La ruptura de una sociedad mercantil exhibe a
funcionarios.
Denuncia penal evidencia red de corrupción en DIF, SEP
y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
Proveedores facturaban millonarias ventas a nombre de
Clara Lizeth González Romero y Comercializadora Abarrotera de Baja California
Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios a la casa
cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, Hospital
Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta al Hospital General “Juan María de
Salvatierra”
Gerardo Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña
Una denuncia penal
presentaba el 12 de septiembre de 2012 en la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012, puso
en evidencia una red de corrupción dentro del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Los integrantes
fueron plenamente identificados con nombres, apellidos, cargos, fechas,
cantidades, testimonios, documentos y todas las piezas clave de lo que resultó
ser una estructura de favores, recomendaciones y encubrimiento que actualmente
y al cierre de esta edición, estaba produciendo dinero ilícito a los presuntos
implicados.
Los señalados son, por el DIF:
- Martín González
Fiol, director general.
- Rosa E. Solorio
Ramírez, coordinadora administrativa, quien se jacta de una supuesta amistad
con la esposa del gobernador, María Helena Hernández de Covarrubias.
- Carlos Roberto
Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros y militante del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por la SEP:
- Sonia Murillo
Manríquez, directora de Administración y Finanzas.
- Consuelo Peñaloza,
jefa del Departamento de Recursos Financieros.
- Heidi Estrada
Martínez, directora de Casa del Estudiante.
Por la Secretaría de
Salud:
- Luis Humberto
Araiza López, ex director administrativo.
- Víctor García,
jefe del Departamento de Pagos.
- Julio César
Buenrostro de Dios, titular de la Unidad de Contraloría Interna.
- Carlos Arriola
Isaís, director general del Hospital General “Juan María de Salvatierra”.
- Víctor Manuel
Nolasco Cota, director administrativo de ese nosocomio.
- Manuel Alejandro
Cota Crespo, jefe del Departamento de Pagos del hospital.
Las evidencias de
esta red de corrupción brotaron al estallar una pugna entre socios de una
compañía por el cobro de cheques y pagos que terminó por develar que “habían
sido favorecidos con la asignación directa de cuando menos siete contratos por
funcionarios de primer, segundo y tercer nivel, aprovechando que la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Baja California Sur, no los
obligaba a licitar porque el monto de compra en una sola exhibición, no
rebasaba el tope de los 504 mil pesos que establece como máximo el Artículo 26
Fracción III de la citada Ley”.
Los proveedores
facturaban sus millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero, y
bajo el nombre comercial Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur,
S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios como carne,
pollo, pescado, cafetería, carnes frías, despensas, cigarros y frutas y
verduras, a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de
La Paz, hospital psiquiátrico, centros comunitarios DIF y hasta al Hospital
General “Juan María de Salvatierra”.
El dinero de la
venta de todos estos productos se concentraba -según la denuncia penal- en la
cuenta fiscal número 0679861339 del barco Banorte, que aparece a nombre de
Clara Lizeth González Romero.
La mecánica de estas
operaciones era muy sencilla. Aprovechando su investidura, el ex subsecretario
de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, conseguía los
contratos de compraventa y enviaba a los cuatro socios de la compañía a cerrar
los tratos de manera directa.
La que figuraba como
propietaria de la empresa, Clara Lizeth González Romero y su esposo, Luis
Josefat Gastélum Vázquez, eran los encargados de almacenar y surtir todos los
pedidos a las dependencias estatales.
Por su parte, los
otros dos socios, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez,
resultaron ser cuñado y concuña de Aurelio Ortiz Zambrano, además de
responsables de administrar y facturar todo lo que se vendía.
La contabilidad de
estas operaciones era manejada por Carlos Mayoral, contador del negocio
particular de quien, hasta el 16 de noviembre de 2012, fungiera como
subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del gobierno del panista
Marcos Covarrubias Villaseñor.
Datos recabados por
ZETA exponen que el proveedor de todas estas instituciones de gobierno no
reunía siquiera los requisitos principales requeridos por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, como tener un local
comercial u oficina legamente establecido, una licencia comercial expedida por
el Ayuntamiento local y una razón social afuera del establecimiento.
