
procedentes de la extracción de hidrocarburos en su territorio, y otras
ciudades y estados han declarado moratorias.
¿Y MÉXICO?
Pero,
¿toda esta experiencia internacional sirve de algo para impulsar una lucha
antifracking en México?
Francisco
Cravioto, especialista de la organización Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, y como tal miembro de la Alianza Mexicana Contra el Fracking,
dice que sí y que las experiencias de lucha en Estados Unidos, tanto como las
evidencias científicas que han mostrado los impactos negativos de esta
práctica, son tomadas como ejemplo por las organizaciones que conforman la
Alianza.
Sin
embargo, matiza que hay diferencias importantes a tener en cuenta entre los
marcos regulatorios de ambos países que impiden seguir las estrategias como si
fueran recetas. Una, fundamental, es que en Estados Unidos la normatividad es
más descentralizada que en México, que en el tema de la explotación de los
recursos naturales centraliza la potestad de los permisos en el Gobierno
federal.
Y
eso lo cambia todo, porque mientras en Estados Unidos las prohibiciones o
moratorias para la práctica del fracking se pueden lograr en los ámbitos
locales –ya sea en las municipalidades o en los estados– en México tendría que
existir una prohibición a nivel federal.
El
esfuerzo se ha hecho, recuerda Cravioto, pues en abril del año pasado se
impulsó una iniciativa de ley para prohibir la práctica del fracking. La
propuesta fue llevada por legisladores de los partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano.
La
nombrada Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica planteaba
prohibir la práctica de fracking en todo el territorio nacional, fomentar el
estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y
explotación por fracking, y fortalecer la transición energética hacia fuentes
de energía renovables, que asegurasen la sostenibilidad energética social y
ambiental, y redujera las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros
contaminantes.
SIN EMBARGO, LA INICIATIVA NO PROSPERÓ.
Otra
diferencia entre ambos países que incide en cómo se puede emprender una lucha
antifracking es cómo se entiende la propiedad de la tierra. En Estados Unidos
predomina el modelo de propiedad privada, de modo que cualquier persona que
compre un terreno se convierte en dueño del subsuelo, aunque también hay casos
en los que el gobierno es dueño del subsuelo pese a que el terreno es de un
particular. En México, por el contrario, el estado es dueño de los recursos del
subsuelo, pero al mismo tiempo la propiedad de la tierra no únicamente reconoce
el modelo privado, sino que éste coexiste con regímenes como la propiedad
ejidal y la comunal.
Estas
diferencias no son el único obstáculo para una batalla legal antifracking en
México. Los cambios legales que trajo consigo la llamada Reforma Energética
también impactan en los mecanismos de litigio, Dice que en lo jurídico hay
varias vías defensa, pero la reforma energética “hizo todo lo posible por
debilitar estos puntos”.
Cravioto
habla particularmente de la Ley de Hidrocarburos, que incorporó las figuras de
servidumbre y ocupación temporal, además de considerar la extracción como una
actividad prioritaria y de interés público. La misma ley también planteó que
los municipios tienen que facilitar y garantizar la entrega de todos los
permisos necesarios para la realización de actividades de explotación de
hidrocarburos.
Todos
estos preceptos, dice, son violatorios de las garantías protegidas
constitucionalmente, de modo que considera que hay posibilidades de litigarlas.
Cravioto
habla con insistencia de que, al menos por ahora, la lucha tiene que darse
mediante la difusión de información sobre los riesgos e impactos negativos que
el fracking conlleva, así como la generación de enlaces.
La
Alianza ha puesto el ejemplo de ello. Las 40 organizaciones que la integran son
activas difusoras de información, generadoras de foros, de documentos,
integradoras de redes.
Dice
que una lucha se ha dado en las grandes urbes, como el Distrito Federal,
Monterrey, Xalapa. El objetivo por ahora es concientizar a la población, dar
información que la gente conozca el tema, que se empiece a difundir. “En la
medida en que se genere una opinión pública en contra de esta técnica, se
genera una masa crítica que obliga a la clase política a reaccionar”.
La
otra batalla es la de informar a la población en los sitios donde se están
impulsando estos proyectos, explicando en qué consiste la técnica, cuáles son
sus beneficios y sus consecuencias negativas.
Sobre
la iniciativa de ley antifracking, dijo que aún no saben si es el momento
político, tendrían que analizar la nueva correlación de fuerzas para ver qué
legisladores podrían ser aliados. Reconoce que no existen en este momento las
mayorías políticas necesarias para impulsar el tema.
La
iniciativa planteada hace un año, sin embargo, pese a estas diferencias en los
marcos regulatorios emuló el principio fundamental que ha sustentado
prohibiciones como la de Nueva York: el de la precaución.
