Por el alza de precio de la electricidad, el
Estado perderá competitividad, desincentivará inversiones, afectará el
desarrollo económico provocando desempleo y disminuirá el poder adquisitivo de
la población ante una mayor inflación
El incremento de hasta 300
por ciento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto
a noviembre de 2017 afecta a grandes y pequeñas empresas, tal como relata Luis
Castro, propietario de Reciclados Castro, cuyo recibo de luz de noviembre de
2017 llegó por 12 mil 400 pesos. Mientras que en diciembre del mismo año el
costo se elevó a 78 mil 980 pesos, sin que se registrara mayor consumo de
electricidad.
“En 30 años de operación de
la compañía nunca habíamos visto un incremento en la luz tan exagerado”,
destacó Castro, quien podría cerrar su negocio y por consiguiente dejar sin
empleo a diez trabajadores, al no haber manera de afrontar tal encarecimiento.
Si bien, el alza en la
tarifas eléctricas industriales afecta a todo el país, Baja California es donde
más se encarecieron de las 17 zonas que conforman el país, al no estar
conectada a la red nacional, según la propia autoridad.
Así lo demuestra el caso de
la empresa regiomontana Basal, que produce cuartos refrigerados y desde hace
tres meses se instaló en Tijuana con una inversión de 20 millones de dólares.
El recibo de la luz, del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017, llegó por
267 mil 582 pesos. Un mes después el monto se elevó a 452 mil 363 pesos en BC.
En contraste, los costos de
electricidad de dicha empresa no se incrementaron en Nuevo León, destacaron los
presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) Tijuana, Marcelo Hinojosa Jiménez; de la Asociación de la
Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, Luis Manuel
Hernández; y de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO),
Salvador Díaz González.
Esta situación, que se suma
el aumento en el costo de la electricidad del año pasado, el del Gas LP, así
como el de las gasolinas y el diésel de inicios de 2018, representa un
retroceso en la competitividad económica de la entidad respecto al resto del
país. Además, provocaría el inminente cierre de empresas, la paralización y
salida de inversiones, despidos masivos, desempleo y mayor inseguridad en la
región.
“No sólo no van a llegar más
inversiones, sino que las que están se irán a otros estados, como los del
Bajío, donde las tarifas eléctricas son más competitivas”, advirtieron.
De modo que estarían en
riesgo 600 industrias, 300 mil empleos directos y un millón de indirectos.
Asimismo, el precio de los
productos y servicios podría dispararse hasta 40% para los consumidores, pues
el encarecimiento de la energía eléctrica perjudica a todos los sectores de la
sociedad, incluyendo a instituciones gubernamentales como la Comisión Estatal
de Servicios Públicos y los ayuntamientos, los cuales tendrán que pagar más por
el alumbrado público.
En conferencia de prensa, los
dirigentes explicaron que a partir de diciembre de 2017 y por primera vez, la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) define las tarifas eléctricas aplicables
con base en una nueva metodología, argumentando que ese nuevo esquema toma en
cuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor de la industria
eléctrica.
“En estos nuevos recibos que
nos están llegando al parecer están eliminando el beneficio de bajo consumo. Es
decir, a partir de diciembre todo es alto consumo, y los acuerdos que se tenían
anteriormente no aplicaron en ese mes”, añadieron.
El sector industrial de
Tijuana se dijo molesto y preocupado, ya que “el alza en las tarifas eléctricas
a todas luces es arbitrario y representa un engaño, toda vez que tanto el
Presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, habían mencionado que este año no habría tales aumentos”.
En ese mismo sentido se
pronunció Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) Tijuana, quien dijo, la agrupación comparte la
preocupación por las decisión unilateral de la dependencia federal de
incrementar las tarifas y los impactos que generará en la sociedad
bajacaliforniana.
“Como ciudadanos y dueños de
la CFE, porque finalmente los mexicanos somos dueños de la Comisión, les
pedimos a quienes están administrando este recurso que lo hagan bien, que sean
eficientes y que no vean al consumidor como la solución de los problemas de sus
costos de operación”, pues hasta el
momento no se han instaurado estrategias en aras de ello, y sin dichos métodos
difícilmente las nuevas reglas de la reforma energética serán efectivas.
En su oportunidad, el Consejo
Coordinador Empresarial de Rosarito (CCE) sentenció que la afectación del
incremento en más de 120% en las tarifas eléctricas tiene un efecto negativo en
el desarrollo y crecimiento económico regional y nacional, por lo que urgió a
crear un plan de acción en conjunto con el Gobierno del Estado, representantes
del Congreso de la Unión y las cámaras empresariales para definir el rumbo que
contrarreste el excesivo aumento de la energía eléctrica.
También propuso eliminar las
Horas Punta, crear incentivos fiscales para proyectos de generación de energía
renovable y la conexión de Baja California a la infraestructura eléctrica
nacional.
“Hacemos un llamado a los
líderes empresariales y ciudadanos bajacalifornianos para demandar que nuestras
autoridades afronten y resuelvan este problema, con voluntad, sin medianías, ni
intereses políticos, ya que de no hacerlo, el desarrollo económico de nuestro
Estado se compromete, causando la afectación del sector empresarial y la del
poder adquisitivo de los ciudadanos”, concluyó.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA JULIETA ARAGÓN LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00
PM)
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