El negocio
prácticamente operaba desde la penumbra, pues su domicilio fiscal de la calle
del Río número 115, Colonia La Fuente de la ciudad de La Paz, resultó ser una
vivienda particular que servía únicamente como centro de almacenaje y
repartición de productos alimenticios.
No obstante, durante
una entrevista con ZETA, Luis Josefat Gastélum Vázquez, uno de los socios,
declaró que la compañía era propiedad de su esposa y todos los demás “éramos
empleados, pues cuando comenzamos, decidimos asignarnos un sueldo que
cobrábamos cada quince días”.
Los únicos socios
que manejaban tarjeta de la cuenta bancaria eran González Romero y Maura
Georgina Pantoja Pérez, esta última controlaba y firmaba los cheques que
expedía la compañía.
Gastélum Vázquez y
su esposa, Clara Lizeth, hablaron de todo con este Semanario, de la operación
del negocio, la asignación directa de los contratos y las pugnas que terminaron
en una denuncia penal en contra de sus ex socios, donde aparecen involucrados
la mayoría de los servidores públicos señalados.
— ¿La empresa otorgó
un porcentaje de dinero de sus ventas a todos los funcionarios relacionados para
que los favoreciera con los contratos? ¿Cuántos les pagaban?
“No te sabría decir,
salvo que a mí me habló directamente el señor Aurelio Ortiz Zambrano, cuando
era mi amigo, y me invito a registrar una empresa porque expresamente me dijo,
‘íbamos a ser proveedores directos del gobierno y había oportunidad de hacer
negocio’; y yo le digo que sí, y la empresa se registró a nombre de mi esposa.
No sé si él haya acordado algo con ellos de manera directa o si les pagaba o
no, pero de que se notaba el interés desde que empezamos, sí, porque entrando
en operaciones el gobierno de Marcos Covarrubias, inmediatamente nos asignaron
los contratos”.
El comienzo
A espaldas del
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el ex subsecretario de Planeación y
Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, se coludió con funcionarios de
primer, segundo y tercer nivel para sacar raja económica en la asignación de
contratos y obtener dinero de manera ilícita.
La empresa fue
creada ex profeso -y así lo reconoció quien figura como propietaria, Clara
Lizeth González Romero-, pues de la nada fue registrada el 25 de abril de 2011,
es decir, diez días después de la toma de protesta del gobernador, en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro federal de
contribuyente GORC791111MU0, porque se había planeado favorecerla con los
contratos de manera directa y sin entrar a ninguna licitación.
La compañía nació a
sugerencia del propio ex funcionario, cuando llamó telefónicamente a quien
fuera su amigo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, y le recomendó registrarla para
empezar hacer negocio en el cuatrienio del Partido Acción Nacional (PAN).
— ¿Cómo conoces a
Aurelio Ortiz Zambrano, cómo te contacta? ¿Participaste en la campaña del
gobernador Covarrubias?, pregunta ZETA al esposo de González Romero.
“Bueno, yo no
participé en la campaña del gobernador. De hecho, no lo conozco en persona. A
mí me llama un día por teléfono el señor Aurelio, porque su esposa Janeth, es
muy amiga de mi familia, y nos dice que va a tener un buen cargo dentro del
gobierno y me invita a organizar un negocio, porque nos dice que quiere que
seamos proveedores directos. Yo hablo con mi esposa y decidimos que se haga el
trámite de un registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sea
ella quien figure como dueña; y entonces así empezamos a trabajar”.
La asignación de los
contratos -relata el joven- era un sueño que los involucrados parecían estar
viviendo, pues de la nada comenzaron a llamarles de varios lados y a
requerirles de productos alimenticios, por lo que decidieron cerrar el trato de
compraventa de la casa que servía como almacén y lugar de residencia.
Gastélum Vázquez
recibió una llamada telefónica del ex subsecretario de Planeación y Desarrollo
Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, y solicitó integrara en el “equipo de
trabajo” a su cuñado y concuña para que administraran el negocio, porque para
entonces tenían una pesada carga de trabajo y no podían con todo.
— ¿Aceptaron?