El
principio precautorio, explicaron los diputados que promovieron la iniciativa
en su exposición de motivos, no significa anticipar un daño futuro ni adopta
acciones para anularlo, sino que parte del argumento de que al no existir la
suficiente valoración real y científica de las consecuencias, positivas y negativas,
para restringir cualquier alteración al medio ambiente.
Es
decir, que mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, se
valida la posibilidad de que pueda existir un daño si no se adoptan medidas de
precaución.
Cravioto
concluye que aunque la Reforma Energética intentó cerrar las posibilidades de
defensa, sí existen herramientas legales para proteger a las comunidades del
fracking. Pero por ahora, insiste, lo importante es informar a la gente. Y eso,
en Nueva York, México o cualquier otra parte del mundo, es la clave.
El
fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección
que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
Edgardo
Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, dijo que mientras los
políticos sigan teniendo un sistema de protección tan grande, México jamás
podrá llegar a la verdad en materia de desaparición forzada. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– México carece de una política de
Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que
hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a
los potenciales testigos de los crímenes.
Así,
planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está
prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los
perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer
el paradero de las víctimas.
Buscaglia
participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas
en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el
Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a
víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las
indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro
problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el
combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan
legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que,
dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante
la Colonia.
“Tenemos
que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política,
y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a
través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una
de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan
estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En
su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen
para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de
la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda
instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra
probables responsables.
Las
recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos
que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que
iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado
mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya
se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el
foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla,
criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar
los vacíos legales”.
Se
referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación;
Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de
Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente
llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar,
salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que
nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia
Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias
Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben
que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana
de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio
al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad
presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante
de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La
única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para
presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender
“precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los
más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la
dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por
ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los
servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo
del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los
diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita
Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó
que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado
mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la
investigación sigue sin avances.
“Este
caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada
el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro
país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales
internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero,
como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a
cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto
a la investigación”, agregó.
La
impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las
autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los
trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por
investigadores como por víctimas.
“Yo
quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas
Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la
atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en
agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su
identidad.
En
el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha
tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para
poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona
donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles
y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se
da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad técnica para investigar,
la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias
instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”,
dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto/ septiembre 30, 2015 - 00:04)
La
PGR y la DEA tienen una visión muy distinta sobre los cárteles que operan en
México. Mientras la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reporta como poderosas
a ciertas organizaciones, en el país la fiscalía ni siquiera reconoce su
existencia
En
el cártel de los Arellano Félix, la PGR identifica tres escisiones: El Chan, El
Jorquera y El Kieto, todas con presencia en Baja California
Es
difícil saber si las diferentes versiones sobre la operatividad de los cárteles
en el país tiene que ver con ineptitud o con una política de opacidad
La
investigación sobre la delincuencia organizada en México es como el precio de
la droga: no es el mismo en el sur que en el norte.
Mientras
que la Procuraduría General de la República (PGR) ubica nueve organizaciones
criminales, en las que operan 37 células en diferentes puntos del país, la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) solo registra ocho cárteles que
trafican drogas hacia Estados Unidos.
Además,
ni siquiera son los mismos cárteles. La
DEA señala dos que México no reconoce, dos que sí ve, pero los llama distinto y
dos más que los norteamericanos dan por muertos y para México representan
todavía un peligro.
Lo
que para la PGR es el Cártel del Pacífico, para la DEA es el de Sinaloa.
El
de los Carrillo Fuentes la Agencia norteamericana lo ubica como el Cártel de
Juárez y para nombrar a las organizaciones de los Beltrán Leyva, Los Zetas, del
Golfo y Los Caballeros Templarios no tienen diferenciación.
La
operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la DEA no la concibe sin
la célula delincuencial de Los Cuinis, a quienes ubican como socios en todos
sus envíos de drogas.
A
Los Cuinis, la DEA los describe como el cártel más rico del mundo, sin embargo,
la PGR nunca menciona tal organización en sus informes públicos.
Es
el mismo caso de Los Moicas, uno de los ocho cárteles que la DEA ubica y del
que en México no existen registros... al menos en la información pública.
Asimismo,
la DEA jamás menciona al Cártel de los Arellano Félix –también conocido alguna
vez como el Cártel de Tijuana– ni a La Familia Michoacana, organización de la
que se identifica pertenecen los Guerreros Unidos, que operan en Guerrero,
Morelos y el Estado de México, y a quienes se les atribuye la desaparición y
presunta muerte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
LAS 37 CÉLULAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
Aunque
para la agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y Los Cuinis operan de la mano, la PGR no identifica a Los
Cuinis y en el mapa criminal actualizado afirma que en el caso del CJNG “no se
identifican grupos, células o pandillas vinculadas con la organización”.
