Dibujo: Archivo
Entre junio de 1996 y
diciembre de 1997, asesinaron a 36 jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, la ciudad
más importante en el Estado norteño de Chihuahua. Unas eran empleadas de
maquiladoras. Otras, prostitutas. La diferencia en su quehacer era unida por
tres factores a la hora del crimen: Violación, abandono y primitivo entierro
del cuerpo en despoblado. Hasta el momento, nadie sabe quién las mató ni cuál
fue o fueron los motivos. Por eso, el primero de diciembre del 97 se inició un
expediente de queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así
fue como se armó un grupo de investigadores que viajó desde la Ciudad de México
y permaneció en la de Juárez durante cinco meses y medio. Vieron al detalle tan
delicado y horroroso asunto. Naturalmente, a los comisionados no les
corresponde legalmente ni perseguir o capturar. Pero encontraron suficientes
razones para determinar que los derechos humanos de las mujeres asesinadas
fueron atropellados por la autoridad.
Por eso entre mayo y junio de
1998 el Gobierno del Estado de Chihuahua recibió la recomendación 44/98 de la
CNDH: Debía formar un equipo especial para aclarar los crímenes. Luego,
investigar a los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
por haber caído en “omisiones y acciones negligentes” durante las
averiguaciones. E investigar en particular a los funcionarios que dedicaron
calificativos públicos, discriminatorios y francamente racistas a las víctimas.
A unas por su condición de empleadas en maquiladoras y a otras por ejercer la
prostitución. “Con eso la Procuraduría pretendió justificar su inactividad en
los homicidios”, según me dijo un testigo.
Aparte, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos envió otra recomendación al Ayuntamiento de Ciudad
Juárez, refiriéndole con hechos cómo, cuándo, dónde y por qué sus funcionarios
fallaron estrepitosamente. A pesar de tantos y continuos asesinatos, la policía
municipal no estableció la vigilancia preventiva necesaria. De hecho estuvieron
como un poste a la orilla de la carretera: Sin moverse ante el paso de los
vehículos.
Supe que este par de
recomendaciones causaron urticaria a los gobiernos entonces panistas y también
a su partido. Después alegarían unos y otro que esas llamadas de atención
fueron determinantes para perder las elecciones.
Cuando me informaron de esta
situación vinieron a mi memoria otros tres gobernadores panistas y todos de
Baja California. Primero, Ernesto Ruffo Appel. Siendo presidente de la CNDH el
Doctor Jorge Carpizo envió una recomendación para reabrir el caso del
periodista Héctor Félix, asesinado por dos guardaespaldas del ingeniero Jorge
Hank Rhon en 1988. Fue preciso comisionar a un visitador para entregar de mano
el aviso. Lo recibió el Procurador de Justicia, Licenciado Juan Francisco
Franco. Se trataba de investigar la autoría intelectual. Cuando la advertencia
de Carpizo se publicó, el profesor Carlos Hank González hizo dos cosas:
Promovió un amparo federal para su hijo y le llamó telefónicamente a Ruffo. Supe
de primera mano que utilizando el viejo lenguaje político, simplemente le dio
las gracias y le colgó. Eso fue suficiente. El Gobernador panista entendió
perfectamente el mensaje. Tal vez le temblaron las piernas. Y definitivamente
no atendió la recomendación de la Comisión. Por eso pasado algún tiempo le pedí
a su Secretario General de Gobierno una copia del documento enviado por el
Doctor Carpizo y su respuesta fue: Por más lucha que hizo no lo encontró. Luego
cambiaron de Procurador. Hice un nuevo intento antes de terminar el sexenio
ruffista y volví a fracasar. Entonces me dijeron que no localizaron la
recomendación por ningún lado. Que a lo mejor se traspapeló. Que seguramente
fue culpa de alguna secretaria.
Al siguiente Gobernador
también panista, Héctor Terán Terán, tampoco le importó la recomendación.
Mientras el Procurador dijo que no había elementos para la investigación, el
Subprocurador, de mayor edad y experiencia, dijo que el caso no podía cerrarse
hasta no aclararlo. Pero Terán murió a la mitad de sexenio.
La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) se interesó especialmente en el caso y con fundamento lo planteó
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta organización a su
vez hizo otra recomendación ahora al Gobernador Sustituto, Licenciado Alejandro
González Alcocer, también panista, que respondió con un acto tan prepotente
como violatorio: Ordenó archivar el caso. No me quedó más remedio y pensé que
donde manda Hank González no gobierna el PAN.
Pero eso no fue todo. La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Gobernador González
Alcocer una investigación penal y administrativa al Licenciado José Luis Anaya
Bautista, Procurador que fue con su antecesor y un tiempo con él. Según
investigación que no promoví, sino que la CNDH hizo por su iniciativa, el
fiscal estatal violó mis derechos humanos al retirar la escolta que él mismo
dispuso para protegerme. Lo hizo con evidente premeditación dejándome
desamparado para que diez sicarios del narcotráfico nos emboscaran, matando a
mi compañero Luis Valero Elizaldi e hiriéndome. El Gobernador turnó la
recomendación a la Procuraduría y a la Contraloría, ahora rebautizada
pomposamente. Pero no ha caminado la indagación. Estoy seguro que una
investigación seria sobre el retiro de los agentes estatales, pondría al
descubierto la relación de ciertos agentes judiciales con el narcotráfico. Es
como la punta de la madeja. Naturalmente, el caso está congelado.
Recuerdo todo esto ahora que
me enteré de la insistencia panista en el Senado de la República para retirar a
la licenciada Mirella Rocatti de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Preguntando me encontré con un par de versiones.
1.- Todavía le duele al
Partido Acción Nacional la recomendación que electoralmente les afectó en
Chihuahua.
2.- Curiosamente uno de los
candidatos para suplir a Rocatti es Manuel Sarré. Este caballero estuvo antes
en la CNDH durante la época del Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. Cuando a este
señor lo nombraron Procurador, don Manuel pretendió quedarse en su lugar y no
pudo. Ahora es ampliamente sabido que asesora al grupo legislativo panista.
Este intento de los senadores
panistas por retirar a la señora Rocatti encuadra perfectamente en la vieja
conseja popular, de ver la paja en el ojo ajeno, cuando se tiene una viga en el
propio. Por lo menos, así lo demuestran los hechos en los cuatro gobiernos
panistas de Chihuahua y Baja California.
Iniciamos estas líneas
anotando que de junio del 96 a diciembre del 97 hubo 36 asesinatos de jovencitas
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues nada más en Tijuana y también con
gobiernos panistas, en 309 días de este año, 349 personas fueron ejecutadas.
Unas a mediodía en céntricas avenidas. Otras en fraccionamientos distinguidos.
Muchos en las orillas de la ciudad. Pero todos, indudablemente por órdenes de
la mafia y sus muy variadas ramificaciones. El Gobernador para acabar con el
problema, tuvo ese conocido arrebato “del orgullo de mi nepotismo” y nombró a
su concuño Procurador de Justicia del Estado. Desde que el pariente asumió el
cargo sucedieron 119 ejecuciones. En promedio, más de una diaria. Naturalmente,
a veces detienen o giran orden de aprehensión contra los amateurs del
narcotráfico. A los ligamayoristas no los tocan. A Rocatti sí.
Escrito tomado de la colección Dobleplana de Jesús
Blancornelas, publicado por última vez el 1 de julio de 2011.
(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA JESÚS BLANCORNELAS /LUNES, 25 DICIEMBRE, 2017
11:14 AM)
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