“Sí, aceptamos
porque finalmente el negocio estaba a nombre de mi esposa y teníamos todos los
contratos firmados, y el trato es que ellos serían empleados y recibirían un
sueldo, como el que estábamos cobrando nosotros para concentrar las ganancias
en la cuenta bancaria y poder tener fondos para responder rápidamente en las
requisiciones de los pedidos del gobierno”.
De acuerdo con
documentos que obran en poder de ZETA, el negocio de proveer productos
alimenticios era bastante lucrativo, pues aunque aparentemente la mayoría de
las compras eran pequeñas -entre los dos, tres, cinco y hasta seis mil pesos-,
al término de mes la venta neta alcanzaba los 200 mil pesos.
Las cuentas
Para tener una idea
más clara, en base únicamente a un estado de cuenta emitido el 10 de septiembre
de 2012, la subdirección administrativa del Hospital General “Juan María de
Salvatierra” pagó las siguientes facturas y cantidades a Clara Lizeth González
Romero por concepto de productos alimenticios:
- El 7 de febrero pagó 13 mil 824 pesos, amparados en
las facturas 776, 777, 779 y 780.
- El 21 de marzo pagó 9 mil 856 pesos (facturas 792,
793 y 794).
- El 3 de abril pagó 13 mil 502 pesos (facturas 786,
787, 788, 789 y 780).
- El 11 y 23 de abril pagó 15 mil 232 pesos (facturas
866, 867, 868, 868, 792, 793 y 794).
- El 25 de mayo pagó 4 mil 800 pesos (facturas 968 y
1165).
- El 18 y 26 de junio pagó 9 mil 908 pesos (facturas
969, 970, 1164 y 1166).
- El 5 y 12 de
julio pagó 10 mil 112 pesos (facturas
1165, 1185 y 1187).
- El 1 y 13 de agosto pagó 6 mil 016 pesos (facturas
1188 y 1254).
En total, 90 mil 356
pesos fueron liquidados únicamente en una de las siete instituciones con las
que tiene contrato el proveedor, quien dicho sea de paso y en base a los
consecutivos de los folios de las facturas, es evidente que solo se dedica a
vender sus productos al gobierno y no tiene otros clientes, porque como dijo el
joven Luis Josefat Gastélum Vázquez, “el negocio está en venderle al gobierno
de Marcos Covarrubias”.
La mayor parte de
estos pagos salen del llamado fondo revolvente de cada institución, a excepción
de Casa del Estudiante de La Paz y el Hospital Psiquiátrico, cuyas cuentas son
pagadas en parte por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y
Secretaría de Finanzas.
Por ello, y en base
a la relación de documentos en trámites de la Dirección de Administración y
Finanzas de la SEP, bajo el folio R080016 de fecha 1 de agosto de 2012, algunos
pagos no salen instantáneamente y tardan en ser liquidados, como los 169 mil
346 pesos y 88 centavos en lista de espera para ser pagados a Clara Lizeth
González Romero, que forman parte de los entre 4 y 5 millones que el gobierno
estatal adeuda a este proveedor.
La pugna
Cuando todo parecía
“miel sobre hojuelas”, el 8 de agosto de 2012, la proveedora Clara Lizeth
González Romero fue notificada y citada a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
No sabía de qué se
trataba, pues según la denuncia penal, el contador de Aurelio Ortiz Zambrano
llevaba toda la contabilidad en orden, y aunque estaba segura, decidió ir y se
encontró con que se habían omitido las siguientes declaraciones fiscales.
Del año 2011:
- 7 declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- 7 declaraciones del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU).
- 8 declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- 9 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT)
- Declaración anual.
Del año 2012:
- 7 declaraciones del ISR.
- 7 declaraciones del IETU.
- 7 declaraciones del IVA.
- 7 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT).
Contrariada y
levemente asustada -describe-, Clara salió de la SHCP y lo primero que hizo fue
llamar al contador Carlos Mayoral, y posteriormente, al ex subsecretario de
Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano.
“Así es como
comienzan los problemas, porque en eso no habíamos quedado. Los primeros dos
meses hicieron todo correctamente, y luego me encuentro con esa sorpresa,
obviamente reaccioné y no solo fui a Hacienda, también me puse a investigar y
solicité estados de cuenta a todas las dependencias que estamos surtiendo, y en
ese recorrido, me entero de que el cuñado y la concuña de Aurelio, ya se nos
habían adelantado y habían solicitado que de hoy en adelante todos los tratos
eran con ellos, y piden que no se nos pague nada a nosotros”, expresó la que
figura como dueña de la empresa Comercializadora Abarrotera de Baja California
Sur, S.A. de C.V.