Según
la fiscalía mexicana el CJNG tiene presencia, además de Jalisco, en Colima,
Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.
En
el caso de Los Caballeros Templarios, la PGR reconoce dos células delictivas al
interior de la organización, una encabezada por Fernando Cruz Mendoza, alias
“El Tena”, con operaciones en Aquila, Coahuayana y Coalcomán de Vázquez
Pallares; y otra liderada por Homero González y/o Gonzalo González alias ‘El
Gallito’, con operación en Tumbiscatío y Apatzingán.
El
cártel del Pacífico (Sinaloa, como le llama la DEA) tiene diez células
delictivas: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y
Chihuahua), el Cártel del Poniente o de La Laguna o Los Bardales (Durango y
Coahuila), El Aquiles (Baja California), El Tigre (Baja California), Del 28 (Baja
California Sur), Los Artistas Asesinos o AA (Chihuahua), Los Mexicles (una
pandilla de Chihuahua, Los Salazar (Sonora) y Los Memos (Sonora).
En
el cártel de los Arellano Félix, la PGR identifica tres escisiones: El Chan, El
Jorquera y El Kieto, todas con presencia en Baja California.
La
Familia Michoacana –cuya extinción ya había sido declarada por el Gobierno
Federal– oficialmente tiene dos subgrupos, una es Guerreros Unidos, un “grupo
desertor” al que también ubica como La Nueva Empresa y una más a la que le dice
La Empresa (Estado de México y Morelos).
De
acuerdo con la información entregada a Reporte Indigo a través de una solicitud
de acceso a la información, Guerreros Unidos opera en Morelos, Guerrero y
Estado de México.
Es
a Guerreros Unidos a quien la autoridad ubica como autores del ataque que
derivó en la desaparición y presunta muerte de los 43 normalistas de la Normal
Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Esa
célula delictiva mantiene una disputa con Los Rojos, que es un grupo al mando
de los Beltrán Leyva con operaciones en la región norte y centro de Guerrero y
Morelos. Los Rojos son sólo una de las siete suborganizaciones de los Beltrán
Leyva.
El
mapa del crimen de la PGR actualizado hasta principios de septiembre indica que
el cártel está compuesto por Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur),
una escisión llamada “El 2 mil”, que también pudiera ser conocida como “El
Panchillo” o “El Panchillo Huevos”, y tiene presencia en Sonora.
Los
Granados se ubican en la región de la Tierra Caliente guerrerense, La Oficina
en Aguascalientes y Baja California Sur, Los Ardillos en la región Centro y
Montaña de Guerrero, así como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con
presencia únicamente en Guerrero.
La
organización de los Carrillo Fuentes –que la DEA ubica como Cártel de Juárez–
tiene dos células delictivas que operan sólo en Chihuahua: La Línea y una
pandilla conocida como Los Aztecas.
De
acuerdo con PGR, Los Zetas tienen tres organizaciones delictivas: Grupo
Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. Todas
con presencia únicamente en Tamaulipas.
El
Cártel del Golfo, que de acuerdo con la narrativa oficial escindió de Los Zetas
luego de que se desempeñó como un brazo armado de esta organización, hoy opera
con siete suborganizaciones en puntos de Tamaulipas y en Cancún, Quintana Roo:
Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Grupo Dragones (Tampico), Los Fresitas y
Ciclones (cuya zona de influencia en Tamaulipas no se delimita) y Los Pelones y
Talibanes (ambas en Cancún).
LA MERMA DE LOS ZETAS
Los
Zetas y el cártel del Golfo son las organizaciones que más han resentido el
reacomodo de sus grupos en este último año, de acuerdo con la información de la
Fiscalía.
El
cártel de Los Zetas pasó de tener nueve células criminales a sólo tres. En
septiembre del 2014 la PGR informó que estaban constituidos por Sangre Zeta
(Coahuila y Nuevo León), Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y
Ciudad Victoria, Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo,
Miguel Álemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, Tamaulipas), El Círculo y el
Extranjero (Jiménez, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Abasolo), Unidad Zetas
(Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso,
Tamaulipas), Los Negros (Irapuato, Guanajuato) y Fuerzas Especiales Zetas
(Cárdenas, Huimanguillo, Teapa y Centro, en Tabas; y Cancún, Quintana Roo).
Hoy,
Los Zetas quedaron reducido a tres grupos con acción solo en Tamaulipas, de
acuerdo con la PGR.
Por
el lado del Cártel del Golfo, en un año disminuyeron de 12 a siete el número de
sus organizaciones criminales. En 2014 estaba integrado por Metros (Reynosa),
Rojos (Matamoros), Dragones (Tampico), Grupo Bravo (Aldama), Grupo Pumas (El
Mante), Grupo de Apoyo Ceros o M3 (Reynosa), Los Pelones (Quintana Roo) y otras
cinco células cuya acción en Tamaulipas no está delimitada en el informe: Grupo
Lacoste, Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Ciclones.
