Nides, Melvin y “El Mesien”, ubicados como cabecillas
de la mafia local
Con viejas estrategias y aún encabezado por Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, la organización criminal intenta reactivar su
presencia criminal en Baja California, empezando por Tijuana.
Nuevamente están reclutando matones del Barrio Logan
de San Diego, y para autofinanciarse, secuestran a ex socios criminales, cobran
rescates que van de los 30 mil a los 300
mil dólares, y en algunos casos los asesinan.
Este rearme ya empezó a provocar roces con el Cártel
de Sinaloa
Investigaciones ZETA
Tensa calma entre
cárteles. Ésa es la realidad en Baja California desde octubre de 2012,
particularmente en Tijuana, donde grupos operativos al servicio del Cártel
Arellano Félix (CAF) intentan resucitar
la organización criminal.
El discurso oficial,
por lo menos el del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el del Comandante
de la II Región Militar, Gilberto Hernández Abreu, que en Baja California
impera la paz, está siendo rebasado por los hechos criminales.
En las áreas de
inteligencia de las fuerzas operativas del Consejo Estatal de Seguridad,
particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se ha
identificado a líderes y operadores de células de los cárteles de Sinaloa y
Arellano, que están matando y secuestrando en total impunidad. Ni la Procuraduría
General de Justicia del Estado, ni la General de la República, están
investigando estos crímenes; por ende, no han solicitado órdenes de
aprehensión, contribuyendo así a la impunidad.
La segunda semana de
enero de 2013 y el día 22 del mismo mes, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de Tijuana detuvieron a miembros de dos grupos de
delincuentes.
El primero reportó
ser parte de una banda de 20 sujetos reclutados en el Barrio Logan de San
Diego, California, por Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin”, “El Marino” o “El
Camacho”, para combatir al Cártel de Sinaloa y “recuperar” zonas de Tijuana
para su administración criminal.
En el segundo, tres
sujetos y el hombre señalado por ellos como su jefe criminal, Juan Vuelva
García “El Cero”, confirmaron la presencia de la nueva camada de matones
mexicoamericanos, pero éstos refirieron que se trata de una célula más pequeña,
de siete sicarios.
Aunque aseguran
haber sido reclutados por “El Melvin” a principios de 2013, estos hombres confirmaron
como uno de sus jefes a otro al servicio de Fernando Sánchez Arellano “El
Ingeniero”, de alias “El Mesien y o “Mecies”.
La operatividad de
este presunto traficante se había revelado en Tijuana a partir de octubre de
2012, de manera extraoficial, al interior de las áreas de inteligencia de las
fuerzas operativas.
Durante cuatro meses
“El Mesien” y /o “Mecies” estuvo incluido en el organigrama criminal como Juan
Mellado, atribuyéndole un parentesco político con Sánchez Arellano.
Originalmente fue mencionado en actividades criminales administrativas, casi
secretariales.
Sin embargo, los
detenidos aseguraron que este hombre estuvo con ellos, unos minutos antes de
ser detenidos -les llevó un guía porque no conocen la ciudad-, cerca de las
once de la noche del martes 22 de enero, en la calle Baja California de la
delegación Cerro Colorado. Afirmaron que estaban bajo las órdenes directas de
“El Mesien” y/o “Mecies”.
Explicaron que al
igual que ellos, ese mismo día a la misma hora, había otros grupos distribuidos
en la ciudad esperando órdenes de Gutiérrez Quiroz, con miembros del
Barrio Logan, acompañados de
delincuentes locales. En su caso sería Mellado el encargado de informarle dónde
estaban sus objetivos, y si los secuestrarían o los matarían.
Entre los detenidos
con Vuelva fue identificado Julio Sánchez Camacho, señalado como “halcón”,
encargado de abrir camino y alertar a los autores materiales de la presencia policiaca.