La mujer entregó un
escrito como representante legal de la compañía y una serie de documentos que
acreditan jurídicamente su personalidad, solicitando que los pagos no sean
entregados a los familiares del funcionario estatal, Javier Camacho Lizárraga y
Maura Georgina Pantoja Pérez.
Asimismo, pide un
estado de cuenta a cada uno de sus clientes, pero solo la subdirección de
administración del hospital “Juan María de Salvatierra” y la Dirección de
Administración de Finanzas de la SEP, determinan entregarle el informe
solicitado por escrito.
Cómo se coludieron
El resto de los
servidores públicos se colude con los parientes de Aurelio Ortiz Zambrano, y la
disputa comienza por un botín de entre 4 y 5 millones de pesos.
Durante una
entrevista con ZETA, Clara Lizeth González Romero expuso que ella comenzó a
sospechar de los malos manejos desde que los familiares del funcionario “decían
que no salían pagos, y el único dinero que supuestamente salía, era al que le
dábamos vuelta para surtir los pedidos”.
El esposo de Clara
dijo que todo era muy sospechoso porque el cuñado del funcionario, Francisco
Camacho Lizárraga, repentinamente se compró una camioneta Hummer. “Yo me quedé
pensando y dije, algo está pasando, porque supuestamente no salen pagos, pero
sí trae una camioneta del año. Entonces, fuimos al banco y lo primero que me
encuentro es un cheque expedido a nombre de Aurelio Ortiz Zambrano”, comentó.
El documento número
273 fue expedido el 24 de abril de 2012 por 35 mil pesos a favor del ex
funcionario; fue cuando reclamaron porque estaban dándole dinero.
La respuesta vino
del propio Aurelio Ortiz Zambrano, quien negó a ZETA recibir parte de las ganancias
de las operaciones ilícitas, además de que el cheque recibido fue por la venta
de esa camioneta.
— ¿Usted recibió
algún pago o cheque de ese negocio a nombre de Clara Lizeth González Romero?
“Mire, yo, recibí, y
creo que no es uno, sino tres cheques que recibí del señor Javier Camacho
Lizárraga por un vehículo de mi propiedad que le vendí en 2011, obviamente, ese
vehículo estaba declarado en mi declaración patrimonial, y en su momento, cuando
se hizo la enajenación también, ¿no? Me hicieron varios pagos a cuenta de ese
vehículo y finalmente están pasados por mi cuenta, declaró.
Pero esa es solo la
punta del iceberg de una serie de irregularidades cometidas durante la
administración de la compañía proveedora. “Nos estaban robando”, acusó Luis
Gastélum.
Como
administradores, se apoderaron de los contratos firmados con instituciones de
gobierno y tenían bajo su control los documentos de lo que se surtía y lo que
se cobraba, así como las cuentas pendientes por cobrar; información
privilegiada que se negaron a entregar a sus socios, cuando fueron encarados y
comenzó la disputa.
El problema llegó a
las instancias judiciales, donde actualmente se ventila el caso, bajo el número
de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012.
La representante
legal de Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V.,
Clara Lizeth González Romero, señaló a sus ex socios Javier Camacho Lizárraga y
Maura Georgina Pantoja Pérez por el delito de peculado, toda vez -y según
pruebas documentales- que cobraron sin su consentimiento decenas de cheques
productos de sus ventas, coludidos con funcionarios e incluso falsificando su
firma, utilizando una supuesta carta poder firmada por ella y presuntamente
certificada por el Notario Público Número 13, Carlos Arámburo Romero.
En el documento,
donde aparecen la firma y los sellos de la notoria, se certificaba que Clara
Lizeth González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez se habían presentado a
solicitar un poder notarial a favor de la segunda “por propio derecho”.
