Zacarías Cervantes
Chilpancingo.-La
vigilancia de los pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa que se
armaron en contra de la delincuencia desde el 5 de enero, ayer todavía recayó
en los ciudadanos, porque la presencia del Ejército y de la Policía Federal no
ha sido permanente.
Mientras tanto, los
dirigentes del movimiento se volvieron a reunir ayer en Ayutla para seguir
preparando la asamblea popular del 31 de enero en la que serán juzgados los detenidos
que, según informaron, ya suman 56.
Vía telefónica, uno
de los voceros del movimiento en Tecoanapa, aseguró que en los puntos de
revisión y control de Las Mesas, municipio de San Marcos y en El Pericón
municipio de Tecoanapa, sigue la presencia de ciudadanos realizando la revisión
de los automovilistas que son sospechosos, debido a que los elementos del
Ejército solamente estuvieron unas horas, pero el fin de semana abandonaron sus
puestos.
La fuente explicó
que en el caso de Ayutla, solamente hay filtros de los ciudadanos y también hay
recorridos permanentes por las comunidades.
Dijo que los
soldados solamente realizan patrullajes por la carretera estatal Tierra
Colorada-Cruz Grande, mientras que por las noches son auxiliados por la Policía
Federal, con quienes instalan retenes intermitentes a lo largo de la carretera,
en los tramos que comprenden estos dos municipios.
Pero, dijo, en el
transcurso del día las actividades de los uniformados se reducen a realizar
recorridos por la carretera.
El coordinador del
movimiento civil de autodefensa de Tecoanapa, informó que las clases se han
regularizado sobre todo en las comunidades rurales, pero que en algunas de la
zona urbana que se encuentran a la orilla de la carretera, no se han podido
normalizar, en algunos casos porque los alumnos tienen miedo y no acuden a sus
escuelas por decisión de sus padres.
Informó que las
reuniones de los dirigentes del movimiento con los distintos sectores son
diarias y que se han reunido con los maestros a quienes han dejado en libertad
para que sean ellos los que determinen si realizan sus actividades, “algunos
han decidido regresar a sus labores, otros no, pero creemos que poco a poco
todo va a ir regresando a la normalidad”, dijo.
Informó que ayer,
por ejemplo, se volvieron a reunir en Ayutla con los transportistas a quienes
les pidieron su colaboración para regularizar el servicio “y para insistirles
en su colaboración para evitar que sean infiltrados por los delincuentes”.
Dijo que los
dirigentes del movimiento de autodefensa continúan deliberando con los
comisarios municipales y comisariados ejidales o comunales de los distintos
pueblos para detallar el mecanismo mediante el que serán juzgados los 56 presos
que se encuentran bajo resguardo del movimiento.
Informó el número de
detenidos se incrementó (la semana pasada reportaron 44) debido a que algunos
de ellos fueron entregados por los propios comisarios municipales, quienes los
acusan de diferentes delitos.
El vocero rechazó
una versión periodística en el sentido de que algunos ya fueron liberados, pues
dijo que todos serán declarados, y en su caso juzgados, en una misma asamblea
popular y que antes, ninguno de los dirigentes está facultado para liberar a
nadie.
Mientras tanto, la
comisión de organización envió ayer una invitación a las organizaciones
sociales, a la prensa, a las agrupaciones indígenas y a los organismos de
derechos humanos, para que asistan a lo que será el “Tribunal de Justicia
Comunitaria de la Unión de Pueblos de la Costa Chica por la Seguridad y
Justicia”.
La invitación
expresa: “los pueblos y comunidades organizados en torno a nuestro legítimo
derecho a la autodefensa, hacemos la más cordial invitación para asistir el día
31 de enero del 2013 “al Tribunal de Justicia
Comunitaria”.
Informa que el
encuentro será en la comunidad mixteca de El Mesón, municipio de Ayutla de los
Libres, “donde se realizará a través de nuestros usos y costumbres, una
impartición de justicia comunitaria a los resguardados, que a partir del día 6
de enero del presente año, han sido señalados como parte del crimen organizado
que ha azotado a nuestra región”.
Aclara que: “esta es
una asamblea pública, pero cuyas decisiones recaen en los pueblos organizados”.
El documento añade
que, “les adelantamos que así como sucedió en la Costa-Montaña, nos alejaremos
de todas las formas corruptas de lo que le dicen justicia en nuestro país”.
Agrega que, “estamos
pensando en reeducación y no en prisión, estamos pensando en las familias
afectadas y eso incluye a las de los resguardados, estamos pensando en que
reparen el daño que hicieron con trabajo comunitario y no con dinero”.
En este contexto la
comisión de organización de las actividades de éste 31 de enero invita “a
observar de cerca cómo nos organizamos y cómo estamos empezando a impartir
justicia en esta región”.
El documento también
cuestiona que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum), quien visitó a los “resguardados” por el movimiento el 23 de
enero, haya tenido “mucha preocupación por constatar el estado en que se
encontraban, pero no de las familias de quienes fueron asesinados, abusadas
sexualmente, extorsionados, secuestrados”.
En el escrito se
quejan de que, “nunca recibimos visita alguna, por eso hoy la justicia la
ejercemos nosotros, pero no de forma cualquiera, sino que de una forma
comunitaria. Que no es con ganas de destruir a ninguna persona, es con ganas de
que enderece su camino”.
(EL SUR DE ACAPULCO/ ZACARIAS CERVANTES/ ene 29, 2013)
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