En
la actualización del informe en 2015 ya no hay datos de Grupo Lacoste, Grupo
Bravo, Grupo de Apoyo Ceros o M3, Los Sierra ni Los Pantera. Además, en la
nueva lista se incluye a una organización conocida como Talibanes, con
operación en Cancún, Quintana Roo.
Hace
un año el Cártel del Pacífico tenía ocho grupos, hoy tiene 10. Desapareció La
Barredora y se crearon Los Mexicles, Los Salazar y Los Memos. El cártel de La
Laguna o del Poniente, ahora también es ubicado como Los Bardales.
En
el mapa delictivo de la PGR entregado en septiembre de 2014, se perciben 45
células delictivas emanadas de estas nueve organizaciones y Los Caballeros
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación eran las únicas organizaciones
que carecían de subgrupos.
En
la descomposición de Los Caballeros Templarios que derivó en la conformación de
este en dos células (encabezadas por El Tena y El Gallito) también se aprecia
una disminución de los territorios en que opera, ya que actualmente sólo se
identifica su operación en la Tierra Caliente de Michoacán y hace un año
operaba en nueve entidades: Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México,
Jalisco, Colima, Querétaro y Baja California, además de Michoacán, su estado de
origen.
Las
organizaciones de los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes y
Beltrán Leyva se mantienen con el mismo número de células aliadas.
DE LA NARRATIVA OFICIAL A LAS
CONTRADICCIONES
En
México se desconoce cómo es que el gobierno obtiene la información sobre la
operación y control de los cárteles de la droga, mientras que en Estados Unidos
es conocido que la DEA paga a los informantes.
“La
cuestión de fondo tendrá que ver con las fuentes, es decir, cómo cada una de
estas agencias gubernamentales ordena la información, la recoge, la organiza,
la sistematiza, lo que podemos ver en el caso mexicano es que efectivamente ni
los conocen (a Los Cuinis y Los Moicas) y si hacemos memoria vamos encontrando
casos donde las autoridades mexicanas no tienen investigación alguna contra
determinadas personas y en Estados Unidos hay expedientes muy amplios”, apunta
en entrevista Édgar Morín, experto en temas de delincuencia organizada y autor
del libro La Maña.
“Yo
no estoy muy seguro hasta dónde es un asunto de ineptitud e incompetencia y
hasta dónde puede haber una política de opacidad informativa, que es mucho más
grave... Bueno, quizás igual de grave”.
Para
Morín, las contradicciones apuntan a deficiencias muy serias en la
investigación y recopilación de la información.
Más
allá de las diferencias entre la DEA y la PGR, son notorias las contradicciones
entre “la narrativa” de la delincuencia organizada a menudo citada por
instancias oficiales y los datos duros entregados a través de las solicitudes
de acceso a la información pública.
“Llama
mucho la atención que en el discurso gubernamental como se ha decretado que La
Familia Michoacana ya se desintegró y, sin embargo, en el anexo de 2015 todavía
aparecen dos células, una que serían Los Guerreros Unidos o La Nueva Empresa y
La Empresa. Cada detención de líderes o supuestos líderes se decreta la
extinción de ciertos grupos, eso pasó con los Arellano Félix, pasó en el caso
de la propia Familia Michoacana, el entonces secretario de Gobernación
(Alejandro Poiré) y el propio Calderón dieron por muerto a un miembro de La
Familia que resulta que no estaba muerto, después se supo, Nazario Moreno.
“Cada
que hay una detención anuncian con bombo y platillo la desarticulación criminal
tal, pero pues el dato oficial dice que no. Hay una contradicción interesante
entre el discurso y la información oficial”, añade.
¿DÉBILES O PODEROSOS?
De
acuerdo con el mapeo de PGR, detrás del caso Iguala en que desaparecieron y
supuestamente asesinaron a 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, estaría La Familia Michoacana.
“Según
esta narrativa oficial parece que es un cártel poderosísimo y según el dato
oficial es justamente una contradicción, pues los tales Guerreros Unidos son
una célula que pertenece a una organización mayor que sería La Familia
Michoacana.
“Si
seguimos la idea del discurso oficial, de pronto algunos grupos son
peligrosísimos cuando en realidad el dato que ellos mismos producen dice que no
es para tanto”, indica el especialista.
El
hecho de que se perciba un reacomodo en las células de cárteles como el
Pacífico y los Templarios y una reducción en los subgrupos de Los Zetas y del
Golfo se relacionan con que las acciones gubernamentales, si bien a veces
producen debilitamientos, también “agarran a uno y salen dos, agarran a esos
dos y salen tres”.
(REPORTE
INDIGO/ JULIO RAMÍREZ/ Jueves 1 de octubre de 2015)