El supuesto poder
notarial, fechado el 19 de julio de 2012, resultó ser falso. El propio notario,
Carlos Arámburo Romero, negó el 18 de enero de 2013 “haber certificado un poder
notarial a favor de Maura Georgina Pantoja Pérez y/o Javier Camacho Lizárraga,
y otorgado por Clara Lizeth González Romero”.
En el escrito, bajo
el folio 002/NOT13/2013, el notario expuso que hizo una búsqueda en los
protocolos notariales a su cargo y no encontró ningún poder otorgado a favor de
los familiares del ex funcionario.
De hecho, en una
breve entrevista con ZETA, dijo que procedería legalmente en contra de los
presuntos responsables de este hecho, toda vez que no había tenido nada que ver
con ese asunto.
Tanto Javier Camacho
Lizárraga como Maura Georgina Pantoja Pérez, utilizaron el supuesto poder
notarial para cobrar todo el dinero y dejar prácticamente en la calle a sus ex
socios, quienes definieron, “se cegaron por la ambición de poder y dinero”.
En la querella, las
víctimas acusan directamente del delito de incumplimiento de un deber legal a
los siguientes funcionarios del gobierno de Marcos Covarrubias:
- Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa
de DIF Estatal.
- Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento
de Recursos Financieros de DIF Estatal.
Indebidamente y en
común acuerdo con los familiares de Aurelio Ortiz Zambrano, los servidores
públicos entregaron los pagos a quienes no estaban autorizados para su cobro, a
pesar de haber sido notificados en tiempo y forma.
Otros implicados
Según la denuncia,
están implicados Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo del
Hospital General; Víctor García, jefe del Departamento de Pagos; Luis Humberto
Araiza López, ex director administrativo y Heidi Estrada Martínez, directora de
la Casa del Estudiante.
No obstante, el
abogado defensor de la pareja, Carlos Arturo Mayoral Vázquez, prepara dos
denuncias penales más en contra de esta red de corrupción de servidores
públicos por el delito de peculado impropio, pues una vez surgida la pugna
entre socios, sacaron a unos y pusieron a otros de proveedores, como si se
tratara de un negocio particular y sin haber lanzado una licitación.
Cínicamente y sin
cuidar las formas, los contratos pasaron de la pareja de Clara Lizeth González
Romero y Luis Josefat Gastélum, a Maura Georgina Pantoja Pérez y Javier Camacho
Lizárraga, a fin de beneficiarlos con dinero del erario público, aunque estos
últimos no tienen siquiera una oficina formal, licencia comercial expedida por
el Ayuntamiento local, o una razón social.
Peor aún, les dieron
oportunidad de reemplazar las facturas de sus anteriores socios, a fin de que
los pagos comenzaran a salir a un nombre, a pesar de que el producto había sido
comprado con dinero de la anterior sociedad mercantil.
Los nuevos proveedores
de la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz,
Hospital Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta el Hospital General “Juan María
de Salvatierra”, actualmente operan desde la casa de la suegra del encargado de
la Secretaría de Economía, Aurelio Ortiz Zambrano, localizada en Calle
Cuauhtémoc entre Félix Ortega y Marcelo Rubio Ruiz, en La Paz; como si no
hubiera otros negocios legalmente establecidos y con capacidad financiera de
proveer de productos al Gobierno del Estado.
El abogado de la
pareja anticipó que también se prepara una denuncia penal en contra de
servidores públicos por el delito de asociación delictuosa, derivado de que
esta red de corrupción está operando para sustraer ilícitamente recursos
públicos para beneficiar a ciertas personas con las que tienen asuntos de
negocio y de amistad.
La contraparte
Sobre estos hechos,
el principal acusado, Aurelio Ortiz Zambrano, aceptó conocer al joven Luis
Josefat Gastélum Vázquez y reconoció el parentesco familiar con Javier Camacho
Lizárraga, hermano de su esposa Janeth.
Sin embargo, negó
las imputaciones y dijo “no tener el alcance de poder mover influencias o tener
injerencias sobre la decisión de las compras en el Gobierno del Estado”.
“Creo que es una
imputación infundada, porque en lo que a mí respecta, es imposible que un
funcionario de segundo nivel, como es una subsecretaria, pueda tener injerencia
en operaciones de compraventa. Yo lo veo como un pleito entre particulares y
donde quieren involucrar a funcionarios y ex funcionarios, como es mi caso”,
explicó.