Había sido capturado el 25 de julio de 2012 y presentado como parte de un grupo
criminal involucrado en dos asesinatos y una amenaza pública, “… le pidieron el
pago de dinero o le matarían a su familia”, expusieron los testigos, quienes
ese día denunciaron al grupo, luego de que gritaran e hicieran unos disparos al aire en un crucero
de la colonia Benito Juárez.
En aquella ocasión,
los capturados fueron presentados como miembros del Cártel de Sinaloa, al mando
de Alfonso Arzate y/o Arteaga “El Aquiles”. Sin embargo, la confusión de las
autoridades y el cambio de un cártel a otro es una práctica común a partir de
2008 en Tijuana.
Secuestros y los responsables
La reactivación y
rearme de CAF incluye el secuestro y homicidio de traficantes que operan para
sus competidores de Sinaloa, pero que en otra época delinquieron para los
Arellano, razón por la cual les resulta relativamente fácil ubicarlos.
En el área de
inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han ubicado como
jefes del grupo operativo de Sánchez Arellano que está resurgiendo a las
siguientes personas:
- Luis Fernando Meza
García “El Focu”, hermano de César Alfredo Meza García, detenido en septiembre
de 2012 en Tijuana con fines de extradición a Estados Unidos, precisamente por
sus ligas con Fernando Sánchez Arellano.
- Salvador Alcalá,
presunto responsable del trasiego de marihuana al mayoreo en lanchas de San
Quintín a la frontera tijuanense, y del cobro de piso en la Zona Oeste de
Tijuana.
- Roberto Parnass,
investigado como encargado de llevar droga a Estado Unidos en vehículos
arreglados.
- Edgar Ruiz “El
Chore”, intermediario en la transacción de droga con las células.
- Esteban Nides,
presunto cabecilla de grupos operativos encargados de ajustes de cuentas,
privaciones de libertad y “recuperación” de zonas criminales para el CAF.
- Melvin Gutiérrez
Quiroz, quien también orquesta el trasiego de droga a Estados Unidos y a la vez
funciona como brazo armado.
- Por último, el
trabajo de la SSPM de Tijuana permitió agregar el nombre de José Mellado “El
Mesien” y/o “Mecies”, administrativo, contacto con “El Ingeniero” y operador.
La PGJE y la impunidad
Oficialmente, las
autoridades conocen los nombres de las víctimas, saben que les cobran de 30 mil a 80 mil
dólares (pero han llegado a los 300 mil), y extraoficialmente la Procuraduría
local ha sido informada de la identidad de los perpetradores; sin embargo, la
justicia no ha imperado porque lo consideran “un pleito” entre cárteles.
Una vez más, las
autoridades de Baja California restan importancia a la violencia, bajo el argumento de que “se están matando entre ellos”, otorgando
así la facultad de castigar, asesinar, secuestrar y extorsionar a los grupos
criminales.
Muestra clara de
este nuevo intento oficialista de
ocultar la pugna latente, está en las recientes declaraciones públicas donde el
procurador Rommel Moreno asegura que no hay secuestros, pero agrega y reconoce:
“Lo que sí tenemos
son, en alguna forma, o se han dado fenómenos de privación ilegal de la
libertad, (el 90 por ciento) por ajuste de drogas, pero no secuestros donde se
pidió un rescate, específicamente de acuerdo a como se establece en el Código
Penal”.
Conforme a cifras de
la Procuraduría, se denuncian un promedio de 40 privaciones por mes, 14 de
ellas ocurren en Tijuana, y por su desenlace, son atendidas por la Unidad de
Homicidios Dolosos. Actualmente existen por lo menos ocho denuncias de este
tipo interpuestas en Tijuana (en menos de un mes de 2013).
En contradicción a
lo dicho por el procurador Manjarrez, el Código Penal del estado ni siquiera contempla el delito de “privación
ilegal de la libertad”, donde menciona ese concepto, es al definir el delito de
secuestro:
ARTÍCULO 164.- Formas típicas y punibilidad.- Al que prive
de la libertad a otro, se le aplicará prisión de veinte a cuarenta años, y
multa de cien a quinientos días, si el hecho se realiza con el propósito de:
I.- Obtener un rescate;
III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a
persona distinta relacionada con él.
