México.-
En los 15 meses que Joaquín El Chapo Guzmán estuvo en el penal federal del
Altiplano, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desaprovechó la
oportunidad para hacer una profunda investigación sobre los recursos
económicos, bienes muebles e inmuebles que amasó el narcotraficante durante más
de dos décadas de realizar actividades delictivas.
Lo
anterior hubiera facilitado aplicar tanto el procedimiento de extinción de
dominio como otras figuras legales previstas en las leyes mexicanas, pues con
ello se habría podido ‘‘cortar los canales de financiamiento’’ que permitieron
a Guzmán Loera fugarse del penal, coincidieron en entrevista con La Jornada los
criminólogos y abogados penalistas Martín Millán, Felipe Rosales y José Luis
Becerril.
A
decir de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que
fueron consultadas sobre la opinión de los abogados, en esos 15 meses la
autoridad ministerial consiguió el abandono a favor del Estado mexicano de los
bienes asegurados tras la captura de Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, el 22
de febrero de ese 2014.
PRESTANOMBRES, AUSENTES
Funcionarios
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido) y de otras áreas de la PGR –quienes pidieron no mencionar sus nombres–,
señalaron que los supuestos dueños de los bienes que fueron utilizados por El
Chapo antes de su detención no acudieron ante las autoridades ministeriales y
judiciales para reclamar y acreditar su propiedad legal durante los plazos
establecidos por las leyes penales, por lo cual causaron abandono y están a
punto de pasar a manos del gobierno federal.
Durante
los meses de julio y diciembre de 2014, y marzo de 2015, la Seido efectuó las
notificaciones públicas por medio de edictos publicados en el Diario Oficial de
la Federación y en varios medios de comunicación impresos, pero nadie acudió a
reclamarlos y/o a acreditar la legítima propiedad de los bienes.
Los
embargos precautorios (ordenados por la autoridad ministerial el 20 y 28 de
febrero, así como el 3 de marzo de 2014) corresponden a los siguientes bienes
muebles e inmuebles:
“Fincas
localizadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en las calles constituyente
Enrique Colunga número 1825, colonia La Libertad; constituyente Emiliano García
número 1811; Río Humaya número 137, colonia Guadalupe; Javier Mina número 1126,
junto a las casas número 1118 y 1132, Fraccionamiento Los Pinos; Puerto de
Veracruz 1647, entre Bahía de Ohuira y Puerto Marqués, colonia Vallado Nuevo;
Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de San
Miguel’’, destaca uno de los edictos.
De
acuerdo con las fuentes consultadas, la finca ubicada en la calle Río Humaya,
en Culiacán, fue cedida en comodato a una asociación dedicada a la atención de
niños con cáncer.
Otro
de los edictos publicados refiere que los vehículos automotores asegurados
–todos con placas de Sinaloa– que están a punto de pasar a manos del gobierno
federal son: ‘‘Camioneta Dodge Ram 2013 color rojo, placas UC-83 672; Pick-up
Nissan 2008 color gris con blanco, placas UC-76-716; Volkswagen tipo van 2013
color gris, placas VNK-93-87; Volkswagen Jetta 2003 color gris, placas
VMJ-92-27; Nissan Frontier 2004 con carrocería en color arena, placas
TZ-73-468; Mercedes Benz C280 modelo 2009, color negro, placas VMX-97-73;
Camioneta Chevrolet Cheyenne 2012 color plata, placas UC 74439’’.
También,
‘‘camioneta Chevrolet Captiva Sport 2013 color blanco, cuatro puertas, placas
VMY-1584; Jeep Línea Wrangler Sahara 2013 color blanco, dos puertas, placas
VNK2087; Chevrolet Malibú 2011 color blanco, cuatro puertas, placas VNA 4038, y
camioneta Jeep Cherokee Overland 2006, color gris plata, cuatro puertas, placas
VKP-2584’’, destaca el oficio de notificación.
En
la lista de vehículos asegurados también se encuentran unidades Mercedes Benz
blindadas y de lujo, así como teléfonos celulares, equipos de cómputo y relojes
de diversas marcas que fueron incautados en el condominio Miramar, de Mazatlán
(igualmente asegurado), donde fue capturado Guzmán Loera.
Según
estimaciones preliminares realizadas por autoridades federales, dichas
propiedades –la mayoría de las cuales estaban inscritas en el Registro Público
de la Propiedad a nombre de personas que se considera que eran prestanombres de
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera– tienen un valor comercial aproximado de 65
millones de pesos.
A
decir de Millán, Rosales y Becerril, entrevistados por separado, los
aseguramientos relacionados con la captura de El Chapo no representan ni 10 por
ciento del total de los bienes que posee el narcotraficante, a quien la revista
Forbes ubicó durante cuatro años consecutivos como uno de los hombres más ricos
del mundo, pues calcularon su fortuna en más de mil millones de dólares.
‘‘Es
inconcebible que la PGR, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguridad y
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no hayan realizado una
investigación exhaustiva de los movimientos financieros, empresas, registros
contables o fiscales, y sobre las inscripciones de los bienes muebles e
inmuebles a nombre de familiares y personas de confianza de Guzmán Loera. Eso
le hubiera impedido mover dinero, le habría dificultado organizar su fuga’’,
dijo el penalista y criminólogo José Becerril.
Millán
y Rosales coincidieron en que el gobierno debió tomar todo tipo de previsiones
para evitar la fuga del reo, como era haber tenido vigilancia permanente de
efectivos del Ejército Mexicano y/o haberlo rotado constantemente de celda.
(ZOCALO/ LA JORNADA/ 20/07/2015 - 11:52
AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario