Dibujo: Archivo
Los narcotraficantes amenazan
solamente para asustar. Es como la
costumbre teatral: “…primera llamada, primera llamada”. Una advertencia. Con
eso le entra la temblorina a cualquiera. Pero cuando se les antoja matar no
avisan. Nada más ordenan. De tarugos agarran el teléfono para enterar al futuro
difunto. Menos lo encaran. Eso sí: Traman muy bien la ejecución. Las formas son
tan conocidas hasta la costumbre: Rociada con ametralladora al vehículo de la
víctima. O se le arriman para descerrajarle uno o varios tiros. De preferencia
en el cráneo. Otros directos al pecho. Escogen: Saliendo de su casa u oficina o
yendo de una a otra. Siempre hora y lugar inesperados. Todo eso cambia cuando
se trata de enemigos o traidores. Primero secuestro. Luego gran tortura. Para
saber cuanto quieren. O nada más para que sus camaradas vean cómo lo dejaron.
No pueden perdonarle la vida. Ya los vio. Por eso expiran ahorcados o a punta
de golpes. También el tiro de gracia. Y como remate tiran el cadáver en
despoblado, alguna calle poco frecuentada o hasta basureros.
Ejecutan policías,
funcionarios, jueces o particulares cuando el narco se siente despreciado o
traicionado. Más si rechazaron dinero ofrecido por protección-disimulo. O si lo
reciben y no corresponden. Antes los desasosiegan. Mandan a cualquier
mafiosillo para espantar. Siempre agazapados en la cobardía anónima.
Acostumbraban telefonear. Se identificaban con otro nombre. Así el buscado
contestaba. Entonces le soltaban un “te vas a morir”. Infaltable rayamadreada y
a colgar. Ya casi no lo hacen. Les estorba el identificador de llamadas. Y las
cartas aun con letra garabateada a propósito son como anzuelo para pez. Por
huellas, fecha, sello y lugar de envío. Ahora sueltan el rumor. Utilizan
policías que pasan la advertencia. El mensaje llega a su destino: “Supe por
allí que Fulano está muy enojado con Usted. Cuídese”.
Leí y oí: Ocho jueces están
amenazados. Lo dijo la Magistrado y Consejera de la Judicatura, Licenciada
Elvia Díaz de León. Identificó el origen: Crimen organizado. Utilizan abogados
“y otras personas cercanas a los delincuentes”. Así lo publicó El Universal.
Página 13. Viernes 26 de agosto. Con todo eso me imagino: Amedrentan porque
quieren sentencias favorables. Así presionan. Pero si los señores jueces lo
están haciendo público es porque alguien les llamó y lo conocen. De ser así
tienen los instrumentos en la mano: Deben emprenderla legalmente contra los
abogados y “otras personas cercanas a los delincuentes”. También El Universal
refirió: Los cárteles Arellano Félix y del Golfo financian a los licenciados
para amenazar jueces y magistrados. Pues más fácil. Benjamín y Francisco Rafael
Arellano Félix tienen docenas de abogados registrados en los tribunales y
penales. También Osiel Cárdenas Guillén. Son conocidos de cada juzgador.
Entonces no hay mucho por batallar. A localizarlos y procesarlos. Si los jueces
tienen razón el narco no matará aunque haya amenazado. Pero si le dieron
esperanza a uno o varios abogados, malo. Aunque no hayan recibido dinero.
También hay la maldad de los licenciados. Dicen a sus clientes tener arreglo
con el juez y por eso amenazan. Y entonces sea cual sea la sentencia, después
vendrá la tragedia.
Muchos mafiosos se
emberrinchan con los periodistas. No les gusta ver publicada la verdad. A unos
los amenazan para asustarlos y lo consiguen. Y otros, si no hacen caso les
ponen “en contrato”. Es cuando ofrecen una cantidad para matar. No importa
quien lo haga. Así provocan que cualquiera busque la recompensa. En Hermosillo
al reportero Alfredo Jiménez de El Imparcial no le amenazaron. Primero se dio
cuenta: Un par de perversos andaban cerca y les sacó la vuelta. Pero luego fue
traicionado. Atendió el llamado de un informante. Fue una trampa. Supongo que
al llegar no lo mataron. Debieron secuestrarlo. “Levantón” como se conoce esta
acción mafiosa. Tal vez siguieron la costumbre. Llevarlo a cierto lugar para
torturarlo. “Casas de seguridad” les dicen. Allí lo medio mataron o terminaron
con su vida. Me extraña mucho que la policía no haya localizado al famoso
informante que lo engañó. Tampoco su número telefónico. Debe estar en los
registros de la compañía. Con los confidentes sucede normalmente. Buscan al
reportero. Se comunican telefónicamente. Y si es policía entonces pide cita.
Eso sucede cuando los agentes andan sirviéndole a mafiosos y utilizando al
reportero.
Consulté casi todos los
últimos días a un alto funcionario de la Procuraduría General de la República.
El viernes me confirmó: Alfredo Jiménez está muerto. A mi pregunta de cómo y
quién fue me respondió con “hay pendientes varias investigaciones”. Él quería
tener un anuncio oficial para este martes. Sabedor que periodistas firman la
“Declaración de Hermosillo”. También le pregunté por las tres hipótesis sobre
el fin de Alfredo: Enterrado al sur de Sonora por Álamos. Quemado en la norteña
Agua Prieta. O deshecho en acido allí mismo o cerca. Su respuesta fue clara:
“No lo tengo contundente”. Insistí: ¿Enterrado? “No”. ¿Deshecho en ácido? “No”.
¿Quemado? “Tal vez. Tal vez. Pero nada contundente todavía”.
El de Alfredo no es el único
crimen sin aclarar. Hay más. Para mí lo triste son dos realidades: Primero, la
falta de solidaridad entre nosotros. Importa más el logotipo del periódico o el
sentir de los dueños que la vida de un periodista. Hemos llegado al punto de
interesarnos mucho por la noticia del asesinato. Y menos por unirnos,
investigar y aclarar. O desentendernos porque la víctima era competidor. Hace
tiempo descubrimos en ZETA que un fulano no era el asesino de mi compañero
Francisco J. Ortiz Franco. Lo publicamos después de otros periódicos y
televisoras asegurar lo contrario. Terminamos en sordo enfrentamiento. Por eso la
SIP, Reporteros sin Fronteras de Francia o Comité de Protección a los
Periodistas de Nueva York tienen tanta autoridad moral en México como se las da
su seria solidaridad. Y segundo: Tomando como pretexto los asesinatos de
periodistas la burocracia crece y disminuye su efectividad. Ahora a la PGR le
dio por nombrar fiscales especiales en cada Estado. Nada más “…para atender las
denuncias contra la libertad de expresión”. Pura enredadera. Al contrario.
Ataques y crímenes deben tipificarse definitivamente como delito federal. No
andar a medias con “fiscales especiales”. Ni siquiera están reglamentados. Hay
casos pendientes donde el móvil es sospechosamente no periodístico. Los
compañeros que fueron del victimado dicen que lo mataron por escribir. Y en otras
redacciones sostienen lo contrario. Igual sucede cuando un personaje o
gobernante está mezclado en los asesinatos. Por más reclamo periodístico, las
procuradurías locales no les tocan. Hacen cuanto pueden para evitar la
atracción federal. Por eso muchos casos fueron zambullidos en el olvido. Están
pendientes desde hace 50 años. De seguir así, lo mismo pasará con jueces
amenazados y periodistas asesinados. Pura bulla.
Escrito tomado de la colección Dobleplana de Jesús
Blancornelas, publicado por última vez en marzo de 2008.
(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 20 NOVIEMBRE, 2017
12:00 PM)
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