El problema para las
familias de estos presuntos delincuentes ha sido admitir que su pariente
secuestrado o asesinado se dedica a delinquir, y la omisión de la Procuraduría,
de no investigar estas denuncias como secuestros; razón por la cual a pesar de
que los integrante del CAF están identificados, algunos de ellos con múltiples
menciones en indagatorias abiertas, la PGJE no ha solicitado orden de
aprehensión en contra de ninguno.
“Podemos toparnos
con ellos, tenerlos enfrente y no tendríamos elementos para detenerlos”,
explicó un elemento operativo.
Los presuntos responsables de Sinaloa
Las áreas de
inteligencia incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad también tienen
identificados a los principales protagonistas del lado del Cártel de Sinaloa, y
de igual forma, sus nombres o apodos han sido mencionados ante agentes de la
PGJE en diversas declaraciones.
Sin embargo, pese a
las menciones en diversas indagatorias, ninguna de las procuradurías ha
solicitado órdenes de aprehensión en su contra. Judicialmente, las
corporaciones operativas ven la situación más complicada y ejemplifican con uno
de los focos rojos: en el Cártel de Sinaloa, ligado a José Soto “El Tigre”, se
trata de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”: “Es el que trae todo el
desmadre (refriéndose a los homicidios) en Los Pinos y La Presa”, aseguran dos
jefes de igual número de instituciones policiacas.
El conflicto para
los encargados de vigilar la seguridad es que este hombre ya había sido
detenido por la Policía Estatal Preventiva (PEP) el viernes 2 de diciembre de 2011. Capturado
en compañía de dos cómplices -Guadalupe Javier Rodríguez Cruza y Kelvín
Humberto Quiñónez Armenta- cuando circulaba en un auto con reporte de robo,
este primo de Raydel López Uriarte “El Muletas” (capturado en febrero de
2010) fue delatado por sus acompañantes,
quienes confesaron operar criminalmente para Mendoza Uriarte desde septiembre
de 2011. Dijeron realizar operaciones de narcomenudeo y haber cometido varios
homicidios en los fraccionamientos García, Florido, Mariano Matamoros y Los
Pinos.
“El Güero Chompas”
amenazó a los policías que lo apresaron: “Van a valer madres”, e igual lo
presentaron, fue consignado y posteriormente liberado, sin informar a las
autoridades incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad, donde detectarían su
regreso criminal a las calles a principios de diciembre de 2012.
Una vez reportado su
regreso a la actividad criminal, las fuerzas operativas pidieron información y
se enteraron que fue liberado el 10 de diciembre de 2010. La secretaria de
Acuerdos del Juzgado Sexto Penal, Elizabeth Hernández, lo absolvió del delito
de homicidio calificado y decretó suspensión condicional de la pena de prisión
que compurgaba por robo de auto.
“Ahorita tenemos
reportes fidedignos de que los tres están delinquiendo”, declaró una fuente de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Otro matón al
servicio del Cártel de Sinaloa está identificado como “El Pariente” y lo acusan
del “secuestro” de Salvador Silva, hermano de una de las mujeres de Ángel
Jácome Gamboa “El Kaibil” (detenido
marzo de 2009). De acuerdo a reportes de las autoridades, el secuestrado sirve
a José Soto “El Tigre”.
En esta privación,
las autoridades manejaron dos hipótesis: una, le quedó a deber a su grupo; dos,
fue un ataque del Cártel de Sinaloa al “Tigre”.
De acuerdo a
declaraciones de los detenidos, “El Pariente” sería Guadalupe Montoya Angulo, y
el segundo en el mando, su sobrino Jonathan Chavarría Montoya.
Las indagatorias
indican que antes de planear pedir los 30 mil dólares por su rescate, los
secuestradores golpearon a Silva para que les dijera “con quién trabajaba,
cuándo y a qué horas pasaban la droga por Popotla y desde cuándo estaban
operando en la zona”.
