María Isabel Mercado Juárez
Finalmente Global Corporation se impuso al gobierno de
Carlos Bustamante Anchondo, ahora obligado a requerir a los ciudadanos el cobro
de infracciones registradas por el sistema de video vigilancia y, en los casos
de no pago, deberá presentarle a la empresa una justificación; de lo contrario
estará forzado a cubrir el monto de la multa con recursos del erario público.
Desde octubre de 2012, el Cabildo de Tijuana validó el
convenio judicial entablado en diciembre de 2011en forma unilateral por el
alcalde Carlos Bustamante con la empresa, obligando así al municipio a
desembolsar 150 millones de pesos.
Aun cuando la mayoría de los ediles acordaron la
indemnización millonaria a Global Corporation, no avalaron que se obligara al
municipio a cobrar las multas de los automovilistas que trasgredieran la Ley y
quedaran grabados en las cámaras, por lo que condicionaron el nuevo acuerdo con
la compañía, siempre y cuando se modificara ese párrafo y se deslindara a la
administración municipal de esa responsabilidad.
Pero la empresa no cedió, por lo que en la última
sesión de Cabildo, los ediles -en este caso la mayoría priista- no tuvieron que
doblar las manos y aceptar la imposición, por lo que ahora el gobierno local
tendrá que invertir en todo un sistema administrativo y de gestión para captar
los ingresos de esas multas. Eso, o pagar con recursos públicos el 50 por
ciento que corresponde de esa captación a Global Corporation.
De entrada, tiene que adecuar un sistema digital en
las patrullas, modernizar su sistema de cobro en caja y signar un convenio con
el Gobierno del Estado, para que estas faltas de tránsito puedan ser cobradas
al momento en que el automovilista trasgresor acuda a tramitar la tarjeta de
circulación, o revalidar placas y tenencia.
También tendrá que pagar a gestores que se encarguen
de notificar en su domicilio a quien no respetó las leyes de tránsito, y si
éste no está en condiciones de cubrir el monto de la multa, deberá notificar en
un plazo de 30 días a la empresa la justificación del por qué no se realizó el
cobro. Todo con cargo al erario público.
“El gobierno se entregó solo”, manifestó Erwin
Areizaga Uribe, regidor representante de la fracción panista en el Cabildo de Tijuana,
al manifestarse en desacuerdo de esta cláusula, calificándola de “desventajosa”
para el municipio.
De acuerdo a la resolución judicial, de la cual se
desprende el citado convenio, no hay ordenanza que obligue al gobierno a
hacerse cargo del cobro, notificar a la empresa, ni mucho menos que se le
obligue a pagar las multas no justificadas.
“Tampoco determinó un monto específico para pagar a
Global, fue el propio gobierno del alcalde y su equipo los que determinaron la
indemnización de 150 millones de pesos, sin antes entablar una defensa en favor
del municipio”.
Areizaga Uribe aclaró no estar en contra de la
implementación del sistema de video vigilancia, sino en los términos en que se
dio el convenio con la empresa y la forma como se reanuda la transacción.
Así lo planteó en la sesión de Cabildo del lunes 21 de
enero, intervención que, como ya es costumbre, derivó una respuesta intolerante
de parte de Carlos Bustamante, quien en forma grosera respondió al edil cuando
éste cuestionaba por qué no se les había proporcionado la resolución judicial
completa, solicitando le señalara la parte en que se establecía el pago de 150
millones de pesos.
El secretario de Administración y Finanzas, Rufo
Ibarra Batista, admitió que no hay una sentencia que determine una cantidad
específica a pagar, “si así fuera, nos habrían embargado”, comentó, además de
considerar que en un plazo de dos meses se adecuará el sistema de cobro.
A pesar de que el funcionario no precisó una fecha
para que las ciber-multas entren en vigor, la fecha tentativa es septiembre de
2013, una vez transcurrido el proceso electoral.
(ZOCALO/
María Isabel Mercado Juárez/ enero 28,
2013)
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