Humberto
Jaramillo
Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública en
Tijuana, señaló a ZETA que el “secreto” del robo a casa habitación es muy
concreto: “Se debe a las recicladoras y las casas de empeño”.
Y abundó:
“Si el que roba no tuviera la facilidad para poder
deshacerse de lo robado con tanta facilidad, fuera muy difícil”.
La mayoría de las recicladoras o centros de acopio
establecidos en Tijuana operan en la irregularidad ante la Dirección de
Administración Urbana del XX Ayuntamiento, dependencia en la que el giro es
obligado a tramitar una Opinión Técnica y Dictamen para su operación.
En 2011, 32 comercios contaban con una Opinión
Técnica, mientras que en 2012, solo cinco establecimientos renovaron el
trámite; requisito que es necesario, pero que no les permite aperturar un
negocio hasta obtener un Dictamen (permiso en Ecología, Bomberos y anuencia de
Impacto Ambiental). En 2011, solo siete negocios cumplieron con ambos requisitos,
y cuatro más el año pasado.
En Tijuana no existe un padrón de recicladoras o
centro de acopio, pero tan solo en sus inspecciones a comercios, la Dirección
de Bomberos clausuró 51 establecimientos que operaban en la irregularidad en
2012, apercibiendo a 15 negocios más.
El constante robo de alcantarillas, cable, metal y
medidores, merma las arcas gubernamentales y empresariales; las pérdidas
monetarias para las industrias no se comparan con la problemática que puede
generar este tipo de robo.
Una tapa de alcantarilla que pesa aproximadamente
entre 30 y 45 kilos, es triturada por los maleantes para su venta en las
recicladoras; el precio clandestino oscila entre los 70 pesos por pieza.
“La manufactura
del reciclaje es una industria ecológicamente y socialmente conveniente,
aporta poco más del 40 por ciento de las materias primas que como consumidores
demandamos”, declaró el empresario Humberto Jaramillo, de la recicladora
Cachanilla, para continuar:
“En el consumo diario de los ciudadanos, cada día
incorporamos más materiales desechables. En los refrigeradores de las tiendas
de conveniencia hay una cantidad impresionante de envases de plástico y aluminio;
como consumidores desechas teléfonos celulares, electrodomésticos, y se ha dado
que se ha penalizado la posesión del cobre”.
El problema del robo de cable y metal es preocupante
para la industria del reciclaje: “El robo es algo que condenamos todos, y en el
tema del cobre es particularmente sensible, porque quien robe un pedacito de
cobre, puede cortar una comunicación. El valor del cobre es un commodity que
tiene un valor que se fija en el mercado, y también es cierto que ofrece su
comercialización a barreras muy bajas, porque no necesitas tener mucha
tecnología para comprar cobre”, ejemplificó Jaramillo.
Según registros de la Policía Municipal, en algunas
recicladoras pagan con droga a los vendedores, a cambio de cable.
“Es una pena que la irregularidad de algunos centros
de acopio y recicladoras, afecte a la industria del reciclaje al vinculársele a
un comercio de drogas. Un ex presidente de México dijo:
‘Nosotros (República
Mexicana) éramos el trampolín y Estados Unidos era la alberca’; el consumo y la
venta de estupefacientes se ha disparado y nos ha generado un problema de
inseguridad tremendo. Porque un adicto al primero que roba es a su familiar,
después de que lo corren, sale a robar lo que sea”, señaló.
Según el empresario, la informalidad no es privativa
de la industria del reciclaje, sino de todos los giros:
“La industria
recicladora está obligada a una serie de permisos y requisitos que debemos
cumplir, es increíble la información que en materia de robo le proveemos a la
Procuraduría de todos los proveedores que tenemos. Por eso la informalidad se explica, el ejercicio de
estar legal le cuesta al empresario una fortuna”.
En efecto, no hay un padrón de recicladoras formales
establecidas, y el número no supera los 40 sitios.
“Deberíamos hacer un llamado a la autoridad de que
haya un programa, para que facilitara la inclusión. La informalidad no solo
permite la revisión correcta”, acotó.
Las recicladoras formales se rigen por normas, y hay
quienes se abstienen a comprar cable de la Comisión Federal de Electricidad, de
teléfono, así como de equipamiento urbano y de todo aquel producto que se sabe
no está a la disposición de la gente.
“Estamos muy regulados, con inspecciones constantes
por parte de la autoridad, pero deberían ser parejos y con Órdenes previas de
cateo. Estamos de acuerdo en que hay que combatir el robo”, concluyó.
(SEMANARIO
ZETA/ Humberto Jaramillo/ 29 de enero 2013)
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