El rescatado no
tiene órdenes de aprehensión en su contra, pero está siendo investigado por las
áreas de inteligencia en relación a su presunta vinculación al desembarque de
droga en la zona de Popotla, y con otras privaciones.
Elementos de
seguridad en el área de inteligencia presumen que el Cártel de Sinaloa pretende
deslindarse de José Soto, a quien habrían dejado pasar aquel intento fallido
del robo de 134 toneladas que terminó en el mayor decomiso realizado en el
estado en octubre de 2010.
Con la reactivación
de células criminales del CAF y el grupo de matones del Barrio Logan, los
narcotraficantes al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El
Mayo” Zambada están iniciando un enfrentamiento que ha resultado en robos de
droga entre miembros de las mismas células, retrasos en deudas por narcóticos o
pago de piso; situaciones que están terminando en ejecuciones, en la mayoría de
los casos resuelven las autoridades, son crímenes “autorizados/ordenados” por Alfonso Arzate “El Aquiles”.
Los muertos y la PGJE
La versión oficial
de la fiscalía estatal es que el 90 por ciento de los homicidios son
precisamente estos asesinatos por deudas entre
delincuentes dedicados a la venta de droga al menudeo.
De parte de la PGJE,
el subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván, rechazó que la
fiscalía esté inactiva: “Se están resolviendo incluso los asesinatos”.
Sin embargo, eso no
ha ocurrido con los primeros casos de homicidios por narcomenudeo ocurridos en 2013: la mujer
asesinada el 2 de enero en la colonia libertad; Martín García, acribillado el 6
de enero en la colonia Reforma; Antonio Cázares, muerto el día 7 en la Tercera
Etapa del Río; un hombre asesinado en fraccionamiento Villas de Alcázar el día
9; y el policía municipal Ricardo Salgado, acribillado el 10 de enero. Todos
los expedientes registran el narcomenudeo como móvil del crimen.
A la fecha, los
únicos casos donde existen sospechosos es el triple asesinato ocurrido el 9 de
enero en la colonia Alfredo Ames, y el cuerpo baleado encontrado el mismo día
en el Panteón San Jerónimo del Ejido Lázaro Cárdenas. Las víctimas fueron
Alfredo Guzmán, además de Víctor y José Montes de Oca, padre e hijo, los
presuntos responsables sus proveedores y compañeros en la venta de enervantes
ilícitos, “El Páez” y “El Compadre”.
En el tema de
secuestros, Galván destacó que todos los asuntos “se atienden, incluso cuando
nos dicen que la persona desaparecida se dedica al narcomenudeo u otra
actividad ilícita, porque es nuestro trabajo; lo que pasa es que los familiares
están preocupados y quisieran que todo fuera distinto”.
Específicamente se
le preguntó del secuestro y posterior asesinato de Jaime Rueda Magaña, se lo
llevaron el 13 de diciembre de 2012 y apareció muerto tres días después, aunque
la madre pagó 500 mil pesos por su rescate. “Fue muy poco tiempo, estábamos
trabajando, quienes se lo llevaron pedían también un cargamento de cristal,
porque sabían que el tío movía 30 kilos de esa droga al mes”.
A la fecha no se ha
sabido que la PGJE haya iniciado investigación en contra del tío de este joven,
presunto narcotraficante de nombre Zeferino. Tampoco ha sucedido que el grupo
antisecuestro rescate a ninguno de estos hombres catalogados por la fiscalía
como privados de la libertad.
La información de
que Fernando Sánchez intenta rearmar sus grupos delictivos a través de Melvin
Gutiérrez, activó alertas ante la posibilidad de pugnas internas o entre los
dos cárteles.
Por lo pronto,
conforme al análisis de la información recibida por denuncias anónimas, las
autoridades han detectado que los sinaloenses están delatando a los del CAF
para que sean detenidos, lo que podría ser el inicio de una guerra criminal
ante la impunidad local.
(SEMANARIO ZETA/ Enero 28, 2013/ ZETA Investigaciones)
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