El ex subsecretario
de Planeación y Desarrollo Económico rechazó que la contabilidad de la empresa
Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V. se haya
llevado en su negocio particular y a través
de su contador Carlos Mayoral. “Es una situación exagerada, no hay
manera de comprobar eso, y sería prudente que el acusador pruebe eso, ¿no?”,
retó.
— ¿Usted intervino
en alguna ocasión para que no salieran pagos a favor de Clara Lizeth González
Romero?, se le cuestionó.
“No tengo ningún
comentario al respecto. La labor y el contacto de todos los funcionarios del
DIF, cuando yo estaba en la administración estatal, fue meramente de trabajo.
No hay ningún contrato o convenio donde haya tenido algo, donde yo haya podido
intervenir e influir. Y ciertamente por lo pequeño de la comunidad conozco a
algunos proveedores, pero de eso a que pueda influir para que le den un
contrato, le quiten o le pongan un pago, eso es imposible”.
Sobre las
acusaciones, el titular de la Unidad de Contraloría Interna, Julio César
Buenrostro de Dios, expuso: “Actualmente están desarrollando y llevando a cabo
un proceso sobre este problema con el proveedor”.
El funcionario fue
señalado de haber dado la orden de “fregar” todo tipo de pagos a favor de Clara
Lizeth González Romero, porque se puso del lado de otros socios.
— ¿En qué se basó
para ordenar la detención de los pagos?
“No, con todo
respeto, contraloría no ha emitido una orden de no pago, la orden es lo que
dice la Ley para esclarecer la queja que ella misma puso, y una vez esclarecido
y basado en la información que ella misma aporte, daremos un dictamen, pero no
tenemos la información todavía”.
— Las personas se
quejan de que no quieren pagarle por la disputa con sus ex socios y que los
funcionarios se están coludiendo con una de las partes…
“La información que
le hemos solicitado versa en ese sentido, cual es la información a la que ella
se refiere, yo en contraloría estoy haciendo mi investigación, pero yo necesito
la información de los elementos que ella me tiene que aportar, se los pedí hace
dos meses y no ha llegado”.
En tanto, la
coordinadora administrativa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), Rosa E. Solorio Ramírez, prácticamente le “aventó” el
problema a la Secretaría de Finanzas: “Lo único que hacemos aquí es el trámite
administrativo, y de aquí se va a la Secretaría de Finanzas, que emite
contra-recibos, cheques y pagos”.
— Los afectados
dicen que Usted ordenó que los cheques fueran entregados reiteradamente a
Javier Camacho y Maura Georgina Pantoja, a pesar de que estaban a nombre de
Clara Lizeth González Romero. ¿Por qué se hace esto?
“Bueno, mira, yo no
tendría la facultad de hacer eso porque la Secretaría de Finanzas tiene sus
propios lineamientos y la verdad desconozco eso, porque ellos para pagar un
cheque tienen que traer una carta poder
de por medio”.
— ¿Sabía Usted que
ya se interpuso una denuncia penal en su contra justamente por ese hecho de
ordenar la retención de pagos? ¿Qué nos puede decir al respecto?
“No tenía
conocimiento, pero hasta ahorita al momento que te estoy dando la entrevista,
no se me ha notificado nada por parte de alguna autoridad, pero en dado caso de
que sucediera, tendría que responder lo pertinente”.
— ¿Podría decirnos
si ahorita y en este momento, Javier Camacho Lizárraga y su esposa aparecen
como proveedores del DIF?
“Sí, aparecen como
proveedores, de hecho la señora Maura Georgina Pantoja Pérez…”.
— ¿Tienen los datos
de la licitación, o de qué manera deciden entregarles el contrato?
“No, mira, ellos lo
que nos venden son cosas que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios, te permite no licitar, y la mayoría de lo que venden son productos alimentarios
perecederos, en específico”.
ZETA solicitó una
entrevista con otros presuntos implicados, pero algunos rechazaron la petición
y otros más dijeron que llamarían; sin embargo, al cierre de esta edición
simplemente no se reportaron.
(SEMANARIO ZETA/ enero 28, 2013 /
ZETA Baja California Sur)
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