Eduardo
Martínez, dueño de un terreno con construcción ubicado sobre Callejón Madero en
el municipio de Tecate, en donde en diciembre de 2012 fue ubicado un narcotúnel
en proceso de construcción, comentó a ZETA la afectación de la que dice ser
víctima por parte de la Procuraduría General de la República, que habría
quedado a cargo de la propiedad.
El
quejoso refiere que dicho inmueble lo había arrendado a la empresa “Agua y Ya”,
dedicada a la venta de agua purificada, pero con una denuncia anónima se
descubrió que todo era una fachada para intentar el trasiego de droga a Estados
Unidos.
De
ahí que la propiedad quedó asegurada para la realización de las indagatorias
correspondientes bajo la averiguación previa AP/PGR/BC/TKT/365/12.
A
través de varios procesos judiciales, Martínez demostró su inocencia respecto
al ilícito y recuperó la posesión en el año 2015, recibiendo escombro donde se
cimentaran las edificaciones de la propiedad. La planta de agua ha desaparecido
y el túnel continúa abierto. El predio y lo que había en él, en ruinas.
Escombro,
vidrios rotos, tapas de botella, televisores, piezas de carrocería, jeringas y
demás desechos se apilan a lo largo de la propiedad, al igual que las vigas de
acero que soportaban las edificaciones. Incluso las bardas que circundan la
propiedad presentan daños, por donde Martínez cree que desde un terreno baldío
colindante la gente aprovecha para usar su predio como basurero clandestino.
El
quejoso asegura además que los vecinos del inmueble le han manifestado que por
las noches se escuchan taladros y seguetas, por lo que creen que un grupo de
personas ingresa al inmueble a llevarse lo que aún pueda quedar de valor.
Daño
total es como califica Martínez la afectación, ya que considera le resultaría
oneroso volver a edificar y cubrir el túnel, y su venta resultaría complicada.
“Esto
no es ético. No es válido. Imagínese, es mi único patrimonio, no soy persona
pudiente, yo de aquí mantenía a mis hijos…esto ya no tiene ningún valor
inmobiliario, tendría que meterle un dineral ahí. Acabaron con mi patrimonio,
en una palabra”, afirmó.
Por
los daños en su predio, Martínez presentó una denuncia por el delito de “robo a
lugar cerrado” en enero de 2014, misma que derivó en la averiguación previa
123/14/208/AP, de la cual dijo no ha tenido avance significativo.
“Puedo
responsabilizar a PGR y las autoridades correspondientes de no cuidar una
propiedad que tienen asegurada”, concluyó.
La
PGR respondió que por la cantidad de personas con el que cuenta, resultó
imposible mantener a una persona custodiando el predio. Además, informó que en
su momento no se autorizó el presupuesto suficiente para tapar el túnel.
Agregó
que las condiciones del callejón en donde se ubica dicho domicilio no resultan
las idóneas para el ingreso de maquinaria pesada, lo que representaba otro
impedimento. Además, que al señor Martínez aún puede pedir un apoyo para tapar
dicho túnel o incluso ejercer acción civil contra PGR por la afectación.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Héctor Ortiz Ramírez / Fotos. José Agustín Reyes Díaz de
León/ 01 de Octubre del 2015 a las
13:45:10)
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